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Tomado de:
Colombia
Bogotá, 26 de noviembre – EFE).- El presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, confirmó hoy que analiza la retirada de su país del pacto
que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su
desacuerdo con el fallo en el litigio con Nicaragua.
“El nuevo grupo de abogados asociados está precisamente en
eso y muy pronto se tomará una decisión”, afirmó Santos.
La Cancillería colombiana señaló en un comunicado que los
seis expertos en Derecho Internacional, apoyarán “el estudio de los cursos de
acción jurídicos en relación con la situación derivada del fallo proferido el pasado 19 de noviembre de 2012”
por la CIJ.
Manuel José Cepeda, Joaquín Polo Montalvo, Luis Ricardo
Paredes, Carlos Gustavo Arrieta, Juan Daniel Jaramillo y Rafael Nieto Navia,
“también analizarán los recursos que se interpondrán para rechazar las
inconsistencias y vacíos jurídicos del fallo en mención“, agrega el documento.
“También analizarán los recursos que se interpondrán para
rechazar las inconsistencias y vacíos jurídicos del fallo en mención”
Los anuncios no despejan las dudas sobre si el Gobierno colombiano
acatará o no el fallo, adoptado por unanimidad por los quince jueces del
tribunal de La Haya el pasado 19 de noviembre, que redefine los límites
marítimos colombo-nicaragüenses en el Caribe.
El Gobierno de Nicaragua aun no ha reaccionado al anuncio
hecho hoy en Bogotá, pero el presidente Daniel Ortega dijo este viernes que
Colombia “no tiene otro camino” que reconocer un fallo que es inapelable.
La CIJ determinó que siete cayos cercanos a las islas
colombianas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son también de
Colombia, y otorgó a Nicaragua una amplia franja marina en esa zona que se
calcula en unos 70.000 kilómetros cuadrados.
Se trata de un archipiélago, recogido en la Reserva de la
Biosfera de Seaflower, en el Caribe Occidental, que se encuentra a 190
kilómetros de las costas nicaragüenses y a 770 kilómetros de Colombia, un área
que alberga gran riqueza natural entre pesca, especies y otros recursos
naturales.
Colombia se replantea su acogimiento al Pacto de Bogotá por
considerar que el fallo de la CIJ está plagado de “inconsistencias y errores”,
según el Gobierno.
Por ese pacto, firmado en 1948 precisamente en la capital
colombiana y también conocido como Tratado Americano de Soluciones Pacíficas,
los países del continente asumieron el respeto a las decisiones de la CIJ, así
como su jurisdicción, como forma para resolver por la vía pacífica los litigios
regionales.
El litigio comenzó en la CIJ en 2001, cuando Nicaragua
demandó a Colombia. En una primera decisión, adoptada en 2007, el tribunal
otorgó al país suramericano las islas mayores, pero no se resolvió la soberanía
sobre los cayos y las aguas.
Una veintena de años antes de la demanda en La Haya, las
autoridades nicaragüenses declararon nulo e inválido un tratado bilateral
suscrito en 1928 sobre el contencioso, con el argumento de que cuando se firmó,
el país centroamericano estaba ocupado por tropas estadounidenses.
Según la demanda de Nicaragua, el tratado Bárcenas-Esguerra,
además, no fija los límites en el Caribe.
“Nosotros deploramos terriblemente la decisión de la Corte y
no nos vamos a resignar a lo que ha pasado”
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, ya había
anunciado, justo después de conocerse el fallo hace ahora una semana, que el
Gobierno de su país iba a estudiar si se retiraba del Pacto de su país, un
adelanto a los planes que hoy confirmó el presidente Santos.
Para eso el Gobierno de Colombia ha contratado a un nuevo
equipo de abogados especialistas en Derecho Internacional, que buscan
determinar qué pasos seguirán tras este fallo inapelable.
El Gobierno, que considera una injusticia que le hayan
quitado a Colombia aguas que históricamente han sido suyas, lo que perjudica a
los pescadores de San Andrés, ha enviado una carta al secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, para que analice la delicada situación.
Además, la canciller anunció el domingo, en una entrevista
con el diario El Tiempo, que el Gobierno enviará otra carta al secretario
general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, para manifestarle
su “inconformismo, los vacíos jurídicos que hay en el fallo, las omisiones y
las incongruencias”.
“Nosotros deploramos terriblemente la decisión de la Corte y
no nos vamos a resignar a lo que ha pasado”, advirtió Holguín sobre una
situación que amenaza con crear inestabilidad en el Caribe.
El fallo de la CIJ por el litigio colombo-nicaragüense ha
causado preocupación en Chile, que enfrenta una demanda peruana ante la misma
corte para redefinir los límites marítimos entre ambos.
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