domingo, 12 de enero de 2014

Guyana/ los intereses ambientales no pueden estar subordinados a los personales


Deforestaciones en la Guayana Esequiba o Zona en Reclamación foto tomada de:

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Gob. no puede ser de confianza con el interés público : Lecciones de la empresa Muri Brasil

11 de enero 2014 | Por Knews | Filed Under letras
EDITOR QUERIDA ,


La decisión de Muri Brasil Books ( MBV ) para salir de cualquier estudio geológico más en el New River Triángulo y sur profundo de Guyana está siendo caracterizado como un "desastre" por elementos de los sectores de la minería , como prueba de la " conspiración " por el Ministro correspondiente, Robert Persaud, como impulsado por " la desinformación , los prejuicios y la hostilidad " de acuerdo con MBV , y como un golpe a la confianza de los inversores "por el sector empresarial.

La conclusión es que estos poderosos sectores de la sociedad no ven el abuso de poder , conflicto de intereses , el engaño , el motivo de arrepentimiento , disculpa, explicación o vergüenza en esta saga.

Dada esta poderosa coalición de intereses que no se arrepienten en la continuación del proyecto , la decisión de poner fin de manera más prudente podría ser caracterizado como golpear el botón de parada de ' ' la pausa , en lugar de " . La conclusión general que se elaborará es que el gobierno no debe ser de confianza para actuar en el interés público con respecto a la protección del patrimonio nacional.

Dado que el Gobierno ya no puede esperar para poner el interés nacional antes de intereses privados , otras formas de protección deben ser buscadas . Por esa razón, los sectores de la sociedad que no sea el Gobierno - el , sindicato profesional de comercio , religiosos , militares , agencias ambientales y no gubernamentales , junto con los intereses comerciales y mineras iluminados - tendrán que intensificar .

Esto no es un asunto fácil . Un número significativo de personas en el escalón superior de las profesiones , las empresas y los servicios públicos , mientras que no participan directamente en las decisiones , se derivan suficientes beneficios de esta situación desordenada para hacerlos ambivalente sobre la manifestación de la indignación. Por otra parte , los organismos intergubernamentales e internacionales que operan en Guyana no son inmunes a esta tendencia y es necesario también garantizar su interacción con el Gobierno son de principios en lugar de oportunista.

Una serie de lecciones necesitan ser trazada desde el incidente MBV como una guía para estos sectores para intervenir más eficazmente en los asuntos de interés nacional. Una primera lección del incidente MBV sería que la prioridad asignada a la protección del medio ambiente en la estrategia baja en carbono ha sido abandonado. La intención de conceder licencias de explotación minera en el New River Triángulo sin tener en cuenta el impacto destructivo a largo plazo sobre los ríos y los bosques proporciona suficientes pruebas de ello.

La medida en que la minería ha desplazado el medio ambiente como una prioridad es un ejemplo aleccionador de cómo de manera desigual las probabilidades se corresponden en la lucha por el medio ambiente. Por otra parte , el incidente MBV sigue muy detrás de la reciente revelación de la voluntad del Gobierno a sacrificar los ingresos del Estado del acuerdo de Noruega con poco carbono con el fin de proteger la ganancia privada por los mineros que participan en la excesiva de- forestación. Hace menos de tres años, el acuerdo de Noruega , elaborado por el mismo Gobierno , fue aclamada como un avance de importancia mundial .

La combinación de la minería y el medio ambiente en el mismo Ministerio asegura la subordinación de la segunda a la primera en caso de un conflicto de prioridades. El conflicto en la parte inferior se encuentra entre la acumulación privada y el interés público. Una situación en la que los miembros del gabinete tienen intereses personales en la minería, hace que el gabinete vulnerables a convertirse en un vehículo para engrandecer la riqueza privada en lugar de para proteger el interés público. La contaminación de los procesos oficiales de toma de decisiones por parte de los intereses personales se ve reforzada por las revelaciones de la participación de los directores de la APV con la campaña electoral del partido en el poder en 2011. Otros conflictos de política surgen entre la promoción de la eco- turismo y la minería incontrolada.


La obsesión por la acumulación se disfraza al exagerar la contribución de la minería a la economía nacional , centrándose únicamente en el valor de cambio de la producción de oro . Nada se informa del coste social ( desorden, la delincuencia y la explotación de las mujeres en las comunidades indígenas y asentamientos mineros ) , los costes medioambientales (contaminación de los recursos hídricos , la biodiversidad y los bosques antiguos ) y los costos económicos reales ( disfrazadas por el deber - concesiones gratuitas, ventajas fiscales y subvenciones).

El mito de la minería como motor de desarrollo se basa en un mito más , a saber, que la Comisión de Geología y Minas de Guyana ( GGMC ) controla la minería en Guyana. La triste realidad es que la GGMC ejerce control nominal sobre los números involucrados en la minería, la cantidad de oro producido , declaró , de contrabando fuera del país o se eliminarán de forma ilegal.

La medida en que las decisiones con consecuencias de largo alcance para el futuro de Guyana se pueden mantener por parte del público es escalofriante . La falta de transparencia sobre el tema MBV parece ser una cuestión de política en lugar de un ejemplo aislado , cuando se ve junto a la dificultad de la oposición parlamentaria en la obtención de datos de la empresa Marriott, la ampliación del aeropuerto internacional y del cable de banda ancha de Brasil .

La pregunta clave para los guyaneses interesadas a reflexionar en el inicio de este nuevo año es donde el dinamismo requerido venir de corregir este estado de cosas.

Frente a un gobierno irresponsable y los conflictos graves de intereses en el ejercicio del poder del Estado , la sociedad no tiene más remedio que recurrir a sus propios recursos. La tarea de la rehabilitación de la sociedad no reside principalmente en las nuevas leyes y las nuevas instituciones , pero en una población que tiene la voluntad política y determinación para exigir la rendición de cuentas , decir la verdad libremente y no ser disuadidos por los cálculos sobre la impopularidad .

El principal desafío para la sociedad civil , por lo tanto , es demostrar en sus propias esferas de influencia adhesión a los principios de igualdad, equidad, responsabilidad e integridad .

Sobre esta base, la lucha contra la corrupción se convierte en un asunto de una sociedad y las organizaciones sociales exigiendo a los estándares del Estado se manifiesta en sí misma en su propio comportamiento.

Revelación de información sobre cómo se habían tomado decisiones con respecto a la exploración de ' tierras raras ' era en sí misma suficiente para obligar a los agentes de poder de "pausa" . El poder de la vergüenza no debe ser subestimada .

Es evidente que tal postura es incompatible con simplemente coexisten junto a situaciones de abuso , la delincuencia o la explotación . Tampoco es aceptable para oponerse a las características desordenados de la sociedad sólo hasta el punto en el que la oportunidad de unirse a la banda vagón se vuelve demasiado atractiva para resistir . Rehabilitar el Estado debe ir mano a mano con la rehabilitación de la sociedad civil , que a su vez , requiere que las energías de personas íntegras .

Comité Ejecutivo

Deforestaciones en la Guayana Esequiba o Zona en Reclamación foto tomada de:


Govt. cannot be trusted with the public interest: Lessons from the Muri Brasil venture


January 11, 2014 | By KNews | Filed Under Letters 
DEAR EDITOR,

The decision by Muri Brasil Ventures (MBV) to pull out of any further geological survey in the New River Triangle and Deep South of Guyana is being characterized as a ‘disaster’ by elements of the mining sectors, as evidence of ‘a conspiracy’ by the relevant Minister, Robert Persaud, as fuelled by “misinformation, prejudice and hostility’ according to MBV, and as a blow to ‘investor confidence’ by the business sector.

The bottom line is that these powerful sectors of society see no abuse of power, conflict of interest, deception, reason for regret, apology, explanation or shame in this saga.
Given this powerful coalition of unrepentant interests in the continuation of the project, the decision to call a halt might more prudently be characterized as hitting the ‘pause, rather than the ‘stop’ button.  The overall conclusion to be drawn is that government is not to be trusted to act in the public interest with respect to protecting the national patrimony.
Since the Government can no longer be expected to place the national interest before private interests, other forms of protection must be sought. For that reason, sectors of the society other than the Government – the professional, trade union, religious, military, environmental and non-governmental agencies, together with enlightened business and mining interests – will have to step up.

This is not an easy matter. A significant number of persons in the upper echelon of the professions, business and public service, while  not directly involved in the decisions, derive sufficient benefits from this disordered situation to render them ambivalent about manifesting indignation. Moreover, inter-governmental and international agencies operating in Guyana are not immune from this tendency and need also to ensure their interactions with Government are principled rather than opportunistic.

A number of lessons need to be drawn from the MBV incident as a guide to these sectors to intervene more effectively on issues of national interest. A first lesson from the MBV incident would be that the priority assigned to environmental protection under the low carbon strategy has been abandoned. The intention to grant mining licences in the New River Triangle without regard to long-term destructive impact on rivers and forests provides sufficient evidence of this.

The extent to which mining has displaced the environment as a priority is a sobering illustration of how unevenly the odds are matched in the battle for the environment.  Moreover, the MBV incident follows hard on the heels of the recent revelation of Government willingness to sacrifice State revenue from the Norwegian low carbon agreement in order to protect the private gain by miners involved in excessive de-forestation.  Less than three years ago, the Norwegian agreement, crafted by the same Government, was hailed as a breakthrough of global significance.
The combination of mining and environment in the same Ministry ensures subordination of the latter to the former in the event of a conflict of priorities. The conflict at bottom is between private accumulation and the public interest. A situation in which cabinet members have personal interests in mining, renders cabinet vulnerable to becoming a vehicle for aggrandizing private wealth rather than for protecting public interest. Contamination of official decision-making processes by personal interests is reinforced by the revelations of the involvement of directors of MBV with the ruling party’s election campaign in 2011. Other policy conflicts arise between the promotion of eco-tourism and uncontrolled mining.

The obsession with accumulation is disguised by overstating the contribution of mining to the national economy, focusing solely on the foreign exchange value of gold production. Nothing is reported of the social cost (disorder, crime and exploitation of women in indigenous communities and mining settlements), the environmental costs (pollution of fresh water resources, bio-diversity and ancient forests) and the real economic costs (disguised by duty-free concessions, tax concessions and subsidies).
The myth of mining as a driver of development relies on another myth, namely that the Guyana Geology and Mines Commission (GGMC) controls mining in Guyana.
The grim reality is that the GGMC exercises nominal control over the numbers involved in mining, the amount of gold produced, declared, smuggled out of the country or disposed of illegally.

The extent to which decisions with far-reaching consequences for the future of Guyana can be kept from the public is chilling. The lack of transparency over the MBV issue appears to be a matter of policy rather than an isolated example, when viewed alongside the difficulty experienced by the Parliamentary opposition in securing details of the Marriott venture, the extension of the international airport and the broadband cable from Brazil.
The key question for concerned Guyanese to ponder at the start of this new year is where will the required dynamism come from to correct this state of affairs.

Faced with an unaccountable government and gross conflicts of interest in the exercise of State power, society has no other recourse than to fall back on its own resources. The task of rehabilitating society does not lie primarily in new laws and new institutions, but in a population having the political will and determination to demand accountability, speak the truth freely and not be deterred by calculations about unpopularity.
The major challenge to civil society, therefore, is to demonstrate in its own spheres of influence adherence to principles of equality, fairness, accountability and integrity.
On this basis, fighting graft then becomes a matter of a society and social organizations demanding from the State standards it manifests in itself in its own behaviour.
Revelation of information about how decisions had been taken with respect to ‘rare earth’ exploration was itself sufficient to force the power-brokers to ‘pause’. The power of shame should not be under-estimated.

It is clear that such a posture is incompatible with simply co-existing alongside situations of abuse, criminality or exploitation. Nor is it acceptable to oppose the disordered features of society only to the point at which the opportunity for joining the band-wagon becomes too attractive to resist.  Rehabilitating the State must go hand-in-hand with rehabilitating civil society, which in turn, requires the energies of individuals of integrity.

Executive Committee

Guyana Human Rights Association


2005 La Guayana Esequiba – Zona en Reclamación. Instituto Geográfico Simón Bolívar  Primera Edición

Nota del editor del blog: Al referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Territorios estos sobre los cuales el Gobierno Venezolano en representación de la Nación venezolana se reservo sus derechos sobre los territorios de la Guayana Esequiba en su nota del 26 de mayo de 1966 al reconocerse al nuevo Estado de Guyana:

“...por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen derecha del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional, que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que se encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico...”



Mapa que señala el Espacio de Soberanía Marítima Venezolana que se reserva, como Mar Territorial mediante el Decreto Presidencial No 1152 del 09 de Julio de 1968