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Tomado de:
Estiman que se paga "las consecuencias de declaraciones
irresponsables"
ALICIA DE LA ROSA | EL UNIVERSAL
Viernes 7 de octubre de 2011 12:00 AM
"El Gobierno de Venezuela está metido en un enredo
diplomático", asegura Emilio Figueredo, antiguo embajador ante las
Naciones Unidas para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, tras conocerse que
una empresa canadiense firmó un acuerdo con el Gobierno de Guyana para la
explotación de una mina de oro en una zona del Río Cuyuní, ubicada en
territorio en Reclamación, aproximadamente a 70 kilómetros del estado Bolívar.
A juicio de Figueredo el culpable de esas circunstancias es
el presidente Hugo Chávez por su "imprudencia, desconocimiento del derecho
internacional y la ceguera ideológica" con la que ha llevado las
negociaciones. "El Presidente y la Cancillería venezolana no han entendido
que las declaraciones públicas en derecho internacional tienen consecuencias
tanto por declarar de más como en guardar silencio".
"El temor que alguna vez tuvieron las multinacionales de
invertir en la zona del Esequibo por tener un proceso contencioso se disipó en
voz de Hugo Chávez cuando en el 2004 declaró que el Gobierno venezolano no
sería un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en la zona de
Reclamación. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa declaración que,
además, fue ratificada en el 2007 cuando le dijo al presidente de Guyana que
ese proceso era ilegal por ser un producto de las negociaciones entre el
gobierno de Estados Unidos y el de Rómulo Betancourt", explicó.
El ex embajador señala que si bien es cierto que el
comunicado en conjunto emitido el pasado viernes luego de la reunión entre los
cancilleres de Guyana y Venezuela en Puerto España, "abrió una rendija de
espacio para negociar particularmente la fachada atlántica y algunos criterios
de ratificación vinculados al Acuerdo de Ginebra, el Presidente (Chávez) no
puede decir ahora que está en desacuerdo con la explotación del oro de la
empresa Guyana Golfields INC, por lo que Venezuela se encuentra en un verdadero
enredo diplomático".
Ante esta situación, Figueredo asegura que desde el punto de
vista del derecho internacional, queda muy poco por hacer. "La única
recomendación viable es que se manden notas diplomáticas tomándose como punto
de partida que la inversiones no favorecen a las poblaciones cercanas al Río
Cuyuní pero tenemos entendido que no hay y las que hay son muy pocas, o que las
consecuencias ambientales pueden ser nefastas pero la Cancillería tendría que
hilar muy fino para presentar estas objeciones sin que se desmienta la palabra
presidencial", destacó Figueredo.
Agregó: "Esta es la forma que consiguió el Gobierno de
Guyana para decirle a Venezuela: aceptamos el comunicado pero igual hacemos lo
que queremos. Esto demuestra que la palabra puede pronunciarse libremente en el
terreno político nacional, pero en el internacional trae consecuencias".
Nota del editor del blog: Al
referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta
los 159.500Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con
el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de
Ginebra del 17 de febrero de 1966.
Territorios estos sobre los
cuales el gobierno Venezolano en representación de la Nación venezolana se
reservo sus derechos sobre los territorios de la Guayana Esequiba en su nota
del 26 de mayo de 1966 al reconocerse al nuevo Estado de Guyana .
“...por lo tanto, Venezuela
reconoce como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen
derecha del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional, que se
reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que se
encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el
territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva
expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de Guyana,
a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento hasta
su desembocadura en el Océano Atlántico...”
Mapa que
señala el Espacio de Soberanía Marítima Venezolana que se reserva, como Mar
Territorial mediante el Decreto Presidencial No 1152 del 09
de Julio de 1968.
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