lunes, 2 de diciembre de 2013

Comisión de yanomamis recaba pruebas de la minería ilegal en el Amazonas


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Sábado, 30 Noviembre 2013 22:49


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Las mujeres yanomamis temen por el ataque de los mineros



Desde la década de los años 80, la comunidad Yanomami denuncia la presencia de mineros ilegales en el Amazonas y con ello las agresiones que han sufrido en carne propia sin sembrar ningún precedente. La realidad sigue reflejando cómo en la actualidad más de mil garimpeiros trabajan en el interior de la selva extrayendo toneladas de minerales cada año sin autorización del Estado venezolano.

Todas las denuncias interpuestas por las organizaciones indígenas de la zona han sido descartadas por el Ministerio Público, que alega faltan pruebas.

Pero los yanomamis son perseverantes. Esta etnia, que reúne a unos 30 mil indígenas, continúa en actitud firme para defender sus 9 millones de hectáreas vírgenes en la que se distribuyen unas 250 comunidades.

Así que desde comienzos de noviembre, los yanomamis con cámaras de videos se organizaron para recorrer ríos y caminos hasta llegar a las comunidades más afectadas por la minería ilegal en el estado Amazonas. Allí están registrando todos los testimonios y pruebas que consideren para denunciar a los mineros ilegales.

El coordinador general de la ONG Yanomami Horonami, Andrés Blanco, informó que en hay tres grupos de 10 líderes yanomamis investigando en la zona, con el fin de poder traer pruebas sobre el crecimiento de la minería ilegal en los territorios indígenas.

“Traeremos fotografías, videos y todo el material que sea necesario para interponer la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la propia Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela”.

La Fiscalía Superior del Estado Amazonas explicó que en una acción coordinada con varias instituciones están recabando pruebas para castigar judicialmente a los mineros ilegales, que por la Ley de Ambiente deben pagar condenas de mínimo seis meses de prisión.

Testigos
José Gregorio Mirabal, coordinador de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (Orpia), desconfía que el gobierno reciba las pruebas con objetividad o que dicte castigo a los responsables. Él cree que el Estado ha satanizado las denuncias impuestas hasta el momento.

“Hay implicación de los propios militares en este negocio de la minería ilegal, es un negocio que beneficia a la gente del poder, así que las veces que han ido a investigar sólo ha sido por dos o tres días, no profundizan ante un tema tan extenso. Y cuando insistimos en seguir denunciando, entonces nos satanizan, el propio gobierno señaló que los yanomamis estaban pagados por Estados Unidos para desestabilizar a Venezuela. ¿Esto es normal o coherente por parte de un gobierno?”.

En una de las últimas visitas que realizó el Estado venezolano a la zona, los representantes de la ONG Horonami estuvieron presentes y denuncian que durante el recorrido: “Vimos los campamentos de mineros ilegales, vimos pasar una avioneta, vimos una pista clandestina, vimos algunos garimpeiros huyendo de la comisión que caminaba por la selva (…) Los efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía que venían en la comisión, también fueron testigos de esto”.

De esta visita no hubo detenidos, ni intervenciones en el lugar, según datos reflejados por el Ministerio de Interior y Justicia.

¿Quiénes son?
La ONG Survival Internacional (www.survival.es) calcula que unos mil buscadores de oro trabajan ilegalmente en la tierra yanomami. Una práctica que comenzó en la década de los años 80 cuando la fiebre del oro trajo a 40 mil mineros al norte de Brasil y al Sur de Venezuela.

“En la actualidad, los mineros ilegales provienen de Brasil, otros son venezolanos y de los países de los alrededores. Estos buscadores de oro son autónomos: van por su cuenta y no forman parte de compañías o multinacionales mineras” confirma Elizabeth Hunter, portavoz de esta organización internacional.

Estos mineros ilegales no sólo están presentes en el Amazonas. Survival denuncia que también están trabajando en la tierra de los ye’kwanas y los sanemas, en la cuenca del río Caura. Igualmente, hay minería ilegal en la tierra de los pemones, en el estado Bolívar. “Esto ha permanecido sin control durante años, a pesar de las denuncias de los Pemones”.

Se conoció que una delegación de ye’kwanas y sanemas viajaron a Caracas en julio para dar a conocer las devastadoras consecuencias de la minería ilegal en su tierra. Su organización Kuyujani está demandando “la prohibición total e inmediata de la actividad minera de oro, diamante o de cualquier tipo mineral en toda la cuenca del río Caura, santuario de biodiversidad de los pueblos indígenas Ye’kwana y Sanema, así como del país”.

Piden que el Gobierno reconozca su titularidad territorial colectiva, tal y como garantiza la Constitución. 
Frente a esta realidad, Survival Internacional con apoyo de organizaciones locales consideran que el Estado necesita “comprometerse mucho más con los yanomamis: consultarlos, escucharlos e involucrarlos en los proyectos sanitarios y territoriales”.

Investigaciones recientes muestran que la selva tropical, con su diversidad única y enorme, se encuentra más protegida cuando los derechos territoriales de los pueblos indígenas son reconocidos y cuando estos controlan el uso de su tierra.

“El verdadero conservacionismo es aquel que muchos pueblos indígenas, como los yanomamis, llevan desempeñando desde hace miles de años: proteger, cuidar y gestionar sus tierras de forma sostenible”, agrega Hunter.

La tierra yanomami se encuentra dentro de dos parques nacionales que, a su vez, son parte de la reserva de la biosfera. Sin embargo, el Estado debería reconocer los derechos colectivos de los yanomamis a la propiedad de su territorio, tal y como garantiza la Constitución de Venezuela y también la normativa internacional sobre pueblos indígenas que recoge el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Gobierno nacional.

“Nos están matando”
Es ésta la zona donde en la actualidad, la etnia indígena sobrevive a la explotación de los recursos naturales que causa enfermedades, envenenamiento, agresiones, violación y persecución a quienes se opongan.

Andrés Blanco además denuncia que la selva se ha convertido en un verdadero peligro para sus habitantes, debido a que “cada vez hay más mineros, y nosotros como pueblo sabemos quiénes son, cómo trabajan y dónde exactamente tienen sus maquinarias”.

Entre las consecuencias está la transmisión de enfermedades mortales como la malaria y la contaminación de los ríos y los bosques con mercurio. La salud de los yanomamis se ve perjudicada y la atención médica crítica no llega hasta ellos, especialmente en Venezuela.

El líder indígena agrega que la violencia que viven se refleja de diferentes maneras. La más común es a través de explotación laboral, ya que los yanomamis más jóvenes terminan siendo los “caleteros” de los mineros ilegales, quienes entregan alguna prenda de ropa o una lata de comida tras largas y forzadas jornadas de trabajo.
“También traen enfermedades, nos golpean, violan a nuestras hijas. Todo esto está acabando con nosotros, a los yanomamis nos están matando poco a poco, ya hemos muerto muchos, muchos hermanos”.

La situación ha reunido a las organizaciones indígenas de ambos países el pasado 11 de octubre en Puerto Ayacucho (capital del Amazonas). Del encuentro publicaron una carta abierta en la que resaltaron: “La situación es muy grave en la frontera de Brasil con Venezuela, donde se han instalado campamentos mineros ilegales que producen violencia, epidemias, destrucción de nuestras tierras y contaminación de los ríos (…) No es posible tener buena salud si no tenemos nuestro territorio protegido”.

“No sabemos cuántos hermanos yanomamis han sido asesinados, envenenados. Son más de 250 comunidades que para llegar hay que estar más de un mes viajando por río y caminando por la selva. Eso hace que sea un trabajo difícil”, añade Andrés Blanco.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación ante la situación que vive del pueblo Yanomami, particularmente por la presencia y agresiones de mineros ilegales contra los miembros de las comunidades indígenas habitantes en esa zona. En un comunicado al Estado venezolano recomendó “que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los hechos de violencia que se dan en la zona”.

Minería gubernamental
La última amenaza para los yanomamis de Venezuela procede de la empresa china Citic, con la que el Gobierno venezolano ha firmado un acuerdo de 700 millones de dólares para la exploración mineral en el Arco minero del Orinoco, en los estados de Amazonas y Bolívar. 

La empresa Citic tiene prevista la construcción de cinco campos mineros en áreas habitadas por pueblos indígenas, incluso en Ocamo, que yace en el corazón del territorio Yanomami.

Las Organizaciones Indígenas del estado Amazonas (Coaim) en un comunicado expresaron “la profunda preocupación” y el “rechazo” que sienten los indígenas hacia el proyecto de minería, que según ellos traerá destructivos impactos sociales y para el medio ambiente y es “contrario a su concepto de vida y a la madre naturaleza, que son primordiales para mantenerlos colectivamente”. Piden al Gobierno que revise urgentemente el proyecto minero y sus políticas indígenas.

Coiam señala que no se han producido consultas previas e informadas con los pueblos indígenas, lo que supone una violación de la Constitución venezolana.

Mientras que Kuyjani, la organización ye’kuana afirmó que: “La tierra es fundamental para el pueblo Ye’kwana y Sanema, donde nace nuestro patrimonio cultural: educación propia, la cultura y garantiza nuestra seguridad alimentaria, la de nuestros hijos y futuras generaciones”.

Los indígenas demandan la “prohibición total e inmediata de la actividad minera de oro, diamante o de cualquier tipo mineral en toda la cuenca del río Caura, santuario de biodiversidad de los pueblos indígenas Ye’kwana y Sanema, así como de la nación venezolana”.