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miércoles, 18 de diciembre de 2013

La Amazonía debe conservar los recursos hídricos ante los efectos del cambio climático


http://www.iagua.es/noticias/cambio-climatico/13/12/16/la-amazonia-debe-conservar-los-recursos-hidricos-ante-los-efectos-del-cambio-climatico-42090

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Los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) comparten acciones estratégicas comunes para la conservación y el uso racional de los recursos hídricos de la Amazonía ante los retos del cambio climático y su impacto en sus poblaciones, así lo informó el director ejecutivo de esta organización internacional, Mauricio Dorfler.

Es por ello que el Perú, Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, Surinan, Guyana y Ecuador se han unido a través de la OTCA para impulsar juntos el Proyecto Regional “Manejo integrado y sostenible de los recursos hídricos transfronterizos del río Amazonas, considerando la variabilidad y el cambio climático”, conocido como el proyecto GEF Amazonas.

Esta visión regional aspira a manejar una agenda común para la ejecución de acciones estratégicas concretas. Una hoja de ruta que ya ha empezado a delinear algunos proyectos como la implementación del Sistema Integrado de Información sobre recursos hídricos y el Sistema Alerta Temprana frente a eventos extremos en las comunidades de Madre de Dios (Perú), Acre (Brasil) y Pando (Bolivia), el cual estará implementándose el primer trimestre del 2014, entre otros. Este trabajo fue anunciado durante la exposición de los avances alcanzados por la OTCA y los países de la región que convocó a representantes políticos y de instituciones públicas y privadas nacionales, el evento fue organizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Medio Ambiente.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Fernando Rojas encabezó la reunión junto al jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Jorge Montenegro.

Durante su discurso, el embajador Rojas señaló que la región amazónica es una de las mayores reservas de biodiversidad de recursos energéticos y de conocimientos tradicionales y originarios, que constituyen recursos estratégicos, los cuales tenemos la obligación de proteger y utilizar de manera sostenible para un desarrollo inclusivo, frente al cambio climático y otras amenazas ambientales.

Por su parte, el jefe de la ANA expresó que “La cuenca amazónica abarca 7.5 millones de kilómetros cuadrados y concentra el 97% de los recursos hídricos del Perú, siendo considerada una de las más importantes reservas de agua dulce del planeta. Por lo cual, los avances presentados por la OTCA constituyen pasos trascendentales para avanzar hacia el desarrollo de la Amazonía, cuyo pilar será el desarrollo de un sistema de información integrado y de indicadores regionales estándar que facilitarán la toma de decisiones en todos los países.

La articulación de la OTCA con los países miembros se realiza a través de las cancillerías de cada Estado, en el caso de Perú, al trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores se une la Autoridad Nacional del Agua como la máxima institución encargada de la gestión de los recursos hídricos del país y punto focal de la OTCA y el proyecto GEF Amazonas.

Países latinoamericanos se unen para conservar recursos hídricos de la amazonía
http://www.inforegion.pe/medio-ambiente/173986/paises-latinoamericanos-se-unen-para-conservar-recursos-hidricos-de-la-amazonia/
Ya se empezó a desarrollar algunos proyectos como la implementación del Sistema Integrado de Información sobre recursos hídricos y el Sistema Alerta Temprana frente a eventos extremos.

domingo, 8 de septiembre de 2013

Guyana será sede de reunión regional sobre bosques

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1828851&Itemid=1
Deforestaciones en la Guayana Esequiba o Zona en Reclamación foto tomada de:


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Escrito por Roberto Castellanos Fernandez   

05 de septiembre de 2013, 09:58Georgetown, 5 sep (PL) Guyana se alista hoy para la celebración en esta capital de la XXVIII reunión de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe, del 9 al 13 de este mes, reportaron fuentes organizadoras.
Más de 80 delegados de los países del área y representantes de instituciones adscritas a Naciones Unidas participarán en el evento, que se celebrará en el Palacio de Convenciones de Guyana.

La Coflac tiene como objetivo analizar los temas forestales de la región e intercambiar conocimientos y experiencias.

Asimismo, su trabajo incluye la formulación de políticas para el manejo sostenible de los bosques y de flora y fauna silvestres, además de analizar, facilitar y coordinar su ejecución a nivel regional.

Durante la última reunión de la Comisión, en Asunción, Paraguay, en 2012, se hizo hincapié en la importancia de la reforestación ante el incremento de la tala ilegal de árboles y la necesidad de mejorar las condiciones para el desarrollo sostenible de los bosques.

mgt/rob



2005 La Guayana Esequiba – Zona en Reclamación. Instituto Geográfico Simón Bolívar  Primera Edición

Nota del editor del blog: Al referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Territorios estos sobre los cuales el Gobierno Venezolano en representación de la Nación venezolana se reservo sus derechos sobre los territorios de la Guayana Esequiba en su nota del 26 de mayo de 1966 al reconocerse al nuevo Estado de Guyana:

“...por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen derecha del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional, que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que se encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico...”




Mapa que señala el Espacio de Soberanía Marítima Venezolana que se reserva, como Mar Territorial mediante el Decreto Presidencial No 1152 del 09 de Julio de 1968

miércoles, 31 de julio de 2013

SOS: Amazonas para la vida


http://www.entornointeligente.com/articulo/1472375/VENEZUELA-SOS-Amazonas-para-la-vida-29072013

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ENTORNOINTELIGENTE.COM / Las crecientes amenazas que se ciernen en el extenso territorio natural conocido como Amazonas o Amazonía, que hoy día ostenta el título de "Pulmón del Planeta", son los argumentos para que la red PCC de la voz de alarma: "SOS: Amazonas para la Vida", que es una propuesta comunicacional para conocer los diferentes aspectos ecológicos, sociales, económicos, culturales que convergen en la dinámica de este importante ecosistema, destacar sus beneficios tanto para la región latinoamericana como para el mundo y señalar lo que podemos estar perdiendo. Ocho son los países amazónicos: Brasil que tiene la mayor extensión, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana francesa, Suriname y Venezuela.

JUNTOS POR LA VIDA La intención es invitar a esta cruzada a periodistas, fotógrafos y comunicadores en general, así como biólogos, sociólogos, antropólogos y economistas de los países que comparten este ecosistema tan importante para el mundo. Este equipo interdisciplinario podrá abordar las distintas realidades en cada zona, para aportar alternativas y con suerte algunas soluciones. Se busca por otra parte establecer convenios con distintos medios de comunicación e instituciones dedicadas a la preservación del Amazonas para difundir los materiales científicos, informativos y formativos en pro de la preservación de la diversidad de vida.

PORTAL INFORMATIVO La campaña fue lanzada por ECOSCOPIO y aceptada de inmediato por la red PCC a través del portal digital ecoscopioweb.blogspot.com , donde se le ha hecho un seguimiento a la situación de este gran patrimonio natural de la humanidad. El portal colocó y está colocando a la disposición del público varios documentos como por ejemplo, el último reporte del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del gobierno de Brasil, que alerta sobre la deforestación así: "La selva amazónica perdió 464,96 kilómetros cuadrados en mayo de este año, cifra que supera en 4.7 veces al área desforestada en el mismo mes del año pasado (98,85 km cuadrados). El mismo documento indica que: "En los diez primeros meses del actual año pluviométrico, se han desforestado 2.337,79 kilómetros cuadrados de la selva amazónica en Brasil, lo que supone un aumento del 35 % con respecto al mismo período anterior (de agosto 2011 a mayo de 2012). La zona más afectada fue el estado de Mato Grosso, una pujante región agrícola en el sur de la Amazonía, donde se arrasaron 276,92 kilómetros de selva".

PULMÓN AMENAZADO Otros datos que podemos aportar de las investigaciones, es el del Informe: "GEO Amazonía: Perspectivas del Medio Ambiente en la Amazonía", publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), que afirma que en general la Amazonía vive un proceso de degradación ambiental que se expresa en deforestación creciente, pérdida de biodiversidad, contaminación de agua, pueblos indígenas y valores culturales en deterioro, y degradación de la calidad ambiental en las áreas urbanas. Por su parte el 6 de abril de 2006 Greenpeace Internacional presentó el informe "Devorando la Amazonia", el cual habla sobre la deforestación que se está produciendo en la selva amazónica para introducir cultivos de soja que es exportada para la alimentación de ganado que acaba sirviendo de alimento en cadenas de comida rápida y supermercados, hecho que también es alertado a través de informes del Center for International Forestry Research (CIFOR).

REPRESAS Y FUTURO Otro de los graves problemas que persisten hoy en día son los proyectos de creación de represas, como la de Belo Monte en Brasil, en la que se estima devastar una inmensa cantidad de territorio, incluyendo cuencas naturales de agua y biodiversidad. En el 2007, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Bali, la World Wide Fund for Nature (WWF) hizo una predicción catastrófica: "Para el año 2030 casi el 60% del bosque amazónico podría ser destruido debido al círculo vicioso generado por el cambio climático y la deforestación".

* Periodista fundador de Ecoscopio y miembro de la red de PCC
www.entornointeligente.com

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2005 La Guayana Esequiba – Zona en Reclamación. Instituto Geográfico Simón Bolívar  Primera Edición

Nota del editor del blog: Al referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Territorios estos sobre los cuales el Gobierno Venezolano en representación de la Nación venezolana se reservo sus derechos sobre los territorios de la Guayana Esequiba en su nota del 26 de mayo de 1966 al reconocerse al nuevo Estado de Guyana:

“...por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen derecha del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional, que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que se encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico...”



Mapa que señala el Espacio de Soberanía Marítima Venezolana que se reserva, como Mar Territorial mediante el Decreto Presidencial No 1152 del 09 de Julio de 1968

viernes, 28 de junio de 2013

Amazonía e inversión


http://www.larepublica.pe/columnistas/globalizaciones/amazonia-e-inversion-26-06-2013

Amazonía e inversión
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Jueves, 27 de junio de 2013 | 4:30 am
52 centrales hidroeléctricas en la cuenca amazónica, 53 lotes petroleros concedidos, 24.818 derechos mineros titulados, casi 4.500 de km de carreteras mejoradas y 2.089 asfaltados, hasta 7 proyectos de ferrovías, 4.213 km de hidrovías, 483.581 hectáreas de plantaciones nuevas para biocombustibles, triplicar las hectáreas concesionadas para el manejo forestal, entre otros. Esta larga lista presenta las principales propuestas de inversión en infraestructura y extracción de recursos para la Amazonía peruana hasta el 2021 (Dourojeanni,  2010).

Inversión, obras, modernidad, interconectividad. Seguro muchos contentos. Este, constituye el paquete de iniciativas más sensibles que nunca antes asumió la Amazonía y expresa el enfoque con el que se valora su potencial: la explotación de recursos para exportación, explotar su potencial hidroeléctrico. Obvia la sensibilidad de los ecosistemas amazónicos y los enormes impactos sociales y ambientales que en solo 10 años podría sufrir la Amazonía peruana. ¿Cuál es la lógica con la que se priorizan estos proyectos?


lunes, 29 de abril de 2013

Salvaguardias en esquemas de financiación de la REDD+


http://www.forestpeoples.org/es/topics/fondo-cooperativo-para-el-carbono-de-los-bosques-fcpf-del-banco-mundial/news/2013/04/salvagua


29 Abril de, 2013
Entre los muchos aspectos de la REDD+[i] sometidos a escrutinio por organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil, el que continúa suscitando mayor preocupación es el de las salvaguardias y su aplicación. Esto es particularmente cierto en el actual debate sobre la REDD+ y su grado de implementación y puesta en práctica. Desde 2010, cuando la 16. ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) adoptó su decisión sobre la REDD+ y las correspondientes salvaguardias, se ha desarrollado un proceso continuo de elaboraciones, negociaciones y ajustes a varios niveles. El debate sobre las salvaguardias se ha convertido tanto en una oportunidad para que los pueblos indígenas y la sociedad civil refuercen sus peticiones de respeto de los derechos y normas reconocidos internacionalmente, como en una oportunidad para que los donantes exijan el cumplimiento de las mismas para el uso de los fondos transferidos a países REDD+. Al igual que con otras cuestiones relacionadas con la REDD+, el debate sobre las salvaguardias ha evolucionado de una manera muy compleja y se ha bifurcado en dos corrientes. Una corriente tiene la finalidad de establecer normas e instrumentos para evitar que la REDD+ cause daños al medio ambiente y los pueblos de los bosques, y la otra tiene la finalidad de asegurar una evaluación adecuada de los posibles beneficios, conocida en la jerga técnica como enfoque de «hacer el bien».

A medida que todo el debate sobre las salvaguardias pasó de una elaboración teórica a la traducción de principios en herramientas operativas, empezaron a surgir los problemas. Entre dichos problemas se incluye una falta de capacidad e interés por parte de las agencias gubernamentales a nivel nacional y preguntas sobre los excesivos costos de las transacciones. Estos «problemas» suponen un riesgo considerable de debilitamiento de las salvaguardias, con la intención manifiesta de acelerar el desembolso de fondos para la preparación. Con el fin de comprender completamente la importancia de esta situación, merece la pena volver atrás y reconstruir el proceso que condujo a la creación de varios mecanismos y regímenes de salvaguardias en diferentes iniciativas relacionadas con la REDD+, como por ejemplo el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), el Programa de Inversión Forestal (PIF) y el Programa ONU-REDD.

Los Acuerdos de Cancún adoptados por la CP 16 de la CMNUCC incluyen una serie de salvaguardias que deberían ser tenidas en cuenta en políticas, programas y proyectos de REDD+. En lo que respecta a pueblos indígenas, las salvaguardias señalaban la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI) y proporcionaban protecciones que iban desde asegurar su participación plena y efectiva a respetar «los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales». La CMNUCC también adoptó un plan de trabajo para uno de sus órganos subsidiarios (el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico u OSACT) que prepararía orientación referente a un sistema de información sobre cómo se abordarían y respetarían las salvaguardias.

Tras algunas disputas diplomáticas, las Partes adoptaron un texto que proporciona un importante respaldo político a la relevancia de las salvaguardias sociales y ambientales en la REDD+, así como a la relevancia de las obligaciones e instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos, como la DNUDPI, aunque condicionados a las circunstancias y leyes nacionales. A pesar de sus limitaciones, tal formulación ofreció espacio para continuar elaborando salvaguardias dentro de los diferentes programas e iniciativas de REDD+ en curso.

Una de esas iniciativas es el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, que en su documento constitutivo reconoce la obligación de respetar los derechos de los pueblos indígenas. Una vez adoptados los Acuerdos de Cancún, el FCPF se esforzó más en desarrollar su propio régimen de salvaguardias. Cabe señalar que la naturaleza específica de las actividades respaldadas por el FCPF, sobre todo planes de preparación para la REDD+ en lugar de proyectos, llevaron a la «reelaboración» y adaptación de los regímenes tradicionales de salvaguardias, como los del Banco Mundial, hasta convertirlos en herramientas más analíticas y diagnósticas, como la evaluación ambiental y social estratégica (EASE).

La finalidad de la EASE es anticipar posibles daños y oportunidades relacionados con la REDD+, muy temprano en el ciclo de planificación, e identificar las salvaguardias que habría que aplicar. Con sus herramientas de análisis y diagnóstico, las EASE deberían haber ofrecido un espacio para que los pueblos indígenas elaborasen y efectuasen aportaciones sustanciales sobre las formas de asegurar que la REDD+ no afecte negativamente sus medios de vida y derechos. Sin embargo, hasta ahora la intervención de los pueblos indígenas en la definición de los términos de referencia de las EASE y el correspondiente marco de gestión ambiental y social ha sido muy irregular. Cabe destacar que una de las salvaguardias que efectivamente es aplicable al proceso de preparación para la REDD+ se refiere al acceso a la información y la participación del público. Por lo tanto la prolongada falta de participación adecuada y de acceso adecuado a la información que se ha constatado en algunos países infringe las salvaguardias pertinentes.
El FCPF en sí también ha cambiado. En un principio el FCPF fue establecido como plan de financiación principalmente dentro del Banco Mundial (con el Banco como administrador fiduciario), pero se ha convertido en un mecanismo de financiación más complejo. Aunque el Banco sigue siendo el administrador fiduciario, la financiación del FCPF puede ser entregada a través de una serie de «socios ejecutores», entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés). Esta expansión por medio de socios ejecutores significó que se necesitaba un mayor esfuerzo para dar un enfoque común a las salvaguardias. El patrón adoptado por el FCPF, el BID y el PNUD (la FAO sigue retrasada en su proceso de alineación) prevé que las normas y salvaguardias más estrictas se aplicarían en caso de divergencia entre las normas del socio ejecutor y las del Banco Mundial, y que en cualquier caso la norma de este último sería el umbral mínimo. Eso significa que en aquellos casos en los que el PNUD sea el socio ejecutor (y por tanto sean casos cimentados en un enfoque basado en los derechos), se aplicaría la DNUDPI y concretamente sus disposiciones sobre el consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Pero por el momento, como casi todas las actividades de preparación para la REDD+ aún están en proceso de elaboración, no existen pruebas claras de que se estén cumpliendo las normas o no. Al contrario, según la reciente Evaluación de las necesidades de los países miembro de ONU-REDD y del FCPF relativa a la preparación para REDD+ (2012), el subcomponente de las salvaguardias y la consulta pública así como el seguimiento, la notificación y la verificación requieren aún más apoyo. La evaluación subrayaba que: «El subcomponente sobre salvaguardas también fue una esfera de alta prioridad, en particular en los países de Asia y América Latina, e incluso en África el índice de respuesta fue superior al 60%» (traducción no oficial).[ii]

El Programa de Inversión Forestal ha seguido un patrón parecido al del FCPF, según el cual cada banco multilateral de desarrollo (BMD) es responsable del uso de fondos transferidos por el Banco Mundial de acuerdo con su propio marco fiduciario, políticas, directrices y procedimientos. Es más, los procesos de aprobación y supervisión de la programación del PIF seguirán las políticas y procedimientos del BMD pertinente. Sin embargo el FIP no ha elaborado un enfoque común para asegurar la coherencia entre las políticas y salvaguardias del administrador fiduciario (el Banco) y las de los otros BMD. La falta de un marco de salvaguardias normalizado y coherente plantea retos importantes en lo que respecta tanto a la obligación de rendir cuentas como a la coherencia, dentro del propio PIF y entre el PIF, el FCPF y el Programa ONU-REDD.

En lo que respecta al Programa ONU-REDD, las salvaguardias han sido enfocadas de otra manera. De hecho, el Programa ONU-REDD adoptó un conjunto de documentos de orientación y directrices relacionados con la participación de las partes interesadas que incluyen el requisito de asegurar el CLPI de los pueblos indígenas, y los Principios y Criterios Sociales y Ambientales (PCSA), que utilizan un «enfoque basado en los derechos». Las directrices son aplicables a organismos de la ONU en su calidad de socios ejecutores múltiples. Los PCSA se apoyan en tres principios: asuntos sociales, coherencia en las políticas ambientales y asuntos ambientales. Contienen una serie de disposiciones pertinentes para los pueblos indígenas, por ejemplo el requisito de garantizar su participación plena y efectiva, el de respetar y promover sus derechos a la tierra, territorios y recursos, el de procurar su consentimiento libre, previo e informado y el de reconocer los conocimientos y los medios de vida tradicionales. No obstante, aún no se ha terminado ni adoptado la herramienta de evaluación de beneficios y riesgos asociada a los PCSA, lo cual podría perjudicar gravemente a la aplicación de estos.[iii]

Aumenta la preocupación por el escaso cumplimiento de las salvaguardias
Por lo tanto parece que está surgiendo un patrón recurrente a varios niveles. Si bien sobre el papel la traducción del mandato político de la CMNUCC en lo que se refiere a salvaguardias parece haber conducido a algunos logros importantes en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, a la hora de hacerlos operativos e implementarlos la situación no es tan alentadora.

El FCPF ha recibido múltiples quejas por parte de los pueblos indígenas y la sociedad civil a causa de la violación de las normas del Banco sobre la participación pública y de la contravención de sus propias directrices de participación y consulta. En Honduras, por ejemplo, algunas organizaciones comunitarias han rechazado abierta y completamente las propuestas de preparación del gobierno debido a que no ha habido un proceso de consulta y a que no se han asegurado políticas inclusivas.[iv] En países como Surinam, a pesar de las repetidas reiteraciones de propuestas nacionales para la preparación, los planes del gobierno para la REDD+ siguen omitiendo medidas significativas para defender los derechos a la tierra y los territorios de los pueblos de los bosques.[v]

En febrero de 2013 las organizaciones indígenas de Panamá se retiraron del Programa Conjunto de ONU-REDD en Panamá debido a las preocupaciones que les suscita desde hace tiempo que ni la ONU ni el gobierno aseguren la participación efectiva de los pueblos indígenas, y que no haya medidas efectivas y oportunas para defender el CLPI y asegurar el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.[vi] En la actualidad, la ONU tiene previsto investigar la denuncia para averiguar qué es lo que ha salido tan mal en el programa nacional.[vii] 

El Programa ONU-REDD también está enfrentando problemas en Indonesia y otras partes de Asia. El programa admite que los procesos de obtención del CLPI en Vietnam han sido defectuosos (no se han explicado los riesgos y costos de la REDD+ a las comunidades). En el proyecto piloto de REDD+ iniciado como parte del programa en Sulawesi Central, Indonesia, la población local se queja de que todavía no hay un proceso significativo para obtener su CLPI. Además, hasta ahora este mismo proyecto piloto apenas ha prestado atención a asegurar los derechos territoriales y los derechos sobre los recursos, y se ha centrado en un enfoque excluyente de la conservación de los bosques obsoleto, que ha suscitado intensas críticas por parte de las comunidades afectadas.

En Perú la organización de pueblos indígenas amazónicos AIDESEP está cada vez más preocupada por el tratamiento de los derechos y las cuestiones relativas a la tierra en el proceso de elaboración de una estrategia nacional de inversión forestal financiada por el Programa de Inversión Forestal. En resumen, AIDESEP se siente consternada por el hecho de que se rompieron las promesas anteriores de abordar la tenencia de la tierra con presupuestos nacionales adecuados para la demarcación y el otorgamiento de títulos de propiedad, cuando a principios de 2013 el gobierno modificó unilateralmente el plan de inversión sin consultar. Ahora AIDESEP está considerando la posibilidad de utilizar varios mecanismos de denuncia si sus motivos de preocupación referentes a las salvaguardias no son atendidos.[viii] 

Los motivos de preocupación de la comunidad en relación con la falta de implementación oportuna y eficaz de las salvaguardias están siendo crecientemente respaldados por verificadores independientes. En Guyana, por ejemplo, el órgano de verificación del memorando de entendimiento sobre la REDD+ entre Guyana y Noruega descubrió en noviembre de 2012 que al cabo de tres años Guyana no había tomado medidas adecuadas para defender los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y que la formulación de políticas de REDD+ sostenibles en el país sigue adoleciendo de consultas públicas ineficaces y una falta de transparencia.[ix]

La aplicación de orientación sobre el sistema de información sobre salvaguardias, así como sobre el seguimiento, la notificación y verificación de su aplicación en la financiación de la REDD+ en el marco de la CMNUCC, ofrece más pruebas cruciales de que las naciones forestales están actuando lentamente para cumplir las obligaciones que han contraído en virtud de la Convención. Asimismo indica que para ser efectivo un régimen de salvaguardias debe estar cimentado en leyes nacionales pertinentes y en reformas jurídicas y de la gobernanza conexas (como en el caso de la tenencia de la tierra o el CLPI). En muchos países estos procesos aún están dando sus primeros pasos o ni siquiera han empezado. Hay indicios de que el lento ritmo de actuación en lo que se refiere a las salvaguardias puede deberse a una grave falta de capacidad gubernamental para atender cuestiones relacionadas con ellas y con la presentación de informes.

Una serie de pueblos indígenas y ONG, entre ellas el FPP, están resaltando que para que un sistema nacional de salvaguardias sea eficaz tiene que estar ligado a un sólido y efectivo marco de cumplimiento que incluya indicadores de los resultados de la aplicación de las salvaguardias. Lamentablemente es algo a lo que la mayoría de los países de la CMNUCC se oponen firmemente, ya sea para facilitar el acceso a los fondos, proteger su propio espacio «soberano» o acelerar los procesos de preparación con el fin de empezar a implementar los proyectos y beneficiarse de los pagos por almacenamiento de carbono resultantes.
A no ser que los países forestales empiecen a prestar atención a las peticiones de los pueblos indígenas y las organizaciones de justicia social para que actúen con mayor contundencia en lo que respecta a las salvaguardias, es probable que haya más denuncias como la dirigida recientemente al Programa ONU-REDD en Panamá. Por el momento la sociedad civil y los pueblos indígenas continúan pidiendo que las salvaguardias sean cimentadas en un fuerte marco de cumplimiento que incluya el reconocimiento del derecho al CLPI, mecanismos efectivos y accesibles de reclamación y denuncia, sólidas reformas de la gobernanza (sobre todo reconociendo los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, territorios y recursos), y planes de supervisión por parte de las comunidades ) que cuenten con el reconocimiento y el apoyo de las instituciones de financiación y los gobiernos, y que incluyan indicadores de los resultados de la aplicación de las salvaguardias.

Francesco Martone y Tom Griffiths

[i] Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo
[iv] Véase, por ejemplo, la carta que COPINH, de Honduras, envió al FCPF en agosto de 2012: http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/carta%20SOBRE%20PROYECTOS%20REDD%20HONDURAS%20final.pdf
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La política de bosques del Banco Mundial


http://www.forestpeoples.org/es/topics/politica-forestal-del-banco-mundial-opbp-436/news/2013/04/la-politica-de-bosques-del-banco-mu

Tomado de:


29 Abril de, 2013
Mientras el Banco Mundial examina sus normas medioambientales y sociales, no debemos dejar pasar una gran oportunidad para revisar su enfoque de los bosques

Los impactos negativos de proyectos financiados por el Banco Mundial en bosques tropicales han sido durante décadas motivo de preocupación para la sociedad civil y los pueblos de los bosques. En los años 80 del siglo pasado, los megaproyectos del Banco Mundial en el Amazonas y en Indonesia en apoyo de proyectos de infraestructura, colonización agrícola y transmigración fueron muy criticados por el público. Eso a su vez generó una presión política que fue clave para que el Grupo del Banco Mundial adoptase normas sociales y medioambientales obligatorias, conocidas como salvaguardias, para demostrar su compromiso con la prevención de daños a los pueblos y al medio ambiente (Ver artículo n.° 1).

El Banco adoptó la primera política de salvaguardia específica de los bosques en 1991. Esta representó un nuevo enfoque al prometer enfocarse en la reducción de la pobreza y el respeto de los derechos locales. También introdujo la prohibición de financiar explotaciones forestales a gran escala en bosques tropicales húmedos primarios. Sin embargo, la oposición dentro del propio Banco a esta política fue fuerte desde el principio. La dirección del Banco alegó que la política era demasiado conservacionista y que la prohibición sobre el apoyo prestado por el Banco a la explotación forestal a escala industrial había tenido un «efecto paralizador» en sus préstamos. Asimismo argumentó que la política estaba impidiendo que la institución favoreciese una reforma positiva del sector forestal. Aunque una evaluación realizada por el grupo de evaluación del propio Banco reveló que la falta sistemática de supervisión de la implementación de los proyectos era el principal problema[i], la dirección del Banco no abordó los problemas relacionados con el cumplimiento de la salvaguardia. En vez de eso y tras un prolongado proceso de examen de dicha aplicación y de elaboración de una estrategia, el Banco Mundial produjo la política de bosques de 1991, y en 2002 adoptó una política en materia de salvaguardias l y una estrategia forestal revisadas. La nueva política levantó la prohibición de financiar operaciones de explotación forestal a escala industrial, siempre y cuando se obtuviese una certificación independiente del aprovechamiento sostenible de los bosques o hubiese un plan para conseguir dicha certificación más adelante. Al mismo tiempo la política de 2002 estableció la regla de que el Banco no podía financiar «actividades de explotación comercial» en bosques «críticos», pero no especificó quién definiría una zona como «bosque crítico» (OP 4.36, párrafos 8, 9 y 10).[ii]

Problemas de la política y la estrategia existentes: en aquel momento varias ONG, entre ellas el FPP, señalaron graves problemas y lagunas en la política y la estrategia forestal del Banco, así como en su política sobre hábitats naturales relacionada (OP 4.04), que a día de hoy siguen sin estar solucionados. Los principales problemas pendientes son:

La falta de protecciones adecuadas de los derechos sobre la tierra y los recursos de las comunidades no indígenas que dependen de los bosques.

La falta de un enfoque multisectorial de los bosques que asegure que todos los tipos de programas del Grupo del Banco Mundial, incluidos los proyectos en los sectores de la energía y el transporte, sean coherentes con la protección de los bosques.

La existencia de grandes lagunas en la política sobre hábitats naturales que permiten operaciones de explotación forestal, el desmonte y las actividades de desarrollo en hábitats críticos (y por lo tanto socavan la salvaguardia de los «bosques críticos»).

La exclusión de la cobertura de salvaguardia para los préstamos relativos a las políticas de desarrollo y otras formas de financiamiento programático.

La dependencia en normas de certificación inciertas.[iii]
Además de resaltar estas brechas, las ONG apelaron repetidamente al Banco para que evaluase la aplicación de su política sobre hábitats naturales con el fin de aprender lecciones y establecer con exactitud las formas de implementar la salvaguardia de hábitats críticos con eficacia. En vista de la controversia que rodeaba a esta política, el Banco Mundial prometió que formaría un grupo de asesores externos para asegurar la transparencia y proporcionar orientación independiente para la aplicación de la política, Además, establecería un nuevo mecanismo para tratar los bosques en préstamos de ajuste y crearía un libro de consulta (manual) para explicar al personal y a los prestatarios cómo deberían aplicarse la salvaguardia de bosques críticos, mientras que la Corporación Financiera Internacional (CFI) adoptaría una versión revisada de la política para préstamos del sector privado al sector forestal.

Escaso seguimiento: aunque efectivamente el Banco formó el Grupo Asesor Externo en 2003,[iv] su impacto en las operaciones de este no ha sido significativo. Las comunicaciones recientes en las que este Grupo pide al Banco que adopte normas sobre los derechos humanos internacionales, incluyendo el alineamiento de sus políticas con la DNUDPI[v], no han recibido respuesta hasta la fecha.[vi] Otras promesas se han roto o no han sido cumplidas todavía.

La CFI nunca adoptó la política como norma diferenciada, sino que absorbió a los bosques en su norma de desempeño 6 en la «Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de recursos naturales vivos».[vii] Esta norma de la CFI tiene grandes lagunas que permiten la conversión de bosques naturales para operaciones de desarrollo industrial e incluso permite la financiación de actividades que destruyen hábitats críticos siempre que haya un plan de compensación, a pesar de que las compensaciones de diversidad biológica son muy controvertidas.[viii] El Libro Sourcebook on Forests (Libro de Consulta sobre los Bosques) fue finalmente publicado en el 2008[ix], pero la política del Banco sobre el financiamiento para políticas de desarrollo de 2004 solo menciona los bosques de pasada y solo incluye requisitos mínimos para abordar los posibles impactos negativos en los bosques y los pueblos que dependen de ellos (OP 8.60 en el párrafo 11).[x] A pesar de repetidas peticiones, la aplicación de la salvaguardia del Banco Mundial para hábitats naturales no ha sido evaluada (examen de implementación) por el grupo de evaluación del propio Banco.

Avances en la dirección correcta: a pesar de las graves deficiencias anteriormente mencionadas, el Banco ha realizado algunos avances en su colaboración con el sector forestal. Entre ellos se incluyen proyectos progresistas de gestión forestal basados en las comunidades en México, esfuerzos de apoyo a las comunidades a través de Growing Forest Partnerships (GFP), capacitación y apoyo para la aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT por sus siglas en inglés) a través del Programa sobre Bosques (PROFOR), y esfuerzos recientes para establecer un mecanismo dedicado a subvenciones para pueblos de los bosques en el marco del Programa de Inversión Forestal (PIF) del Banco Mundial, así como una útil labor analítica sobre la gobernanza de los bosques. Esta última labor incluye un importante estudio del significativo papel de la explotación ilegal de los bosques en muchos países que son clientes del Banco. En dicho estudio se insta al Banco (y otros organismos de fomento del desarrollo) a ayudar a los países a fortalecer sus sistemas de justicia penal y de lucha contra el blanqueo de dinero.[xi] Asimismo cabe señalar que el PIF prohíbe apoyar la conversión, deforestación o degradación de bosques naturales mediante, inter alia, la explotación forestal industrial y las plantaciones de árboles (documento de diseño del PIFP).[xii] Lamentablemente estas importantes iniciativas no están integradas en la cartera global sobre bosques del Banco. Una deficiente implementación de las salvaguardias y un tratamiento ineficaz de la pobreza y problemas sociales continúan afectando el enfoque que el Banco da a los bosques. Un ejemplo son los proyectos de gestión forestal en Asia, que iban a ser participativos, pero no han potenciado a las comunidades e incluso han incluido programas de reasentamiento que les han perjudicado.[xiii]

Problemas continuos de aplicación y estrategia errónea: los problemas de la aplicación de las salvaguardias forestales y políticas conexas del Banco están bien documentados en evaluaciones oficiales, informes de la sociedad civil y quejas de comunidades presentadas ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Panel de Inspección.[xiv] El examen de la estrategia forestal realizado en 2007 entre períodos de sesiones, por ejemplo, reveló que los problemas relacionados con la pobreza y los posibles impactos sociales adversos no habían recibido la debida atención en los proyectos del Banco ni en sus análisis económicos y sectoriales. También reveló que el personal del Banco Mundial tendía a tratar las políticas de salvaguardia como obstáculos para el procesamiento de los proyectos, en vez de verlos como instrumentos clave para reducir riesgos y mejorar los resultados en lo que respecta al desarrollo.[xv] Un examen reciente del Grupo de Evaluación Independiente (GEI) ha revelado problemas parecidos debidos a una aplicación deficiente, y no ha encontrado pruebas de que el apoyo del Banco para políticas e inversiones a favor de concesiones madereras industriales haya contribuido al desarrollo sostenible (recuadro abajo).[xvi]

Algunos hallazgos clave de la evaluación de la colaboración del Banco Mundial con el sector forestal realizada por el GEI en 2013[xvii]

La atención prestada a la pobreza rural ha estado ausente de las reformas de las concesiones apoyadas por el Banco Mundial.

Solamente 2 de los 37 proyectos en zonas forestales protegidas consiguieron los objetivos previstos en relación con los medios de vida.

En tres cuartas partes de los proyectos en zonas forestales protegidas se aplicó la OP 4.12 (Reasentamiento involuntario), pero solo dos informaron si los impactos negativos en los medios de vida habían sido mitigados o no.

Menos de la mitad de los proyectos financiados por el Banco en los que se utiliza madera de bosques naturales o plantados consiguieron la certificación exigida.

Los sistemas de supervisión y presentación de informes de los proyectos forestales no son suficientes para evaluar si el Banco está apoyando la gestión forestal de una manera ambiental y socialmente sostenible.

Las consideraciones de género no han sido adecuadamente abordadas.
En la mayoría de los proyectos no se tuvieron debidamente en cuenta las cuestiones y los retos del cambio climático.

Entre otras recomendaciones de su evaluación de 2013, el GEI aconsejó que el Banco debería llevar a cabo un examen riguroso de las reformas de concesiones y los proyectos de explotación forestal comercial que financia, para verificar que el modelo de concesión para el desarrollo forestal ha contribuido a reducir la pobreza, y luego encauzar nuevas revisiones de las políticas y estrategias del Banco para el sector forestal. En febrero de 2013 la dirección del Banco y el Comité sobre la Eficacia en Términos de Desarrollo (CODE por sus siglas en inglés) del Directorio Ejecutivo rechazaron rotundamente esta recomendación. La dirección del Banco repudió gran parte de las conclusiones del GEI alegando que estaban basadas en errores metodológicos en la evaluación.[xviii] Según parece una vez más los objetivos internos de préstamo del Banco están teniendo preferencia sobre las lecciones aprendidas con experiencias pasadas y sobre el afianzamiento de resultados que contribuyan a un desarrollo social y medioambiental sostenible.

Reformas profundas necesarias para conseguir resultados sostenibles
Una serie de ONG, entre ellas el FPP y Urgewald, están presionando al Banco Mundial para que utilice el actual proceso de examen y actualización de sus salvaguardias (ver artículo 5) con el fin de fortalecer su marco de salvaguardias para los bosques y los pueblos que dependen de ellos. En resumen, estas organizaciones de la sociedad civil están enfatizando la necesidad de que el Banco Mundial:
Mejore las disposiciones de vigilancia, supervisión y cumplimiento tanto de sus sistemas como de los sistemas de los prestatarios para asegurar la aplicación efectiva de las salvaguardias relacionadas con los bosques en los proyectos y programas del Banco, incluidos el seguimiento de la gobernanza, los resultados relacionados con la pobreza y los medios de vida.

Se centre en promover reformas del sector forestal y la tenencia de la tierra que aseguren a las comunidades la titularidad y el control de los bosques comunitarios, zonas comunitarias conservadas y territorios forestales de pueblos indígenas, incluyendo medidas para reconocer y proteger los derechos consuetudinarios.

Asegure la participación efectiva y la intervención de los pueblos y las comunidades de los bosques en esfuerzos de identificación y lucha contra los impulsores directos e indirectos de la deforestación, incluyendo medidas para asegurar derechos territoriales consuetudinarios.

Preste especial atención a los impactos en el género de los proyectos y programas del Banco que afectan a los bosques.
Desvíe la financiación que ahora dedica a operaciones de explotación forestal a escala industrial hacia la gestión forestal basada en las comunidades y el empoderamiento de los pueblos de los bosques, basándose en la tenencia segura de la tierra y en el respeto de los derechos de esos pueblos, las cuales han demostrado ser medidas eficaces para proteger los bosques. [xix]

Utilice medidas más contundentes para identificar y proteger bosques de alto valor para la conservación en sus proyectos, en cooperación con pueblos de los bosques y organizaciones de la sociedad civil.

Adopte un enfoque genuinamente multisectorial de la protección de los bosques, abordando los impulsores de la deforestación, incluyendo su propio apoyo a los agronegocios, las industrias extractivas y los programas de infraestructura.

Amplíe el alcance de una política revisada de salvaguardia de los bosques más allá de los préstamos para inversiones, incluyendo la extensión de la cobertura de la política, a los préstamos para políticas de desarrollo y otros instrumentos de préstamo del Banco.

El Grupo del Banco Mundial necesita atender todas las recomendaciones anteriores para asegurar salvaguardias fortalecidas que protejan los bosques, los pueblos que dependen de ellos y los hábitats naturales. El Banco debe mantener y revisar una política operacional específica para los bosques que evite impactos sociales y medioambientales negativos y promueva el desarrollo forestal sostenible.
Tom Griffiths (FPP) y Korinna Horta (Urgewald)


[i] Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO). A Review of the World Bank's 1991 Forest Strategy and its Implementation. Banco Mundial, 13 de enero de 2000 (solamente disponible en inglés).


[iii] Carrere, R. y Colchester M. «The World Bank and forests: a tissue of lies and deception». En Broken Promises: how World Bank Group policies and practice fail to protect forests and forest peoples’ rights. FPP-WRM-RF-UK-EDF--Global Witness, 2005. p. 4-5 (solamente disponible en inglés): http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/wbforestsjointpubapr05eng.pdf.; o la versión en español: El Banco Mundial y los Bosques: mentiras y engaños, disponible en: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Comercio_Biopirateria_y_Derechos_de_Propiedad_Intelectual/El_Banco_Mundial_y_los_bosques_mentiras_y_enganos


[v] Grupo Asesor Externo: Carta a la Vicepresidenta de la Red de Desarrollo Sostenible sobre la implementación de la estrategia de bosques del Banco Mundial, 30 de noviembre de 2011 (solamente disponible en inglés).

[vi] La respuesta del Banco al Grupo Asesor Externo con fecha de marzo de 2012 no abordó las cuestiones planteadas en relación con los derechos, sino que dio una respuesta selectiva a otras cuestiones (p. ej. la aplicación de un enfoque de paisaje a los bosques). Ver http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/Resources/RK-EAG-response-March2012.pdf (solamente disponible en inglés).


[viii] Para obtener información sobre los problemas que plantean las compensaciones de diversidad biológica, ver, por ejemplo, FPP (2011) Submission to the Convention on Biological Diversity relating to innovative financial mechanisms and the rights of indigenous peoples and local communities: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/FPP%20submission%20to%20CBD_July_2011_final_version.pdf



[xi] Pereira Gonclaves, M., Panjer, M., Greenberg, T. S. y Magrath, W. B. Justice in the Forests: Improving criminal justice efforts to combat illegal logging. Washington D. C.: Banco Mundial, 2012; Castro T. y Pillai, M. Forest Governance 2.0: a primer on ICT and governance. Washington D. C.: PROFOR, 2011 (solamente disponible en inglés).


[xiii] GEI. Project Performance Assessment Report. India Integrated Watershed Development Project; Karnataka Watershed Development Project; Andhra Pradesh Community Forestry Management Project; and Managing Watershed Externalities in India Project. Washington D.C.: Banco Mundial, 2011 (solamente disponible en inglés).
[xiv] Carta de queja del Sustainable Development Institute con fecha del 24 de septiembre de 2010 con el siguiente asunto: «Regarding: Request for Inspection, the Development Forest Sector Management Project (Liberia)»: http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/01_SDI_Complaint.pdf, y carta de queja con el siguiente asunto: «New Forests Company, Namwasa Plantation; IFC financing via Agri-Vie Fund PCC (Project Number: 27674)»: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/Complaint_AgriVie_MubendeNamwasa_122011_web.pdf. Ver también http://www.illegal-logging.info/uploads/WB_Inspection_Panel_Cambodia.pdf (solamente disponibles en inglés).

[xv] Contreras Hermosilla, A. y Simula, M. Mid-term Review of Implementation of the World Bank Forest Strategy IEG. Washington D.C.: Banco Mundial, 2007 (solamente disponible en inglés).

[xvi] GEI. Managing Forest Resources for Sustainable Development: An Evaluation of World Bank Group Experience. Washington D. C.: GEI, 2013: 

[xvii] Ibíd

[xviii] Banco Mundial. Managing Forest Resources for Sustainable Development: An Evaluation of World Bank Group Experience - Management Response. 6 de febrero de 2013 (solamente disponible en inglés).


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martes, 20 de marzo de 2012

ROUSSEFF PUEDE RECIBIR "MOTOSIERRA DE ORO"

http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/brasil/20120318163335397237.html

Amazonia Áreas protegidas 2009 
Tomado de:

BRASILIA, 18 (ANSA) - Entidades ambientalistas planean entregar una moto sierra, símbolo de la deforestación amazónica, a la presidenta Dilma Rousseff en la cumbre mundial Rio Mas Veinte, para expresar su disgusto con la política del gobierno, publicó hoy la prensa local.

"Los ambientalistas se preparan para entregar a la presidenta el trofeo motosierra de oro en Rio Mas 20...no sería extraño si la conferencia ideada como un gran momento del gobierno, se transforma en una trampa en su contra" escribió hoy Correio Braziliense.

El principal punto de la discordia es el Código Forestal, actualmente tramitado en el Congreso, que amnistía a los productores agropecuarios que invadieron boques y áreas de vegetación vírgenes.

Según Folha de Sao Paulo, Rousseff quiere que el tema no sea tratado la semana próxima en el Parlamento, porque puede agravar la irritación de varios sectores, especialmente las ongs "verdes".

Entre esas entidades, con gran peso en Brasil, se evalúa que la presidenta ha decepcionado en sus primeros 15 meses de gobierno, y así lo expresaron en un manifiesto divulgado hace dos semanas, apoyado por la ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, reconocida internacionalmente por su lucha a favor de la Amazonia.

    DCP/JMG
18/03/2012 16:33