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Tomado de:
(AFP) –
SAO PAULO — El abogado que representa los intereses del
Estado brasileño ante la Corte Suprema pidió este viernes que se suspenda la
decisión de paralizar las obras de la gigantesca represa de Belo Monte, en la
Amazonía, que fue adoptada la semana pasada por un tribunal regional.
La decisión debe ser suspendida "para que se evite la
ocurrencia de daño notable e irreparable al patrimonio público, al orden
administrativo, al orden económico y a la política energética brasileña",
señaló en su pedido el abogado general de la Unión, Luis Inácio Adams, según la
oficial Agencia Brasil.
El abogado general de la Unión, que tiene rango ministerial,
representa los intereses del Estado ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima
instancia judicial del país.
Según la nota de la agencia de noticias, la decisión de
paralizar no respeta la autoridad de un acuerdo anterior emitido por la
justicia.
La semana pasada, el Tribunal Regional Federal de la Primera
Región ordenó suspender la construcción de la usina al considerar que
comunidades indígenas asentadas en los márgenes del río, que será desviado para
su construcción, no fueron escuchadas antes de que se iniciaran las obras en
junio de 2011.
El fallo fijó además una multa de unos 250.000 dólares
diarios en caso de que el consorcio responsable de la construcción desacate la
orden.
Las comunidades indígenas asentadas en los márgenes del río
Xingú se oponen a la represa por su alto impacto en actividades como la pesca,
si bien la hidroeléctrica se construye fuera de sus territorios.
La represa fue planificada para ser la tercera mayor
hidroeléctrica del mundo, detrás de Tres Gargantas, en China, e Itaipú, en la
frontera de Brasil y Paraguay.
El proyecto está valorado en unos 13.000 millones de dólares
y prevé la inundación de 502 km2, además del desvío del río Xingú. Las obras se
iniciaron en junio de 2011, tras décadas de controversias, y se espera que la
primera turbina entre en operación en 2015 y la última en 2019.
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