Tomado de: http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=7590
Martes, 17 de marzo de 2009
SIEC - Actualidad Étnica. Roraima, Brasil. Las comunidades indígenas del Estado brasileño de Roraima, en la frontera con Guyana y Venezuela, se reunieron en Asamblea General la semana pasada para pedir al Gobierno de Lula la demarcación continua de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, homologada en 2005 pero discutida nuevamente en los tribunales por las presiones de los arroceros.
Los más de 600 indígenas presentes en la asamblea se centraron en denunciar la lentitud del proceso de reconocimiento oficial de Raposa Serra de Sol, una situación que está previsto resolverse con la resolución dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF) este mismo mes.
Los líderes indígenas confían en la homologación continua, fundamental para evitar precedentes jurídicos que puedan justificar ventajas para los invasores latifundistas en los territorios ancestrales de los pueblos.
Los indígenas denuncian además un deterioro palpable del medio ambiente de la zona fruto de las basuras arrojadas por personas extrañas y la destrucción del suelo contaminado por los arroceros mientras el estatus de estas tierras permanece en el aire.
Asimismo, exigen nuevos estudios que determinen el régimen de las tierras indígenas Anta, Jabuti, Canauanim, Malacacheta, Ponta da Serra, Serra da Moça, Truaru, Manoá-Pium y Aningal, la ampliación de los territorios Moskou, Murupu, Alto Arraia, Tabalascada, Ouro y Sucuba y la retirada de algunos invasores en la región de Taiano.
El estancamiento en el proceso de reconocimiento de la demarcación territorial en Roraima también ha generado, según las comunidades reunidas, varios atentados mortales y combates habituales entre los indígenas y los invasores. "La lentitud del Estado todavía trae aflicción a las comunidades, pues puentes fueron quemados, líderes continúan siendo amenazados y muertes ocurren debido a la presencia de invasores", comentan.
Por otro lado, los proyectos de ley relacionados con la minería en territorios indígenas y el establecimiento de guarniciones militares que se están tramitando en el Congreso Nacional no ofrecen una perspectiva demasiado optimista para el futuro de las comunidades.
En este sentido, el Movimiento de Damnificados por Represas (MAB) celebró el pasado sábado el Día Internacional de Lucha contra las Represas, tratando de concienciar a la comunidad nacional e internacional sobre el daño que hacen las plantas hidroeléctricas al medio ambiente y a los habitantes que viven en zonas vírgenes. Además, el Movimiento propone alternativas al desarrollo económico capitalista basadas en el respeto a la naturaleza y a los pueblos indígenas. Según datos de las Naciones Unidas, sólo en Brasil han sido expulsadas cerca de un millón de personas por la construcción de plantas hidroeléctricas.
Entre las exigencias realizadas por el MAB destaca la de suspender las licencias de construcción y funcionamiento de las plantas y la penalización por delitos ambientales a las empresas, pero el pesimismo se apodera de la organización cuando se observa la rapidez de la justicia en conceder licencias ambientales y su lentitud para reafirmar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución y las normas del derecho internacional.
El Supremo Tribunal brasileño retoma el juicio por la reserva indígena en la frontera con Venezuela
Tomado de:
http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/200903171718-supremo-tribunal-brasileno-retoma-juicio.html
17 de marzo de 2009.
Brasilia, 17 mar (EFE).- El Supremo Tribunal Federal de Brasil intentará mañana concluir un juicio, suspendido ya dos veces, en el que debe pronunciarse sobre la legalidad de una reserva indígena delimitada por el Gobierno en la frontera con Venezuela y Guayana.
Foto del 10 de diciembre de 2008 de un indígena de la región de "Raposa Serra do Sol", durante una audiencia en el Supremo Tribunal de Justicia (STF) de Brasilia. EFE/Archivo
Brasilia, 17 mar (EFE).- El Supremo Tribunal Federal de Brasil intentará mañana concluir un juicio, suspendido ya dos veces, en el que debe pronunciarse sobre la legalidad de una reserva indígena delimitada por el Gobierno en la frontera con Venezuela y Guayana.
"Raposa Serra do Sol" es la reserva más extensa de las 600 que existen en Brasil y ocupa 1,7 millones de hectáreas, que equivalen a casi el 8% del territorio del estado de Roraima.
Está habitada por 18.000 indios de las etnias Macuxí, Taurepang, Wapixana, Ingarikó y Patamona que reclaman su "derecho ancestral" sobre esas tierras, que se disputan con empresarios dedicados al cultivo de arroz que operan en la región desde hace más de una década.
La reserva fue creada a mediados del 2005 y los empresarios apelaron al Supremo Tribunal con la intención de que se les permita permanecer en esos territorios, que deberán abandonar si la decisión judicial consagra la legalidad del decreto gubernamental.
La primera audiencia fue en agosto del año pasado, pero el fallo quedó en suspenso ante las dudas manifestadas por un magistrado, que pidió más tiempo para examinar el caso.
Lo mismo ocurrió en diciembre pasado, pero después de que ocho de los once jueces votaran a favor de la legalidad de la reserva, que también es cuestionada por las autoridades del estado de Roraima.
Pese a la mayoría alcanzada, la segunda suspensión obedeció a que cualquier magistrado puede cambiar su voto mientras el proceso esté abierto.
Los hacendados y el gobierno regional de Roraima sostienen que la producción de arroz representa casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de esa región.
Además de los aspectos económicos, el caso pone en tela de juicio la política indigenista del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y hasta ha suscitado alguna turbulencia política.
Algunos generales del Ejército afirmaron cuando se delimitó la reserva que "entregar" a los indios casi 500 kilómetros de fronteras con Venezuela y Guayana suponía un "atentado contra la soberanía nacional".
Uno de los que sustentó esa tesis fue el comandante militar de la Amazonía, general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, quien fue luego desautorizado por portavoces del Ministerio de Defensa.
Los indios, por su parte, cuentan con el respaldo de decenas de movimientos sociales y hasta han recibido un velado apoyo del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, James Anaya.
El funcionario de la ONU, indígena estadounidense de la etnia apache, estuvo el año pasado en Brasil y, consultado sobre el caso, afirmó que "los indios sólo quieren mantener la integridad de una reserva que ya ha sido delimitada".
Las 600 reservas indígenas que existen en Brasil están habitadas por cerca de 480.000 miembros de 227 etnias y ocupan 109,6 millones de hectáreas, que son equivalentes al 13 por ciento del territorio nacional.
Nota del Editor del blog: Al referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500 Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
Martes, 17 de marzo de 2009
SIEC - Actualidad Étnica. Roraima, Brasil. Las comunidades indígenas del Estado brasileño de Roraima, en la frontera con Guyana y Venezuela, se reunieron en Asamblea General la semana pasada para pedir al Gobierno de Lula la demarcación continua de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, homologada en 2005 pero discutida nuevamente en los tribunales por las presiones de los arroceros.
Los más de 600 indígenas presentes en la asamblea se centraron en denunciar la lentitud del proceso de reconocimiento oficial de Raposa Serra de Sol, una situación que está previsto resolverse con la resolución dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF) este mismo mes.
Los líderes indígenas confían en la homologación continua, fundamental para evitar precedentes jurídicos que puedan justificar ventajas para los invasores latifundistas en los territorios ancestrales de los pueblos.
Los indígenas denuncian además un deterioro palpable del medio ambiente de la zona fruto de las basuras arrojadas por personas extrañas y la destrucción del suelo contaminado por los arroceros mientras el estatus de estas tierras permanece en el aire.
Asimismo, exigen nuevos estudios que determinen el régimen de las tierras indígenas Anta, Jabuti, Canauanim, Malacacheta, Ponta da Serra, Serra da Moça, Truaru, Manoá-Pium y Aningal, la ampliación de los territorios Moskou, Murupu, Alto Arraia, Tabalascada, Ouro y Sucuba y la retirada de algunos invasores en la región de Taiano.
El estancamiento en el proceso de reconocimiento de la demarcación territorial en Roraima también ha generado, según las comunidades reunidas, varios atentados mortales y combates habituales entre los indígenas y los invasores. "La lentitud del Estado todavía trae aflicción a las comunidades, pues puentes fueron quemados, líderes continúan siendo amenazados y muertes ocurren debido a la presencia de invasores", comentan.
Por otro lado, los proyectos de ley relacionados con la minería en territorios indígenas y el establecimiento de guarniciones militares que se están tramitando en el Congreso Nacional no ofrecen una perspectiva demasiado optimista para el futuro de las comunidades.
En este sentido, el Movimiento de Damnificados por Represas (MAB) celebró el pasado sábado el Día Internacional de Lucha contra las Represas, tratando de concienciar a la comunidad nacional e internacional sobre el daño que hacen las plantas hidroeléctricas al medio ambiente y a los habitantes que viven en zonas vírgenes. Además, el Movimiento propone alternativas al desarrollo económico capitalista basadas en el respeto a la naturaleza y a los pueblos indígenas. Según datos de las Naciones Unidas, sólo en Brasil han sido expulsadas cerca de un millón de personas por la construcción de plantas hidroeléctricas.
Entre las exigencias realizadas por el MAB destaca la de suspender las licencias de construcción y funcionamiento de las plantas y la penalización por delitos ambientales a las empresas, pero el pesimismo se apodera de la organización cuando se observa la rapidez de la justicia en conceder licencias ambientales y su lentitud para reafirmar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución y las normas del derecho internacional.
El Supremo Tribunal brasileño retoma el juicio por la reserva indígena en la frontera con Venezuela
Tomado de:
http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/200903171718-supremo-tribunal-brasileno-retoma-juicio.html
17 de marzo de 2009.
Brasilia, 17 mar (EFE).- El Supremo Tribunal Federal de Brasil intentará mañana concluir un juicio, suspendido ya dos veces, en el que debe pronunciarse sobre la legalidad de una reserva indígena delimitada por el Gobierno en la frontera con Venezuela y Guayana.
Foto del 10 de diciembre de 2008 de un indígena de la región de "Raposa Serra do Sol", durante una audiencia en el Supremo Tribunal de Justicia (STF) de Brasilia. EFE/Archivo
Brasilia, 17 mar (EFE).- El Supremo Tribunal Federal de Brasil intentará mañana concluir un juicio, suspendido ya dos veces, en el que debe pronunciarse sobre la legalidad de una reserva indígena delimitada por el Gobierno en la frontera con Venezuela y Guayana.
"Raposa Serra do Sol" es la reserva más extensa de las 600 que existen en Brasil y ocupa 1,7 millones de hectáreas, que equivalen a casi el 8% del territorio del estado de Roraima.
Está habitada por 18.000 indios de las etnias Macuxí, Taurepang, Wapixana, Ingarikó y Patamona que reclaman su "derecho ancestral" sobre esas tierras, que se disputan con empresarios dedicados al cultivo de arroz que operan en la región desde hace más de una década.
La reserva fue creada a mediados del 2005 y los empresarios apelaron al Supremo Tribunal con la intención de que se les permita permanecer en esos territorios, que deberán abandonar si la decisión judicial consagra la legalidad del decreto gubernamental.
La primera audiencia fue en agosto del año pasado, pero el fallo quedó en suspenso ante las dudas manifestadas por un magistrado, que pidió más tiempo para examinar el caso.
Lo mismo ocurrió en diciembre pasado, pero después de que ocho de los once jueces votaran a favor de la legalidad de la reserva, que también es cuestionada por las autoridades del estado de Roraima.
Pese a la mayoría alcanzada, la segunda suspensión obedeció a que cualquier magistrado puede cambiar su voto mientras el proceso esté abierto.
Los hacendados y el gobierno regional de Roraima sostienen que la producción de arroz representa casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de esa región.
Además de los aspectos económicos, el caso pone en tela de juicio la política indigenista del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y hasta ha suscitado alguna turbulencia política.
Algunos generales del Ejército afirmaron cuando se delimitó la reserva que "entregar" a los indios casi 500 kilómetros de fronteras con Venezuela y Guayana suponía un "atentado contra la soberanía nacional".
Uno de los que sustentó esa tesis fue el comandante militar de la Amazonía, general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, quien fue luego desautorizado por portavoces del Ministerio de Defensa.
Los indios, por su parte, cuentan con el respaldo de decenas de movimientos sociales y hasta han recibido un velado apoyo del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, James Anaya.
El funcionario de la ONU, indígena estadounidense de la etnia apache, estuvo el año pasado en Brasil y, consultado sobre el caso, afirmó que "los indios sólo quieren mantener la integridad de una reserva que ya ha sido delimitada".
Las 600 reservas indígenas que existen en Brasil están habitadas por cerca de 480.000 miembros de 227 etnias y ocupan 109,6 millones de hectáreas, que son equivalentes al 13 por ciento del territorio nacional.
Nota del Editor del blog: Al referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500 Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
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