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Por Yana Marull (AFP) – hace 21 horas
BRASILIA — Agricultores y ambientalistas se enfrentan en Brasil por la polémica reforma de una ley forestal que flexibilizará la defensa de sus magníficas selvas ante el avance de la agricultura, y cuya votación en el Congreso fue aplazada la madrugada de este jueves tras 20 horas de discusiones.
"Estamos corriendo el riesgo de legalizar las tragedias ambientales de este país", denunció ante el plenario el diputado verde Aluizio dos Santos Junior.
El Código Forestal, que data de 1965, limita el uso agrícola de tierras, obligando a los propietarios en áreas de bosque a mantener una parte intacta, que llega al 80% en la Amazonía.
Los agricultores también tienen que proteger márgenes de ríos y laderas de montañas, considerados vitales para mantener el equilibrio ecológico del país, uno de los de mayor biodiversidad del planeta.
Avido por ampliar la frontera agrícola y acosado por el aumentado rigor de las leyes ambientales, el poderoso sector agropecuario impulsó una reforma del código. Para ello cuenta con una numerosa bancada en el Congreso.
"Las exigencias de ese código son extremas, tenemos que reformarlo para continuar produciendo alimentos para los brasileños y para el mundo", declaró a la AFP el diputado ruralista Luis Carlos Heinze.
El autor de la reforma, el diputado Aldo Rebelo, asegura que más del 90% de propiedades rurales del país incumplen el código y suman un pasivo de 602.500 km2 que tendrían que ser reforestados, a un costo de más de 300.000 millones de dólares. Un estudio de la Universidad de Sao Paulo afirma que la superficie es de 800.000 km2.
El gobierno intenta convertir la reforma en una puesta al día de los agricultores con su deuda ambiental. Es decir, aceptar una flexibilización y fomentar la reforestación de al menos una parte de la selva destruida, garantizando su protección futura.
Pero los ambientalistas aseguran que el texto que llegó la noche del miércoles a la Cámara de Diputados no recuperará suficiente superficie de bosque y promoverá más deforestación, porque es permisivo, su aplicación es incierta, y además exenta de reforestar a los llamados pequeños agricultores, con terrenos de 20 a 400 hectáreas.
"Ese texto es un pasaporte para la deforestación, y esa exención para pequeños agricultores significa entre 150.000 y 300.000 km2 de selva que no serán reforestados; la bancada ruralista consiguió imponerse", dijo a la AFP Paulo Adario, de la ONG Greenpeace.
La reforma enfrenta a políticos de todos los partidos y el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff parece no dominar su amplia mayoría. Rousseff se comprometió en la campaña electoral a no hacer concesiones que permitan más deforestación o pongan en juego los ambiciosos compromisos ambientales internacionales del país.
Debatida hace más de un año, parecía que la definición iba a llegar la noche del miércoles, tras 20 horas de discusiones e incesantes negociaciones en dos días.
Pero la sesión terminó la madrugada de este jueves con la votación postergada para la próxima semana, y un duro intercambio de acusaciones entre el autor de la reforma y la ex candidata presidencial verde Marina Silva, quien ganó 20 millones de votos en las últimas presidenciales.
Brasil, un gigantesco país de 8,5 millones de km2, tiene 5,3 millones de km2 de selvas y bosques, de los que solo 1,7 millones están bajo protección del Estado, y el resto en tierras privadas de productores rurales o sin propiedad definida.
La reforma llega cuando la agropecuaria brasileña se ha convertido en una de las mayores del mundo, con exportaciones récord de 80.000 millones de dólares en 12 meses. Pero también coincide con una sensible reducción del ritmo de deforestación amazónica, que había llegado a devastar 27.000 km2 en 2004 por el avance de la agropecuaria, madereras y la minería ilegales.
La masiva deforestación convirtió a Brasil en el cuarto mayor emisor de gases nocivos del planeta.
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