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Tomado de:
Viernes, 25 de Noviembre de 2011
Los primeros que maltratan y
matraquean a los indígenas son los militares”, dijo Jean Carlo Velásquez,
presidente de la Federación Indígena del estado Bolívar.
Carolina Maffia
Foto Armando Rivas
Los dirigentes indígenas de Gran Sabana
expresaron preocupación por la potestad que se otorga al sector militar
Manifestando su desacuerdo al
artículo 27 del Decreto 8.413 sobre la nacionalización del oro, los dirigentes
indígenas de la comunidad Pemón en Gran Sabana, Cecilio Pérez y Jean Carlo
Velásquez, se trasladaron a esta ciudad para plantear, este jueves, su rechazo
a un articulado que, aseguran, establece la militarización de sus territorios
ancestrales, dando pleno derecho de control a las Fuerzas Armadas.
“Expresamos un no rotundo a ese
artículo, mas no al resto del decreto, porque lo que se busca es ejercer un
control contra años y años de maltrato a nuestros pueblos indígenas”, señaló
Jean Carlo Velásquez, presidente de la Federación Indígena del estado Bolívar
(FIEB), objetando la aplicación de ese artículo dentro del estamento jurídico,
cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 16 de diciembre.
Velásquez esgrimió el párrafo, que
explicó, otorga potestad extrema al sector militar, no sólo para salvaguardar
las zonas auríferas, insertadas en territorio aborigen, sino para ejercer
control y administración, además, de velar por el desarrollo de las comunidades
indígenas.
Calificó esos criterios jurídicos
como algo “obtuso”, y añadió que “nuestra concepción de un militar en las zonas
mineras en tierras indígenas es de un matraquero”. Agregó que esa realidad la
han vivido durante muchos años en las comunidades indígenas, y nadie los va a
hacer cambiar de criterio, y de “aquí que surge decir que no a ese artículo”.
Cree que dejar este articulado es
darle carta blanca al sector militar de seguir con lo único que han hecho:
“matraquear, golpear y maltratar a las comunidades indígenas”, aunque piensa
que el estamento de nacionalidad del oro vendrá a poner orden en una actividad
que por años ha estado sujeta a un descontrol, “donde quien tiene, más quiere
tener”.
Asamblea para evaluar
Subrayó que la falta de atención en
las comunidades indígenas ha impulsado a que muchos se conviertan en mineros.
“Tenemos que decir que los programas sociales no llegan en su totalidad a los
pueblos indígenas, y a raíz de esto, se condena al indígena a actuar como un
minero”.
Para el 30 de noviembre está
planteada una asamblea general en Gran Sabana, donde se encuentran el 70 por
ciento de las 346 comunidades indígenas, que comprenden los 16 pueblos
indígenas asentados en ocho de los once municipios del estado Bolívar.
La intención es evaluar las ventajas
y desventajas que puede acarrear para estos pueblos el decreto. Las
consideraciones que surjan de este encuentro, dijeron, las harán llevar a la
Vicepresidencia de la República.
Reactivan
comisión de demarcación
Para este sábado, serán
juramentados los miembros de la comisión regional de demarcación y titularidad
de las tierras de los pueblos indígenas, en un acto en la Universidad
Bolivariana de Venezuela en esta ciudad.
Según Cecilio Pérez, vocero
del Frente Guaicaipuro, se están retomando los pasos para poner en marcha un
proceso que estaba paralizado, tras varios años de lucha por la demarcación de
su territorio ancestral. Para este acto se espera la presencia de la ministra
de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado. “Ésta ha sido una lucha de nuestros
ancestros, de nuestros abuelos”, dijo Pérez, quien manifestó su confianza a
esta reactivación, aspirando que ya para el año 2012 se vislumbre un panorama
de claridad sobre la demarcación en el estado Bolívar.
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