Ecocidio en El Caura

AMBIENTE

Son pocos los que han volteado la vista a la reserva natural más grande del país, pero en Bolívar advierten una bomba de tiempo. En el PSUV indican que el mercurio ya se posó sobre el río Caura.

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Por unas onzas
Grupos ambientalistas del estado Bolívar vienen denunciando los daños que la minería ilegal está causando en la zona del Alto Caura. Las alarmas se prendieron hace ya cuatro años, pero nunca como ahora: dirigentes políticos, investigadores académicos y caciques indígenas coinciden en advertir sobre un ecocidio.


"Es una situación que se viene agravando desde el año 2006", alerta el diputado del Parlamento Indígena, José Poyo. "De los 600 mineros ilegales que se encontraban antes, la cifra ha aumentado a más de 3.000, entre los que hay desplazados de Brasil, Colombia y Guyana".


Durante años, el Alto Caura fue uno de los pocos territorios intactos del país. El albergue de casi 1.500 especies animales y 2.600 variedades vegetales era una suerte de oasis en medio de los campamentos mineros que aparecen y desaparecen al sur del país. ¿Quién permitió entonces que dejara de ser así? ¿dónde están las autoridades?


El director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela, Alejandro Lanz, acusa al Ejército y la Guardia Nacional de fomentar esta situación. No se explica de otra forma cómo es que en estos meses ha podido fotografiar maquinarias, lanchas y balsas en el interior de una selva en la que, durante años, sólo habían convivido indígenas y oficiales del Teatro de Operaciones Número 5.


Para ingresar en la cuenca del río Caura hay que emprender un viaje de 12 horas en lancha y a pie. También es necesario pasar una alcabala que la Fuerza Armada Nacional tiene en la zona de El Playón. "Si están allí es para no dejar entrar mineros, combustible, repuestos y maquinarias", recuerda Lanz.


No se trata de una denuncia aislada o de fotografías que muestran daños ambientales en zonas específicas. Desde hace un mes, organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas y hasta dirigentes políticos vienen advirtiendo que la situación es cada vez peor. Tanto así que Oswaldo Ponce, precandidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional, aseguró que militares y altos funcionarios del Gobierno están involucrados en la depredación del Caura.


Mencionó hasta el nombre de uno de los campamentos. Advirtió sobre un asentamiento que se llama Ciudad Bendita, en el que el Ejército cobra una especie de impuesto de 50 gramos de oro semanales por el uso de bombas hidráulicas, así como otra tarifa para cada una de las personas que hacen vida en ese lugar.


"La población minera excede de las 4.000 personas, por lo que hace un promedio semanal de más de 20 kilos de oro", declaró Ponce el pasado domingo en el diario El Luchador de Bolívar. "A todo esto debe sumarse también la vacuna que pagan por cada tambor de combustible que dichos militares permiten ingresar en la zona, así como el producto por la pecha de los alimentos que ingresan los comerciantes".


Declaran emergencia
Son muchas las voces que se han ido alzando para prevenir sobre el tema. Miembros de la organización indígena Kuyujani viajaron la semana pasada desde el municipio Sucre de Bolívar, para abrir los ojos de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional. La Universidad Nacional Experimental de Guayana realizó esta semana en Puerto Ordaz un foro sobre "El Caura y la problemática minera", en el que los panelistas pidieron declarar la emergencia ambiental. Por su parte, la ONG Provea aprovechará este jueves el Día Mundial de la Tierra, para protestar la situación a las puertas del Ministerio del Ambiente.


El ex vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, también aseguró el pasado 28 de marzo que más de 4.000 mineros convirtieron el espacio natural de varias comunidades indígenas, en campamentos donde guardan armas, combustible y maquinarias pesadas.


Y en las propias comunidades ye'kwanas y sanemas también saltan problemas: "Están aumentando los casos de malaria por la erosión y los pozos de agua que los mineros dejan abiertos". Eso fue lo que dijo Alberto Rodríguez, representante de la organización indígena Kuyujani, el 7 de abril en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional.


Es imposible determinar cuántos cazadores de fortuna burlaron el cerco militar del Caura pero aun así los daños están a la vista, explica la profesora del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Nalúa Silva. "No hay un estudio que nos pueda decir el grado de impacto ambiental; sin embargo, el calibre de las maquinarias que muestran las fotos advierten un alto peligro en ecosistemas frágiles", dice.


Sin mencionar la fuente, el precandidato por el PSUV a la Asamblea Nacional, Oswaldo Ponce, alertó que un análisis reciente de calidad del agua indica una contaminación de mercurio en más de 80%. Aunque desde otra trinchera, la diputada del Frente Popular Humanista, Pastora Medina, reitera esta situación. "No conocemos hasta dónde llega el daño ambiental, pero lo que sí sabemos es que el mercurio ha aumentado los casos de labio leporino en los niños de las 53 comunidades indígenas que hacen vida en el Caura".


Van y vienen


Los mapas de bosques mundiales ubican a El Caura como el punto verde más grande que hay en la región. Salvo una pequeña mancha en África y otras en países como Brasil y Guyana, no hay pulmones vegetales como este en todo el planeta. Los ambientalistas recuerdan que las reservas naturales de Rusia, Finlandia y América del norte permanecen inactivos durante otoño e invierno. Por eso las alarmas, denuncias y advertencias sobre el Caura.


En los últimos cuatro años, el Teatro de Operaciones Número 5 ha desalojado varias veces a los mineros de la zona. Van y vienen. Se está convirtiendo en un proceso cíclico. El mapa de la minería ilegal ha ido cambiando: los controles que el gobierno de Brasil ha aplicado al norte de su territorio y el cierre de algunas minas que rodean lugares como La Paragua ha provocado una migración de capitales. El mercado del oro está entrando en un territorio sobre el que pesan cinco áreas bajo régimen de administración especial, entre las que destacan tepuyes como el Jaua Sarisariñama.


"El actual desplazamiento de miles de mineros en los afluentes del río Caroní acrecienta la disminución del caudal de agua que alimenta la represa del Guri", previene Lanz. La Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional por eso prepara una inspección in situ. En estos tiempos, el debate del país se centra en elecciones parlamentarias, milicias urbanas y guerrillas comunicacionales. Pero son muchas las voces que han ido advirtiendo que hay muchas razones para voltear la mirada al sur.