http://www.infonews.com/2014/01/30/sociedad-121973-chocaron-una-camioneta-y-un-auto-en-flores-cuatro-heridos.php
Tomado de:
Entrevista a Marcelo Kohen. El especialista en Derecho
Internacional exhorta a la oposición a fortalecer el reclamo.
COMENTARIOS
La palabra del abogado Marcelo Kohen –argentino, residente en
Suiza, con un currículum impactante en Derecho Internacional– tiene la
autoridad del especialista que es reconocido por propios y extraños, por
colegas y también por legos. El respeto que ha ido cosechando en el mundo tiene
una razón muy sencilla, inapelable. Sus resultados.
Cada vez que Kohen patrocina a un Estado en un litigio ante
la Corte Internacional de Justicia de La Haya, o ante otras instituciones del
sistema multilateral, como el Tribunal del Mar de Hamburgo, su representado
tiene la certeza de que está en las mejores manos. El antecedente de la
controversia por el embargo de la Fragata Libertad es un buen ejemplo.
Contratado por la Cancillería para actuar en el caso, Kohen
encabezó la estrategia jurídica argentina que terminó con la liberación del
buque escuela de la Armada y con un éxito resonante que, además, sentó
jurisprudencia para frenar la acción de los fondos buitre.
Graduado en la Universidad de Rosario, establecido desde hace
años en Ginebra, Kohen sigue con mucha atención las acciones diplomáticas de la
Argentina para apuntalar sus derechos en la disputa con Gran Bretaña por la
soberanía de las Islas Malvinas y el espacio marítimo circundante. A pesar de
haberse establecido en el corazón de Europa, donde es profesor de Derecho
Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del
Desarrollo, uno de los centros mundiales de excelencia de estudios de posgrado
en Relaciones Internacionales, el prestigioso abogado está involucrado en los
debates que circulan entre los diplomáticos expertos en el conflicto del
Atlántico Sur. ¿Cuál es la mejor alternativa para que los británicos se sienten
a negociar y cumplan las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas que instan a ambas partes a dialogar? ¿Hay que mantener la estrategia
gradualista, que consiguió avances, como el creciente apoyo de un amplio arco
de bloques regionales, o apostar a un cambio, a una innovación?
La discusión sobre los próximos pasos de la acción
diplomática, advierte Kohen, debe asumir cierto carácter de urgencia. En pocos
años –2017 o 2019 parece ser la fecha– los británicos estarán en condiciones de
extraer crudo en los alrededores de Malvinas, embarcarlo en buques de
transporte y trasladarlo hasta Gran Bretaña. "La explotación de los
recursos hidrocarburíferos implicaría el agravamiento más serio del conflicto
desde 1982. Ya no se trata solamente de la negativa a resolver la controversia,
sino de la explotación de los recursos naturales no renovables del territorio,
que pertenecen al pueblo argentino. Esto refuerza la necesidad de adoptar una
posición más firme", subraya Kohen en diálogo telefónico desde Suiza.
El estratega de la defensa argentina ante el Tribunal del Mar
considera que en el conflicto por Malvinas hay que ser creativos. Propone
explorar y poner en marcha nuevas iniciativas. "Hay que seguir estudiando
nuevas avenidas para recorrer, no descartar ninguno de los medios pacíficos de
solución de controversias y estar también preparados para lo que el Reino Unido
pueda utilizar como maniobra", exhorta. A lo largo de la entrevista con
Tiempo Argentino, Kohen va exponiendo una serie de ideas. Recuerda que la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (aprobada en 1982
por la 3ª Conferencia de la ONU sobre Derecho del Mar) contiene algunos
mecanismos legales que podrían ser utilizados en la controversia. También
plantea, como modelo para intentar una resolución de la cuestión de fondo –la
soberanía–, estudiar el proceso de negociación que llevaron adelante Gran
Bretaña y la República Popular de China por la maravillosa Hong Kong. Aquellas
tratativas avanzaron con una posición intermedia: Hong Kong –ex colonia
británica– volvió a ser territorio soberano de China, aunque fue beneficiado
con un régimen especial de amplia autonomía respecto del resto de las
provincias chinas.
Por encima de todo, y como condición excluyente para lanzar
iniciativas en el plano internacional, Kohen convoca a que la expresión
"Malvinas, política de Estado" se convierta definitivamente en
realidad. Su opinión es crítica con respecto al desempeño de algunos
legisladores, en especial con los 39 diputados que votaron en contra de la
modificación de la Ley 26.659 (hubo 11 abstenciones y muchos ausentes), cuyo
objetivo era endurecer las penas para el delito de explotar hidrocarburos sin
autorización en el mar territorial y la plataforma continental de la Argentina.
La ley se aprobó igual, con 143 votos afirmativos.
"Lamento que, a diferencia de lo que ocurrió con la primera ley que se
votó (NdR: por la versión original de la Ley 26.659), que se aprobó por
unanimidad, esta reforma haya tenido votos en contra. Es de lamentar. En
materia de Malvinas tiene que haber una sola posición de la Argentina en el
plano internacional", remarca Kohen.
–El año próximo se cumplen 50 años de la resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de 1965 que instó a las dos partes a
sentarse a negociar la disputa de soberanía por Malvinas. ¿Qué significa, para
la Argentina, que hayan pasado 50 años?
–Que, a pesar de que las Naciones Unidas hayan establecido la
manera de descolonizar esta situación especial, solución de la controversia de
soberanía y respeto de los intereses de los habitantes, la cuestión sigue
pendiente porque quien controla el territorio se niega a resolver la disputa.
Hay una clara violación de la obligación de descolonizar y de la obligación de
solución pacífica de controversias. La Asamblea General es el órgano más
representativo porque están todos los Estados miembro de Naciones Unidas. Es un
ámbito en el cual hay un país-un voto, y no hay derecho de veto. Además, la
importancia de las resoluciones de la Asamblea General radica en el hecho de
que en el ámbito de la descolonización, las resoluciones de la Asamblea General
tienen una importancia especial, como lo reconoció la Corte Internacional de
Justicia. La última resolución que adoptó la Asamblea General sobre Malvinas
fue durante el gobierno de Alfonsín. Luego llegó Menem, y como usted sabe, se
restablecieron las relaciones diplomáticas con el Reino Unido. Desde ese
momento, no hubo más resoluciones de la Asamblea. Sin embargo, la cuestión
sigue pendiente en su agenda. Una reflexión se impone. Los importantes éxitos
obtenidos en foros regionales estos últimos años deben acompañarse por otros en
ámbitos más amplios.
–Se supone que en poco tiempo el Reino Unido va a empezar a
explotar la riqueza petrolera del espacio marítimo circundante a las islas.
¿Qué debería
hacer la Argentina?
hacer la Argentina?
–Durante el gobierno de Menem, con el canciller Guido Di
Tella, Argentina y el Reino Unido celebraron un acuerdo que comprendía,
únicamente, recursos hidrocarburíferos. Es decir, jamás el Reino Unido habló de
compartir el tema de pesca. Según la interpretación de Di Tella, a través de
ese acuerdo Gran Bretaña había aceptado que la Argentina cobrara regalías, al
igual que el Reino Unido. Esa interpretación fue inmediatamente refutada por el
Reino Unido que dijo, al día siguiente de la declaración, que no iban a
permitir que la Argentina cobrara regalías. En tanto, sobre las licencias de
explotación, los británicos le dijeron a Di Tella que YPF podría presentarse y
que muy posiblemente iba a obtener alguna licencia. YPF había sido privatizada.
YPF se presentó y, obviamente, no obtuvo ninguna licencia.
En realidad, el objetivo de ese acuerdo, para los británicos,
era que la Argentina despejara toda dificultad de orden jurídico para que
hubiera licencias de exploración y explotación. Ese acuerdo fue correctamente
denunciado por la Argentina. La denuncia de ese acuerdo era una medida que la
Alianza había dicho que iba a aplicar, pero cuando asumió el gobierno de la
Alianza, no lo hicieron. No sé si fue porque no tuvieron tiempo –aunque pasaron
dos años– o porque no hubo voluntad. Fue el gobierno de Néstor Kirchner el que
procedió a hacer lo que habría prometido la Alianza: denunció ese acuerdo,
totalmente contrario a los intereses nacionales. Lo hecho hasta ahora ha sido
muy importante. Porque la Argentina denunció ese acuerdo leonino, tomó medidas
en el plano interno con su legislación, que incluso se ha desarrollado y
profundizado en los últimos meses, en base a las leyes que se adoptaron. Todo
eso es muy importante. Y acaba de crearse una secretaría específica en el
ámbito de la Cancillería para Malvinas.
–Con la designación en ese ámbito del ex senador Daniel
Filmus...
–Exactamente. Lo cual muestra que el gobierno argentino es
consciente de que hay que seguir avanzando. Se han hecho cosas muy positivas,
pero obviamente hay que seguir avanzando. Hay que seguir estudiando nuevas
avenidas, para recorrer. Yo creo que la creación de la secretaría es una
muestra clara de que ese es el objetivo del gobierno. Porque Malvinas debe ser
una prioridad de primer nivel. Insisto con algo: la explotación de los recursos
hidrocarburíferos implicaría el agravamiento más serio del conflicto desde
1982. Y se trata de explotación de recursos no renovables.
–Al día de hoy, enero de 2014, ¿tiene ya Gran Bretaña una
ecuación económica que haga rentable, y una oportunidad para hacer negocios, el
extraer crudo en torno a Malvinas?
-Yo no soy (Miguel) Galluccio (presidente de YPF), y no soy
especialista en petróleo. Pero no cabe duda de que hay recursos
hidrocarburíferos en la zona, no cabe duda de que el costo de producción hoy
puede ser más elevado que en otras partes del mundo. El Reino Unido no se
propone explotar dentro de dos años: están hablando de 2017 o incluso de 2019.
Independientemente de las dificultades que haya, tarde o temprano los recursos
van a ser explotables, y desde el punto de vista económico, van a ser
rentables.
Dentro de cuatro años o dentro de siete. Ya ha habido
explotación de recursos petrolíferos en áreas muy difíciles. Inclusive en el
Mar del Norte, donde el Reino Unido tiene gran experiencia. Los británicos se
están preparando: ya están adecuando la estructura portuaria en las islas.
Quizás una empresa holandesa no se anime a correr el riesgo de explotar
recursos en un territorio en disputa.
Pero las empresas británicas serán menos temerosas, porque
saben que Londres las protegerá.
–Usted sostiene que la oposición con representación
legislativa tiene una gran responsabilidad en este tema, porque Malvinas
debería ser una política de Estado y toda la sociedad argentina, con sus
representantes, debería mostrarse unida...
-Lamento que algunos legisladores opositores, algunos, no
todos, hayan votado en contra de la modificación de ley que establece sanciones
penales para aquellas empresas o dirigentes de empresas que exploten recursos
en la plataforma continental argentina. Esos legisladores estimaron que la ley
no era factible de implementar. Plantearon una serie de argumentos que, la
verdad, no son positivos para la posición de Argentina en el exterior. Y que
aparte son juridícamente errados, porque la Argentina tiene todo el derecho a
adoptar ese tipo de legislación y a aplicarla. En la medida en que pueda,
lógicamente.
Porque sanciones penales pueden aplicarse únicamente en el
ámbito territorial propio. La Argentina no puede ir a perseguir a un gerente de
esas empresas en el Reino Unido. Pero toda legislación que endurezca las
sanciones contra esas empresas es bienvenida. En materia de Malvinas tiene que
haber una sola posición que Argentina adopte en el plano internacional. El
avance de la estrategia diplomática para recuperar el ejercicio de la soberanía
es responsabilidad del conjunto de los sectores políticos representados en el
Parlamento. Y, como política de Estado, requiere continuidad y responsabilidad
compartida. Tomemos el ejemplo de Chile y la controversia que tiene con Perú
por los espacios marítimos. Perú llevó el caso a la Corte Internacional de
Justicia. En ese momento gobernaba Bachelet. Bachelet llamó a todos los
sectores para adoptar una política común: ¿qué hacer frente a la demanda de
Perú? Todos los sectores estuvieron de acuerdo en seguir una política común
¿Después, qué pasó? Cambió el gobierno, llegó Piñera. Y Piñera hizo lo mismo. Y
ahora estamos nuevamente ante un cambio de gobierno. Los chilenos, con esta
cuestión asumieron una política de Estado: ni quien hoy está en el gobierno,
que dentro de poco estará en la oposición, ni tampoco sus adversarios, utilizan
esta controversia con fines electorales. Perú y Bolivia también enfocaron sus
disputas judiciales con Chile con un amplio consenso nacional. En nuestro caso,
la política de Estado requiere que las decisiones fundamentales sobre la
cuestión, en particular las nuevas avenidas que sean necesarias recorrer, sean
objeto de consenso entre las fuerzas políticas representativas, y que se asuma
conjuntamente la responsabilidad de las decisiones.
–En los últimos años, en los que creció la actividad
industrial y el consumo, la Argentina pasó de autoabastecerse en materia
energética a ser un importador de combustible. ¿Esto puede influir en la
disputa con Gran Bretaña por el uso de los recursos energéticos?
–El hecho de encontrarnos en una situación distinta, de
habernos convertido en importadores de energía cuando en un momento dado éramos
autosuficientes, al ver que la potencia colonial explota nuestros recursos
naturales, nuestra energía, es un elemento más que prueba la necesidad de
adoptar una posición más firme. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar adoptó en 1982 la Convención sobre el Derecho del Mar. Es la
misma convención que nos permitió ir a Hamburgo para recuperar la Fragata
Libertad. Esa convención rige todas las cuestiones relativas al Derecho del
Mar: la navegación de los buques de guerra es sólo uno, la plataforma
continental, la zona económica exclusiva y los recursos en los espacios
marítimos son otros.
Aquella conferencia de la que yo hablaba, que luego adoptó la
convención, adoptó una resolución en la que dice que en los casos de
territorios no autónomos –territorios sujetos a descolonización, como se los
llama en la Carta de las Naciones Unidas– en los cuales existe una controversia
de soberanía "deberán adoptarse acuerdos prácticos que no interfieran con
la solución del conflicto". Eso es muy importante. Esa resolución, además,
hace referencia a que esos acuerdos prácticos deben ser en beneficio del pueblo
del territorio en cuestión. El Reino Unido interpreta esto de una manera y la
Argentina de otra. Los británicos consideran que en las Malvinas existe un
pueblo, separado, con derecho de libre determinación, cosa que la Asamblea
General de las Naciones Unidas nunca reconoció, y que nosotros –por supuesto–
tampoco reconocemos. El "pueblo del territorio" es el pueblo
argentino, no los intereses económicos británicos escudados detrás de los residentes
británicos.
El antecedente de la fragata libertad
El antecedente de la fragata libertad
–Usted fue pieza clave en la defensa de los derechos
argentinos cuando se retuvo la Fragata Libertad. ¿Qué balance hace de aquel
conflicto y de su resolución?
–Gracias a la decisión que obtuvimos en Hamburgo, la
situación de la Fragata hoy es realmente mucho más segura.
Si la Fragata Libertad toca puertos de países que son parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la Argentina puede confiar en que, si a algún juez díscolo como el que intervino en Ghana se le ocurriera embargarla, el Estado sabrá por adelantado cuál va a ser la posición del Tribunal de Derecho del Mar.
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2005 La Guayana Esequiba – Zona en Reclamación. Instituto Geográfico
Simón Bolívar Primera Edición
Nota del editor del blog: Al referenciarse a la República
Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500Km2, de
territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de
Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de
febrero de 1966.
Territorios estos sobre los
cuales el Gobierno Venezolano en representación de la Nación venezolana se
reservo sus derechos sobre los territorios de la Guayana Esequiba en su nota
del 26 de mayo de 1966 al reconocerse al nuevo Estado de Guyana:
“...por lo tanto, Venezuela
reconoce como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen
derecha del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional, que se
reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que se
encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el
territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva
expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de
Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento
hasta su desembocadura en el Océano Atlántico...”
Mapa que
señala el Espacio de Soberanía Marítima Venezolana que se reserva, como Mar
Territorial mediante
el Decreto Presidencial No 1152 del 09 de Julio de 1968
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