martes, 30 de abril de 2013

Guyana: La Guayana Esequiba. Los Problemas en las tierras indígenas no se limitan a Isseneru y Kako

http://www.stabroeknews.com/2013/opinion/letters/04/27/amerindian-land-problems-are-not-limited-to-isseneru-and-kako/


Lenguas Amerindias en la Guayana Esequiba Zona en Reclamación Tomado de la Venezolanidad del Esequibo Página 451


Traductor Google

Tomado de:

Problemas de tierras amerindias no se limitan a Isseneru y Kako


27 de abril 2013 • Por staff • 4 Comments Siguiente Artículo »
Imprimir

Sr. Director:

La Asociación de Pueblos Amerindios (APA) desea continuar para arrojar luz sobre cuestiones relacionadas con las tierras amerindias, las cuestiones que han sido ampliamente discutidos últimamente con la evolución de Isseneru y Kako. Cabe señalar que los problemas no se limitan a estos dos pueblos.

A principios de abril, la APA fue invitado a una reunión en Taruka Village, Región 8, en relación con la creciente preocupación de varios pueblos de la región acerca de su situación de la tierra. Presentes en la reunión estuvieron Toshaos, concejales y otros representantes de los cinco pueblos (Paramakatoi, Karisparu, Waipa, Kaibarupai y Taruka), muchos de los cuales habían viajado durante varios días a pie o en vehículo todo terreno para participar.
Las preocupaciones planteadas estaban relacionadas con la creciente presión de la minería externa e intereses madereros en tierras tradicionales del pueblo, ya que se sabe que la presencia de estas industrias extractivas a menudo tiene efectos sociales negativos sobre la población local. La mayoría de las comunidades también informaron de que están preocupados por el programa de titulación de tierras impulsado por el gobierno actual, como la extensión de tierra que se han concedido no es lo que solicitaron, y en muchos casos dejan granjas y granjas fuera del título. La comunidad de Karisparu aún sin título a pesar de cumplir los requisitos formales y de haber solicitado al Ministerio de Asuntos Amerindios dos veces desde finales de 1990.


Cuando los participantes de la reunión aprendieron sobre la evolución de Isseneru y Kako, también expresaron su firme apoyo a sus hermanos y hermanas en estas comunidades. Se inspiraron en el compromiso de estas personas a movilizarse para proteger sus tierras. En consecuencia, la reunión llegó a la conclusión de continuar las conversaciones con el resto de las comunidades de la Región 8 y, posteriormente, llevar sus preocupaciones a las autoridades pertinentes.

Dadas las limitaciones de la Ley de los amerindios de 2006 y la respuesta del Gobierno a la situación de Kako, las comunidades temen que sus problemas se tendrán en cuenta el argumento de que la tala y la minería se producen fuera de los títulos del pueblo. La APA se siente la necesidad de recordar a las autoridades públicas y relevante que el artículo 26 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas apoya claramente el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales. Como firmante de esta declaración, ya es hora de que Guyana se asegura de que sus disposiciones se reflejan en la política y la legislación nacional.

Le saluda atentamente,

Lawrence Anselmo

Asociación de Pueblos Amerindios

Lenguas Amerindias en la Guayana Esequiba Zona en Reclamación Tomado de la Venezolanidad del Esequibo Página 451


Amerindian land problems are not limited to Isseneru and Kako
April 27, 2013 · By Staff Writer · 4 Comments Next Article »
Dear Editor,
The Amerindian Peoples Association (APA) wishes to continue to shed light on issues related to Amerindian lands, issues that have been widely discussed lately with the developments in Isseneru and Kako. It should be noted that the problems are not limited to these two villages.

At the beginning of April the APA was invited to a meeting in Taruka Village, Region 8, regarding the growing concerns of several villages in the region about their land situation. Present at the meeting were Toshaos, councillors and other representatives from five villages (Paramakatoi, Karisparu, Waipa, Kaibarupai and Taruka), many of whom had travelled for several days by foot or on ATV to participate.

The concerns raised were related to the growing pressure from external mining and logging interests on the people’s traditional lands, since it is known that the presence of these extractive industries often has negative social impacts on the local population. Most communities also reported that they are worried about the current government-driven land titling programme, as the extent of land they have been granted is not what they requested, and in many cases leave homesteads and farms outside the title. The community of Karisparu is still without title despite meeting the formal requirements and having applied to the Ministry of Amerindian Affairs twice since the late 1990s.

When participants of the meeting learnt about the developments in Isseneru and Kako, they also expressed strong support for their brothers and sisters in these communities. They were inspired by the commitment by these people to mobilize to protect their land. Consequently, the meeting concluded to continue discussions with the rest of the communities in Region 8 and thereafter to bring their concerns to the relevant authorities.

Given the limitations of the Amerindian Act 2006 and the government’s response to the situation in Kako, the communities fear that their problems will be disregarded on the grounds that the logging and mining occur outside village titles. The APA feels the need to remind the public and relevant authorities that Article 26 of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples clearly supports indigenous peoples’ right to their traditional lands. As a signatory to this declaration it is about time that Guyana ensures that its provisions are reflected in national policy and legislation.
Yours faithfully,

Lawrence Anselmo

Amerindian Peoples Association

2005 La Guayana Esequiba – Zona en Reclamación. Instituto Geográfico Simón Bolívar  Primera Edición

Nota del editor del blog: Al referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Territorios estos sobre los cuales el Gobierno Venezolano en representación de la Nación venezolana se reservo sus derechos sobre los territorios de la Guayana Esequiba en su nota del 26 de mayo de 1966 al reconocerse al nuevo Estado de Guyana:

“...por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen derecha del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional, que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que se encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico...”



Mapa que señala el Espacio de Soberanía Marítima Venezolana que se reserva, como Mar Territorial mediante el Decreto Presidencial No 1152 del 09 de Julio de 1968

lunes, 29 de abril de 2013

Salvaguardias en esquemas de financiación de la REDD+


http://www.forestpeoples.org/es/topics/fondo-cooperativo-para-el-carbono-de-los-bosques-fcpf-del-banco-mundial/news/2013/04/salvagua


29 Abril de, 2013
Entre los muchos aspectos de la REDD+[i] sometidos a escrutinio por organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil, el que continúa suscitando mayor preocupación es el de las salvaguardias y su aplicación. Esto es particularmente cierto en el actual debate sobre la REDD+ y su grado de implementación y puesta en práctica. Desde 2010, cuando la 16. ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) adoptó su decisión sobre la REDD+ y las correspondientes salvaguardias, se ha desarrollado un proceso continuo de elaboraciones, negociaciones y ajustes a varios niveles. El debate sobre las salvaguardias se ha convertido tanto en una oportunidad para que los pueblos indígenas y la sociedad civil refuercen sus peticiones de respeto de los derechos y normas reconocidos internacionalmente, como en una oportunidad para que los donantes exijan el cumplimiento de las mismas para el uso de los fondos transferidos a países REDD+. Al igual que con otras cuestiones relacionadas con la REDD+, el debate sobre las salvaguardias ha evolucionado de una manera muy compleja y se ha bifurcado en dos corrientes. Una corriente tiene la finalidad de establecer normas e instrumentos para evitar que la REDD+ cause daños al medio ambiente y los pueblos de los bosques, y la otra tiene la finalidad de asegurar una evaluación adecuada de los posibles beneficios, conocida en la jerga técnica como enfoque de «hacer el bien».

A medida que todo el debate sobre las salvaguardias pasó de una elaboración teórica a la traducción de principios en herramientas operativas, empezaron a surgir los problemas. Entre dichos problemas se incluye una falta de capacidad e interés por parte de las agencias gubernamentales a nivel nacional y preguntas sobre los excesivos costos de las transacciones. Estos «problemas» suponen un riesgo considerable de debilitamiento de las salvaguardias, con la intención manifiesta de acelerar el desembolso de fondos para la preparación. Con el fin de comprender completamente la importancia de esta situación, merece la pena volver atrás y reconstruir el proceso que condujo a la creación de varios mecanismos y regímenes de salvaguardias en diferentes iniciativas relacionadas con la REDD+, como por ejemplo el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), el Programa de Inversión Forestal (PIF) y el Programa ONU-REDD.

Los Acuerdos de Cancún adoptados por la CP 16 de la CMNUCC incluyen una serie de salvaguardias que deberían ser tenidas en cuenta en políticas, programas y proyectos de REDD+. En lo que respecta a pueblos indígenas, las salvaguardias señalaban la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI) y proporcionaban protecciones que iban desde asegurar su participación plena y efectiva a respetar «los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales». La CMNUCC también adoptó un plan de trabajo para uno de sus órganos subsidiarios (el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico u OSACT) que prepararía orientación referente a un sistema de información sobre cómo se abordarían y respetarían las salvaguardias.

Tras algunas disputas diplomáticas, las Partes adoptaron un texto que proporciona un importante respaldo político a la relevancia de las salvaguardias sociales y ambientales en la REDD+, así como a la relevancia de las obligaciones e instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos, como la DNUDPI, aunque condicionados a las circunstancias y leyes nacionales. A pesar de sus limitaciones, tal formulación ofreció espacio para continuar elaborando salvaguardias dentro de los diferentes programas e iniciativas de REDD+ en curso.

Una de esas iniciativas es el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, que en su documento constitutivo reconoce la obligación de respetar los derechos de los pueblos indígenas. Una vez adoptados los Acuerdos de Cancún, el FCPF se esforzó más en desarrollar su propio régimen de salvaguardias. Cabe señalar que la naturaleza específica de las actividades respaldadas por el FCPF, sobre todo planes de preparación para la REDD+ en lugar de proyectos, llevaron a la «reelaboración» y adaptación de los regímenes tradicionales de salvaguardias, como los del Banco Mundial, hasta convertirlos en herramientas más analíticas y diagnósticas, como la evaluación ambiental y social estratégica (EASE).

La finalidad de la EASE es anticipar posibles daños y oportunidades relacionados con la REDD+, muy temprano en el ciclo de planificación, e identificar las salvaguardias que habría que aplicar. Con sus herramientas de análisis y diagnóstico, las EASE deberían haber ofrecido un espacio para que los pueblos indígenas elaborasen y efectuasen aportaciones sustanciales sobre las formas de asegurar que la REDD+ no afecte negativamente sus medios de vida y derechos. Sin embargo, hasta ahora la intervención de los pueblos indígenas en la definición de los términos de referencia de las EASE y el correspondiente marco de gestión ambiental y social ha sido muy irregular. Cabe destacar que una de las salvaguardias que efectivamente es aplicable al proceso de preparación para la REDD+ se refiere al acceso a la información y la participación del público. Por lo tanto la prolongada falta de participación adecuada y de acceso adecuado a la información que se ha constatado en algunos países infringe las salvaguardias pertinentes.
El FCPF en sí también ha cambiado. En un principio el FCPF fue establecido como plan de financiación principalmente dentro del Banco Mundial (con el Banco como administrador fiduciario), pero se ha convertido en un mecanismo de financiación más complejo. Aunque el Banco sigue siendo el administrador fiduciario, la financiación del FCPF puede ser entregada a través de una serie de «socios ejecutores», entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés). Esta expansión por medio de socios ejecutores significó que se necesitaba un mayor esfuerzo para dar un enfoque común a las salvaguardias. El patrón adoptado por el FCPF, el BID y el PNUD (la FAO sigue retrasada en su proceso de alineación) prevé que las normas y salvaguardias más estrictas se aplicarían en caso de divergencia entre las normas del socio ejecutor y las del Banco Mundial, y que en cualquier caso la norma de este último sería el umbral mínimo. Eso significa que en aquellos casos en los que el PNUD sea el socio ejecutor (y por tanto sean casos cimentados en un enfoque basado en los derechos), se aplicaría la DNUDPI y concretamente sus disposiciones sobre el consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Pero por el momento, como casi todas las actividades de preparación para la REDD+ aún están en proceso de elaboración, no existen pruebas claras de que se estén cumpliendo las normas o no. Al contrario, según la reciente Evaluación de las necesidades de los países miembro de ONU-REDD y del FCPF relativa a la preparación para REDD+ (2012), el subcomponente de las salvaguardias y la consulta pública así como el seguimiento, la notificación y la verificación requieren aún más apoyo. La evaluación subrayaba que: «El subcomponente sobre salvaguardas también fue una esfera de alta prioridad, en particular en los países de Asia y América Latina, e incluso en África el índice de respuesta fue superior al 60%» (traducción no oficial).[ii]

El Programa de Inversión Forestal ha seguido un patrón parecido al del FCPF, según el cual cada banco multilateral de desarrollo (BMD) es responsable del uso de fondos transferidos por el Banco Mundial de acuerdo con su propio marco fiduciario, políticas, directrices y procedimientos. Es más, los procesos de aprobación y supervisión de la programación del PIF seguirán las políticas y procedimientos del BMD pertinente. Sin embargo el FIP no ha elaborado un enfoque común para asegurar la coherencia entre las políticas y salvaguardias del administrador fiduciario (el Banco) y las de los otros BMD. La falta de un marco de salvaguardias normalizado y coherente plantea retos importantes en lo que respecta tanto a la obligación de rendir cuentas como a la coherencia, dentro del propio PIF y entre el PIF, el FCPF y el Programa ONU-REDD.

En lo que respecta al Programa ONU-REDD, las salvaguardias han sido enfocadas de otra manera. De hecho, el Programa ONU-REDD adoptó un conjunto de documentos de orientación y directrices relacionados con la participación de las partes interesadas que incluyen el requisito de asegurar el CLPI de los pueblos indígenas, y los Principios y Criterios Sociales y Ambientales (PCSA), que utilizan un «enfoque basado en los derechos». Las directrices son aplicables a organismos de la ONU en su calidad de socios ejecutores múltiples. Los PCSA se apoyan en tres principios: asuntos sociales, coherencia en las políticas ambientales y asuntos ambientales. Contienen una serie de disposiciones pertinentes para los pueblos indígenas, por ejemplo el requisito de garantizar su participación plena y efectiva, el de respetar y promover sus derechos a la tierra, territorios y recursos, el de procurar su consentimiento libre, previo e informado y el de reconocer los conocimientos y los medios de vida tradicionales. No obstante, aún no se ha terminado ni adoptado la herramienta de evaluación de beneficios y riesgos asociada a los PCSA, lo cual podría perjudicar gravemente a la aplicación de estos.[iii]

Aumenta la preocupación por el escaso cumplimiento de las salvaguardias
Por lo tanto parece que está surgiendo un patrón recurrente a varios niveles. Si bien sobre el papel la traducción del mandato político de la CMNUCC en lo que se refiere a salvaguardias parece haber conducido a algunos logros importantes en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, a la hora de hacerlos operativos e implementarlos la situación no es tan alentadora.

El FCPF ha recibido múltiples quejas por parte de los pueblos indígenas y la sociedad civil a causa de la violación de las normas del Banco sobre la participación pública y de la contravención de sus propias directrices de participación y consulta. En Honduras, por ejemplo, algunas organizaciones comunitarias han rechazado abierta y completamente las propuestas de preparación del gobierno debido a que no ha habido un proceso de consulta y a que no se han asegurado políticas inclusivas.[iv] En países como Surinam, a pesar de las repetidas reiteraciones de propuestas nacionales para la preparación, los planes del gobierno para la REDD+ siguen omitiendo medidas significativas para defender los derechos a la tierra y los territorios de los pueblos de los bosques.[v]

En febrero de 2013 las organizaciones indígenas de Panamá se retiraron del Programa Conjunto de ONU-REDD en Panamá debido a las preocupaciones que les suscita desde hace tiempo que ni la ONU ni el gobierno aseguren la participación efectiva de los pueblos indígenas, y que no haya medidas efectivas y oportunas para defender el CLPI y asegurar el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.[vi] En la actualidad, la ONU tiene previsto investigar la denuncia para averiguar qué es lo que ha salido tan mal en el programa nacional.[vii] 

El Programa ONU-REDD también está enfrentando problemas en Indonesia y otras partes de Asia. El programa admite que los procesos de obtención del CLPI en Vietnam han sido defectuosos (no se han explicado los riesgos y costos de la REDD+ a las comunidades). En el proyecto piloto de REDD+ iniciado como parte del programa en Sulawesi Central, Indonesia, la población local se queja de que todavía no hay un proceso significativo para obtener su CLPI. Además, hasta ahora este mismo proyecto piloto apenas ha prestado atención a asegurar los derechos territoriales y los derechos sobre los recursos, y se ha centrado en un enfoque excluyente de la conservación de los bosques obsoleto, que ha suscitado intensas críticas por parte de las comunidades afectadas.

En Perú la organización de pueblos indígenas amazónicos AIDESEP está cada vez más preocupada por el tratamiento de los derechos y las cuestiones relativas a la tierra en el proceso de elaboración de una estrategia nacional de inversión forestal financiada por el Programa de Inversión Forestal. En resumen, AIDESEP se siente consternada por el hecho de que se rompieron las promesas anteriores de abordar la tenencia de la tierra con presupuestos nacionales adecuados para la demarcación y el otorgamiento de títulos de propiedad, cuando a principios de 2013 el gobierno modificó unilateralmente el plan de inversión sin consultar. Ahora AIDESEP está considerando la posibilidad de utilizar varios mecanismos de denuncia si sus motivos de preocupación referentes a las salvaguardias no son atendidos.[viii] 

Los motivos de preocupación de la comunidad en relación con la falta de implementación oportuna y eficaz de las salvaguardias están siendo crecientemente respaldados por verificadores independientes. En Guyana, por ejemplo, el órgano de verificación del memorando de entendimiento sobre la REDD+ entre Guyana y Noruega descubrió en noviembre de 2012 que al cabo de tres años Guyana no había tomado medidas adecuadas para defender los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y que la formulación de políticas de REDD+ sostenibles en el país sigue adoleciendo de consultas públicas ineficaces y una falta de transparencia.[ix]

La aplicación de orientación sobre el sistema de información sobre salvaguardias, así como sobre el seguimiento, la notificación y verificación de su aplicación en la financiación de la REDD+ en el marco de la CMNUCC, ofrece más pruebas cruciales de que las naciones forestales están actuando lentamente para cumplir las obligaciones que han contraído en virtud de la Convención. Asimismo indica que para ser efectivo un régimen de salvaguardias debe estar cimentado en leyes nacionales pertinentes y en reformas jurídicas y de la gobernanza conexas (como en el caso de la tenencia de la tierra o el CLPI). En muchos países estos procesos aún están dando sus primeros pasos o ni siquiera han empezado. Hay indicios de que el lento ritmo de actuación en lo que se refiere a las salvaguardias puede deberse a una grave falta de capacidad gubernamental para atender cuestiones relacionadas con ellas y con la presentación de informes.

Una serie de pueblos indígenas y ONG, entre ellas el FPP, están resaltando que para que un sistema nacional de salvaguardias sea eficaz tiene que estar ligado a un sólido y efectivo marco de cumplimiento que incluya indicadores de los resultados de la aplicación de las salvaguardias. Lamentablemente es algo a lo que la mayoría de los países de la CMNUCC se oponen firmemente, ya sea para facilitar el acceso a los fondos, proteger su propio espacio «soberano» o acelerar los procesos de preparación con el fin de empezar a implementar los proyectos y beneficiarse de los pagos por almacenamiento de carbono resultantes.
A no ser que los países forestales empiecen a prestar atención a las peticiones de los pueblos indígenas y las organizaciones de justicia social para que actúen con mayor contundencia en lo que respecta a las salvaguardias, es probable que haya más denuncias como la dirigida recientemente al Programa ONU-REDD en Panamá. Por el momento la sociedad civil y los pueblos indígenas continúan pidiendo que las salvaguardias sean cimentadas en un fuerte marco de cumplimiento que incluya el reconocimiento del derecho al CLPI, mecanismos efectivos y accesibles de reclamación y denuncia, sólidas reformas de la gobernanza (sobre todo reconociendo los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, territorios y recursos), y planes de supervisión por parte de las comunidades ) que cuenten con el reconocimiento y el apoyo de las instituciones de financiación y los gobiernos, y que incluyan indicadores de los resultados de la aplicación de las salvaguardias.

Francesco Martone y Tom Griffiths

[i] Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo
[iv] Véase, por ejemplo, la carta que COPINH, de Honduras, envió al FCPF en agosto de 2012: http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/carta%20SOBRE%20PROYECTOS%20REDD%20HONDURAS%20final.pdf
Share
FIRST PUBLISHED IN THE ENEWSLETTER

La política de bosques del Banco Mundial


http://www.forestpeoples.org/es/topics/politica-forestal-del-banco-mundial-opbp-436/news/2013/04/la-politica-de-bosques-del-banco-mu

Tomado de:


29 Abril de, 2013
Mientras el Banco Mundial examina sus normas medioambientales y sociales, no debemos dejar pasar una gran oportunidad para revisar su enfoque de los bosques

Los impactos negativos de proyectos financiados por el Banco Mundial en bosques tropicales han sido durante décadas motivo de preocupación para la sociedad civil y los pueblos de los bosques. En los años 80 del siglo pasado, los megaproyectos del Banco Mundial en el Amazonas y en Indonesia en apoyo de proyectos de infraestructura, colonización agrícola y transmigración fueron muy criticados por el público. Eso a su vez generó una presión política que fue clave para que el Grupo del Banco Mundial adoptase normas sociales y medioambientales obligatorias, conocidas como salvaguardias, para demostrar su compromiso con la prevención de daños a los pueblos y al medio ambiente (Ver artículo n.° 1).

El Banco adoptó la primera política de salvaguardia específica de los bosques en 1991. Esta representó un nuevo enfoque al prometer enfocarse en la reducción de la pobreza y el respeto de los derechos locales. También introdujo la prohibición de financiar explotaciones forestales a gran escala en bosques tropicales húmedos primarios. Sin embargo, la oposición dentro del propio Banco a esta política fue fuerte desde el principio. La dirección del Banco alegó que la política era demasiado conservacionista y que la prohibición sobre el apoyo prestado por el Banco a la explotación forestal a escala industrial había tenido un «efecto paralizador» en sus préstamos. Asimismo argumentó que la política estaba impidiendo que la institución favoreciese una reforma positiva del sector forestal. Aunque una evaluación realizada por el grupo de evaluación del propio Banco reveló que la falta sistemática de supervisión de la implementación de los proyectos era el principal problema[i], la dirección del Banco no abordó los problemas relacionados con el cumplimiento de la salvaguardia. En vez de eso y tras un prolongado proceso de examen de dicha aplicación y de elaboración de una estrategia, el Banco Mundial produjo la política de bosques de 1991, y en 2002 adoptó una política en materia de salvaguardias l y una estrategia forestal revisadas. La nueva política levantó la prohibición de financiar operaciones de explotación forestal a escala industrial, siempre y cuando se obtuviese una certificación independiente del aprovechamiento sostenible de los bosques o hubiese un plan para conseguir dicha certificación más adelante. Al mismo tiempo la política de 2002 estableció la regla de que el Banco no podía financiar «actividades de explotación comercial» en bosques «críticos», pero no especificó quién definiría una zona como «bosque crítico» (OP 4.36, párrafos 8, 9 y 10).[ii]

Problemas de la política y la estrategia existentes: en aquel momento varias ONG, entre ellas el FPP, señalaron graves problemas y lagunas en la política y la estrategia forestal del Banco, así como en su política sobre hábitats naturales relacionada (OP 4.04), que a día de hoy siguen sin estar solucionados. Los principales problemas pendientes son:

La falta de protecciones adecuadas de los derechos sobre la tierra y los recursos de las comunidades no indígenas que dependen de los bosques.

La falta de un enfoque multisectorial de los bosques que asegure que todos los tipos de programas del Grupo del Banco Mundial, incluidos los proyectos en los sectores de la energía y el transporte, sean coherentes con la protección de los bosques.

La existencia de grandes lagunas en la política sobre hábitats naturales que permiten operaciones de explotación forestal, el desmonte y las actividades de desarrollo en hábitats críticos (y por lo tanto socavan la salvaguardia de los «bosques críticos»).

La exclusión de la cobertura de salvaguardia para los préstamos relativos a las políticas de desarrollo y otras formas de financiamiento programático.

La dependencia en normas de certificación inciertas.[iii]
Además de resaltar estas brechas, las ONG apelaron repetidamente al Banco para que evaluase la aplicación de su política sobre hábitats naturales con el fin de aprender lecciones y establecer con exactitud las formas de implementar la salvaguardia de hábitats críticos con eficacia. En vista de la controversia que rodeaba a esta política, el Banco Mundial prometió que formaría un grupo de asesores externos para asegurar la transparencia y proporcionar orientación independiente para la aplicación de la política, Además, establecería un nuevo mecanismo para tratar los bosques en préstamos de ajuste y crearía un libro de consulta (manual) para explicar al personal y a los prestatarios cómo deberían aplicarse la salvaguardia de bosques críticos, mientras que la Corporación Financiera Internacional (CFI) adoptaría una versión revisada de la política para préstamos del sector privado al sector forestal.

Escaso seguimiento: aunque efectivamente el Banco formó el Grupo Asesor Externo en 2003,[iv] su impacto en las operaciones de este no ha sido significativo. Las comunicaciones recientes en las que este Grupo pide al Banco que adopte normas sobre los derechos humanos internacionales, incluyendo el alineamiento de sus políticas con la DNUDPI[v], no han recibido respuesta hasta la fecha.[vi] Otras promesas se han roto o no han sido cumplidas todavía.

La CFI nunca adoptó la política como norma diferenciada, sino que absorbió a los bosques en su norma de desempeño 6 en la «Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de recursos naturales vivos».[vii] Esta norma de la CFI tiene grandes lagunas que permiten la conversión de bosques naturales para operaciones de desarrollo industrial e incluso permite la financiación de actividades que destruyen hábitats críticos siempre que haya un plan de compensación, a pesar de que las compensaciones de diversidad biológica son muy controvertidas.[viii] El Libro Sourcebook on Forests (Libro de Consulta sobre los Bosques) fue finalmente publicado en el 2008[ix], pero la política del Banco sobre el financiamiento para políticas de desarrollo de 2004 solo menciona los bosques de pasada y solo incluye requisitos mínimos para abordar los posibles impactos negativos en los bosques y los pueblos que dependen de ellos (OP 8.60 en el párrafo 11).[x] A pesar de repetidas peticiones, la aplicación de la salvaguardia del Banco Mundial para hábitats naturales no ha sido evaluada (examen de implementación) por el grupo de evaluación del propio Banco.

Avances en la dirección correcta: a pesar de las graves deficiencias anteriormente mencionadas, el Banco ha realizado algunos avances en su colaboración con el sector forestal. Entre ellos se incluyen proyectos progresistas de gestión forestal basados en las comunidades en México, esfuerzos de apoyo a las comunidades a través de Growing Forest Partnerships (GFP), capacitación y apoyo para la aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT por sus siglas en inglés) a través del Programa sobre Bosques (PROFOR), y esfuerzos recientes para establecer un mecanismo dedicado a subvenciones para pueblos de los bosques en el marco del Programa de Inversión Forestal (PIF) del Banco Mundial, así como una útil labor analítica sobre la gobernanza de los bosques. Esta última labor incluye un importante estudio del significativo papel de la explotación ilegal de los bosques en muchos países que son clientes del Banco. En dicho estudio se insta al Banco (y otros organismos de fomento del desarrollo) a ayudar a los países a fortalecer sus sistemas de justicia penal y de lucha contra el blanqueo de dinero.[xi] Asimismo cabe señalar que el PIF prohíbe apoyar la conversión, deforestación o degradación de bosques naturales mediante, inter alia, la explotación forestal industrial y las plantaciones de árboles (documento de diseño del PIFP).[xii] Lamentablemente estas importantes iniciativas no están integradas en la cartera global sobre bosques del Banco. Una deficiente implementación de las salvaguardias y un tratamiento ineficaz de la pobreza y problemas sociales continúan afectando el enfoque que el Banco da a los bosques. Un ejemplo son los proyectos de gestión forestal en Asia, que iban a ser participativos, pero no han potenciado a las comunidades e incluso han incluido programas de reasentamiento que les han perjudicado.[xiii]

Problemas continuos de aplicación y estrategia errónea: los problemas de la aplicación de las salvaguardias forestales y políticas conexas del Banco están bien documentados en evaluaciones oficiales, informes de la sociedad civil y quejas de comunidades presentadas ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Panel de Inspección.[xiv] El examen de la estrategia forestal realizado en 2007 entre períodos de sesiones, por ejemplo, reveló que los problemas relacionados con la pobreza y los posibles impactos sociales adversos no habían recibido la debida atención en los proyectos del Banco ni en sus análisis económicos y sectoriales. También reveló que el personal del Banco Mundial tendía a tratar las políticas de salvaguardia como obstáculos para el procesamiento de los proyectos, en vez de verlos como instrumentos clave para reducir riesgos y mejorar los resultados en lo que respecta al desarrollo.[xv] Un examen reciente del Grupo de Evaluación Independiente (GEI) ha revelado problemas parecidos debidos a una aplicación deficiente, y no ha encontrado pruebas de que el apoyo del Banco para políticas e inversiones a favor de concesiones madereras industriales haya contribuido al desarrollo sostenible (recuadro abajo).[xvi]

Algunos hallazgos clave de la evaluación de la colaboración del Banco Mundial con el sector forestal realizada por el GEI en 2013[xvii]

La atención prestada a la pobreza rural ha estado ausente de las reformas de las concesiones apoyadas por el Banco Mundial.

Solamente 2 de los 37 proyectos en zonas forestales protegidas consiguieron los objetivos previstos en relación con los medios de vida.

En tres cuartas partes de los proyectos en zonas forestales protegidas se aplicó la OP 4.12 (Reasentamiento involuntario), pero solo dos informaron si los impactos negativos en los medios de vida habían sido mitigados o no.

Menos de la mitad de los proyectos financiados por el Banco en los que se utiliza madera de bosques naturales o plantados consiguieron la certificación exigida.

Los sistemas de supervisión y presentación de informes de los proyectos forestales no son suficientes para evaluar si el Banco está apoyando la gestión forestal de una manera ambiental y socialmente sostenible.

Las consideraciones de género no han sido adecuadamente abordadas.
En la mayoría de los proyectos no se tuvieron debidamente en cuenta las cuestiones y los retos del cambio climático.

Entre otras recomendaciones de su evaluación de 2013, el GEI aconsejó que el Banco debería llevar a cabo un examen riguroso de las reformas de concesiones y los proyectos de explotación forestal comercial que financia, para verificar que el modelo de concesión para el desarrollo forestal ha contribuido a reducir la pobreza, y luego encauzar nuevas revisiones de las políticas y estrategias del Banco para el sector forestal. En febrero de 2013 la dirección del Banco y el Comité sobre la Eficacia en Términos de Desarrollo (CODE por sus siglas en inglés) del Directorio Ejecutivo rechazaron rotundamente esta recomendación. La dirección del Banco repudió gran parte de las conclusiones del GEI alegando que estaban basadas en errores metodológicos en la evaluación.[xviii] Según parece una vez más los objetivos internos de préstamo del Banco están teniendo preferencia sobre las lecciones aprendidas con experiencias pasadas y sobre el afianzamiento de resultados que contribuyan a un desarrollo social y medioambiental sostenible.

Reformas profundas necesarias para conseguir resultados sostenibles
Una serie de ONG, entre ellas el FPP y Urgewald, están presionando al Banco Mundial para que utilice el actual proceso de examen y actualización de sus salvaguardias (ver artículo 5) con el fin de fortalecer su marco de salvaguardias para los bosques y los pueblos que dependen de ellos. En resumen, estas organizaciones de la sociedad civil están enfatizando la necesidad de que el Banco Mundial:
Mejore las disposiciones de vigilancia, supervisión y cumplimiento tanto de sus sistemas como de los sistemas de los prestatarios para asegurar la aplicación efectiva de las salvaguardias relacionadas con los bosques en los proyectos y programas del Banco, incluidos el seguimiento de la gobernanza, los resultados relacionados con la pobreza y los medios de vida.

Se centre en promover reformas del sector forestal y la tenencia de la tierra que aseguren a las comunidades la titularidad y el control de los bosques comunitarios, zonas comunitarias conservadas y territorios forestales de pueblos indígenas, incluyendo medidas para reconocer y proteger los derechos consuetudinarios.

Asegure la participación efectiva y la intervención de los pueblos y las comunidades de los bosques en esfuerzos de identificación y lucha contra los impulsores directos e indirectos de la deforestación, incluyendo medidas para asegurar derechos territoriales consuetudinarios.

Preste especial atención a los impactos en el género de los proyectos y programas del Banco que afectan a los bosques.
Desvíe la financiación que ahora dedica a operaciones de explotación forestal a escala industrial hacia la gestión forestal basada en las comunidades y el empoderamiento de los pueblos de los bosques, basándose en la tenencia segura de la tierra y en el respeto de los derechos de esos pueblos, las cuales han demostrado ser medidas eficaces para proteger los bosques. [xix]

Utilice medidas más contundentes para identificar y proteger bosques de alto valor para la conservación en sus proyectos, en cooperación con pueblos de los bosques y organizaciones de la sociedad civil.

Adopte un enfoque genuinamente multisectorial de la protección de los bosques, abordando los impulsores de la deforestación, incluyendo su propio apoyo a los agronegocios, las industrias extractivas y los programas de infraestructura.

Amplíe el alcance de una política revisada de salvaguardia de los bosques más allá de los préstamos para inversiones, incluyendo la extensión de la cobertura de la política, a los préstamos para políticas de desarrollo y otros instrumentos de préstamo del Banco.

El Grupo del Banco Mundial necesita atender todas las recomendaciones anteriores para asegurar salvaguardias fortalecidas que protejan los bosques, los pueblos que dependen de ellos y los hábitats naturales. El Banco debe mantener y revisar una política operacional específica para los bosques que evite impactos sociales y medioambientales negativos y promueva el desarrollo forestal sostenible.
Tom Griffiths (FPP) y Korinna Horta (Urgewald)


[i] Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO). A Review of the World Bank's 1991 Forest Strategy and its Implementation. Banco Mundial, 13 de enero de 2000 (solamente disponible en inglés).


[iii] Carrere, R. y Colchester M. «The World Bank and forests: a tissue of lies and deception». En Broken Promises: how World Bank Group policies and practice fail to protect forests and forest peoples’ rights. FPP-WRM-RF-UK-EDF--Global Witness, 2005. p. 4-5 (solamente disponible en inglés): http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/wbforestsjointpubapr05eng.pdf.; o la versión en español: El Banco Mundial y los Bosques: mentiras y engaños, disponible en: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Comercio_Biopirateria_y_Derechos_de_Propiedad_Intelectual/El_Banco_Mundial_y_los_bosques_mentiras_y_enganos


[v] Grupo Asesor Externo: Carta a la Vicepresidenta de la Red de Desarrollo Sostenible sobre la implementación de la estrategia de bosques del Banco Mundial, 30 de noviembre de 2011 (solamente disponible en inglés).

[vi] La respuesta del Banco al Grupo Asesor Externo con fecha de marzo de 2012 no abordó las cuestiones planteadas en relación con los derechos, sino que dio una respuesta selectiva a otras cuestiones (p. ej. la aplicación de un enfoque de paisaje a los bosques). Ver http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/Resources/RK-EAG-response-March2012.pdf (solamente disponible en inglés).


[viii] Para obtener información sobre los problemas que plantean las compensaciones de diversidad biológica, ver, por ejemplo, FPP (2011) Submission to the Convention on Biological Diversity relating to innovative financial mechanisms and the rights of indigenous peoples and local communities: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/FPP%20submission%20to%20CBD_July_2011_final_version.pdf



[xi] Pereira Gonclaves, M., Panjer, M., Greenberg, T. S. y Magrath, W. B. Justice in the Forests: Improving criminal justice efforts to combat illegal logging. Washington D. C.: Banco Mundial, 2012; Castro T. y Pillai, M. Forest Governance 2.0: a primer on ICT and governance. Washington D. C.: PROFOR, 2011 (solamente disponible en inglés).


[xiii] GEI. Project Performance Assessment Report. India Integrated Watershed Development Project; Karnataka Watershed Development Project; Andhra Pradesh Community Forestry Management Project; and Managing Watershed Externalities in India Project. Washington D.C.: Banco Mundial, 2011 (solamente disponible en inglés).
[xiv] Carta de queja del Sustainable Development Institute con fecha del 24 de septiembre de 2010 con el siguiente asunto: «Regarding: Request for Inspection, the Development Forest Sector Management Project (Liberia)»: http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/01_SDI_Complaint.pdf, y carta de queja con el siguiente asunto: «New Forests Company, Namwasa Plantation; IFC financing via Agri-Vie Fund PCC (Project Number: 27674)»: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/Complaint_AgriVie_MubendeNamwasa_122011_web.pdf. Ver también http://www.illegal-logging.info/uploads/WB_Inspection_Panel_Cambodia.pdf (solamente disponibles en inglés).

[xv] Contreras Hermosilla, A. y Simula, M. Mid-term Review of Implementation of the World Bank Forest Strategy IEG. Washington D.C.: Banco Mundial, 2007 (solamente disponible en inglés).

[xvi] GEI. Managing Forest Resources for Sustainable Development: An Evaluation of World Bank Group Experience. Washington D. C.: GEI, 2013: 

[xvii] Ibíd

[xviii] Banco Mundial. Managing Forest Resources for Sustainable Development: An Evaluation of World Bank Group Experience - Management Response. 6 de febrero de 2013 (solamente disponible en inglés).


FIRST PUBLISHED IN THE ENEWSLETTER

Marea alta ocasiona inundaciones en Guyana


http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1359621&Itemid=1



Tomado de:


28 de abril de 2013, 15:24Georgetown, 28 abr (PL) Comunidades costeras cercanas a la capital de Guyana permanecen inundadas desde esta mañana debido a la marea alta agravada por los fuertes vientos, informó el ministro de Obras Públicas, Robeson Benn.
Algunos canales de drenaje están bloqueados o sufrieron daños por la fuerza de las olas, pero ya se movilizó un equipo técnico y esperan solucionar esos problemas lo antes posible, añadió en una alocución pública.

También varias carreteras de la zona permanecerán cerradas hasta mañana pues la marea continuará elevada, aunque comenzará a disminuir paulatinamente en horas de la tarde, precisó Benn.

Las fuertes ráfagas de viento provenientes del Océano Atlántico contribuyen a aumentar el oleaje, que en estos momentos abarcan unos tres metros sobre la línea costera, reporta demerarawaves.com.

Buena parte del litoral norte era antes una zona pantanosa, luego desecada por los colonizadores europeos, y ahora está por debajo del nivel del mar rodeada por una extensa red de canales, diques y rompeolas para protegerla de las inundaciones.

lac/ifb

2005 La Guayana Esequiba – Zona en Reclamación. Instituto Geográfico Simón Bolívar  Primera Edición

Nota del editor del blog: Al referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Territorios estos sobre los cuales el Gobierno Venezolano en representación de la Nación venezolana se reservo sus derechos sobre los territorios de la Guayana Esequiba en su nota del 26 de mayo de 1966 al reconocerse al nuevo Estado de Guyana:

“...por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen derecha del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional, que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que se encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico...”



Mapa que señala el Espacio de Soberanía Marítima Venezolana que se reserva, como Mar Territorial mediante el Decreto Presidencial No 1152 del 09 de Julio de 1968

El reclamo de las Malvinas y el conflicto en Oriente Medio


http://www.aurora-israel.co.il/articulos/israel/Israel_y_America_Latina/50937,El%20reclamo%20de%20las%20Malvinas%20y%20el%20conflicto%20en%20Oriente%20Medio/

Tomado de:

Declaraciones de la embajadora en Argentina Dorit Shavit

El sitio web mdzol.com bajo la firma de Julio Villalonga cita declaraciones de la embajadora de Israel en Argentina, Dorit Shavit y realiza un breve análisis de las mismas:
“No hay posibilidades de sustituir el ámbito de las negociaciones directas para resolver el conflicto (con los palestinos). Argentina demanda lo mismo de Gran Bretaña con relación a las Malvinas”.

La frase, contundente, no fue registrada por ningún medio argentino a pesar de que fue pronunciada por Dorit Shavit, embajadora del Estado de Israel en Buenos Aires, durante las celebraciones del 65 aniversario de la Independencia del Estado hebreo.

El Estado de Israel nunca acompañó a Argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas por sus lazos históricos con Gran Bretaña y los más recientes y estratégicos con Estados Unidos, que en los últimos tiempos ha comenzado a tomar una cierta distancia ante la cerrazón diplomática de Londres. Y aunque Shavit no aludió al fondo de la cuestión sí utilizó el conflicto que Buenos Aires y Londres mantienen por la posesión del archipiélago austral para explicar cuál debe ser la salida del conflicto árabe-israelí: las negociaciones directas.

Paralelamente, Argentina firmó el 27 de enero con Irán un controvertido memorándum de entendimiento para interrogar a los imputados de ese país en la causa por la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994 con un saldo de 85 muertos y centenares de heridos.

El acuerdo fue aprobado por el Congreso argentino y espera el tratamiento del parlamento iraní. ¿Acaso la frase de la diplomática israelí es un gesto hacia la cancillería argentina? ¿Héctor Timerman abrió el paraguas esta semana cuando advirtió que la dilación iraní en aprobar el acuerdo puede convertirlo en agua de borrajas?“

Temas Relacionados
Omar de Felippe: "Mi familia y el fútbol me han salvado la vida"

De Las Malvinas al Fútbol (Parte I)
Tomado de:


La segunda parte de la entrevista exclusiva al mediocampista de Racing, en una nueva edición de Mundialistas. Entrá y disfrutá del campeón del mundo con el seleccionado italiano. ¡No te la pierdas!

El Escudo Guayanés, el tatarabuelo de los bosques de la Tierra


http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12765332.html

Tomado de:


En la región colombiana del Escudo Guayanés viven aproximadamente 12.000 indígenas.

Foto: EFE
Es tan importante y estratégico como el Amazonas, pero está amenazado por la minería.

Los científicos dicen que si el Amazonas es el pulmón izquierdo del planeta, el Escudo Guayanés sería el derecho. Posee el 25 por ciento de los bosques tropicales del mundo concentrados en seis países (Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana, Guayana Francesa y Surinam) y una interconexión de grandes ríos que van a parar al gigante Orinoco y que transportan cerca del 15 por ciento de las aguas frescas del mundo.

El Escudo Guayanés, una zona de 270 millones de hectáreas (casi 10 veces el territorio de todos nuestros parques nacionales), es un paisaje de transición entre las sabanas y la selva amazónica, que regula la estabilidad del clima mundial y acoge numerosas especies naturales. Se trata de un lugar lejano, de difícil acceso, una característica geográfica que ha dificultado su investigación, la presencia estatal y, de paso, ha abierto la puerta para que sea explotado sin reglas. “Pero los servicios que producen estos ecosistemas no están recibiendo incentivos ni compensaciones de forma equilibrada”, explica Patrick Chesney (vea entrevista), coordinador general de la iniciativa del Escudo Guayanés, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), un intento por hacer conciencia sobre este lugar en cada una de las naciones a las que pertenece.

En Colombia, ese proyecto del Pnud para hacer conciencia, que apoya el Instituto Alexánder von Humboldt, se despliega en la selva de Matavén, entre Vichada y Guainía, en la frontera sur con Venezuela, donde viven unos 12.000 indígenas de las etnias piaroa, puinave, sikuani, curripacos y cubeos, concentrados en la comunidad de Sarrapia, a dos horas en lancha de Puerto Inírida (Guainía).

“Estamos hablando de una región, por lo menos en Colombia, de más de 2 millones de hectáreas bajo la propiedad de estos pueblos indígenas, que tiene muchas presiones externas derivadas de la minería, la exploración de hidrocarburos y todo tipo de presiones por la tierra”, explica Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt. Tal vez uno de los pocos proyectos que apoyan su conservación en Colombia es la declaratoria de la Estrella Fluvial del Inírida (algunos de sus terrenos hacen parte del Escudo) como un humedal Ramsar, título que ubicaría, al menos a esta parte, como un ecosistema de importancia mundial. El proceso, que ha surtido casi todos los pasos, incluso la consulta previa con las comunidades, se encuentra en el Ministerio de Ambiente.

El último en pronunciarse al respecto fue el Ministerio de Minas, que se opone a la declaratoria porque frenaría algunos proyectos extractivos. Sin embargo, este último concepto no es vinculante ni le pone veto a lo que podría definir Juan Gabriel Uribe, ministro de Ambiente, quien anunció que tiene pendiente un sobrevuelo por la zona, en compañía del presidente Juan Manuel Santos, para tomar una decisión definitiva.

Otra amenaza para la zona es la deforestación, que libera entre el 18 y el 25 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono que llegan a la atmósfera y que producen el cambio climático global, y para lo que se estudian proyectos productivos alternativos. Y es que las tierras de este antiguo macizo son arenosas y poco fértiles, por lo que las comunidades indígenas allí afincadas queman la vegetación para poder plantar sobre las cenizas sus frutales, dulces piñas y yucas, básicas en su dieta.

El pescado es la otra fuente de alimentación y sustento de los habitantes del Escudo, pues en los ríos viven 191 especies registradas de peces de las que ocho son endémicas, y en su mayoría, ornamentales o de acuario.

“Se exportan más de cien especies de peces ornamentales que viajan desde las comunidades indígenas hasta los aeropuertos regionales y desde allí a Miami (Estados Unidos), República Checa, Birmania y Japón, donde los vuelven a vender como peces de acuario”, explicó Baptiste. Esta ecorregión “también es riquísima en aves, más de 450 especies han sido reportadas”, añade, y menciona, dentro de la biodiversidad del Escudo Guayanés, a mamíferos de los Llanos y amazónicos, aves acuáticas y anfibios.

Los tepuyes o montañas de cumbre plana dominan el paisaje, sobre todo en Venezuela, aunque los ríos tienen grandes rocas emergentes a lo largo de todo su curso, con playas de fina arena blanca y bosques de baja altura adaptados a vivir todo el año en inundación. Afortunadamente, la mano del hombre y el turismo desenfrenado se han mantenido alejadas durante más de un millar de años de este entorno, en el que los afluentes del Orinoco son las estrellas de un espectáculo multicolor en el que confluyen aguas oscuras, ríos de un fuerte amarillo y caños multicolores.

‘Es un escudo contra el cambio climático’
Patrick Chesney es un experto en bosques, nacido en Nueva Ámsterdam, una de las principales ciudades de la República de Guyana. Después de haber crecido en medio de la naturaleza, hoy tiene claro que su misión como coordinador general de la iniciativa del Escudo Guayanés, de la ONU, es lograr a mediano plazo que esta porción de biodiversidad en Suramérica salga del olvido. Hace unos días, en Colombia, visitó la porción de este bioma que le corresponde al país.

¿Se ha subvalorado al Escudo Guayanés?
Sí, toda la atención se la ha robado el Amazonas, que es muy importante, pero esta zona, por su valor hídrico, paisajístico y por la variedad de fauna y flora endémica o única que concentra, es igual de importante. Todo se ha reducido a una falta de información y por eso debe comenzar a conservarse.
¿Cuál es la zona menos impactada de todo el Escudo Guayanés?
La zona entre Brasil, Guyana y Surinam
¿Qué impresión se lleva del Escudo Guayanés en Colombia?
Que como en todos los países que lo resguardan, hay mucha pobreza pero demasiada biocapacidad. Pero debo resaltar que los indígenas están más organizados que en cualquier otro de los países que tienen terrenos en la zona.
¿En qué está basado el valor fundamental de la zona?
Para los países que quieran enfocar su desarrollo hacia una economía verde o sostenible, este lugar es definitivo.

¿Cuál es en su opinión el principal reto para Colombia frente a esta región natural?
Los indígenas. Están muy comprometidos con la protección del bosque tropical, pero es conveniente que refuercen su organización para afrontar las grandes amenazas a las que están expuestos, como la extracción del coltán, el tungsteno y el oro.

¿Cuál es la importancia para el país del Escudo Guayanés?
Para Colombia esta es una zona que se volverá clave para luchar contra el cambio climático. Su preservación lo hará como un “escudo contra ese fenómeno”.

¿Cree que una de las opciones locales es cuidar el Escudo y pedir al mundo dinero por esa preservación (Programa de reducción de emisiones de carbono causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, Redd)?
Aunque falta reglamentación para que eso sea posible, es una alternativa válida y creo que sería la mejor opción para que las comunidades obtengan ingresos.

¿Está de acuerdo con que se creen allí zonas de reserva?
Prefiero una combinación entre conservación y explotación pero con sostenibilidad. No podemos solo conservar, porque está en juego la vida de los indígenas, cuya subsistencia depende de la selva.

¿Cómo se acuerda el trabajo en los seis países, para que la promoción del área avance coordinadamente?
Estamos trabajando con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), esta es la parte política del trabajo que busca hacer visible la zona. Vamos bien, tenemos el apoyo de cinco países; falta Venezuela.
JAVIER SILVA HERRERA

REDACCIÓN VIDA DE HOY

CON INFORMACIÓN DE EFE.


2005 La Guayana Esequiba – Zona en Reclamación. Instituto Geográfico Simón Bolívar  Primera Edición

Nota del editor del blog: Al referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Territorios estos sobre los cuales el Gobierno Venezolano en representación de la Nación venezolana se reservo sus derechos sobre los territorios de la Guayana Esequiba en su nota del 26 de mayo de 1966 al reconocerse al nuevo Estado de Guyana:

“...por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen derecha del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional, que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que se encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico...”



Mapa que señala el Espacio de Soberanía Marítima Venezolana que se reserva, como Mar Territorial mediante el Decreto Presidencial No 1152 del 09 de Julio de 1968