viernes, 20 de junio de 2014

Estrategia de Chile frente a demanda boliviana


 Tomado de

La política de Estado que se ha seguido frente a la demanda de Bolivia no puede estar ajena al debate público.
19/06/2014 - 04:00

EN ENTREVISTA con este medio, el agente encargado de la defensa chilena ante la Corte Internacional de Justicia por la demanda interpuesta por Bolivia, lanzó duras críticas hacia “actores políticos relevantes” -a quienes no identificó-, por lo que considera un intento de “pautear” la defensa chilena, lo que a su juicio rompe un capital que siempre ha tenido el país, cual es tratar estos casos como una política de Estado, generando así un clima político que a su parecer no tiene precedentes. Alertó de los riesgos de promover una discusión pública sobre la estrategia judicial, lo que es contrario a la prudencia.

Las críticas podrían llevar a confundir aspectos distintos en la definición de una política de Estado. Con este adjetivo se alude a aquellas definiciones relevantes para el país y que deben ser adoptadas más allá de los intereses de cada corriente política, de manera que al definirse una posición deben aunarse todos los sectores tras ella. Esto no debe confundirse con la exclusión del debate público de esas políticas, el que es no sólo legítimo, sino indispensable. 

Conviene recordar que la discusión que se ha generado en el país dice relación con definir el momento apropiado para solicitar la incompetencia de la corte frente a la demanda boliviana, pues el tratado de 1904 es definitivo y ha zanjado a perpetuidad las fronteras entre ambos países, por lo que el reclamo paceño ante el tribunal no tiene fundamento alguno. La solidez de la argumentación chilena no ha estado en cuestión; la solicitud de incompetencia, en cambio, dice relación con una estrategia jurídica, pero también política, por lo que es saludable que al respecto se hayan escuchado diversas voces. 

Será la Presidenta de la República la que zanje si acaso esta incompetencia será presentada durante esta fase preliminar, o se esperará incluirla en la contramemoria que el país debe presentar el próximo año ante la corte. Por lo demás, ha sido el propio gobierno el que ha promovido un debate amplio sobre este asunto. Para tales efectos se convocaron a los ex presidentes de la República a La Moneda, quienes se manifestaron partidarios de invocar estas excepciones. El canciller ha señalado en distintas ocasiones que ha cobrado fuerza la idea de hacer esta recusación, y distintos miembros del consejo asesor presidencial encargados de brindar consejo y asesoría en la defensa han manifestado públicamente su parecer frente a esta materia, lo que lejos de debilitar la “racionalidad” del caso, ha permitido un enriquecedor debate de cara a la ciudadanía. 

No podría desconocerse que la Corte Internacional de Justicia tampoco ha demostrado anteponer criterios exclusivamente técnicos o jurídicos en sus decisiones -el fallo de La Haya en el caso de Perú fue evidente-, lo que ha generado un justificado recelo y que explica por qué frente a esta nueva demanda se ha generado un debate intenso, y la necesidad de incluir también una defensa política y no puramente jurídica. 

La idoneidad y excelencia del equipo a cargo de la defensa chilena no está tampoco en cuestión, y su labor se ve complementada al establecerse una defensa integral de los intereses del país, que naturalmente incluye una ofensiva política.