Tomado de:
Publicado por Stabroek personal El 19 de agosto de 2012 @
5:01 am En Editorial |
Si bien los acontecimientos en Linden estaban al mando de la atención pública,
la Conferencia Nacional de Toshaos Consejo se celebró en Georgetown entre el 6
y el 10 de agosto. En años anteriores se ha generado un mayor interés público
porque no había noticias sobre la magnitud de los problemas en la ciudad minera
de ocultar sus actuaciones. Este año, sin embargo, no mucho salió de él, aunque
la semana pasada, la Región 7 Toshaos emitió un comunicado en relación a sus preocupaciones
sobre la forma en que se realizó, mientras Toshao Salomón Lewis de Kurutuku
posteriormente tuvo algunos comentarios que hacer sobre el tema también.
Todos ellos eran de la opinión de que no se les conceda tiempo suficiente para
plantear sus problemas, aunque los Toshaos de las Regiones 1 y 9 se les dio
tiempo para hablar sobre el apoyo que recibían del gobierno. Esta no es la
primera vez que este tipo de queja escuchada; acusaciones sobre gestionados por
el gobierno sesiones se han realizado en relación con las conferencias
anteriores también.
Una de las principales quejas que tenían previsto retransmitir en la
conferencia se refiere a la minería cerca de sus tierras o en tierras
tradicionalmente utilizadas por ellos. Toshao Lewis fue citado en el periódico
diciendo en una conferencia AFC prensa: "El agua se está contaminando la
destrucción de nuestros peces ... en el momento presente, el pescado que nos
gusta comer, no podemos encontrar ahora. Ellos matan a los peces, matan a los
animales. . No podemos llegar a utilizar agua en cualquier lugar "En su
declaración, la Región 7 Toshaos dijo:" Hay numerosos ejemplos donde los
mineros habilitados con un permiso de sentir que tienen la autoridad para hacer
lo que les plazca. A menudo tienen poco respeto por la autoridad de los
consejos de las aldeas y de las normas de la comunidad y decir abiertamente que
se les ha dado permiso por el GGMC y que el pueblo no puede hacer nada al
respecto. "Se llegó a decir que eran" indignado "por la
concesión de licencias que forman parte del Alto Mazaruni demanda actualmente
ante el tribunal, y que los arrendamientos no deberían ser emitidos hasta la
resolución de la demanda.
Lo hicieron admitir que los amerindios también se dedican a
la minería, pero me dijeron que dicho permiso puede ser revocado por el consejo
de la aldea si era perjudicial. Como están las cosas, los mineros pequeños y
medianos productores tienen que pedir permiso a un consejo de la aldea si
quieren explotar las tierras indígenas; operadores a gran escala, sin embargo,
no lo hacen. La Geología de Guyana y de la Comisión minas pueden emitir
permisos de ellos en los dientes de los amerindios objeciones si lo consideran
estar en el interés público.
Por supuesto, un montón de la Región 7 denuncias se refieren
a los pequeños mineros que operan no en tierras tituladas, pero fuera de ellos,
muy a menudo en las áreas de uso indígena tradicional - donde van a cazar y
pescar, por ejemplo. Un buen número de pueblos amerindios han solicitado
extensiones de sus tierras, y de acuerdo a los informes hay 41 aplicaciones
pendientes. En algunos casos, la tierra aprobada la primera vez no correspondía
a lo que tradicionalmente se considera como la de ellos, era insuficiente para
sus necesidades, no abarcaba las zonas de uso habitual, o es ahora insuficiente
habida cuenta de la creciente población de la aldea. Podría añadirse que tales
extensiones brindaría mayor protección frente a las consecuencias de la
minería.
El asunto ha llegado a la vanguardia porque el gobierno y las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un documento de hace dos
semanas por la que ésta se administre un proyecto para la demarcación y la
extensión de tierras de propiedad amerindia. El proyecto tiene un valor de $
360M, y el dinero en relación con el mismo se deriva de los fondos de Noruega.
Este hecho produjo una reacción inmediata del oro Guyana y Diamante Asociación
de Mineros (GGDMA), que se opuso a las extensiones de la base de que los
pueblos amerindios tienen título a 14% de las tierras de la nación, y la
extensión "propuesta ... resultaría en aproximadamente 35% de Guyana está
disponible ... a un pueblo que representan menos del 10% de la población de
Guyana.
La asociación llegó a acusar al gobierno de miniaturizar el
sector de la minería pequeña y mediana escala, en vista del hecho de que el
sector se ha expandido al ritmo más rápido nunca, y la demanda de tierras
mineras es ahora mayor que nunca. Como tal, por lo tanto, sería de esperar que
el gobierno "aceleraría la emisión de las tierras mineras para asegurar
que el país puede sacar provecho de los altos precios del oro y otros
minerales", en lugar de reducir la tierra disponible para la minería. El
Presidente de la GGDMA Patrick Harding también aludió a la superposición de
extensiones con las propiedades mineras existentes y nombró a cinco áreas a las
que la Asociación ha tomado excepción especial.
Este conflicto particular de intereses creados en el interior
era inevitable, y el gobierno debería haber visto venir hace dos décadas. Es el
alto precio del oro en los últimos tiempos, que ha llevado el tema a un punto
crítico, en particular desde que el Presidente anterior de repente se convirtió
ocupándose de la importancia de preservar el medio ambiente. La industria del
oro ha atraído a un ejército de pequeños mineros en el interior, sobre todo de
aquellas zonas de la costa donde hay alto desempleo. El impacto sobre el medio
ambiente a un lado, el costo de esa afluencia está siendo pagado por los
amerindios. La mayoría de ellos son agricultores de subsistencia, pescadores y
cazadores, y el GGDMA no puede creer que sus miembros tienen un derecho
inalienable a contaminar los ríos y las aguas subterráneas por el uso de
mercurio, o overhunt todos los animales de la selva para su propio uso. Incluso
si el mercurio no es un problema importante, la turbidez del agua causada por
dragas haría inutilizable para beber y lavar los propósitos. Además, el
desprecio mostrado por algunos mineros de los amerindios y sus representantes
es bien sabido, mientras que hay una consecuencia inevitable de la apertura del
interior de forma incontrolada, ya que ejerce presión sobre la cultura
indígena. Dicho esto, por supuesto, también hay que admitir (como se mencionó
anteriormente en el contexto de la declaración de los Toshaos ") que hoy
en día existe un número significativo de los amerindios en algunas áreas
involucradas en la minería a sí mismos.
Desde que el gobierno nunca ha tenido una política interior o
de una política de uso del suelo derivados del mismo, sumado a que el marco
jurídico no está claro, se coloca en la posición de tratar con todos los
problemas que surge sobre una base ad hoc. No es que no todo el mundo tiene un
reclamo legítimo en un nivel u otro, es sólo que esas afirmaciones son, en un
sentido muy general incompatible. Podría haber mitigación de algunos de los
temas mineros si el gobierno estaba dispuesto a invertir en la investigación de
alternativas sin mercurio - si el sector minero le guste o no, habrá
movimientos internacionales en una u otra forma, lo que requerirá la
eliminación gradual del mercurio -, así como en las tasas de recuperación de
oro según lo sugerido por el ex comisario William Woolford GGMC. Una gran
cantidad de trabajos sobre estos deben haber sido hecho ya en otros lugares, se
podría haber pensado.
Tras las quejas fuertes por parte del gobierno del sector
minero ya ha retrocedido en el tema de las concesiones de los ríos, así como el
uso del mercurio. El GGDMA ha acusado al Gobierno de atacar a los pequeños mineros
y mediana escala, pero probablemente no es tanto una cuestión de ellos
específicamente dirigido en un sentido hostil, como el hecho de que conseguir
una reducción en el número de mineros en el interior por razones ambientales,
inevitablemente debe implicar una contracción en el total de los pequeños
mineros. Ya sea como un corresponsal de este diario sugerido, es del todo
factible para los pequeños mineros para formar cooperativas, por ejemplo, con
el fin de que se conviertan en parte de las grandes empresas, simplemente se
desconoce. Si es así, entonces tal vez la asociación podría explorar las formas
en que se podría animar a hacer esto, y los puso en contacto con los
conocimientos necesarios.
En cuanto a las extensiones de tierras amerindias, cada uno tendrá que
examinarse sobre la base de sus méritos, y mientras tanto, el gobierno debe
empezar a trabajar en el desarrollo de una política en relación con la tierra
interior, algunas partes de lo que puede tener que reflejarse en la
legislación. Va a ser un tema polémico, pero al menos todos, entonces estará
claro acerca de lo que las reglas del juego son.
Artículo impreso de Stabroek News:
http://www.stabroeknews.com
URL del artículo:
http://www.stabroeknews.com/2012/opinion/editorial/08/19/amerindians-and-mining/
Amerindians and mining
Posted By Stabroek staff On August 19, 2012 @ 5:01 am In
Editorial | No
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While events in Linden were commanding public attention, the
National Toshaos Council Conference was held in Georgetown between August 6 and
August 10. In previous years it has generated greater public interest
because there was no news on the scale of the troubles in the mining town to
obscure its proceedings. This year, however, not a great deal emerged about it,
although last week, the Region 7 Toshaos released a statement relating to their
concerns about the way in which it was conducted, while Toshao Solomon Lewis of
Kurutuku subsequently had some comments to make on the subject as well.
They all were of the view that they were not accorded
sufficient time to raise their issues, although the Toshaos from Regions 1 and
9 were given extra time to talk about the support they were receiving from the
government. This is not the first time this kind of complaint has been heard;
accusations about government-managed sessions have been made in relation to the
previous conferences as well.
One of the main complaints which they sought to relay at the
conference concerns mining close to their lands, or on lands traditionally used
by them. Toshao Lewis was quoted in our newspaper as saying at an AFC press
conference: “Our water was being polluted destroying our fishes… at the present
moment, the fish that we love to eat we can’t find that now. They kill the
fishes, they kill the animals. We can’t get to use water anywhere.” In
their statement, the Region 7 Toshaos said: “There are numerous examples where
miners empowered with a permit feel that they have the authority to do as they
please. Often they have little regard for the authority of the village councils
and the rules of the community and openly say that they have been given
permission by the GGMC and that the village cannot do anything about it.” They
went on to say that they were “incensed” by the granting of licences which are
part of the Upper Mazaruni lawsuit currently before the court, and that such
leases should not be issued until the resolution of the suit.
They did concede that Amerindians were also engaged in
mining, but they said that such permission can be revoked by the village
council if it was harmful. As things stand, small and medium-scale miners have
to seek permission from a village council if they want to mine on indigenous
lands; large-scale operators, however, do not. The Guyana Geology and Mines
Commission can issue permits to them in the teeth of Amerindian objections if
they deem it to be in the public interest.
Of course a lot of Region 7 complaints concern small miners
operating not on titled lands, but outside them, quite often in areas of
traditional indigenous usage – where they go to hunt and fish, for example.
Quite a number of Amerindian villages have applied for extensions to their lands,
and according to reports there are 41 such applications pending. In some cases,
the land approved the first time around did not correspond to what they
traditionally regarded as theirs, was insufficient for their needs, did not
encompass areas of customary usage, or is now inadequate given the expanding
population of the village. It might be added that such extensions would afford
greater protection from the consequences of mining.
The issue has now come to the forefront because the
government and United Nations Development Programme (UNDP) signed a document
two weeks ago whereby the latter would administer a project for the demarcation
and extension of Amerindian titled lands. The project is worth $360M, and the
money in relation to it derives from the Norway funds. This development
produced an immediate reaction from the Guyana Gold and Diamond Miners
Association (GGDMA), which objected to the extensions on the grounds that the
Amerindian peoples have title to 14% of the nation’s land, and the “proposed
extension… would result in approximately 35% of Guyana being made available… to
a people who represent less than 10% of Guyana’s population.
The association went on to accuse the government of
miniaturizing the small and medium-scale mining sector, in view of the fact
that the industry has been expanding at the fastest rate ever, and the demand
for mining lands is now higher than ever before. As such, therefore, it
would have been expected that government “would hasten the issuing of mining
lands to ensure that the country can capitalize on the current high prices for
gold and other minerals,” rather than reduce the land available for mining. The
President of the GGDMA Patrick Harding also alluded to the overlapping of
extensions with existing mining properties and named five areas to which the
association took especial exception.
This particular conflict of vested interests in the interior
was inevitable, and the government should have seen it coming two decades ago.
It is the high price of gold in recent times which has brought the issue to a
head, more particularly since the previous President suddenly became seized of
the importance of preserving the environment. The gold industry has attracted
an army of small miners into the interior, particularly from those areas on the
coast where there is high unemployment. The impact on the environment aside,
the cost of that influx is being paid by the Amerindians. Most of them
are subsistence farmers, fishers and huntsmen, and the GGDMA cannot believe
that its members have an inalienable right to contaminate rivers or ground
water by the use of mercury, or to overhunt all the animals in the bush for
their own use. Even if mercury is not a major problem, the turbidity of the
water caused by dredges would make it unusable for drinking and washing
purposes. In addition, the contempt shown by some miners for the
Amerindians and their representatives is well known, while there is an
inevitable consequence to the opening up of the interior in an uncontrolled
way, because it puts pressure on indigenous culture. Having said that, of
course, it also has to be admitted (as mentioned above in the context of the
Toshaos’ statement) that nowadays there is a significant number of Amerindians
in some areas involved in mining themselves.
Since the government has never had an interior policy or a
land use policy deriving therefrom, added to which the legislative framework is
unclear, it is placed in the position of dealing with every issue which comes
up on an ad hoc basis. It is not that everyone does not have a legitimate claim
at some level or another, it is just that those claims are in a very general
sense incompatible. There could be mitigation of some of the mining issues if
the government were prepared to invest in research on mercury alternatives –
whether the mining sector likes it or not, there will be international moves in
one form or another which will necessitate the phasing out of mercury – as well
as in gold recovery rates as suggested by former GGMC Commissioner William
Woolford. A lot of work on these must have been done already elsewhere, one
would have thought.
After strong complaints by the mining sector government has
already backed down over the issue of river concessions as well as mercury use.
The GGDMA has accused the government of targeting small and medium-scale
miners, but it is probably not so much a question of specifically targeting
them in a hostile sense, as the fact that getting a reduction in mining numbers
in the interior for environmental reasons, inevitably must involve a
contraction in the total of small miners. Whether as one correspondent to this
newspaper suggested, it is at all feasible for small miners to form
co-operatives, say, in order for them to become part of larger enterprises, is
simply not known. If it is, then perhaps the association could explore the ways
in which they could be encouraged to do this, and put them in touch with the
requisite expertise.
As for the Amerindian land extensions, each will have to be
looked at on the basis of its merits, and in the meantime, the government
should start working on developing a policy in relation to interior land, some
portions of which may have to be reflected in the legislation. It will be a
contentious issue, but at least everyone will then be clear about what the
ground rules are.
Article printed from Stabroek News:
http://www.stabroeknews.com
URL to article:
http://www.stabroeknews.com/2012/opinion/editorial/08/19/amerindians-and-mining/
1994 Guayana Esequiba - Zona en Reclamación
MARNR Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional 3
Edición
Nota del editor del blog: Al
referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta
los 159.500Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con
el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de
Ginebra del 17 de febrero de 1966.
Territorios
estos sobre los cuales el gobierno Venezolano en representación de la Nación
venezolana se reservo sus derechos sobre los territorios de la Guayana Esequiba
en su nota del 26 de mayo de 1966 al reconocerse al nuevo Estado de Guyana .
“...por
lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa
al este de la margen derecha del río Esequibo y reitera ante la comunidad
internacional, que se reserva expresamente sus derechos de soberanía
territorial sobre la zona que se encuentra en la margen izquierda del precitado
río; en consecuencia, el territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual
Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el
nuevo Estado de Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste
desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico...”
Mapa que
señala el Espacio de Soberanía Marítima Venezolana que se reserva, como Mar
Territorial mediante el Decreto Presidencial No 1152 del 09 de
Julio de 1968.
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