http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g2pI69IOgfv7JUiKFeHG7Kr_4vPQ?docId=CNG.42644bc14afa5e8b7607ee55329aa813.151
Trabajos en el proyecto de la hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú
Tomado de:
Por Gerard Aziakou (AFP) – hace 19 horas
SAO PAULO — Las violentas disputas sobre territorios
indígenas han ido en aumento en Brasil en los últimos años, generando una mayor
militancia de parte de tribus preocupadas por un descenso en los registros de
tierras que realiza el gobierno en esas zonas.
Un reciente informe del Consejo Indigenista Misionario
(Cimi), citado por el diario Folha de Sao Paulo este domingo, indica que el
número de conflictos en varios estados pasó de 82 en 2006 a 99 el año pasado.
Los aborígenes brasileños luchan para proteger sus tierras
ricas en recursos de invasiones por parte de hacendados, buscadores de oro
ilegales y leñadores.
En este enorme país, el 1% de sus 191 millones de habitantes
controla el 46% de las tierras cultivables.
La tensión es particularmente elevada en la norteña zona de
la Amazonia, donde el gobierno federal construye la enorme represa
hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú.
Grupos de iracundos activistas indígenas a menudo ocupan el
lugar de construcción y ocasionalmente toman rehenes en protesta de lo que
consideran promesas rotas de compensaciones.
El informe de Cimi también subraya una caída en la
homologación de los territorios indígenas por parte del gobierno, de 145
durante el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 79
bajo el del Luis Inacio Lula da Silva (2003-2010) a solo tres el año pasado
bajo el gobierno de Dilma Rousseff.
Folha cita a Rinaldo Arruda, un profesor de antropología en
la Universidad Católica PUC-SP, que dice haber detectado un "giro
conservador" en la política del gobierno de Rousseff, que tiene que lidiar
con el poderoso bloque pro agroindustrial en el Congreso.
Los militantes indígenas, incluyendo integrantes de las
tribus Xicrin, Juruna, Arara, Aweti, Assurini y Parakanawa, amenazan con nuevas
ocupaciones en predios del consorcio público Norte Energia, encargado del
proyecto Belo Monte.
Norte Energia insiste en que honrará los compromisos de
compensación firmados con los nativos, pero el jefe aborigen Giliard Juruna
afirma "no creemos lo que dicen", según lo cita el diario.
Belo Monte, la tercer mayor represa del mundo con una
capacidad instalada de 11.200 megawatts, es uno de los varios proyectos
hidroeléctricos en Brasil para suministrar energía limpia a una economía de
rápido crecimiento.
Los grupos indígenas temen que la represa dañe su forma de
vida, mientras que los ambientalistas advierten de la deforestación, las
emisiones de gases de efecto invernadero y los daños irreparables al
ecosistema.
El gobierno federal planea invertir un total de 1.200
millones de dólares para asistir a los desplazados para el momento en que la
represa esté terminada, en 2019.
En el estado de Mato Grosso do Sul (centro-oeste), los
indígenas Kadiweus ocupan desde mayo 23 establecimientos ubicados en tierras
que reclaman, mientras que en el vecino Mato Grosso, los nativos aún esperan
que los hacendados cumplan con un fallo judicial para evacuar las tierras de
Maraiwatsede.
En ambos casos, los hacendados alegaron errores en la
demarcación de las tierras en disputa.
El pasado 19 de julio, la ONG Survival International instó a
las autoridades brasileñas a acabar con la impunidad en torno a los asesinatos
de indígenas, tras destacar la captura de 18 presuntos responsables del
homicidio de un jefe indio guaraní en Mato Grosso do Sul en noviembre del año
pasado.
Survival International dijo que entre los sospechosos
detenidos estaba "el propietario de una conocida empresa de
seguridad" que ofrece los servicios de hombres armados para patrullar tierras
ocupadas por hacendados.
Según Cimi, en 2011 fueron asesinados 51 indígenas en todo
Brasil, 32 de ellos en Mato Grosso do Sul.
Los indígenas representan menos del 1% de la población de
Brasil, y ocupan 12% del territorio del país, fundamentalmente en la región de
la Amazonia.
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