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YANA MARULL
AFP
BRASILIA -- El agro brasileño mostró el martes su fuerza congregando a más de 10,000 agricultores ante el Congreso para reclamar la aprobación de una nueva ley forestal, de la que esperan más tierras agrícolas, pero que es considerada un retroceso por los ambientalistas porque reduce las áreas de selva y bosque protegidos.
“Reclamamos nuestro derecho a trabajar. No queremos ser tratados como bandidos por las leyes del medio ambiente”, declaraba Edson Furtado, un pequeño propietario rural de un área amazónica del estado de Mato Grosso, que viajó dos días en autobús para participar de la protesta.
“El mundo quiere la Amazonía gratis y que sean los agricultores brasileños los que paguemos por preservar el medio ambiente, pero nadie más pone su parte, ni la población ni las grandes empresas”, dijo el diputado ruralista Luis Carlos Heinze, en el gran campamento instalado por los agricultores frente al Congreso.
Tras años de endurecimiento de las leyes ambientales que fueron cerrando el cerco al avance de la agropecuaria sobre los bosques, la poderosa bancada ruralista del parlamento brasileño ha impulsado una reforma del llamado Código Forestal, que data de 1965, y que hoy deja a la mayoría de las propiedades en la ilegalidad ante las exigencias de protección forestal.
“El código Forestal fue aprobado en 1965, cuando la agropecuaria brasileña era una actividad de baja productividad y reducidas dimensiones. Pero Brasil se transformó en el segundo mayor exportador de alimentos del mundo y esa ley quedó obsoleta”, defiende la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA).
Ese código obliga a cada hacienda amazónica a proteger la selva en 80 por ciento del terreno y destinar no más de 20 por ciento a producción. En otras partes del país, también un porcentaje de las tierras deben mantener la vegetación y lo mismo ocurre en las orillas de los ríos, exigencias que pocos respetan.
“No entienden que para un pequeño productor dejar esa tierra sin producir es la quiebra asegurada”, explicaba a la AFP Derci Barlardim, del sureño estado de Paraná, obligado a proteger con bosque 40 por ciento de las 25 hectáreas de su propiedad.
El cambio propuesto podría dejar hasta 69 millones de hectáreas de vegetación del país sin protección, equivalentes a 690.000 km2, una área mayor que Francia, lo que tornaría totalmente inviable que Brasil cumpla sus metas de reducir la deforestación en 80%, alertó meses atrás la red de ONG Observatorio del clima.
Los ambientalistas denuncian que la reforma del código sería una amnistía a muchos agricultores, sobre todo los menores, que deforestaron ilegalmente.
“Hay ONG financiadas por Estados Unidos y Europa que quieren bloquear el desarrollo agrícola de Brasil y mantener así su propia agricultura subvencionada. Yo no veo que en Europa pidan a los agricultores que destinen 80% de sus tierras a conservar bosques”, declaró a la AFP el relator de la reforma, el diputado Aldo Rebelo.
El debate se extenderá otros 15 días y la reforma será votada a fin de mes, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Maia.
En la campaña electoral, a fines de 2010, la presidenta Dilma Rousseff se comprometió a no aceptar ninguna medida que aumente la deforestación.
Brasil asumió el compromiso ante la cumbre del clima en Copenhague, en 2009, de reducir 80% la deforestación amazónica
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