Comprometen soberanía frente al Esequibo

Comprometen soberanía frente al Esequibo
VALENTINA OROPEZA
MANOS EXTRANJERAS AMASAN RECURSOS EN ÁREAS MARINAS Y SUBMARINAS
Se cierran las aguas frente al Esequibo
En poco más de un año, dos laudos arbitrales modificaron la configuración marítima que rodea las costas nororientales de Venezuela, lo que compromete la soberanía del país.

La Cancillería no ha fijado posición oficial ni ha protestado por los intereses del Estado venezolano



Un mapa y un par de marcadores de colores acompañaron al presidente Hugo Chávez durante el inicio de su presentación de la reforma constitucional ante la Asamblea Nacional el 15 de agosto.
La exposición comenzó por los artículos relativos a la organización político territorial de Venezuela. Chávez reconoció que consultó leyes internacionales para refrescar conceptos sobre la soberanía en áreas marinas y submarinas, al tiempo que trazaba cuanta línea sirviera para justificar una de las premisas de su propuesta: "El mar, que está olvidado, es de un alto interés estratégico, político y geopolítico".

De pronto, de las aguas de aquel mar Caribe construido a escala y sobre una lámina de madera, emergieron dos nuevos conceptos para la geopolítica nacional: las regiones marítimas y los distritos insulares. "Tengo la idea de organizar ese inmenso Mar Territorial, Zona Contigua y Zona Económica Exclusiva en regiones marítimas. La otra figura que se me ha ocurrido son los distritos insulares. Cada isla, así lo creo, debe ser el epicentro de un distrito de área determinada. Sé que estoy con gente muy inteligente, mucho más que yo, y no hace falta explicar más", señaló.

Desde entonces nadie ha explicado qué es una región marítima o un distrito insular, o cómo podría aspirarse a construir un nuevo esquema de soberanía en el mar, si el actual se ha visto comprometido por delimitaciones circundantes recientes. Por ejemplo: ¿hasta dónde se prolonga hoy la Plataforma Continental que generan las costas de Delta Amacuro? Hasta el punto 22, según un tratado de delimitación de aguas marinas y submarinas que firmaron Venezuela y Trinidad y Tobago en 1990. ¿O será más bien hasta el punto 11 que fijó un tribunal arbitral como el límite entre Barbados y Trinidad y Tobago, el 11 de abril de 2006? Fuentes diplomáticas aseguraron que no hay registros en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de que el Gobierno venezolano haya enviado comunicaciones a las partes o a la Secretaría General de las Naciones Unidas para denunciar que la sentencia del tribunal arbitral constituido para resolver la controversia desconoce los 117 kilómetros que separan al punto 11 (2006) del 22 (1990) –un poco más de la distancia que separa a Caracas de Maracay–, y sobre los cuales Venezuela ha ejercido soberanía desde hace 17 años.

Gracias a la prolongación de la soberanía de las costas orientales hacia el mar, Petróleos de Venezuela ha impulsado los proyectos en la Plataforma Deltana, con una inversión de 16 millardos de dólares hasta 2012 y una meta de producción de 11,5 millardos de pies cúbicos diarios de gas, señalaron fuentes oficiales.

La sospecha de que el espacio marítimo que va desde Trinidad y Tobago y Barbados hasta Guyana es rico en hidrocarburos ha originado maniobras diplomáticas para forzar el control sobre algunas áreas.

El Ministerio de Energía y Ambiente de Barbados abrió este año una ronda de licitaciones para asignar bloques para la exploración y explotación de hidrocarburos en un área de 2027 millas cuadradas. Los bloques Ad-I y Ad-II de Bottom Bay se encuentran por debajo del punto 11 y, por tanto, invaden el espacio marítimo venezolano. Caracas no ha emitido declaración al respecto.

El antecedente inmediato de esta situación fue la firma de un tratado de cooperación en las zonas económicas exclusivas entre Guyana y Barbados en 2004, en el cual reclamaban el solapamiento de sus espacios marítimos justo sobre la Plataforma Continental del estado Delta Amacuro. Hasta el momento, el MRE no ha denunciado el acuerdo.

El vicealmirante Elías Daniels, director de la Oficina Especial de Guyana en la Cancillería, declinó conceder una entrevista para este artículo, pero al ser consultado sobre el tema, opinó: "Resulta inaceptable para Venezuela que Guyana y Barbados reclamen vecindad e ignoren los intereses venezolanos".

Trinidad y Tobago y Venezuela convinieron en 1990 que entre ambos correría una línea divisoria que marcaría las áreas marinas y submarinas de cada uno, con la premisa de que el tratado no limitaría los derechos de terceros Estados.

Barbados no objetó aquella delimitación entre sus vecinos hasta el 14 de febrero de 2004, cuando su primer ministro, Arthur Owen, no sólo denunció el acuerdo de 1990 como violatorio del Derecho del Mar, sino que además aseguró que el Gobierno de Trinidad y Tobago habría prometido revisar su delimitación con Venezuela.

El mandatario trinitario, Patrick Manning, no refutó las palabras de Owen, pero tampoco cumplió con su promesa de reevaluar el convenio con Venezuela. La supuesta detención injustificada de tres embarcaciones pesqueras de bandera barbadense en 2004, llevó a las cancillerías de Bridgetown y Puerto España a recurrir a un arbitraje.
El tribunal aplicó los principios de la Convención del Derecho del Mar de Montego Bay (Jamaica) de 1982 –que fue suscrita y ratificada por Trinidad y Tobago y Barbados, pero no por Venezuela– y trazó una línea equidistante que interrumpe la división pactada por Puerto España y Caracas, aunque no se pronunció sobre las áreas situadas más allá del punto 11, tal como señala el fallo publicado en el portal de la Corte Permanente de Arbitraje (www.pca-cpa.org) "La delimitación debe extenderse desde el cruce de la línea que es equidistante desde la línea base de Barbados y desde el siguiente cruce de la línea del archipiélago de Trinidad y Tobago, con el área marítima de un tercer Estado que se encuentra al oeste de Trinidad y Tobago y Barbados", apunta la sentencia en referencia a Venezuela.

Pompeyo Márquez, ex presidente del Consejo Nacional de Fronteras, explicó que aunque la sentencia advierte que no obliga a terceros países a regirse por ese veredicto, el Gobierno debe protestar ante Trinidad y Tobago, Barbados y la ONU, que sus derechos se están viendo afectados.

"A pesar de que Venezuela no ratificó la Convención de Montego Bay, el silencio del tribunal arbitral con respecto a la soberanía sobre las aguas que fluyen más allá de las 200 millas náuticas crea el escenario idóneo para que se levante una cacería en altamar entre Venezuela, Barbados e incluso Guyana, por ver quién se apropia de los recursos, en un área que es patrimonio de Venezuela", alertó.

Al igual que en ocasiones anteriores, no fue posible obtener una entrevista con el canciller Nicolás Maduro para tratar los temas de esta investigación.

Fachada comprometida. A pesar de que Barbados y Guyana, por mutuo acuerdo, decidieron reclamar una zona de solapamiento de sus espacios marítimos frente a las costas de Venezuela; el canciller guyanés, Rudolph Insanally, aseguró en una conversación telefónica que la línea trazada por el tribunal entre su país y Surinam no afectará el espacio marítimo del territorio Esequibo.

En junio de 2000, la instalación de la empresa canadiense CGX Energy en una cuenca petrolífera frente a Guyana desató una ofensiva militar desde Surinam, tras reclamar la soberanía sobre las áreas asignadas en concesión.

En 2004, CGX Energy le propuso al Gobierno guyanés introducir la controversia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar de la ONU.

La sentencia para definir hasta dónde llegaba la soberanía de cada parte fue publicada el 17 de septiembre de este año.

El tribunal aplicó el principio de la equidistancia para dividir los espacios marinos y submarinos, y tomó como referente Devonshire Castle Flats, un punto ubicado en la Zona en Reclamación, tal como señala la sentencia disponible en el portal www.pca-cpa.org.

Las coordenadas calculadas por los expertos condujeron el trazado hasta el punto 20, donde terminó la controversia entre Guyana y Surinam, y nació el limbo jurídico que hoy compromete la salida hacia el Atlántico de la Zona en Reclamación y del estado Delta Amacuro.

El capitán de navío (r) Julio Peña es, junto con el ex ministro de la Defensa Orlando Maniglia, fundador del Foro Conciencia Acuática. A través de discusiones con académicos y oficiales de otros componentes de la Fuerza Armada han llegado a la conclusión de que tanto la delimitación entre Trinidad y Tobago y Barbados, como la demarcación entre Guyana y Surinam afectan el espacio marítimo venezolano.

Peña indicó que la segunda decisión es quizás la más perjudicial para los intereses del país.

"El tribunal aceptó construir la línea de equidistancia a partir de un punto que se encuentra en la Zona en Reclamación.

Ese criterio desconoce que esa área forma parte de una controversia y parece reconocer los derechos de Guyana sobre el Esequibo".

En ambos casos prefiere dar un voto de confianza a las autoridades y supone que la Cancillería "está estudiando cuáles serán sus próximos movimientos, para dejar muy claro cuál es la posición del país frente a los dos laudos".

Especialistas, que declararon bajo la condición de anonimato, explicaron que la decisión cierra el espacio marítimo del Esequibo y establece un estrecho corredor que tendrá que dividirse entre el estado Delta Amacuro, la Zona en Reclamación y Guyana. "El hecho de que la línea termine en el punto 20 establece un límite a la salida del Esequibo hacia el océano Atlántico. En el caso de una disputa no pueden demarcarse las áreas marinas y submarinas hasta que no se hayan definido los límites en tierra", indicó una fuente diplomática.

Aclararon que el laudo de septiembre divide la cuenca entre Guyana y Surinam, pero no especifica dónde acaban los derechos de cada parte en los márgenes laterales al límite trazado por el tribunal.

Los derechos de soberanía que Surinam pueda ejercer sobre las áreas marinas y submarinas situadas del lado derecho de la línea no afectan a ningún otro Estado. Sin embargo, la proyección de la Plataforma Continental de Guyana hacia el margen izquierdo podría invadir las áreas marinas y submarinas que se proyectan desde las costas del Territorio Esequibo y el estado Delta Amacuro.

Los expertos pronostican controversias diplomáticas entre Caracas y Georgetown, si el Gobierno venezolano no reclama sus derechos en la Plataforma Continental del Esequibo.

Argumentan, por un lado, que si el Gobierno guyanés insiste en señalar que el Laudo de París de 1899 fijó los límites definitivos entre ambos países, no tendrá miramientos para afirmar que la Plataforma Continental del Esequibo les corresponde por hecho y derecho.

Al ser consultado sobre esta posibilidad, el canciller de Guyana respondió: "No soy experto en el tema, pero no veo razón para suponer que la delimitación entre Guyana y Surinam pueda afectar al Territorio Esequibo o a Venezuela".

Aunque el Acuerdo de Ginebra -firmado por ambas partes en 1966- y las gestiones del Buen Oficiante no se circunscriben a la delimitación marítima del Esequibo, las explotaciones de los recursos alojados bajo la superficie obligarán a las partes a establecer mecanismos para determinar los límites en las áreas marinas y submarinas.

Los analistas aseguran que las gestiones emprendidas por Caracas y Georgetown para resolver el contencioso han ignorado la importancia de definir a quién controla las aguas.

Márquez alerta que el silencio de Venezuela facilita a las compañías trasnacionales acaparar el control sobre las áreas susceptibles de albergar recursos.

Recuerda, además, que falta fijar los límites venezolanos con seis islas en el Caribe.

Frente a este panorama, Daniels advierte: "La soberanía debe ejercerse, preservarse y reclamarse mediante acciones oportunas que expresen voluntad y determinación".

Enviado el Domingo, 25 noviembre a las 15:49:13 por Admin A www.atravesdevenezuela.com