http://www.elmercuriodigital.net/2012/03/la-izquierda-marron.html
Explotaciones mineras
Tomado de:
ELMERCURIODIGITAL 3.3.12 
OPINIÓN de Eduardo Gudynas
Está quedando en claro que para los gobiernos progresistas o
de la nueva izquierda, las cuestiones ambientales se han convertido en un
flanco de serias contradicciones. El decidido apoyo al extractivismo para
alimentar el crecimiento económico, está agravando los impactos ambientales,
desencadena serias protestas sociales, y perpetúa la subordinación de ser
proveedores de materias primas para la globalización. Se rompe el diálogo con
el movimiento verde, y se cae en una izquierda cada vez menos roja porque se
vuelve marrón.
Una rápida mirada a los países bajo gobiernos progresistas
muestra que en todos ellos hay conflictos ambientales en curso. Es impactante
que esto no sea una excepción, sino que se ha convertido en una regla en toda
América del Sur. Por ejemplo, en estos momentos hay protestas frente al
extractivismo minero o petrolero, no solo desde Argentina a Venezuela, sino que
incluso en Guyana, Suriname y Paraguay.
En Argentina se registran conflictos ciudadanos frente a la
minería en por lo menos 12 provincias; en Ecuador, la protesta local ante la
minería sigue creciendo; y en Bolivia, poco tiempo atrás finalizó una marcha
indígena en defensa de un parque nacional y ya se anuncia una nueva
movilización. En estos mismos países, los gobiernos progresistas alientan el
extractivismo, sea amparando a las empresas que lo hacen (estatales, mixtas o
privadas), ofreciendo facilidades de inversión o reduciendo las exigencias
ambientales. Los impactos sociales, económicos y ambientales son minimizados.
Los gobiernos en unos casos enfrentan la protesta social, en otros la critican
ácidamente, y en un giro más reciente la criminalizan, y han llegado a
reprimirlas.
La contradicción entre un desarrollo extractivista y el
bienestar social acaba de alcanzar un clímax en Perú. Allí, el gobierno de
Ollanta Humala decidió apoyar al gran proyecto minero de Conga, en Cajamarca, a
pesar de la generalizada resistencia local y la evidencia de sus impactos. Esto
generó una crisis en el seno del gabinete, la salida de muchos militantes de
izquierda del gobierno, y una fractura en su base política de apoyo. El
gobierno se alejó de la izquierda al decidir asegurar las inversiones y el
extractivismo.
Posiblemente el caso más dramático está ocurriendo en
Uruguay, donde en unos pocos meses, el gobierno de José Mujica está
decididamente volcado a cambiar la estructura productiva del país, para
volverlo en minero. Se propicia la megaminería de hierro, a pesar de la
protesta ciudadana, sus impactos ambientales y sus dudosas ventajas económicas.
Paralelamente, se acaba de aprobar un controvertido puente en una zona
ecológica destacada, cediendo a los pedidos de inversiones inmobiliarios, y por
si fuera poco, ahora amenaza con desmembrar el Ministerio del Ambiente. El
gobierno Mujica no está rompiendo promesas de compromiso ambiental, ya que la
coalición de izquierda es un caso atípico donde en su programa de gobierno
carece de una sección en esos temas, sino que deja en claro que está dispuesto
a sacrificar la Naturaleza para asegurar las inversiones extranjeras.
Estos son sólo algunos ejemplos de las actuales
contradicciones de los gobiernos progresistas. Estas resultan de estrategias de
desarrollo de intensa apropiación de recursos naturales, donde se apuesta a los
altos precios de las materias primas en los mercados globales. Su macroeconomía
está enfocada en el crecimiento económico, atracción de inversiones y promoción
de exportaciones. Se busca que el Estado capte parte de esa riqueza, para
mantenerse a sí mismo, y financiar programas de lucha contra la pobreza.
Bajo ese estilo de desarrollo, la izquierda gobernante no
sabe muy bien qué hacer con los temas ambientales. En algunos discursos
presidenciales se intercalan referencias ecológicas, aparece en capítulos de
ciertos planes de desarrollo, y hasta hay invocaciones a la Pacha Mama. Pero si
somos sinceros, deberá reconocerse que en general las exigencias ambientales
son percibidas como trabas a ese crecimiento económico, y que por ellos se las
considera un freno para la reproducción del aparato estatal y la asistencia
económica a los más necesitados. El progresismo se siente más cómodo con
medidas como las campañas para abandonar el plástico o recambiar los focos de
luz, pero se resiste a los controles ambientales sobre inversores o
exportadores.
Se llega a una gestión ambiental estatal debilitada porque no
puede hincarle el diente a los temas más urticantes. Es que muchos compañeros
de la vieja izquierda que ahora están en el gobierno, en el fondo siguen
soñando con las clásicas ideas del desarrollismo material, y están convencidos
que se deben exprimir al máximo las riquezas ecológicas del continente. Los más
veteranos, y en especial los caudillos, sienten que el ambientalismo es un lujo
que sólo se pueden dar los más ricos, y por eso no es aplicable en América
Latina hasta tanto no se supere la pobreza. Tal vez algunos de esos líderes,
como Lula o Mujica, llegaron muy tarde a ocupar el gobierno, ya que esa
perspectiva es insostenible en pleno siglo XXI.
¿Estas contradicciones significan que estos gobiernos se
volvieron neoliberales? Por cierto que no, y es equivocado caer en
reduccionismos que llevan a calificarlos de esa manera. Siguen siendo gobiernos
de izquierda, ya que buscan recuperar el papel del Estado, expresan un
compromiso popular que esperan atender con políticas públicas y generar cierto
tipo de justicia social. Pero el problema es que han aceptado un tipo de
capitalismo de fuertes impactos ecológicos y sociales, donde sólo son posibles
algunos avances parciales. Más allá de las intenciones, la insistencia en
reducir la justicia social a pagar bonos asistencialistas mensuales los ha
sumido todavía más en la dependencia de exportar materias primas. Es el sueño
de un capitalismo benévolo.
Parecería que el progresismo gobernante sólo puede ser
extractivista, y que éste es el medio privilegiado para sostener al propio
Estado y enfrentar la crisis financiera internacional. Se está perdiendo la
capacidad para nuevas transformaciones, y la obsesión en retener los gobiernos
los hace temerosos y esquivos ante la crítica. Esta es una izquierda al fin,
pero de nuevo tipo, menos roja y mucho más progresista, en el sentido de estar
obsesionada con el progreso económico.
Este tipo de contradicciones explican el distanciamiento
creciente con ambientalistas y otros movimientos sociales, pero también
alimentan la generalización de una desilusión con la incapacidad del
progresismo gobernante en poder ir más allá de ese capitalismo benévolo. Muchos
recuerdan que en un pasado no muy distante, cuando varios de estos actores
estaban en la oposición, reclamaban por la protección de la Naturaleza,
monitoreaba el desempeño de los controles ambientales, y apostaban a superar la
dependencia en exportar materias primas. Esas viejas alianzas rojo – verde,
entre la izquierda y el ambientalismo, se han perdido en prácticamente todos
los países.
Llegados a este punto, es oportuno recodar que, desde la
mirada ambiental, se distingue entre los temas “verdes”, enfocados en áreas
naturales o la protección de la biodiversidad, y la llamada agenda “marrón”,
que debe lidiar con los residuos sólidos, los efluentes industriales o las
emisiones de gases. La mirada verde apunta a la Naturaleza, mientras que la
marrón debe enfrentar los impactos del desarrollismo convencional.
Bajo este contexto, el progresismo gobernante en América del
Sur se está alejando de la izquierda roja y al obsesionarse cada vez más con el
progreso, se vuelve una “izquierda marrón”. La “izquierda marrón” es la que
defiende el extractivismo o celebra los monocultivos. Frente a esa deriva, la
tarea inmediata no está en la renuncia, sino en proseguir las transformaciones
para que la izquierda sea tanto roja como verde.
*Eduardo Gudynas es investigador en CLAES (Centro Latino
Americano de Ecología Social).
1994 Guayana
Esequiba - Zona en Reclamación MARNR Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional 3 Edición
Nota del editor del
blog: Al referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener
en cuenta los 159.500Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo
conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al
Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
Territorios estos
sobre los cuales el gobierno Venezolano en representación de la Nación
venezolana se reservo sus derechos sobre los territorios de la Guayana Esequiba
en su nota del 26 de mayo de 1966 al reconocerse al nuevo Estado de Guyana .
“...por lo tanto,
Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de
la margen derecha del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional,
que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona
que se encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el
territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva
expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de Guyana,
a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento hasta
su desembocadura en el Océano Atlántico...”
Mapa que señala el Espacio de Soberanía Marítima Venezolana que se
reserva, como Mar Territorial mediante el Decreto Presidencial No 1152 del 09 de
Julio de 1968.
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