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Tomado de:
Manifestación de los pobladores indígenas del Amazonas de
Brasil en contra de la construcción de la hidroeléctrica en ese territorio, el
1 de marzo de 2011.
Un fallo judicial dictado en Brasil reivindicó el
derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados previamente para la
construcción de cualquier proyecto que afecte su hábitat y esté dentro de su
territorio.
Un tribunal federal brasileño ordenó el martes pasado
suspender las obras de la gigantesca hidroeléctrica de Belo Monte, en el
corazón de la Amazonia, debido a que los indígenas no fueron escuchados antes
de que las obras se iniciaran en junio de 2011.
El juez Souza Prudente dijo que los trabajos se reanudarán
solamente después de que las comunidades indígenas que viven en el área sean
consultadas sobre el proyecto, uno de los más grandes en ejecución en Brasil.
El caso es similar al de los indígenas del Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
La construcción de esa obra de infraestructura, como sucede
en Bolivia con la carretera a través del núcleo del Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), ha sido objetada por los
indígenas porque no fueron consultados previamente, como exigen normas nacionales
e internacionales, y porque los proyectos avasallan sus territorios.
A fines de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) emitió un fallo a favor del pueblo indígena ecuatoriano Sarayaku, que se
dictó después de 10 años de litigio y el Gobierno ecuatoriano permitiera la
explotación petrolera en sus tierras, sin pedir su consentimiento.
La CIDH impuso obligaciones al Estado ecuatoriano y el pago
de una indemnización de 1,4 millones de dólares a indígenas afectados por obras
petroleras.
También en Brasil, el 2 de agosto pasado, un juez federal
ordenó a la minera brasileña Vale suspender la expansión de una línea de
ferrocarril Carajas alegando que pondría en peligro la vida de un pueblo
indígena y que podría causar “daños graves a las áreas protegidas y a los
estilos de vida tradicionales de la tribu Awa Guaja".
El ferrocarril de Carajas, de casi 900 kilómetros, enlaza las
minas de hierro de Vale en el estado de Pará con la terminal portuaria de Ponta
da Madeira, en el estado de Maranhao. El juez advirtió que se impondrá a Vale
S.A. una multa de 25.000 dólares por día no acatado del fallo. Vale S.A., la
compañía minera más grande del mundo, dijo en comunicado que acatará la
decisión, pero apelará el fallo.
La construcción de la iniciativa energética en Belo Monte fue
paralizada en varias ocasiones por órdenes judiciales que luego fueron
apeladas. Esta vez la justicia decretó la suspensión de las obras, argumentando
que no se consultó debidamente al pueblo indígena local y que se violó el acuerdo
que permitía a las comunidades presentar sus puntos de vista ante el Congreso.
La presa, la tercera mayor central hidroeléctrica del mundo,
fue criticada por ambientalistas y activistas por considerar que devastará la
vida silvestre y el sustento de 40.000 personas.
El Gobierno considera que el proyecto es fuente de energía
limpia y renovable, y que ayudará a impulsar la economía.
La presa, que producirá 11.000 megavatios y costará 11.000
millones de dólares, podría ser la tercera más grande del mundo cuando sea
concluida.
Las comunidades indígenas asentadas en las márgenes del río
Xingú se oponen a la represa por su alto impacto en actividades como la pesca.
LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO
Según el juez Antonio de Souza Prudente de Brasil, la
obligación de la consulta previa e informada —como determina la Constitución
Federal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—
no fue realizada por el Congreso brasileño.
"La consulta debe ser previa, no a posteriori. No
podemos aceptar esta dictadura que vemos en Brasil. Se hace la obra y se
pregunta después. Las comunidades indígenas necesitan ser escuchadas y
respetadas”, dijo el juez Souza Prudente en una conferencia de prensa al
explicar los fundamentos del fallo por el que se ordenó la suspensión de las
obras de construcción de la presa en Belo Monte, en la Amazonia.
Sobre la alegación del Gobierno Federal de Brasil de que las
audiencias sí se hicieron, Souza Prudente afirma que la consulta es una
prerrogativa del Congreso, que se debería haber hecho antes de la votación del
decreto legislativo 788 que autorizó al Poder Ejecutivo la construcción de Belo
Monte.
"No ocurrió eso. La consulta no es una mera formalidad:
la opinión de los indígenas debe ser tenida en cuenta en la decisión de los parlamentarios.
El Congreso sólo puede autorizar la obra si los indígenas quieren”, destaca el
juez, citando al abogado Dalmo Dallari, los artículos de la Constitución y el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Souza Prudente insiste en que el Congreso no puede delegar la
consulta a terceros. Por lo tanto, las realizadas por el Ibama, Funai y demás
organismos no son válidas. Según el juez, dichas consultas, incluso, se
limitaron a la mera comunicación de la realización del proyecto.
Los pueblos indígenas del río Xingú, afectados por las obras
de Belo Monte, han mantenido una lucha frontal contra el proyecto.
Esta sentencia a su favor, demarca con claridad cómo
debe producirse la obligada consulta previa, libre e informada y llega en un
momento de múltiples amenazas a los territorios.
La semana anterior, la misma Sala del Tribunal Federal de
Brasil decidió también a favor de los derechos indígenas en otro caso, ya que
no se realizó en forma ni fondo la consulta para la planta hidroeléctrica Teles
Pires, en el río del mismo nombre, en la frontera entre Pará y Mato Grosso.
CONSULTA EN EL TIPNIS
Desde el 29 de julio pasado, el Gobierno, pese a la negativa
de las comunidades indígenas, realiza una consulta en el Tipnis sobre la
intangibilidad de ese territorio y la construcción de una carretera por el área
protegida.
El dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur),
Gumercindo Pradel, informó que las comunidades de Limoncito, La Pampita, Santa
Teresa y Nueva Esperanza de la Subcentral Tipnis rechazaron la construcción.
El Gobierno aseguró que la consulta se hizo ya en 29
comunidades (de las 69 programadas) y que sólo San Miguelito rechazó la vía.
Pero Pradel contradijo al ministro de Obras Públicas y Viviendas, Vladimir
Sánchez, pues aseguró que son 35 las poblaciones consultadas.
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