Mapa Oficial de la República Bolivariana de Venezuela con la Zona en Reclamación - La Guayana Esequiba
Cuadernos del Cendes
versión impresa ISSN 1012-2508
CDC v.49 n.49 Caracas ene. 2002
Edgar C. Otálvora
Economista. Ha sido investigador en el IESA, Secretario
Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos, Viceministro de
la Secretaría de la Presidencia de la República. Cumplió funciones diplomáticas
en Colombia y Brasil. Columnista en diarios y revistas nacionales.
correo-e: ecotalvora@telcel.net.ve
RESUMEN
El artículo pasa revista a los giros de la política exterior
venezolana hacia el Caribe a partir del establecimiento del régimen democrático
en 1959, inscribiendo dentro de ella el tratamiento dado al contencioso que por
razones territoriales mantienen Venezuela y Guyana. Se presentan las líneas de
acción ejecutadas durante el período democrático representativo contrastadas
con las del gobierno «bolivariano». Queda en evidencia que el Caribe
permanentemente ha sido incluido en la agenda de acción exterior venezolana,
primero dentro de un esquema de contención a las aspiraciones de expansión de
Cuba, y desde 1999, como parte de la alianza del gobierno «bolivariano» con el
gobierno comunista encabezado por Fidel Castro.
Palabras clave
Política exterior / Gobierno bolivariano / Régimen
democrático / Caribe / Cuba/ Guyana / Venezuela
ABSTRACT
This article
reviews the changes in Venezuelan foreign policy towards the Caribbean since
the establishment of the democratic regime in 1959. The analysis also includes the
position adopted concerning the territorial dispute with Guyana. The policies
implemented during the period of representative democracy are presented and
contrasted with those of the «bolivarian» government. It is shown that the
Caribbean has been permanently included in Venezuela’s
foreign policy agenda; first as part of a scheme to respond to Cuban
expansionism, and since 1999, as part of the alliance between the «bolivarian»
government and the communist government led by Fidel Castro.
Key words
Foreign
policy / Bolivarian government / Democratic regime / The Caribbean / Cuba /
Guyana / Venezuela
RECIBIDO: OCTUBRE 2001 ACEPTADO: NOVIEMBRE 2001
PRESENTACIÓN
El 8 de febrero de 1999 Hugo Chávez Frías, quien asumiera la
presidencia de la República de Venezuela seis días antes, llegaba a Jamaica
para asistir a la IX Cumbre del Grupo de los Quince (G-15), grupo derivado del
Movimiento de los Países no Alineados, el cual tiene como propósito la
cooperación entre sus miembros, dentro de la óptica Sur-Sur de moda en los años
setenta.
Durante las conversaciones oficiales y en declaraciones a los
medios de comunicación, el presidente Chávez anunció la posibilidad de extender
a todos los países del Caribe los beneficios del Acuerdo de San José, mecanismo
establecido en 1989 mediante el cual Venezuela y México suministran petróleo a
países del área caribeña en condiciones especiales de financiamiento. El
anuncio del nuevo gobierno venezolano fue ratificado en el segundo viaje
oficial de Chávez, realizado en abril de 1999, para atender la II Cumbre de la
Asociación de Estados del Caribe (AEC). En Santo Domingo, donde se celebró el
encuentro de la AEC, Chávez fue el orador durante el acto de clausura del
evento. En esa oportunidad planteó la creación de una confederación de naciones
latinoamericanas y convocó a un nuevo Congreso Anfictiónico a celebrarse en
Venezuela. Durante sus conversaciones con otros mandatarios reiteró su
ofrecimiento para extender el Acuerdo de San José «a los países del Caribe que
estuvieran interesados» (López Martínez, 2000:49-53). De esta forma, Venezuela
retomó una línea de acción internacional que ya había experimentado en los años
setenta: la de apelar a sus disponibilidades financieras para generar programas
de cooperación económica hacia el Caribe, procurando influencia política en la
región.
En el lapso de los dos primeros años de gobierno
«bolivariano», Venezuela ejecutó la política hacia el Caribe dibujada en
aquellos pronunciamientos iniciales de 1999. El interés venezolano en la
ampliación del Acuerdo de San José estaba en sus deseos de incluir al gobierno
de Cuba entre los beneficiarios. La Habana se transformó en aliado
internacional de primer orden del gobierno venezolano, y éste, en consecuencia,
creó una nueva versión de los programas de apoyo económico y financiero hacia
el Caribe.
Por otra parte, el tema del contencioso que Venezuela
mantiene ante la vecina Guyana, miembro natural de la comunidad caribeña
anglófona, fue puesto nuevamente en el tapete de la agenda externa venezolana a
partir de 1999. Las aproximaciones de Chávez hacia el Caribe debieron
confrontarse con el conflicto territorial entre Venezuela y Guyana, conflicto
en el cual la comunidad caribeña anglófona no se ha mantenido neutral. El
gobierno «bolivariano» intentó en el año 2000 relacionar su acción de
cooperación con el Caribe al tema del contencioso con Guyana, en medio de una
polémica pública escenificada por Caracas y Georgetown.
El presente artículo reconstruye la política exterior de
Venezuela en relación con el contencioso ante Guyana, entendida como parte de
la acción exterior del Estado venezolano hacia el Caribe, con especial acento
en las relaciones con los estados anglófonos y pasa revista a la
institucionalización multilateral en el Caribe como escenario de acción
venezolana. El texto se ha estructurado de forma tal que permita contrastar la
política seguida por el gobierno «bolivariano» (1999-2001) con la adelantada
por Venezuela durante el período democrático representativo (1959-1999)1.
EL CONTENCIOSO VENEZUELA-GUYANA
El contencioso Venezuela-Guyana está referido al reclamo que
Venezuela hace del territorio localizado al oeste del río Esequibo, actualmente
bajo dominio guyanés. Se trata de un conflicto territorial heredado por la
actual República de Guyana del pasado colonial en el cual se mantuvo hasta el
año 1966. En otras palabras, el contencioso Venezuela-Guyana es un reflejo en
el siglo XXI del proceso de ocupación territorial que las potencias europeas
efectuaron en América desde el siglo XV.
El contencioso con Guyana durante el período democrático
El inicio de la década de los años sesenta del siglo XX es el
momento de un proceso político novedoso en Venezuela. En 1959 se estableció un
régimen democrático basado en la existencia de partidos, el cual quedó
consagrado en la Constitución aprobada en 1961.
El primer gobierno del período democrático (1959-1964) en su
tratamiento de las relaciones internacionales, adelantó una política de alto
contenido ideológico en rechazo a las opciones dictatoriales o totalitarias y,
esencialmente, como ratificación en el ámbito internacional de los valores
democráticos que soportaban el nuevo proceso venezolano. En ocasiones, por
visiones limitadas o producto de la intensa polémica política del período, se
ha expresado que la acción internacional del gobierno de Rómulo Betancourt
habría sido pasiva, defensiva o hasta inexistente. Sin embargo, los temas de
política petrolera, la descolonización, la integración latinoamericana, la
definición de los nuevos esquemas mundiales de comercio, el respeto a la
soberanía (Venezuela rechazó la invasión a Cuba conocida como «Bahía de
Cochinos» o «Playa Girón» de 1961) y la activación del reclamo contra el Laudo
sobre la Guyana Británica son ejemplos de la temática de la agenda exterior del
gobierno de Betancourt (Cardozo, 1989:475-480).
Durante el mismo lapso [presidencia de Rómulo Betancourt
n.a.], el gobierno reinició gestiones para recuperar la zona del Esequibo que
había formado parte del territorio colonial, pero cuya absorción por Gran
Bretaña había sido formalizada en 1899 por el cuestionado Laudo de París.
Precipitada por la inminente independencia de la Guayana Británica, así como
por las esperanzas puestas en una intervención favorable del Presidente
norteamericano a favor de Venezuela –basada en la simpatía hacia el experimento
democrático venezolano, manifestada por John Kennedy, y la amistad personal que
éste sostenía con Betancourt y, posiblemente, por un deseo de desplazar la
atención pública de los problemas internos–, la reclamación venezolana condujo,
en 1966, al Acuerdo de Ginebra (Guerón, 1992:49).
El mencionado acuerdo fue suscrito en febrero de 1966, luego
de un proceso de conversaciones entre Gran Bretaña y Venezuela cumplidas desde
1963. A los pocos meses, en mayo de 1966 la colonia Guayana Británica recibía
su independencia pasando a denominarse República Cooperativa de Guyana y
heredando los compromisos adquiridos a su nombre en el Acuerdo de Ginebra. En
lo sucesivo, el reclamo de Venezuela para recuperar territorios al oeste del
río Esequibo ya no tendrá como contraparte a una potencia imperial europea,
sino a una nación pobre, recién creada en el proceso de descolonización de los
años sesenta y con evidente identidad caribeña. En lo sucesivo, Venezuela no
sería el país víctima del expansionismo colonial europeo, sino el país rico que
pretende apropiarse de una extensión equivalente a dos terceras partes del
territorio de la nueva República Cooperativa de Guyana.
Lo pactado en Ginebra establecía la creación de una Comisión
Mixta de Límites, la cual tendría un plazo de cuatro años para definir una
solución al conflicto territorial. En caso de cumplirse el plazo sin haberse
arribado a una solución limítrofe, las partes contratantes estarían obligadas a
escoger, sin demora, uno de los procedimientos de solución de controversias
contempladas en la carta de las Naciones Unidas. El ministro de Relaciones
Exteriores de Venezuela, J.A. Zambrano Velasco diría ante el Congreso de la
República, el 17 de junio de 1982, que «Durante los cuatro años de operación de
la Comisión Mixta, entre 1966 y 1970, Guyana obstinadamente rehusó considerar
cualquier posibilidad de dar una solución práctica y satisfactoria a la
disputa; se limitó a declarar que la Decisión de 1899 era un hecho consumado y
que en tanto Venezuela no obtuviese su anulación no había nada más que
discutir» (citado en Romero, 1986:267).
Consumido infructuosamente el lapso de cuatro años, Caracas y
Georgetown suscribieron el Protocolo de Puerto España, mediante el cual se
suspendió por un plazo de doce años la obligación fijada en el Acuerdo de
Ginebra, de escoger un mecanismo para la solución de la controversia. La firma
del Protocolo durante el primer gobierno de Rafael Caldera, el 18 de junio de
1970, fue fuente de intensa polémica interna, por quienes vieron en el
congelamiento del contencioso la oportunidad para que la naciente Guyana
fortaleciera su posición negociadora basada en el statu quo de su efectiva
posesión territorial. En contrario, el gobierno de Rafael Caldera alegó que el
Protocolo daba tiempo para que el país se preparara para una mejor defensa de
sus intereses. Simultáneamente el gobierno se vio obligado a dedicar esfuerzos
de política exterior al tema de la reclamación colombiana sobre el golfo de
Venezuela. «Las dificultades asociadas con la apertura de un ‹segundo frente› en las
negociaciones limítrofes, así como la naturaleza de las demás prioridades del
gobierno –incluyendo, en especial, la política de acercamiento al Caribe–
condujeron a la decisión de ‹congelar la reclamación del Esequibo›» (Guerón, 1992:51).
El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) enfocó
su política hacia el Caribe, dando prioridad a la cooperación económica. Sin
embargo, el tema del contencioso fue objeto de iniciativas diplomáticas. Durante
este período se cumplieron visitas oficiales del primer ministro guyanés,
Forbes Burham a Caracas en 1975 y de Carlos Andrés Pérez a Georgetown en 1978,
con lo cual el manejo de la agenda bilateral se colocó en el más alto nivel,
dentro de una naciente diplomacia directa aplicada por Venezuela. Por lo menos
dos intentos de negociación directa sobre el contencioso territorial se
produjeron durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
En primer término debe reseñarse la propuesta hecha
oficialmente por el primer ministro Forbes Burham a Caracas, contentiva de una
oferta de transacción sobre el reclamo territorial venezolano. Burham había
logrado el compromiso del Banco Mundial para financiar parcialmente un
importante proyecto hidroeléctrico, a ser desarrollado sobre el curso del alto
Mazaruni, en medio del territorio reclamado por Venezuela. Habiendo el Banco
Mundial condicionado su aporte a que Guyana obtuviera el capital restante y
garantizara clientes para la energía eléctrica, Burham propuso a Carlos Andrés
Pérez canjear parte del territorio esequibo a cambio del compromiso venezolano
de adquirir electricidad guyanesa. «Importantes núcleos de poder dentro de
Guyana se oponían al otorgamiento de concesiones territoriales por parte de ese
país. Por su parte, también en Venezuela se generó una fuerte resistencia
dentro de importantes sectores del partido de gobierno. La razón de esto último
era simple: la represa del alto Mazaruni se encontraba enclavada dentro del
territorio esequibo en reclamación. Motivo este por el que se argumentaba que
su construcción cerraría definitivamente las puertas a la recuperación del
territorio en disputa. A finales del período de Pérez se había llegado, por
tanto, a un punto muerto en relación con el tema» (Toro Hardy, 1991:34).
El embajador Isidro Morales Paúl da testimonio de un segundo
intento de negociación directa. «Fui designado por el presidente Pérez como
negociador en el problema limítrofe con ese país. Como resultado de ese
esfuerzo se intercambiaron puntos de vista con el ex presidente de Guyana,
Forbes Burham, sobre la posibilidad de someter a estudio de ambos países un
proyecto de solución que contemplaba una amplia área marítima en el área
atlántica unida a una moderada solución en el área terrestre, que podía
fluctuar entre 14.000 y 18.000 kilómetros cuadrados, de no poca importancia
estratégica para nuestro país. Los cambios políticos ocurridos en ambos países
congelaron el proyecto» (Morales Paúl, 1993:114).
La llegada a la Presidencia de la República del
socialcristiano Luis Herrera Campins (1979-1984) marcó cambios en la política
exterior del país. El tema del Esequibo fue retomado como parte de la agenda
exterior de dominio público, ratificando la aspiración venezolana de recuperar
el territorio bajo reclamación. Caracas notificó a Georgetown su intención de
no prorrogar la vigencia del Protocolo de Puerto España, de no aceptar
soluciones transaccionales como la propuesta por Burham y de reiterar el
compromiso establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966. En consecuencia, el
gobierno venezolano procedió, en septiembre de 1982, a solicitar al Secretario
General de las Naciones Unidas su intervención en el contencioso mantenido con
Guyana. Este país, tras largos debates políticos internos, haría lo propio en
febrero de 1983. Desde entonces el caso se encuentra de mutuo acuerdo en manos
de la Secretaría General de la ONU.
La política exterior sufre un nuevo cambio de intensidad y
agenda durante el gobierno del socialdemócrata Jaime Lusinchi (1984-1989). La
crisis de la deuda externa, la reducción de la capacidad financiera del Estado
venezolano, acompañado de la notoria atenuación de la pugna Este-Oeste en la
región, hicieron que el gobierno de Lusinchi asumiera una política de bajo
perfil, continuando el esquema de acercamiento cooperativo hacia el
Anglocaribe. En este ambiente, Venezuela dejó en manos del Secretario General
de las Naciones Unidas la selección del mecanismo para la solución del
contencioso por el Esequibo, lo que contribuyó a un clima de distensión con
Guyana y con la región. De este período data (1986) un acuerdo bilateral
mediante el cual Venezuela comenzó a suministrar hidrocarburos a Guyana, en
condiciones análogas a las aplicadas en el Pacto de San José.
Ya durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, ambos
gobiernos «saludaron» la designación de Alliston McIntyre, como representante
personal del Secretario General de la ONU, con carácter de Buen Oficiante en el
contencioso Venezuela-Guyana.
En junio de 1993, Ramón J. Velásquez fue designado por el
Congreso Nacional para concluir el período presidencial, ante la apertura de un
juicio a Carlos Andrés Pérez. El gobierno de Velásquez asumió en política
internacional el criterio de transición. «RJV llegó a Miraflores entendiendo la
política exterior como una de las áreas temáticas argumentales de la crisis
política del año 93. La política exterior no podía privar sobre los graves
problemas nacionales. Los aspectos críticos en materias limítrofes debían
posponerse hasta que existiera un nuevo gobierno nacido de la voluntad popular,
los compromisos internacionales debían honrarse, la apertura económica debía
respaldarse, y el país debería mantener un perfil discreto y serio ante la
comunidad internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores volvería a ser
el operario de la política exterior y se declaraba el receso definitivo de la
diplomacia directa, en tanto significara la salida reiterada del Presidente de
tierra patria» (Otálvora, 1994:79).
El segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) nació bajo
el estigma de los temas de política exterior, como parte de la crisis política
iniciada tras los fallidos intentos de golpe de Estado del año 1992.
Importantes funcionarios del gobierno de las áreas militar y ambiental, no así
desde la Cancillería, expresaron posiciones de alta beligerancia contra el
gobierno de Colombia, y en general, sobre los temas de integración. Las
comisiones de integración y de negociación limítrofe con Colombia prácticamente
cesaron en sus funciones, hasta que fueran reactivadas como respuesta a un
sangriento ataque que la guerrilla colombiana (ELN) realizara contra el puesto
fluvial «Cararabo» de la Armada venezolana, en las orillas del limítrofe río
Meta. En tanto, el tema de los reclamos territoriales ante Guyana se
mantuvieron en un perfil bajo, con reclamos diplomáticos eventuales en rechazo
a concesiones forestales otorgadas por Georgetown que llevaron a Caracas a
proponer la firma de un acuerdo de protección ecológica del territorio.
En mayo de 1994, recién iniciado el gobierno de Caldera, el
buen oficiante Allister McIntyre visitó Caracas, para iniciar una ronda de
contactos. De acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones
Exteriores correspondiente al año 1994, «En esa oportunidad, el Dr. McIntyre
declaró a la prensa nacional que el gobierno de Guyana había manifestado su
voluntad para lograr un entendimiento con Venezuela pero igualmente indicó que ‹lo más probable es que el proceso se
prolongue, porque se trata de un asunto delicado y sensible para ambos
gobiernos›» (MRE, 1995:177).
El gobierno de Caldera propuso aplicar al contencioso con
Guyana un esquema similar al practicado en las negociaciones con Colombia por
la delimitación de áreas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela. Dicho mecanismo,
establecido en 1989, consiste en la ampliación de la agenda de negociación
bilateral para impedir que el asunto territorial frustre otros temas de
potencial mutuo interés. Esta tesis oficialmente fue denominada durante el
segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez como de «globalidad», asumiendo un
concepto expuesto por Juan Carlos Rey a lo largo de la década de los ochenta
(Rey, 1988:177) y continuó siendo una guía en las negociaciones con Colombia
durante el segundo gobierno de Rafael Caldera (Burelli Rivas, 2001:221-222).
En marzo de 1995, el Ministro de Relaciones Exteriores de
Venezuela de visita en Georgetown presentó a Guyana la propuesta de nuevo
esquema. «Se propuso la adopción de un nuevo esquema para las relaciones entre
ambos países fundamentado en un enfoque global, que permita reformular los
mecanismos existentes para tratar diversas alternativas de cooperación e
integración, tomando en cuenta la Reclamación Territorial» (MRE, 1996:121).
En julio de 1998, la presidenta de Guyana Janet Jagan realizó
una visita oficial a Venezuela. En dicha ocasión ambos gobiernos dispusieron la
creación de una Comisión Binacional de Alto Nivel (COBAN), que vendría a
reemplazar la preexistente Comisión Mixta Venezolano-Guyanesa, repitiendo
Caracas un esquema relativamente exitoso con otros países de la región. El tema
de la controversia territorial se mantuvo, durante el período de Rafael
Caldera, dentro del mecanismo de buenos oficios. Al final del período dicho
mecanismo no había logrado resultado alguno en cuanto a una resolución del
contencioso, pese a los esfuerzos de la diplomacia venezolana para
desentropezar las negociaciones. El gobierno de Caldera, retomando la línea
intentada por el negociador Isidro Morales Paúl a finales de los años setenta,
invitó insistentemente al gobierno de Guyana a «delimitar el mar territorial
como aproximación a otros entendimientos» (Burelli, 2001:10), lo cual no
prosperó.
El contencioso en el gobierno «bolivariano»
El gobierno «bolivariano» es la concreción de un proyecto
político organizado inicialmente dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales con
el apoyo de militantes de organizaciones de extrema izquierda, quienes
planearon y ejecutaron dos intentos de golpes de Estado contra el gobierno de
Carlos Andrés Pérez en 1992 (Garrido, 2000:5-13). Ese movimiento se transformó
en gobierno, a partir de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez Frías toma
posesión de la Presidencia de la República. Probablemente la primera
declaración de política exterior de ese movimiento se encuentre en el Programa
Mínimo del MBR-200, cuya autoría generalmente se remite a Kleber Ramírez,
elaborado en alguna fecha entre 1990 y 1992. «En política internacional nuestra
posición se fundamentará en los principios universales de Paz, Amistad,
colaboración y libre determinación de los pueblos. Los objetivos bolivarianos
de la integración continental serán prioridad de nuestra política, en especial
con Colombia». Entre las acciones a cumplir en materia de «política
internacional», el documento del MBR-200 enuncia: «Fortalecer las relaciones
con los países de nuestras áreas de influencia natural, así como con los
principales mercados del mundo, como son el norteamericano, el alemán y el
japonés» (citado en Garrido, 2000:221-280).
El segundo documento sobre la visión de política exterior del
grupo de militares insurrectos del año 1992 fue emitido el 28 de marzo de aquel
año. Los firmantes del texto permanecían en aquel momento, presos en
instalaciones militares, como consecuencia del proceso disciplinario que se les
seguía. El documento fue esencialmente un pronunciamiento sobre las
negociaciones con Colombia. Los militares golpistas acusaban al presidente
Carlos Andrés Pérez de «traición a la patria», y exigían la disolución de las
comisiones de negociación de temas limítrofes y fronterizos que desde 1989 se
mantenían con el gobierno de Colombia2. El movimiento «bolivariano» se
mostraba, así, poco amigo de las negociaciones territoriales, en sintonía más
con posiciones radicales antiintegracionistas existentes dentro de las Fuerzas
Armadas y menos con el credo integracionista «bolivariano» expresado por el
movimiento.
En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones
Exteriores correspondiente a 1999, primer año del gobierno de Hugo Chávez, se
presenta una definición de la forma como el gobierno «bolivariano» entiende el
contencioso con Guyana. «La cuestión del reclamo del Territorio Esequibo es un
problema de primordial importancia para Venezuela y para Guyana, razón por la
cual es un elemento siempre presente en las relaciones bilaterales, así como en
las relaciones internacionales de ambos países. Hoy en día, la reclamación
sigue manteniendo para Venezuela el mismo valor que en el pasado, pero en el
devenir de las relaciones con este vecino país, se han vigorizado las acciones
en otras áreas, lo que ha permitido crear un clima de confianza y
entendimiento, en beneficio tanto de la reclamación, como de otros objetivos
nacionales en la región» (MRE, 2000:165).
Con motivo de la presencia de la Presidenta de Guyana en los
actos de la toma de posesión de Hugo Chávez, en febrero de 1993, ambos
gobiernos acordaron impulsar la Comisión Bilateral de Alto Nivel –COBAN– creada
durante el gobierno de Caldera.
Con relación al contencioso, el gobierno de Chávez confirmó el
mecanismo preexistente del Buen Oficiante y ratificó la posición de calificar
como nula e írrita la sentencia contenida en el Laudo de París. El 20 de
septiembre de 1999 se produjo en New York un encuentro de los ministros de
Relaciones Exteriores y los facilitadores de ambos países, para revisar junto
al buen oficiante Alister Mclntyre el estado de las actividades del mecanismo.
Casi simultáneamente Mclntyre presentó su renuncia al cargo, siendo reemplazado
en octubre por el diplomático de Barbados, Oliver Jackman, designado por el
Secretario General de la ONU, Kofi Annan. Jackman realizó una visita a Caracas
en marzo de 2000 para cumplir una nueva ronda de consultas.
Pese a la continuidad del mecanismo del Buen Oficiante, las
relaciones entre el gobierno «bolivariano» y el guyanés han sido conflictivas.
Así, el 13 de julio de 1999, el gobierno de Hugo Chávez emitió una Nota de
Protesta ante Georgetown, como respuesta a concesiones costa afuera otorgadas a
empresas petroleras por Guyana, frente al estado venezolano de Delta Amacuro y
en la zona bajo reclamación. En octubre de 1999 se produce un intercambio de
notas entre ambas cancillerías, referidas a la preocupación del gobierno
guyanés por movimientos de las Fuerzas Armadas de Venezuela en zonas fronterizas.
En 2000, el gobierno guyanés anunció su disposición para
suscribir un contrato con la empresa norteamericana Beal Aerospace Tecnologies,
mediante el cual se otorgaba una concesión territorial para la instalación de
una base destinada al lanzamiento de cohetes espaciales. El tema fue
ampliamente difundido durante la campaña electoral presidencial de mediados de
año. El presidente Chávez en procura de la reelección, en acto proselitista
ante 400 militares retirados «exhortó al pueblo y a la Fuerza Armada a
presionar contra la base en Guyana». En cuanto a la práctica diplomática, la
Cancillería venezolana emitió «un Comunicado de Prensa en el cual expresaba su
rechazo al referido contrato y dirigió una nota de protesta al Canciller
guyanés en términos enérgicos» (MRE, 2001:206). La base finalmente no fue
construida ya que la empresa texana Beal se declaró en quiebra en octubre del
año 2000, alegando dificultades para obtener subsidios oficiales
estadounidenses, así como permisos ambientales y de transferencia tecnológica
(Otálvora, 2001:70-73).
A la fecha no se conoce avances sobre el contencioso dentro
del mecanismo del Buen Oficiante, durante el gobierno «bolivariano».
LA POLÍTICA VENEZOLANA HACIA EL CARIBE
Pareciera usual y necesario que en la literatura sobre el
tema «Caribe», deba partirse de una definición inicial específica del concepto.
A los efectos del presente análisis, se asume el concepto de Caribe insular,
buscando ahondar en la relación de Venezuela con la realidad geopolítica nacida
a partir de la creación de pequeños estados en el Caribe oriental, a lo cual se
agregarían las Guyanas y Belice. «La idea del Caribe como región insular
comprende, además de las Antillas, a las Guyanas y a Belice, por asimilación de
la «insularidad de la geografía humana» a la «insularidad de la geografía
física»» (Giménez, 1991:98-99). A nuestros efectos el enfoque básico se hará
sobre la comunidad de países de habla inglesa, conocida como el Anglocaribe.
Las relaciones con el Caribe durante el período democrático
Interés estratégico y cooperación económica
Las relaciones de Venezuela hacia el Caribe se iniciaron en
fecha temprana con respecto al proceso de conformación del espacio geopolítico
del Caribe, en medio de los procesos de descolonización de la década de los
sesenta. Ya a finales de dicha década Venezuela comenzó a perfilar una política
de aproximación privilegiada hacia el Caribe no hispánico. «Yo siempre fui
partidario de la idea, expresada a finales de la década de los sesenta y
principios de los setenta por el Canciller Arístides Calvani en el primer
gobierno de Rafael Caldera, de que la presencia venezolana en el Caribe
oriental principalmente, es de gran importancia geopolítica para el país. En
primer lugar, las Antillas Menores constituyen una zona de paso hacia Venezuela
y desde Venezuela hacia el exterior, por ello es una zona de seguridad donde
debemos tener amigos y no enemigos. Para aquel momento los países de habla
inglesa eran países nuevos, que necesitaban protección. Si Venezuela lograba,
en aquel momento histórico, convertirse en la gran amiga y protectora de esas
islas teníamos ganada una zona de influencia admirable, cerca de nuestras
costas, una primera línea de defensa contra cualquier ataque de fuera, un
trampolín nuestro hacia fuera, un mercado para productos no tradicionales. Así
lo veíamos en aquellos años»3.
La política de acercamiento al Caribe anglófono iniciada
durante el primer gobierno de Caldera, sería fortalecida durante el gobierno de
Carlos Andrés Pérez. La política exterior venezolana se sumó a una línea de
acción política internacional que procuraba disminuir las notables diferencias
en los niveles de bienestar entre las poblaciones de los países pobres y
desarrollados. Así, alimentada por el sensible aumento en su capacidad financiera
de origen petrolero, Venezuela procuró un liderazgo regional enmarcado en los
discursos tercermundistas que aupaban la cooperación Sur-Sur y exigían el
diálogo Norte-Sur.
Desde la década de los setenta, Venezuela adelantó una
permanente política de cooperación económica hacia la cuenca del Caribe en
general, y hacia el Caribe anglófono en particular. Esta cooperación sólo se
modificaría en cuanto a la modalidad (multilateral o bilateral), a los montos
(dependiendo de las posibilidades fiscales en razón de la coyuntura petrolera)
y a los destinatarios (dependiendo de la circunstancia política), pero
manteniéndose como una tendencia de la política exterior venezolana.
El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez convocó en 1974 a
una Cumbre de Jefes de Estado de Centroamérica y el Caribe. A partir del
encuentro celebrado en Puerto Ordaz, Venezuela definió el «Primer Programa de
Cooperación Financiera con América Central y el Caribe», con el cual buscaba
institucionalizar su decisión de apoyar financieramente a los países de la
región. Este programa es un antecedente directo para el Acuerdo de San José,
suscrito con México en 1980 y renovado anualmente hasta el presente, mediante
el cual se suministra hidrocarburos a los países centroamericanos y del Caribe,
en condiciones financieras preferenciales.
El aparato gubernamental venezolano se actualiza para atender
esas líneas de acción exterior. Una de las modificaciones fue la creación del
Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV). Esa institución financiera, creada en
1974 y liquidada en 2001, tenía tres objetivos, uno de ellos el de realizar
programas de cooperación financiera internacional. El FIV se transformó en la
caja de caudales para los aspectos financieros del apoyo venezolano directo a
diversos gobiernos, básicamente del Caribe. Además del FIV, diversas instancias
del Estado venezolano adelantaron acciones hacia el Caribe, en procura de
crear, mantener e incrementar la presencia en los pequeños países anglófonos.
En las tres últimas décadas del siglo XX, dichas acciones abarcaron un abanico
amplio de modalidades, desde la presencia cultural por medio de la creación de
sedes del «Instituto Venezolano de Cultura y Cooperación», hasta acuerdos
comerciales no recíprocos de claro beneficio para los países caribeños. En
diversos momentos, Venezuela garantizó vuelos aéreos a Guyana, transporte
marítimo periódico a las islas orientales, construcción de parques infantiles,
gimnasios deportivos y una Facultad de Medicina.
El contenido ideológico
Desde los años setenta, el contenido ideológico ha sido uno
de los determinantes del esquema de las relaciones de Venezuela hacia el
Caribe.
El interés de la política exterior venezolana por el Caribe,
iniciado por Rafael Caldera y seguido por Carlos Andrés Pérez, respondió a
razones de interés estratégico, tal como se comentara previamente. Pero,
adicionalmente, se corresponden con un giro general en la orientación
ideológica de la política exterior venezolana de los años setenta, con respecto
a la vigente en la década anterior.
Durante los primeros dos gobiernos del período democrático
(Rómulo Betancourt y Raúl Leoni), la política exterior estuvo signada por el
criterio central de consolidación y preservación del sistema recién
establecido. Este criterio quedó estipulado en la «Doctrina Betancourt»,
mediante la cual Venezuela ejecutó políticas de distanciamiento y ruptura con
todo gobierno no nacido de la voluntad popular. «Entre quienes han escrito
sobre relaciones internacionales de Venezuela es común afirmar, al referirse a
la Presidencia de Rómulo Betancourt, que durante ese período no sólo se dio
primacía a la política interior sobre la exterior, sino que esta última fue
concebida como un simple instrumento al servicio de los objetivos de la
primera.
Dentro de esos objetivos, lo prioritario había sido la defensa del
régimen democrático frente a las graves amenazas de golpe militar de derecha o
de insurrección izquierdista; y la Doctrina Betancourt, en la que se expresaría
lo fundamental de la política exterior del período, debería ser entendida como
un instrumento (para muchos poco efectivo) al servicio de ese objetivo. Es más,
de acuerdo con tal interpretación, la Doctrina Betancourt, que podía, si no
justificarse, al menos explicarse a partir de tales propósitos defensivos,
pierde toda razón de ser a medida que la democracia se consolida, lo cual llevó
a que fuera abandonada a partir de la Presidencia de Caldera» (Rey, 1989:465).
El gobierno de Caldera impulsó en lo interno el proceso de
reinserción a la actividad política legal, de sectores radicales de izquierda
alzados en armas durante la década de los años sesenta. Reflejo de ello, ese
gobierno iniciaría los primeros pasos que luego concretaría Carlos Andrés
Pérez, en el sentido de restablecer relaciones con el gobierno comunista de
Cuba, el cual había apoyado política, financiera y técnicamente a la guerrilla
venezolana.
La política exterior de los primeros años setenta se basó en un
sentido de amplitud ideológica («pluralismo ideológico» de Caldera), con
aproximación a regímenes no democráticos e incorporación del temario de
reivindicaciones del Tercer Mundo como parte de la agenda internacional
venezolana. El país dio sus primeros pasos hacia el Caribe oriental con la
perspectiva de un país del Sur, coyunturalmente favorecido por los precios
internacionales del petróleo, y que protegía a sus hermanos del Sur buscando
reducir el impacto que sobre ellos tenían los precios petroleros. Como parte de
esta línea analítica y argumental, Venezuela a mediados de los años setenta se
convirtió en uno de los abanderados del diálogo Norte-Sur en la búsqueda de
mejor valoración para las exportaciones de los países pobres.
A propósito, Demetrio Boersner en la entrevista realizada,
afirmó que «Durante los primeros gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés
Pérez, concebíamos a Venezuela como una tercera fuerza entre la influencia
cubana y la influencia norteamericana. Nacionalista frente a los Estados
Unidos, y al mismo tiempo, defensiva contra el radicalismo extremista cubano.
Esa orientación ideológica no quedó muy clara. Se diluyó cuando el gobierno de
Luis Herrera Campins se inclinó a una alianza ideológica completa con el
Occidente, en la visión más o menos maniqueísta de Occidente contra el
comunismo».
El gobierno de Luis Herrera Campins (1979-1984) asumiría una
política exterior que reflejaba directamente la renovada pugna Este-Oeste, con
lo cual se dejó a un lado la visión Norte-Sur del primer gobierno de Pérez. La
acción hacia el Caribe se hizo menos multilateral, para convertirse en parte de
una nueva estrategia venezolana en defensa de la democracia continental. Este
direccionamiento ideológico fue perdiendo fuerza a medida que la presencia
soviética en la región fue mermando.
El inicio del segundo período presidencial de Carlos Andrés
Pérez en 1989 marcó un nuevo giro de la política exterior venezolana, afectando
igualmente su reflejo sobre el Caribe. El programa de liberalización económica
impulsado por Pérez tenía entre sus presupuestos los procesos de integración
económica con los países vecinos. Lo económico adquirió alto rango en los
objetivos de la política exterior y Venezuela, a la vez que adelantaba reformas
estructurales internas, comenzó a abrir sus puertas comerciales profundizando
el esquema integracionista con Colombia. El sentido de esta línea de
pensamiento, común a diversos países de la región, quedó patente en las
acciones, tanto de la comunidad del Caribe como de Venezuela, Colombia y México
para dar cuerpo institucional a una alianza donde lo económico fuera su razón
de ser.
La institucionalización de las relaciones con el Caribe
Como parte de la acción venezolana hacia el Caribe se produjo
un proceso de institucionalización creciente de las relaciones
intergubernamentales. El mismo queda en primer término referido al
reconocimiento de los nuevos estados caribeños en la década de los sesenta,
seguido de los intentos venezolanos para ingresar a la naciente estructura
multilateral caribeña y, finalmente, se centraría en la creación de un aparato
multilateral con participación del Caribe ampliado en el cual Venezuela tuviera
participación efectiva.
A mediados de la década de los años setenta, Venezuela
ingresa al Banco de Desarrollo del Caribe, siendo éste el primer paso de
presencia institucional venezolana en la organización de los estados
anglocaribeños.
En agosto de 1989 se produce en Tobago una reunión conjunta
al nivel de los jefes de Estado de Venezuela, Barbados, Guyana, Jamaica, San
Vicente y Granadinas, y Trinidad y Tobago, estos últimos como miembros del
Caricom4. En dicha oportunidad, Carlos Andrés Pérez solicitaría el ingreso de
Venezuela a la organización caribeña, con carácter de observador. En esta
reunión, donde sus participantes no conformaban un grupo formal, fueron
suscritos dos documentos: uno de ellos referido a la vigencia de la democracia,
y el segundo, acordando establecer un grupo de trabajo entre Caricom, Venezuela
y «otros países latinoamericanos» para estudiar la integración de América
Latina y el Caribe. A finales de julio de 1990, la Cumbre del Caricom reunida
en Jamaica, aprobó el ingreso de Venezuela como observadora en los comités
permanentes de agricultura, educación y cultura, ciencia y tecnología, trabajo,
transporte, salud y medio ambiente. Igual decisión tomaría el Caricom con respecto
a México y Puerto Rico.
Venezuela, junto a Colombia y México, acodados dentro del
llamado Grupo de los Tres (G-3), en 1990 convinieron una estrategia de
aproximación hacia el Caribe, con lo cual la institucionalización de las
relaciones venezolanas con el Caribe adquirió un carácter multilateral. Por su
parte, los países miembro del Caricom venían estudiando estrategias para la
profundización y ampliación de dicho mecanismo. En un informe presentado en
1992 a consideración de los jefes de Estado del Caricom, la Comisión
Independiente de las Indias Occidentales planteó la creación de la AEC. Al
asumir la propuesta, los jefes de Estado caribeños definieron al Caricom como
«el centro del proceso de integración del Caribe». «Para darle forma y contenido
a este compromiso, Caricom acordó lanzar propuestas para el establecimiento de
una Asociación de Estados Caribeños, con miras a lograr la integración
económica y cooperación funcional con los otros países de la Cuenca del Caribe
y que ‹dicha asociación› sería abierta a
todos los Estados miembros de Caricom, los otros Estados Insulares del Caribe,
Suriname, los Estados de Centroamérica y los latinoamericanos del litoral
caribeño y permitiría un abanico de arreglos que corresponden a su membresía» (Carrington, 1994:1-4).
La creación de la AEC fue, en definitiva, producto de la
confluencia de intenciones del G-3 y de Caricom.
En octubre de 1993 se celebró en Puerto España, la «Reunión
Cumbre Presidencial del G-3 y de Caricom», a la cual asistió Ramón J. Velásquez
en su condición de Presidente de Venezuela. De esta cumbre emanó la decisión de
crear una organización bisagra entre los países del G-3 –los de mayor
desarrollo dentro de la cuenca del Caribe– y los miembros del Caricom. El 24 de
julio de 1994 se produce en Cartagena, Colombia, la «Reunión Constitutiva de la
Asociación de Estados del Caribe» (AEC). Dicha asociación fue definida por el
gobierno venezolano en los siguientes términos: «La AEC tiene como objetivo
principal fomentar la creación de un espacio económico ampliado que contribuya
a incrementar la competitividad en los mercados internacionales, mediante la
liberalización comercial, de inversiones, la discusión de asuntos de interés
común que faciliten la participación activa y coordinada de la región en los
foros multilaterales; la formulación e instrumentación de políticas y programas
para cooperación; la preservación del medio ambiente y conservación de los
recursos naturales de la región, en particular del mar Caribe y el
fortalecimiento de las relaciones amistosas entre los pueblos y gobiernos del
Caribe» (MRE, 1995:413).
Si bien los planes iniciales de Caricom contemplaban la
participación de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, dichos propósitos quedaron
frustrados básicamente como rechazo a la inclusión de Cuba dentro de la AEC5.
En agosto de 1995 se realizó en Trinidad la «Primera Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno de la AEC». La delegación venezolana estuvo
encabezada por Rafael Caldera. En esta reunión se formalizaría un primer
temario de trabajo para la naciente organización. Dichos temas fueron el
turismo, el comercio y el transporte, a los cuales se sumarían los de medio
ambiente, ciencia, tecnología, educación, cultura. El venezolano Simón Molina
Duarte fue designado como el primer Secretario General de la AEC, por un
período de cuatro años.
Las relaciones con el Caribe durante el gobierno
«bolivariano»
El contenido ideológico
El gobierno «bolivariano» de Hugo Chávez promueve una expresa
modificación de los contenidos ideológicos del Estado venezolano, con alta
incidencia en su acción exterior, la cual además ha retomado un intenso ritmo
de «diplomacia directa» y «en la cumbre». La política exterior venezolana
durante el gobierno presidido por Hugo Chávez ha estado ideológicamente signada
por tres elementos no del todo coherentes entre sí: la hermandad política con
el «Foro de São Paulo»6, del alineamiento del Presidente con el gobierno
comunista de Cuba y los aportes teóricos del sociólogo argentino Norberto
Ceresole7. «La evidencia sugiere que el Jefe del Estado simpatiza con las tesis
del sociólogo argentino.
Así lo pone de manifiesto, por un lado, el antiyanquismo
de nuestra actual política exterior, la defensa de la revolución castrista, la
búsqueda de un mundo geopolíticamente ‹multipolar› (contra Estados Unidos), y la fantasiosa concepción de una ‹OTAN del
Sur› para responder ante amenazas que nadie parece tener claras, y que más bien
apuntan hacia la famosa unidad de los ‹ejércitos revolucionarios› en América Latina. Por otro lado,
desde luego, el impacto ceresoliano se plasma en la visión de la ‹postdemocracia›
plebiscitaria del caudillo-ejército-pueblo, en franca ruptura con la tradición
occidental de la democracia representativa» (Romero, 2001:12).
El epicentro del discurso «bolivariano» en materia de
política exterior se encuentra en la promoción de la «multipolaridad»8,
entendida como una estrategia que denuncia el carácter hegemónico de Estados
Unidos y promociona la creación de otro u otros polos. El concepto de
multipolaridad ingresó al discurso «bolivariano» desde la obra de Norberto
Ceresole. Sin embargo, el concepto entendido como la propuesta de crear un polo
alterno desde Suramérica, en medio de un mundo que tendería a la
multipolaridad, se encuentra por lo menos desde principios de los años noventa,
en la obra del sociólogo brasileño Helio Jaguaribe, cuyo pensamiento ha
influido en las estrategias diplomáticas brasileñas orientadas, entre otros
aspectos, a la modificación del esquema de la Organización de las Naciones
Unidas.
La multipolaridad, al menos en los contenidos discursivos
usuales en el presidente Hugo Chávez, se ha ido transformando en una versión
renovada de las propuestas de alianza Sur-Sur y de diálogo Norte-Sur ya
comentadas arriba y que señalaron el rumbo de la política exterior venezolana
durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Al efecto, en mayo de 2001
al asumir la presidencia rotatoria del G-15, Hugo Chávez hizo un llamado para
retomar el diálogo Norte-Sur.
La alianza con el gobierno de Cuba9, junto al discurso
izquierdista de los movimientos asociados al bolivarianismo, han agregado a la
política exterior venezolana expresiones de nacionalismo socialista, de
oposición a la «globalización», representada regionalmente en la concreción del
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y de aproximación a regímenes
con líneas duras contra Estados Unidos, tales como Libia, Irak e Irán.
La política exterior venezolana hacia el Caribe tuvo durante
el período democrático como uno de sus propósitos, compensar la proyección
cubana («el peligro cubano») sobre los pequeños países del área10. Incluso, la
apertura hacia Cuba a principios de los años setenta y los programas de ayuda
económica que se aplicaron a favor de ese país, se hicieron bajo el criterio de
que ello facilitaría el reingreso cubano a la comunidad latinoamericana, lo que
a su vez permitiría un pronto cambio político en la isla11. Con el arribo de
Hugo Chávez y la aplicación de su línea ideológica, Venezuela se tornó un
aliado político de Cuba en su proyección hacia el mundo. En paralelo, la ayuda
económica venezolana se ha incrementado notablemente como garantía para
mantener al ahora «hermano» régimen de Cuba, el cual, además, forma parte junto
a Venezuela de la Asociación de Estados del Caribe.
Pese al cambio ideológico, el gobierno de Hugo Chávez no ha
puesto en entredicho la institucionalidad regional preexistente, y por el
contrario, ha tendido a utilizar sus foros a los efectos de la difusión de su
pensamiento «bolivariano».
La II Reunión Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe,
realizada en abril de 1999 en República Dominicana, contó con la presencia de
Hugo Chávez. En aquella oportunidad, Venezuela votó favorablemente la
«Declaración y el Plan de Acción» de la AEC, documentos donde se desarrollaron
los temas usuales de la Asociación. Posteriormente, en julio del mismo año, el
Presidente venezolano asistió a la XX Cumbre Anual de Caricom. Para diciembre
de 2001 está prevista la realización de la III Cumbre de la AEC, la cual tendrá
como sede a Venezuela.
La cooperación «bolivariana»
El gobierno «bolivariano» desde el primer momento manifestó
su intención de retomar el esquema diplomático hacia el Caribe basado en ayuda
y cooperación. Así, durante la II Cumbre de la AEC y en la XX Reunión de
Caricom, Hugo Chávez expuso su intención de ampliar la lista de países
beneficiarios del Pacto de San José. Igualmente anunció la creación de la
«Universidad Regional del Caribe», la cual tendría sede en Venezuela y estaría
destinada a la formación de recursos humanos para la región caribeña. En señal
de lo que sería su política exterior hacia la región, realizó en junio de 1999
un préstamo de emergencia por un monto de US$ 100 millones al gobierno de
Leonel Fernández en República Dominicana12. Consultado por los medios de
comunicación sobre dicho préstamo, el presidente Hugo Chávez afirmó: «Esa
pregunta también puede hacérsela al presidente de Estados Unidos que también le
ha prestado dinero a muchos países» (Otálvora, 2001:16).
De esta forma, el gobierno «bolivariano» dejó establecida su
disposición para utilizar recursos fiscales dentro de programas de ayuda
financiera directa, emulando las acciones de los países más ricos del planeta.
Como consecuencia de movimientos sísmicos en India y El Salvador en el año
2000, Venezuela realizó donaciones de 1 millón de dólares en cada caso, además
de enviar personal civil y militar a El Salvador en tareas de salvamento y
reconstrucción.
Desde los primeros días del gobierno, la diplomacia
venezolana intentó infructuosamente un cambio en la posición mejicana, país
reacio al ingreso de Cuba en el Pacto de San José. Igualmente desde el primer
día de gobierno, los medios de comunicación comenzaron a informar sobre la
inminencia de acuerdos de cooperación que Venezuela suscribiría con Cuba, en
materia de suministro petrolero en condiciones preferenciales, así como en
asuntos tales como salud y educación.
En noviembre de 2000, Hugo Chávez recibe a los mandatarios de
Centroamérica y del Caribe, en una nueva versión de la reunión convocada por
Carlos Andrés Pérez en 1974. El propósito de la reunión del año 2000 fue
suscribir el «Acuerdo Energético de Caracas», mediante el cual Venezuela se
comprometió a vender petróleo en condiciones financieras especiales a Belice,
Barbados, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana. Grenada solicitó su ingreso al Acuerdo
a los pocos días de suscrito. Luego de la reunión presidencial de Caracas con
los mandatarios de Centroamérica y el Caribe, el presidente del Consejo de
Estado de Cuba, Fidel Castro, realizó una visita oficial a Venezuela. En esa
oportunidad se suscribió el «Convenio Integral de Cooperación» entre ambos
países. El suministro petrolero a Cuba quedaba así garantizado, en tanto que el
gobierno venezolano calificaba la ayuda petrolera como cooperación con «pueblos
hermanos». De esa forma, la negativa mexicana fue obviada por el gobierno
venezolano, creando su propio programa petrolero para el Caribe, el cual
funcionaría en paralelo al preexistente Pacto de San José y sin reemplazar a
éste.
El esquema de cooperación bolivariana hacia el Caribe
privilegia lo bilateral ante lo multilateral, y pareciera estar en proceso de
revisar los acuerdos comerciales suscritos por Venezuela con el Caricom. Así,
en el marco de negociaciones comerciales que se siguen en 2001 entre Venezuela
y República Dominicana, el gobierno de Caracas ha manifestado su deseo de
modificar los términos de los acuerdos no recíprocos por considerarlos como
«desequilibrados». En tanto, la Armada venezolana mantiene aún el servicio de
transporte marítimo hacia puertos del Caribe, el cual se institucionalizó a
principios de la década de los años noventa, como un servicio autónomo del
Ministerio de Defensa13.
EL CONTENCIOSO VENEZUELA-GUYANA COMO PARTE DE LA AGENDA HACIA
EL CARIBE
El período democrático
Las relaciones entre Venezuela y el Caribe, pese a la
permanente política de cooperación económica, y en ocasiones a causa de esa
misma política, no han sido generalmente armónicas.
En primer término, la cooperación hacia el Caribe fue
señalada como muestra de una intención imperialista hacia las pequeñas
economías del Caribe. Quien fuera primer ministro de Trinidad y Tobago, Eric
Williams, fue el principal publicista de una definición insular del Caribe que
rechazaría la inclusión de países de origen hispano dentro de los límites de la
región caribeña. Igualmente sería Williams quien vocearía intensas denuncias
contra las supuestas pretensiones de «recolonización del Caribe» por parte de
Venezuela. Amén de una posible incomprensión de la política de cooperación
venezolana hacia el Caribe en los años setenta, en la postura de Williams se
reflejaba las aspiraciones trinitarias de atender la demanda caribeña de
hidrocarburos. Consideraba el gobierno de Trinidad y Tobago que el rosario de
islas del Caribe era el mercado natural para sus exportacions energéticas, por
lo cual Venezuela aparecía como una amenaza económica. «Para algunos, los
vecinos caribeños continentales, especialmente Venezuela, México, Brasil y
Colombia eran percibidos, hasta los primeros años de la década de los 80, como
potencias regionales y, en el mismo sentido, como amenazas latentes para la
afirmación de la soberanía política de las jóvenes repúblicas caribeñas»
(Giménez, 1991:113).
La imagen de potencia con aspiraciones de dominación
territorial se hizo patente en lo tocante al tema del contencioso de Venezuela
ante Guyana. Las respuestas negativas que Forbes Burham obtuvo de Caracas en
sus intentos por negociar territorio a cambio de ayuda económica, tuvieron como
respuesta una intensa movilización diplomática guyanesa en los diversos foros
multilaterales en los cuales Guyana participaba activamente, y a los cuales
Venezuela procuraba acceso14. Ejemplo de ello fue la acción diplomática de
Guyana mediante la cual impidió a finales de los años setenta, el ingreso de
Venezuela al Movimiento de los Países no Alineados. Guyana alegó la conducta
belicosa, racista e imperialista venezolana. Esta reacción de los no Alineados
a favor de la posición de Guyana se reproduciría permanentemente en el foro
regional por excelencia, el Caricom.
La reducción del poderío financiero del Estado venezolano, la
ampliación progresiva de la agenda de temas entre Venezuela y cada país del
Caribe, la firma del Tratado de Áreas Marinas y Submarinas con Trinidad y
Tobago en 1989, la desaparición de la influencia de las posiciones de Williams
y Burham, y la distensión con Guyana durante los gobiernos de Jaime Lusinchi,
Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez, lograron aparentemente compensar la
imagen negativa que a Venezuela le habían enrostrado.
La creación de la AEC
pareciera ser la prueba al respecto. Sin embargo, el permanente acercamiento
venezolano hacia el Caribe no pareciera haber servido para obtener respaldos
coherentes hacia iniciativas venezolanas. Esta apreciación fue palpable en 1994
cuando Venezuela optaba a la Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos, con la candidatura de Miguel Ángel Burelli Rivas. El Caribe en
bloque votó a favor de la candidatura del colombiano César Gaviria, en lo que
se entendió como un claro apoyo del gobierno estadounidense a la opción
colombiana y el seguimiento por parte de los países anglocaribeños de la seña
emanada desde Washington. El Caribe ha sido parte, además, del juego no
declarado de posiciones estratégicas y geopolíticas de Venezuela ante
Colombia15.
En lo atinente directamente al contencioso con Guyana,
Venezuela ha buscado tener acceso al Caribe, quizás procurando un cambio de
posición, pero esencialmente tratando de neutralizar el impacto que la
solidaridad caribeña puede tener a favor de Guyana. En opinión de Demetrio
Boersner: «Cuando nos ponemos a pelear con Guyana, peleamos con el Caribe de
habla inglesa. Es una ilusión y un desconocimiento de la realidad caribeña,
creer que esos países podrían abandonar a Guyana, que es su hermana, que es
parte de su patria grande. A pesar de que los caribeños de habla inglesa tienen
divergencias entre ellos, rivalidades entre una isla y otra, pero ante el
exterior de habla española, de una cultura, un idioma y una etnia distinta,
ellos cierran filas y actúan como una sola comunidad. Eso ha sido así desde su
independencia política, a pesar incluso de las diferencias ideológicas de los
gobiernos».
En definitiva, la aproximación venezolana al Caribe no ha
favorecido su posición negociadora en el contencioso ante Guyana. Por el
contrario, el reclamo territorial venezolano ha sido motivo para frenar el
acercamiento venezolano hacia el Anglocaribe, lesionando o frustrando el logro
de otros objetivos que Venezuela tendría en el área.
El gobierno «bolivariano»
El reinicio de la cooperación económica como principal filón
de aproximación al Caribe, trajo como consecuencia una renovación del discurso
antivenezolano en el área.
A mediados del año 2000, ante el anuncio del gobierno
venezolano de pretender extender la aplicación del Pacto de San José a otros
países del Caribe, surgió en Guyana el interés por beneficiarse de dicho
programa. La disputa alrededor del contrato que Guyana se disponía a suscribir
con la empresa Beal sucede en paralelo a los contactos que Venezuela realiza
con los países del área para definir el «Acuerdo Energético de Caracas».
La exclusión de Guyana en la oferta venezolana originó
reacciones oficiales por parte del Caricom y del gobierno guyanés. Este último
mantuvo la posición de denuncia contra Venezuela, calificando la decisión del
gobierno de Caracas como «altamente discriminatoria» y urgiendo a las naciones
caribeñas favorecidas para que rechazaran el ofrecimiento petrolero
«bolivariano». A juicio de Georgetown, Venezuela pretendía dividir al Caricom
buscando aislar a Guyana.
En esta coyuntura, el Ministro de Relaciones Exteriores de
Venezuela manifestó expresamente el carácter que el gobierno «bolivariano» da
al petróleo como «arma política»16. Esta declaración oficial sirvió como prueba
a manos de Guyana, sobre las intenciones venezolanas para debilitar su posición
negociadora utilizando el chantaje petrolero.
La respuesta obtenida por el gobierno «bolivariano» ante su
maniobra, fue el apoyo incondicional de la comunidad caribeña del Caricom a
Guyana. Finalmente, Venezuela dejó abierta la puerta para que Guyana ingresara
al Acuerdo Energético de Caracas. El gobierno venezolano señalaría en su
evaluación del estado de las relaciones con Guyana, que la posición fuerte ante
ese país había permitido bloquear la construcción de la base aeroespacial. Pero
el fracaso de esa concesión no se debió al uso del arma petrolera por parte de
la diplomacia bolivariana, sino a una ajena realidad financiera: las cuentas en
rojo de una desahuciada empresa texana que se la jugó en una operación de alto
riesgo y dudosa materialización.
ALGUNAS CONCLUSIONES
La política exterior venezolana hacia el Caribe ha procurado
diversos objetivos estratégicos, tanto económicos como referidos a la seguridad
y defensa del país. En ese sentido, el interés hacia el Caribe ha sido una
constante de la agenda exterior venezolana, modificándose en cuanto a
intensidad e interlocutores.
Durante los primeros diez años del período democrático, la
acción externa hacia el Caribe tuvo un fuerte acento ideológico, de rechazo a
los regímenes no democráticos, de contención a los intentos de penetración
cubano-comunista en la región, luego se fue produciendo una relativa distensión
del conflicto ideológico que procuraba estimular la democratización de la
región, incluso en el caso cubano. El gobierno «bolivariano» ha realizado
modificaciones de fondo en el tratamiento venezolano hacia el Caribe.
Esencialmente, se ha producido un cambio ideológico y político como efecto de
la alianza del gobierno de Hugo Chávez con el gobierno comunista de Cuba. Si
durante el período 1959-1999 la acción exterior venezolana en el Caribe
procuraba compensar y frenar la proyección política y militar cubana sobre el
área, esa línea ha sido invertida, transformándose en una alianza política a la
visión política y estratégica cubana, con apoyo financiero venezolano.
En cuanto herramienta de política exterior, la cooperación
económica se ha practicado en relación directa con las disponibilidades fiscales
del Estado venezolano. Así, los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez
son muestra de iniciativas hacia el Caribe nacidas en momentos de crecientes
ingresos petroleros venezolanos.
El esquema de atención diplomática al contencioso Venezuela-Guyana
a partir de los años ochenta se ha mantenido inalterado, ya que todos los
gobiernos han aceptado el mecanismo del Buen Oficiante designado por el
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Un cambio
ocurrido durante el gobierno «bolivariano» ha sido la declaración del petróleo
como «arma política» que Venezuela aplicaría a Guyana como presión en las
negociaciones territoriales. Dicha arma no ha provocado algún cambio favorable
en el ánimo y la posición de la contraparte y, por el contrario, ha servido
para ratificar viejas acusaciones provenientes de las élites gobernantes en el
Caribe sobre pretensiones hegemónicas de Venezuela en la región.
La presencia venezolana en organismos regionales caribeños no
pareciera haber compensado la inclinación de los gobiernos del Caribe de apoyar
a Guyana en su causa ante Venezuela. Por el contrario, la institucionalización
de las relaciones multilaterales en el Caribe ha significado nuevos apoyos
formales a la posición guyanesa de negarse a adelantar conversaciones concretas
sobre las aspiraciones territoriales venezolanas. La estrategia guyanesa de dar
largas a las negociaciones, mientras consolida acciones concretas de ejercicio
soberano en la zona en reclamación, pareciera ser la situación dominante, ante
la cual Venezuela pareciera no contar con opciones de respuesta.
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NOTAS
1 La periodización implícita en esta afirmación corresponde
con los límites temporales impuestos por la vigencia de la Constitución
Nacional de 1961, oficialmente vigente hasta diciembre de 1999, fecha a partir
de la cual entró en vigencia la llamada Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. La Constitución de 1961 definía un sistema de
gobierno democrático representativo y responsable, mientras que la Constitución
de 1999 impuso un sistema de gobierno definido como democrático-participativo.
2 El documento fue originalmente publicado por el diario El
Globo de Caracas en marzo de 1992. Puede encontrarse en Garrido (2000a). Para
un contraste de este documento con la posterior política exterior del gobierno
bolivariano, ver Edgar C. Otálvora. «COPIAFotostática con Colombia» en El
Universal, Caracas, 13 de junio de 2000. Dicho artículo puede encontrarse en
www.geocities.com/otalvora (página visitada en octubre de 2001).
3 Entrevista al diplomático venezolano Demetrio Boersner,
realizada por el autor en Caracas durante el mes de mayo de 2001. Boersner es
el autor de Venezuela y el Caribe: presencia cambiante, libro pionero en el
tratamiento del tema del Caribe desde una perspectiva venezolana.
4 El Caribbean Community and Common Market (Caricom) fue
creado mediante el Tratado de Chaguaramas, suscrito por Barbados, Jamaica, Guyana
y Trinidad-Tobago, el cual entró en vigencia el 01 de agosto de 1993.
Actualmente está conformado por 15 miembros: Antigua y Barbuda, las Bahamas,
Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat
(dependencia británica), San Cristóbal y San Nevis, Santa Lucía, San Vicente y
las Granadinas, Trinidad y Tobago y Surinam. Para información sobre el Caricom,
ver The Caribbean Community (Caricom) Secretariat Home Page en www.caricom.org
(página visitada en mayo de 2001).
5 La AEC está conformada por Antigua y Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana,
El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela, Aruba, Antillas Neerlandesas
y Francia. Para documentos constitutivos, programas, actividades, organización,
ver ACS-AES Home Page en www.acs-aec.org (página consultada en mayo de 2001).
6 En julio de 1990, bajo el patrocinio del gobierno cubano y
con la organización del Partido de los Trabajadores PT de Brasil, se realizó en
São Paulo el «Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América
Latina y el Caribe». El propósito del encuentro era «realizar el intercambio de
puntos de vista sobre el impacto que el fin de la bipolaridad de la segunda
posguerra tendría en la lucha de los partidos y movimientos de la izquierda de
América Latina y el Caribe». En este evento se decidió la creación del Foro de
São Paulo, organización que nace como respuesta al llamado «Consenso de
Washington», es decir, como una organización contraria al «neoliberalismo». En
1995, Hugo Chávez viajó a San Salvador para participar en la reunión anual del
Foro. En dicho foro participan organizaciones legales e ilegales de izquierda
del continente. En 1997 el Foro promovió la realización del II Congreso
Anfictiónico Latinoamericano y del Caribe en Caracas, bajo la organización de
Hugo Chávez. Entre las resoluciones de dicho evento acordaron exigir del
gobierno venezolano la declaración de neutralidad en el conflicto interno
colombiano. En 1999, al poco tiempo de haber tomado posesión de la Presidencia,
Hugo Chávez procedió a declarar la neutralidad en el conflicto que el gobierno
colombiano mantiene con fuerzas insurreccionales de las FARC y el ELN. Ambas
organizaciones forman parte del Foro de São Paulo. Para información sobre el
Foro de São Paulo, desde el punto de vista de sus miembros, ver: http://www.nodo50.org/hijos-madrid/articulos/forosaopaulo.htm
(página consultada en junio de 2001).
7 Sobre las relaciones personales de Hugo Chávez y Norberto
Ceresole, ver López, «Un seguimiento a los viajes internacionales de Hugo
Chávez Frías» (2000). El principal documento producido por Ceresole sobre
Venezuela quizá sea Caudillo, ejército, pueblo. El modelo venezolano o la
posdemocracia, el cual se encuentra disponible en www.analitica.com/biblioteca
(página consultada en junio de 2001). Una larga entrevista a Norberto Ceresole
se encuentra en Garrido (2001).
8 En una entrevista que Alberto Garrido realizara a Norberto
Ceresole a mediados de 2001, el entrevistado dejó constancia de sus
vinculaciones personales con Jaguaribe, de donde se podría deducir que la
fuente básica de la propuesta oficial del gobierno bolivariano es el sociólogo
brasileño. Al respecto del pensamiento de H. Jaguaribe, ver:
www.mre.gov.br/ipri/papers/alca/artigo01.doc (página consultada en junio de
2001).
9 Hugo Chávez a finales de 1994, poco tiempo después de ser
indultado del proceso que se le seguía por rebelión militar, visitó Cuba, donde
fue recibido con honores por el gobierno de ese país. La presencia de Fidel
Castro en el aeropuerto de La Habana recibiendo al fracasado golpista venezolano
fue, al menos públicamente, el primer momento de una relación que con Hugo
Chávez en la Presidencia se ha transformado en una alianza política entre
Caracas y La Habana.
10 Para una visión cubana de la política exterior de ese país
hacia el Caribe, ver Gerardo González. El caribe anglófono en la política
exterior de Cuba (1992).
11 Ya desde los inicios del segundo gobierno de Carlos Andrés
Pérez, el gobierno cubano buscó el apoyo energético venezolano. En reciente
declaración, Pérez comentó: «En una reunión de los presidente Salinas, Gaviria
y yo con Castro en Conzumel, México, poco después de la desaparición de la URSS
y en el ambiente de hacerle comprender las dificultades que iba a padecer de
ahí en adelante, le dije que no aspirara a que Venezuela lo pudiera comprender
en el Acuerdo de San José. El presidente Salinas enseguida agregó que tampoco
México». Ver revista Zeta, n° 1.315, abril, 2001, Caracas.
12 Leonel Fernández es miembro del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), fundado por Juan Bosch en 1973, luego de la invasión
promovida por Cuba y encabezada por Francisco Caamaño. La fundación del PLD fue
consecuencia de la ruptura de Bosh con su partido PRD, al cual acusó de haberse
movido a la derecha abandonando las ideas socialistas. Durante la campaña
electoral venezolana de 1999, diversos medios informaron sobre supuesta ayuda
en «asesores» que el candidato Chávez estaría recibiendo del gobierno
dominicano, el cual habría servido de fachada para el apoyo del gobierno
cubano. Hugo Chávez en su condición de presidente electo visitó al presidente
Fernández en lo que se consideró una sorpresiva visita. Ya en su condición de
Presidente de la República, Chávez en Visita Oficial a República Dominicana en
el año 2000, realizó un acto en homenaje al guerrillero procubano Francisco
Caamaño. Sobre el proceso político de República Dominicana, ver Moya Pons
(1999).
13 La Oficina de Apoyo Marítimo, Ocamar, del Ministerio de
Defensa venezolano ofrece transporte marítimo rutinario atendiendo los puertos
de Foint Lisas (Trinidad), San Vicent, Barbados, Martinica, Montserrat,
Anguila, Grenada, Guadalupe, Antigua, Santa Lucía, Dominica, Saint Kitts, Río
Haina (República Dominicana), Aruba y Curaçao.
14 Guyana fue aliado de Cuba, permitiendo el uso de su
territorio para reaprovisionamiento de los aviones que transportaban tropas y
material militar cubano hacia África. Este hecho colocó a Guyana en proximidad
especial con los movimientos prosoviéticos existentes en los países recién
descolonizados y en países pobres, que formaban el quórum del Movimiento de
Países no Alineados en su momento estelar de los años setenta.
15 Sobre la visión colombiana hacia el Caribe, ver Ardila
(1993).
16 El enunciado fue hecho por el entonces ministro de
Relaciones Exteriores, José Rangel Vale, en declaraciones a la prensa. En lo
que puede entenderse como un paso atrás en la posición venezolana, pocos días
después el ministro Rangel negó que estuviera condicionando el apoyo en materia
energética a Guyana a una solución en el contencioso. Ver las ediciones de El
Universal del 03 de octubre de 2000 y del 10 de octubre de 2000.
2005 La
Guayana Esequiba – Zona en Reclamación. Instituto Geográfico Simón Bolívar Primera Edición
Nota del
editor del blog:
Al referenciarse a la República Cooperativa de
Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500Km2, de territorios ubicados al
oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en
Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
Territorios estos sobre los cuales el Gobierno
Venezolano en representación de la Nación venezolana se reservo sus derechos
sobre los territorios de la Guayana Esequiba en su nota del 26 de mayo de 1966
al reconocerse al nuevo Estado de Guyana:
“...por lo tanto, Venezuela reconoce como
territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen derecha del
río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional, que se reserva
expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que se
encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el
territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva
expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de
Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento
hasta su desembocadura en el Océano Atlántico...”
LA GUAYANA ESEQUIBA
Terminología sobre cómo referenciar la
Zona en Reclamación-Guayana Esequiba.
Mapa que señala el
Espacio de Soberanía Marítima Venezolana que se reserva, como Mar Territorial mediante el Decreto Presidencial No 1152 del 09
de Julio de 1968
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