Tomado de:
Las asociaciones de informadores bolivianos han defendido que
esa denuncia no puede ser tratada por la vía penal sino por los tribunales de
imprenta y que el secreto de fuente es inviolable.
EL UNIVERSAL
Martes 5 de agosto de 2014 06:20 PM
La Paz.- Una corte de La Paz enviará a un Tribunal de
Imprenta, que juzga delitos cometidos en publicaciones y cuyas sanciones no son
penales, una denuncia por espionaje contra dos periodistas bolivianos por un
reportaje sobre la demanda marítima de Bolivia, informó hoy el procurador del
Estado, Héctor Arce.
El alto funcionario y denunciante en este caso dijo a los medios que la Sala Penal Tercera del Tribunal de La Paz tomó esa decisión al admitir los recursos interpuestos por los periodistas Ricardo Aguilar y Claudia Benavente, del diario La Razón, a los que acusó de revelar una información reservada sobre la demanda marítima boliviana, citó Efe.
Según la ley de Imprenta vigente desde 1925, los tribunales de imprenta bolivianos deben estar formados hasta por 40 ciudadanos notables y pueden juzgar los supuestos delitos cometidos por un periodista en una publicación e imponer sanciones pecuniarias.
El procurador había solicitado en mayo pasado una acción penal contra el redactor y la directora del rotativo para que levantaran el secreto de fuente tras la publicación del reportaje "De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los 'actos unilaterales'", publicado el 13 de abril pasado.
La nota narra detalles de la forma en que Bolivia elaboró la demanda contra Chile presentada en abril de 2013 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para pedir un fallo que ordene a Chile negociar su demanda de una salida al mar.
La denuncia provocó críticas de los medios de comunicación y de las asociaciones de periodistas y mereció un pronunciamiento de rechazo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al considerar que la demanda penal violaba la libertad de prensa en el país.
Las asociaciones de informadores bolivianos han defendido que esa denuncia no puede ser tratada por la vía penal sino por los tribunales de imprenta y que el secreto de fuente es inviolable.
Según Arce, la Procuraduría "no ha tenido, ni tiene, ni va a tener jamás ninguna mala intención contra algún periodista o medio de comunicación" porque respeta el estado de derecho.
"Este es un tema que está cerrado y está en manos de la Ley de Imprenta que tiene sus procedimientos que deben cumplirse por el bien de la ciudadanía y el bien de la labor de la prensa", sostuvo hoy ante los medios.
La Razón tiene como principal accionista al empresario venezolano Carlos Gill y antes perteneció al grupo español Prisa.
El alto funcionario y denunciante en este caso dijo a los medios que la Sala Penal Tercera del Tribunal de La Paz tomó esa decisión al admitir los recursos interpuestos por los periodistas Ricardo Aguilar y Claudia Benavente, del diario La Razón, a los que acusó de revelar una información reservada sobre la demanda marítima boliviana, citó Efe.
Según la ley de Imprenta vigente desde 1925, los tribunales de imprenta bolivianos deben estar formados hasta por 40 ciudadanos notables y pueden juzgar los supuestos delitos cometidos por un periodista en una publicación e imponer sanciones pecuniarias.
El procurador había solicitado en mayo pasado una acción penal contra el redactor y la directora del rotativo para que levantaran el secreto de fuente tras la publicación del reportaje "De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los 'actos unilaterales'", publicado el 13 de abril pasado.
La nota narra detalles de la forma en que Bolivia elaboró la demanda contra Chile presentada en abril de 2013 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para pedir un fallo que ordene a Chile negociar su demanda de una salida al mar.
La denuncia provocó críticas de los medios de comunicación y de las asociaciones de periodistas y mereció un pronunciamiento de rechazo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al considerar que la demanda penal violaba la libertad de prensa en el país.
Las asociaciones de informadores bolivianos han defendido que esa denuncia no puede ser tratada por la vía penal sino por los tribunales de imprenta y que el secreto de fuente es inviolable.
Según Arce, la Procuraduría "no ha tenido, ni tiene, ni va a tener jamás ninguna mala intención contra algún periodista o medio de comunicación" porque respeta el estado de derecho.
"Este es un tema que está cerrado y está en manos de la Ley de Imprenta que tiene sus procedimientos que deben cumplirse por el bien de la ciudadanía y el bien de la labor de la prensa", sostuvo hoy ante los medios.
La Razón tiene como principal accionista al empresario venezolano Carlos Gill y antes perteneció al grupo español Prisa.
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