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Tomado de:
Por Paulo Prada
03 de agosto
Ivo Lubrinna lleva más de 30 años buscando oro en la selva
brasileña. Es un negocio complicado: hay que escarbar el piso y las riveras de
los ríos usando mercurio y otros contaminantes para separar el metal precioso
del lodo.
Durante las últimas dos décadas, Lubrinna ha tenido además un
segundo empleo: secretario de medio ambiente en su ciudad de 100.000 habitantes
ubicada en la entrada del parque nacional más antiguo de Brasil, así como de
otra media decena de reservas naturales en la Amazonia.
¿Su misión? Proteger la zona de la depredación de madereros,
cazadores, colonos irregulares y... buscadores de oro. Su doble papel le obliga
a dividir la jornada de trabajo: por la mañana es regulador y por la tarde
minero. "Al comienzo del día tengo que portarme bien", dice el hombre
corpulento y calvo de 64 años. "Por la tarde hago lo mío".
Hasta hace poco el aparente conflicto de intereses no
importaba demasiado en este rincón de la Amazonia donde la ley se aplica sin
demasiado rigor y son frecuentes los conflictos violentos por tierras o
recursos.
La protección de la
Amazonia era asunto de Ibama, la respetada agencia federal.
Pero la presidenta Dilma Rousseff cedió el año pasado buena
parte de la supervisión ambiental a los funcionarios locales. De las 168
oficinas de campo que Ibama tenía hace unos años en Brasil, 91 fueron cerradas,
según empleados de la agencia.
Lubrinna dice que los agentes del Ibama solían multarlo a él
y otros mineros por violaciones ambientales. Ahora, él es el jefe del equipo
que inspecciona los sitios de exploración ilegal. Y hasta el momento, cuenta,
ha aplicado pocas multas.
La descentralización de las inspecciones ambientales es uno
de los muchos cambios introducidos por la administración de Rousseff. En su
conjunto, representan un relajamiento tras dos décadas de progresivos controles
ambientales por parte del Gobierno federal.
En los 19 meses desde que Rousseff asumió el poder, viejas
reglas para contener la deforestación y proteger millones de kilómetros
cuadrados de riveras fueron revertidas. Un decreto presidencial redujo o
reclasificó siete bosques protegidos para permitir la construcción de represas
hidroeléctricas y otros proyectos de infraestructura, permitiendo además la
legalización de asentamientos de granjeros y mineros.
Rousseff casi paralizó el proceso de designar tierras para la
creación de parques naturales, reservas de fauna y otras "unidades de
conservación", revirtiendo el rumbo de los tres gobiernos anteriores.
NECESIDAD ECONOMICA
La presidenta es clara en su razonamiento: fomentar el
desarrollo de la selva amazónica, un área siete veces del tamaño de Francia, es
esencial para mantener el ritmo de crecimiento económico que en la última
década sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza y convirtió a Brasil en
la sexta economía más grande del planeta.
El Gobierno pretende construir 21 represas en la Amazonia
hasta el 2021 a un costo de 96.000 millones de reales (48.000 millones de
dólares), un plan diseñado por Rousseff cuando trabajaba para el ex presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, su mentor.
Las represas, dice, son necesarias para cubrir la demanda
energética de la creciente masa de consumidores del país.
Y Brasil tiene todavía 60 millones de personas viviendo bajo
la línea de pobreza. "Necesito explicarle a la gente cómo va a comer, cómo
va a tener acceso a agua, cómo va a tener acceso a energía", dijo la
presidenta en un discurso en abril.
A muchos brasileños les gusta ese mensaje. Rousseff goza de
un envidiable nivel de popularidad del 77 por ciento, según una encuesta de
junio.
Además recibió un 83 por ciento de sus donaciones de campaña
para las elecciones del 2010 de corporaciones, principalmente de alimentos,
agricultura, ingeniería y otros negocios que deberían beneficiarse de los
proyectos de infraestructura en la Amazonia, según un estudio de documentos
electorales revisados por el blogger y analista José Roberto de Toledo.
Los asesores de Rousseff niegan cualquier sugerencia de
retribuciones. Otros candidatos, apuntan, también recibieron aportes del mismo
tiempo de compañías en proporciones similares.
El movimiento ambientalista de Brasil está horrorizado. Las
políticas de Rousseff, dicen, ponen en peligro la mayor selva del mundo,
reserva de una octava parte del agua potable del planeta, una importante fuente
de oxígeno y de innumerables especies animales y vegetales raras o simplemente
aún desconocidas, además de decenas de miles de indígenas. Las ganancias de
corto plazo, dicen los críticos de Rousseff, no justifican el potencial costo
de largo plazo para el medio ambiente global ni para la economía brasileña.
"Este es un Gobierno dispuesto a sacrificar los recursos
por miles de años a cambio de unas pocas décadas de beneficios", dijo
Marina Silva, una ex ministra de Medio Ambiente y pionera del movimiento
ambientalista en Brasil.
La carrera por explotar la región ya tiene algunos focos de
tensión.
El más conocido es Belo Monte, un proyecto de 26.000 millones
de reales (13.000 millones de dólares) para construir la tercera mayor represa
del mundo en el río Xingú, un afluente del Amazonas en Pará, el mismo estado
donde está situada Itaituba.
Blanco de una intensa cobertura en los medios, acciones
judiciales y de una oposición de alto perfil que incluye a figuras de Hollywood
como el director James Cameron, Belo Monte desplazará a miles de indígenas.
El proyecto ya está atrayendo a miles de inmigrantes a
Altamira, un poblano cercano en medio de la selva donde los precios de la
comida y la vivienda se han más que duplicado en el último año.
En el estado de Acre, en el margen occidental de la Amazonia
brasileña, la salida de los agentes del Ibama abrió la puerta a incursiones y
disputas entre madereros y traficantes de drogas del vecino Perú que amenazan
Serra do Divisor, un parque creado hace una década.
Y en el estado de Maranhao, rancheros, madereros e indígenas
chocan frecuentemente en torno a la reserva natural de Gurupí, donde la tala ilegal
ha afectado hasta un 70 por ciento de los bosques en un proceso que, según los
científicos, está generando que un clima más árido se expanda rápidamente hacia
la región más alejada del nordeste de Brasil.
Las dinámicas puestas en marcha por el cambio de políticas de
Rousseff son visibles en el Parque Nacional de la Amazonia, un área de selva
del tamaño de Jamaica en la rivera occidental del río Tapajós.
Amazonia fue el primer parque nacional de la región, creado
en 1974 por la dictadura militar para mitigar el impacto de las políticas que
había estimulado los asentamientos de inmigrantes pobres en la zona.
A fines de los años 80 y durante la década siguiente, el
parque se benefició de la política ambiental de los nuevos gobiernos
democráticos, considerada una de las más agresivas de la época y aplicada por
agentes federales. Durante la última década, Lula reforzó la vigilancia en los
parques y logró reducir el ritmo de la deforestación a mínimos históricos.
Pero el boom económico durante la presidencia de Lula cobró
su precio. A medida que Brasil se convirtió en el mayor exportador de carne y
soja del mundo, la selva sucumbió a la deforestación para abrir espacios para
la agricultura.
En las colinas cerca de Itaituba continuó la tala de árboles
y la minería, en algunos casos legal y en otros no.
Para poner orden, el Gobierno creó en el 2006 una zona de
exclusión de seis reservas en tierras cercanas, un área seis veces más grande
que el propio parque de la Amazonia, donde la actividad podía ser regulada.
AGUAS REVUELTAS
Cuando María Lucia Carvalho asumió el cargo de directora del
parque de la Amazonia, hace tres años, estaba ansiosa por atraer más visitantes
y poner fin a los abusos. Con agentes del Ibama en las inmediaciones para
ayudar a sus funcionarios a mantener a raya los asentamientos y cazadores,
"realmente tenía esperanza", explica.
Pero la sensación no duró mucho. A comienzos del 2010 escuchó
rumores de que una de las represas sería construida dentro del parque, en los
rápidos del río Tapajós. En un punto donde el río tiene tres kilómetros de
ancho, los rápidos albergan varias especies de peces exóticos, son un punto
crucial para la migración del pez gato y un santuario para animales amenazados
de extinción como el jaguar y la ararajuba o periquita dorada.
Unos meses después, los guardas del parque sorprendieron a
trabajadores de la compañía eléctrica del estado realizando una supervisión no
autorizada en la zona y los multaron.
Después que Carvalho habló en televisión contra el proyecto, fue
citada por el jefe del servicio nacional de parques para una reunión en
Brasilia, la capital. "Me dijeron que era un plan del Gobierno y que yo
era el Gobierno y por lo tanto no podía criticar el proyecto", dijo.
El servicio de parques
declinó comentar sobre la reunión.
En diciembre del año pasado, Rousseff promulgó la ley que
entrega al estado y los gobiernos locales la autoridad sobre las tierras no
federales. En la visión de Brasilia, las autoridades locales están mejor
posicionadas para garantizar que madereros, mineros y otros que explotan los
recursos naturales lo hagan con las licencias adecuadas y en las áreas donde
esas actividades están permitidas.
Otros, sin embargo, dicen que las autoridades locales carecen
de los recursos necesarios para supervisar la Amazonia y que son más
susceptibles a intimidaciones y sobornos. Las dimensiones del área hacen que
patrullar la Amazonia sea un desafío titánico.
En apenas unos meses, los agentes del Ibama recogieron sus
cosas y se largaron de Itaituba, dejando a Carvalho y sus colegas del servicio
de parques abandonados a cargo de vigilar la zona junto con Lubrinna, el
secretario de medio ambiente y también minero, y un puñado de sus hombres.
Lubrinna dice que pasa tanto tiempo supervisando a sus
equipos de mineros como en su función municipal. El funcionario declinó varios
pedidos de un reportero de Reuters para visitar sus operaciones de minería, que
describió como un área de 180 kilómetros cuadrados al sudoeste de Itaituba, la
mayor parte en una selva nacional.
Los permisos de minería son difíciles de obtener, dice, y el
suyo no cubre toda el área donde opera. "El Gobierno crea leyes que son
difíciles de seguir", explica. "La gente como yo tiene que ganarse la
vida".
ARBOLES CAIDOS
Rousseff citó recientemente cifras que muestran que el ritmo
de deforestación en la Amazonia cayó a un mínimo histórico en los 12 meses
terminados en julio del 2011, el último período del que hay información
disponible. El área total deforestada, unos 6.400 kilómetros cuadrados, era un
77 por ciento menor que en el 2004, una tendencia que, según datos
preliminares, ha continuado en meses recientes.
Los críticos dicen que aún es demasiado pronto para ver el
impacto de su agenda. "Los números van a ir en la dirección opuesta",
dice Adriana Ramos, del grupo ambientalista Instituto Socioambiental.
"Ellos están cambiando la arquitectura y las regulaciones que llevaron a
esa disminución".
Los cimientos de esa arquitectura están en el "código
forestal", un conjunto de leyes inalteradas durante décadas que determina
el porcentaje y tipo de bosques que los agricultores y compañías madereras y
otros deben preservar.
El poderoso lobby agroindustrial de Brasil presionó con éxito
para introducir cambios que fueron aprobados más temprano este año por el
Congreso. Aunque Rousseff vetó partes del proyecto que habrían resultado en una
amnistía para los abusos cometidos en el pasado, está negociando con
legisladores algunos cambios que, en opinión de los ambientalistas, podrían
facilitar la tala de árboles en zonas hasta ahora protegidas.
Cuando un guardaparque visitó recientemente a José Lopes da
Silva, un ocupante ilegal en el margen oriental del parque Amazonia, el
granjero se quejó sobre una multa de 15.000 reales (7.500 dólares) recibida el
año pasado por talar árboles en el borde de sus campos de maíz. "¿Por qué
me multan?", preguntó. "Si están a punto de cambiar la ley".
"La ley es todavía la ley", le respondió el guarda
forestal.
Cerca de Campo Verde, una parada de camiones a unos 30 kilómetros
al sudeste de Itaituba, jeeps y camionetas desvencijadas se desplazan durante
el día por la autopista. Al caer la noche, enormes camiones emergen de los
senderos de los madereros y se adentran en las zonas protegidas.
Cargados con troncos de un diámetro mayor al de sus propias
ruedas, los camiones se dirigen a toda prisa hacia el oeste rumbo a depósitos a
lo largo del río Tapajós.
Con pocos agentes federales sobre el terreno para patrullar
las reservas, la destrucción se transforma en algo aparente sólo cuando el área
es suficientemente grande para ser detectada, si es que no está cubierta de
nubes, por satélites o caros vuelos en avioneta. Como los gobiernos de los
estados entregan licencias a los depósitos de madera, los agentes federales las
inspeccionan con menos frecuencia.
"¿Qué sentido tiene si ya no somos la máxima
autoridad?", dice un agente federal que pidió no ser identificado.
El trabajo se ha vuelto además muy peligroso, porque los
hacendados, maderos y sus matones suelen chocar por tierras.
En marzo, hombres armados emboscaron a agentes del servicio
de parques que regresaban de una operación en un campamento de madereros
ilegales dentro de una reserva natural al sur de Itaituba. Los agentes lograron
resistir el ataque.
El año pasado, pistoleros mataron a un activista ambiental en
Pará y a su mujer después que la pareja denunció la tala ilegal de árboles
cerca de donde vivían.
João Carlos Portes, un sacerdote católico en Campo Verde,
dice que hombres armados amenazaron recientemente con "rociar la
congregación con balas" después de que negó una misa fúnebre para un
maderero y asesino confeso abatido por rivales.
Portes, que es el representante local de la Comisión Pastoral
de la Tierra, un grupo religioso que trabaja para reducir la violencia, el
trabajo esclavo y otros abusos en las zonas rurales de Brasil, dice que los
cambios recientes en la política ambiental significan que "las cosas aquí
sólo van a empeorar".
LUCHA INUTIL
Rousseff anunció en enero la orden ejecutiva que secciona
partes del territorio del parque de la Amazonia y otras seis reservas para
construir represas y legitimar asentamientos ilegales. Aunque la medida
enfrenta todavía varios recursos legales, el Congreso la transformó en ley en
junio.
La represa hidroeléctrica en el Tapajós inundará una gran
área de bosques además de Pimental, una aldea de unos 800 pescadores y pequeños
agricultores en el margen oriental del río.
Los habitantes están furiosos porque el Gobierno todavía no
les dio detalles sobre la represa, ni les explicó si serán evacuados o
recibirán algún tipo de compensación. "Estamos completamente en la
oscuridad", dice Luiz Matos da Silva, un agricultor y tendero de 53 años
en Pimental.
Algunos residentes persiguieron recientemente a contratistas
de la compañía eléctrica hasta echarlos del lugar y destruyeron mezcladoras de
cemento que los obreros había traído a la región.
El Ministerio de Energía de Brasil dice que los detalles
finales del proyecto, que debe estar listo en el 2017, están todavía siendo
estudiados.
La autorización de Rousseff al proyecto acabó con lo poco que
quedaba del entusiasmo con el que Carvalho asumió la dirección del parque de la
Amazonia y la funcionaria pidió ser transferida a una reserva en el árido
nordeste de Brasil.
"Allá no pueden construir una represa", dice.
"Aunque, quién sabe, quizás construyan una planta nuclear".
Mientras tanto, agentes del Ibama detuvieron en junio en el
aeropuerto de Belém, la capital de Pará, a un hombre que viajaba con una nevera
portátil conteniendo el cuerpo congelado de una tortuga amazónica amenazada de
extinción. Los agentes incautaron los restos del animal, multaron al hombre con
5.000 reales y presentaron cargos criminales.
¿Adivinen quién transportaba la tortuga? Ivo Lubrinna. El
jefe de recursos ambientales de Itaituba explicó que la carne de tortuga iba a
ser servida en una fiesta para su hijo. Lubrinna dice que apelará la multa y
los cargos.
Añade, además, que aunque fuera una tortuga amenazada de
extinción, en la Amazonia comerla es "culturalmente aceptable".
(Por Paulo Prada; Editado en español por Esteban Israel y
Juana Casas)
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