Tomado de
La política de Estado que se ha seguido frente a la demanda
de Bolivia no puede estar ajena al debate público.
19/06/2014 - 04:00
EN ENTREVISTA con este medio, el agente encargado de la
defensa chilena ante la Corte Internacional de Justicia por la demanda
interpuesta por Bolivia, lanzó duras críticas hacia “actores políticos
relevantes” -a quienes no identificó-, por lo que considera un intento de
“pautear” la defensa chilena, lo que a su juicio rompe un capital que siempre
ha tenido el país, cual es tratar estos casos como una política de Estado,
generando así un clima político que a su parecer no tiene precedentes. Alertó
de los riesgos de promover una discusión pública sobre la estrategia judicial,
lo que es contrario a la prudencia.
Las críticas podrían llevar a confundir aspectos distintos en
la definición de una política de Estado. Con este adjetivo se alude a aquellas
definiciones relevantes para el país y que deben ser adoptadas más allá de los
intereses de cada corriente política, de manera que al definirse una posición
deben aunarse todos los sectores tras ella. Esto no debe confundirse con la
exclusión del debate público de esas políticas, el que es no sólo legítimo,
sino indispensable.
Conviene recordar que la discusión que se ha generado en el
país dice relación con definir el momento apropiado para solicitar la
incompetencia de la corte frente a la demanda boliviana, pues el tratado de
1904 es definitivo y ha zanjado a perpetuidad las fronteras entre ambos países,
por lo que el reclamo paceño ante el tribunal no tiene fundamento alguno. La
solidez de la argumentación chilena no ha estado en cuestión; la solicitud de
incompetencia, en cambio, dice relación con una estrategia jurídica, pero
también política, por lo que es saludable que al respecto se hayan escuchado
diversas voces.
Será la Presidenta de la República la que zanje si acaso esta
incompetencia será presentada durante esta fase preliminar, o se esperará
incluirla en la contramemoria que el país debe presentar el próximo año ante la
corte. Por lo demás, ha sido el propio gobierno el que ha promovido un debate
amplio sobre este asunto. Para tales efectos se convocaron a los ex presidentes
de la República a La Moneda, quienes se manifestaron partidarios de invocar
estas excepciones. El canciller ha señalado en distintas ocasiones que ha
cobrado fuerza la idea de hacer esta recusación, y distintos miembros del
consejo asesor presidencial encargados de brindar consejo y asesoría en la
defensa han manifestado públicamente su parecer frente a esta materia, lo que
lejos de debilitar la “racionalidad” del caso, ha permitido un enriquecedor debate
de cara a la ciudadanía.
No podría desconocerse que la Corte Internacional de Justicia
tampoco ha demostrado anteponer criterios exclusivamente técnicos o jurídicos
en sus decisiones -el fallo de La Haya en el caso de Perú fue evidente-, lo que
ha generado un justificado recelo y que explica por qué frente a esta nueva
demanda se ha generado un debate intenso, y la necesidad de incluir también una
defensa política y no puramente jurídica.
La idoneidad y excelencia del equipo a cargo de la defensa chilena
no está tampoco en cuestión, y su labor se ve complementada al establecerse una
defensa integral de los intereses del país, que naturalmente incluye una
ofensiva política.
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