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Tomado de:
Domingo 19 de enero de 2014 12:50 CET
Los agentes impusieron multas por más de 1,7 millones de
dólares, confiscaron maquinaria y madera por valor de casi 2 millones de
dólares. La mayoría de esa madera provenía de una reserva indígena cercana, un
área de selva virgen que, como ocurre con gran parte de la tierra protegida de
Brasil, está cada vez más asediada.
Tras un retroceso de una década, la deforestación en el
Amazonas está volviendo a aumentar.
Los beneficiarios de la deforestación se han animado por los
cambios en la legislación ambiental, además de proyectos de infraestructura
impulsados por el Gobierno en la Amazonia y por los altos precios globales de
soja, carne y otros productos cultivados en tierras deforestadas.
Y los métodos que en años recientes frenaron la destrucción y
permitieron una caída récord en la deforestación en 2012, han perdido un poco
de efectividad.
Ahora que los satélites pueden detectar extensas zonas
taladas, los madereros cortan áreas más pequeñas. Los permisos más estrictos
regulan el mercado para la tala legal, pero los leñadores y aserraderos
desobedecen las reglas y falsifican las licencias.
Y mientras esperan la aplicación de nuevas leyes, los
rancheros aprovechan la incertidumbre para despejar sus tierras
-- GRAFICO-Deforestación
en Amazonia: link.reuters.com/mac26v
-- GRAFICO-Alto Guama: link.reuters.com/nac26v
- -CON
LA GUARDIA BAJA Continuación
CON LA
GUARDIA BAJA
"Brasil
bajó la guardia", dice Paulo Barreto, un ingeniero forestal en Imazon, un
instituto de investigación que estudia la deforestación en Belém, la capital
del estado donde Ibama hizo las redadas. "Hay un mayor incentivo para
despejar la tierra y el Gobierno no está sabiendo responder".
¿El
resultado? Un pronunciado aumento en la deforestación. Utilizando satélites, la
agencia espacial brasileña detectó el año pasado nuevos agujeros por un total
de 5.843 kilómetros cuadrados, un alza de casi un 30 por ciento desde 2012. Eso
es más de siete veces el tamaño de la ciudad de Nueva York.
Las
autoridades, entre ellos la presidenta Dilma Rousseff, promocionan el éxito de
políticas que permitieron reducir la deforestación, incluso tras el reciente
aumento, a menos de un quinto del área perdida en 2004. Entonces fue talada una
área del tamaño de Bélgica.
En
septiembre, la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, viajó a Nueva
York y aceptó un premio de Naciones Unidas por "revertir la
deforestación".
El
Gobierno y sus aliados dicen que el aumento de la deforestación sugiere que se
ha alcanzado un equilibrio, un nivel de destrucción mínimo que permitirá lentos
avances.
"Debemos
esperar algunas fluctuaciones anuales", dijo Tine Sundtoft, la ministra de
Medio Ambiente de Noruega, que en 2008 prometió hasta 1.000 millones de dólares
para ayudar a Brasil a combatir la deforestación hasta 2015.
Los
responsables brasileños dicen que los avances continuos dependen de una mayor
concienciación, educación y disuasión. "La sociedad debe cambiar",
dice Francisco Oliveira, el director de políticas contra la deforestación en el
Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. "Todos en la Amazonia deben
entender que hay consecuencias reales por violar la ley".
Y para
que el mensaje sea comprendido, Brasil está reforzando a las agencias
encargadas del cumplimiento del orden. Eso significa un mayor número de redadas
del Ibama.
La
agencia ha estado en vilo desde que una ley de 2011 dio a las autoridades
locales un mayor papel en el cumplimiento de la ley. Sus 1.200 agentes se
centran en tareas de reconocimiento, inteligencia y análisis de datos,
esfuerzos utilizados después para enviar equipos a puntos problemáticos.
"No
podemos estar en todas partes" dice Luciano Evaristo, el director de protección
ambiental del Ibama. "Debemos ser más inteligentes y más ágiles para
combatir la deforestación en el lugar en que es más intensa".
Las
multas y confiscaciones están en aumento. Entre agosto de 2012 y julio de 2013,
Ibama emitió multas por unos 830 millones de dólares y se incautó de casi
86.000 metros cúbicos de madera en la Amazonia. El año anterior, las multas
ascendieron a 700 millones de dólares y fueron capturados 54.000 metros cúbicos
de madera.
SELVA
SIN LEY
Al
frente de las redadas hay agentes como Lacerda y Maués. Son los inspectores
principales del Ibama en Pará, un estado mayor que Texas y California juntos.
Conocido por sus anárquicas localidades en medio de la selva, Pará representa
casi la mitad de la devastación del año pasado.
A las
4 de la mañana del primer día de su misión, Maués está en una comisaría en las
afueras de Belém dando instrucciones a 16 agentes del Ibama y a un equipo de 10
policías estatales que los acompañarán como seguridad adicional. Hasta ahora,
sólo los principales agentes conocen su destino: un viaje en coche de cinco
horas hacia el este hasta uno de los rincones más difíciles de controlar de
Brasil.
Maués
les recuerda de los peligros en un área plagada de enfrentamientos entre
madereros, mineros, tribus indígenas y agentes del orden. En 2008, tras recibir
amenazas de muerte por las redadas que encabezaba, Maués huyó de una oficina
que Ibama operaba en las cercanías. Poco después, los madereros la quemaron por
completo.
Las
redadas, planificadas durante más de seis meses, se centrarán en los
alrededores de Nova Esperança do Piriá, uno de los tantos ríos que atraviesan
Pará.
Establecido
en la década de 1970, Nova Esperança, con 20.000 habitantes, es un pueblo
fronterizo con un destartalado centro y rodeado por un monte escasamente
poblado.
Cuando
los satélites mostraron a principios del año pasado más cantidad de claros en
la cercanías del lugar, agentes del Ibama examinaron registros de compañías
madereras autorizadas. Inspectores vestidos de civil recorrieron la región y el
Ibama empezó a contactarse con la policía estatal y el Ejército de Brasil.
En
abril, el Ejército desplegó una unidad a Nova Esperança para una breve misión
"social y civil", dijo el teniente coronel Jucenílio Evangelista da
Silva, comandante del grupo. Mientras los dentistas, médicos y peluqueros del
Ejército atendían a los vecinos gratuitamente, las tropas hicieron un
reconocimiento del área.
Ahora,
mientras Maués da instrucciones antes del amanecer, 104 hombres de Evangelista
están de vuelta en el lugar montando un campamento, una cocina de campaña y un
centro de comunicaciones. Los funcionarios locales, agradecidos por la visita
de abril, autorizaron al coronel a usar una escuela aún sin terminar para
"una operación".
Evangelista
no ha especificado el objetivo: los aserraderos, la única industria privada en
una ciudad donde un 98 por ciento del presupuesto municipal es financiado por
ingresos federales. "Eso tenía que ser una sorpresa", dice el
militar.
"SABIAN
QUE VENIAMOS"
En la
Amazonia hay espacio para la explotación forestal legal. Un 80 por ciento de la
selva tropical original todavía sigue en pie, cubriendo un área del tamaño de
Europa occidental.
Y
existe el conocimiento y la legislación para promover una industria forestal
sostenible. Las concesiones legales indican qué tipos de árboles pueden ser
talados y lo densa que debe mantenerse la selva alrededor del lugar de tala.
Pero
el Ibama se enteró que la madera que pasa a través de Nova Esperança pertenecía
a especies que sólo sobreviven en la Reserva Indígena Alto Guamá, una zona de
casi 2.600 kilómetros cuadrados donde vive de la tribu Tembé.
Esas
maderas - especies como jatobá, maçaranduba y andiroba - son muy preciadas para
usarlas en suelos, fabricación de muebles y en la construcción. Y pueden ser
legales siempre que sean extraídas de zonas de la selva administradas.
Pero
la reserva de Tembé está protegida, y es una de las pocas áreas de selva
original que ha quedado en el este de la Amazonia. A menos de 160 kilómetros
hacia el sur, también hay árboles en la zona donde habita la tribu Awá, que
tiene entre sus integrantes a indígenas que no han tenido contacto con el mundo
moderno.
"Hay
un mosaico de selva que debe ser preservado para que la gente, los animales y
las plantas no queden acorraladas en áreas no sustentables", dice Lacerda,
un biólogo de formación.
Maués
va redondeando su sesión de instrucción. Los agentes y oficiales se amontonan
en seis camionetas. A medida que el sol empieza a asomar, su caravana recorre
la saturada autopista de cuatro carriles en las afueras de Belém, las
carreteras secundarias llenas de baches hasta llegar finalmente a los caminos
de tierra roja en Nova Esperança.
Llegan
alrededor de mediodía, conduciendo por polvorientas calles con tiendas que
venden motosierras y equipo de tala. Una casa cercana utiliza hojas de sierra
desechadas como cerca, con los dientes hacia arriba.
Las
camionetas giran por un camino en el límite de la ciudad. Allí, siete
aserraderos han estado cortando árboles en pedazos.
Los
agentes bajan y empujan la puerta del primer aserradero: la compañía maderera
Maranata. No hay nadie en la oficina, el escritorio y los armarios están
vacíos. El largo galpón donde se sierra la madera está desierto. El depósito de
herramientas fue vaciado y un agujero en el piso revela que una gran máquina
fue arrancada.
"Sabían
que veníamos", dijo Maués.
Afuera,
los vecinos lo admiten. Los trabajadores, viendo al Ejército llegar, pasaron la
noche desmantelando algunos de los aserraderos y ocultando la madera, maquinaria
y documentos en la selva.
Los
leñadores, el eslabón más bajo en la cadena de esta industria, también se
escondieron. Ellos se embolsan apenas 15 dólares por cada metro cúbico de
madera. Pero la madera, cuando está cortada, se vende por al menos por 30 veces
ese monto y a menudo más.
NEGOCIO
PERDIDO
En la
puerta siguiente, de la compañía maderera Piriá, una pareja de mediana edad se
quedó. Maúes y Lacerda se acercan, empequeñecidos por las pilas de madera. La
pareja está sentada, con calma.
Igual
que los troncos en el aserradero de João Pereira, ninguno tiene etiquetas de
identificación. Y como Pereira, los propietarios dicen que tienen los
documentos requeridos, pero que están en poder de su abogado en Belém.
"Será
mejor que lo llame", les dice Lacerda.
Y la
mujer, Rosa María da Silva Santos, obedece.
A esta
altura, montones de lugareños se han reunido a lo largo de la valla del
aserradero. Muchos gritan a los agentes. Algunos lloran.
"De
esto come la gente en este lugar", dice Alves Borges de Nascimento, un
empleado de un aserradero de 35 años. "¿Cómo es que el Gobierno tiene
recursos para venir a cerrarnos, pero no para darnos alternativas?"
Esa
noche, los soldados comparten arroz y frijoles en la escuela. Fuera, agentes
armados con ametralladoras montan guardia.
Llega
el abogado de Santos y un consultor de los madereros. Traen consigo las
licencias de operación y los certificados de la madera. Pero no alcanza para
explicar los 840 metros cúbicos de madera encontrados en su patio.
Las
etiquetas que debían estar en los troncos, explica el consultor, "pueden
haberse caído".
"Eso
puede ocurrir en uno o dos troncos", dice Maués. "Pero no en
todos".
A la
mañana siguiente, los agentes se dirigen al bosque.
Conducen
a través de granjas y pasan unos pastos de ganado en un terreno despejado
algunos años atrás. Parte del lugar fue público en el pasado, y por lo tanto
protegido. Pero la mala demarcación, documentos forjados y una laxa aplicación
de la ley hicieron prevalecer los derechos de quienes ocuparon el terreno.
Aunque
los propietarios a veces preservan los bosques, muchos los están ahora talando
a medida que Brasil se dispone a aplicar un mapa digital de sus más de cinco
millones de granjas conocidas. El Gobierno dice que el registro ayudará a
controlar lo que es público y privado, además de ver si las nuevas áreas
despejadas son legales. Los propietarios están apresurándose a talar antes del
mapeo, que podría demorar años.
Alrededor
del mediodía, los agentes conducen a través de la reserva Tembé.
"ME
PODRIAN HABER MATADO"
Dos
años atrás, un grupo de 35 tembés se enfrentaron a cinco madereros que cortaban
árboles de la reserva. Los tembé, armados con escopetas y machetes, los echaron
de sus tierras y quemaron dos tractores.
En
noviembre de 2012, agentes de Ibama se unieron a Valdecí Tembé, un líder de la
tribu, para investigar otra incursión.
Esta
vez los madereros se habían armado para enfrentarlos. El episodio terminó
pacíficamente, pero Valdecí quedó tan alterado que se sumergió en la selva y
caminó sólo durante varios días.
"Me
podrían haber matado", dice.
Esta
tarde los agentes entran en el depósito de madera de João Pereira. Los policías
cachean a los empleados de Pereira y registran el aserradero en busca de armas.
"No
van a encontrar ninguna", dice Pereira, de 58 años. "Nunca conseguí
nada con un arma".
Lacerda
le ordena llamar al contable con los documentos de sus 404 metros cúbicos de
madera. Maués, mientras, autoriza a un comprador con un semi remolque cargado
con unos 7.000 dólares en tauarí recién serrada, a llevar las tablas a un
depósito. Puede rociar la madera con fungicidas, dice Maués, pero no venderla
hasta que Ibama compruebe su origen.
Durante
el viaje de regreso al campamento, los agentes se topan con tres trabajadores
montando una barraca de aserradero. Ya colocaron los rieles para el vehículo
que moverá los troncos por las sierras. Este tipo de aserraderos rudimentarios
pueden ser construidos por apenas 10.000 dólares. Hay cientos de ellos en la
Amazonia y miles en todo Brasil, dicen los agentes del Ibama.
"¿Tienen
una licencia para esto?", les pregunta el agente Gunther Barbosa.
"No
lo sé", responde uno de los trabajadores, mirando con nerviosismo el arma
de Barbosa.
"Dile
a quien sea que te mandó a construir esto que vas a parar", responde
Barbosa. "Si volvemos y esto está todavía aquí, lo vamos a destruir con
motosierras".
Durante
los siguientes días y semanas, los agentes empiezan a demoler los aserradores
no autorizados, incluyendo el que estaba siendo construido cerca de lo de
Pereira. Santos y su marido fueron multados con 290.000 dólares por
documentación irregular y posesión de madera ilegal. Pereira fue multado con
149.000 dólares por el mismo tipo de violaciones. Los agentes ordenaron el
cierre de los dos aserraderos hasta aclarar si la documentación está en regla.
Algunos
de los lugareños ausentes al comienzo del episodio comienzan a aparecer,
incluyendo Dejair Nunes, el dueño de Maranata, el aserradero vacante del primer
día. Los agentes encuentran sus equipos, los incautan y lo multan con 930.000
dólares por no tener licencia y por almacenar madera ilegal.
Bebiendo
Coca-Cola en casa de su novia, Nunes, de 31 años, se burla de los cargos.
Y su
desdeño ilustra un problema del Ibama: la agencia a menudo no puede cobrar las
multas, pues los madereros apelan o directamente las ignoran. Pese a haber
aplicado multas por 830 millones de dólares en la Amazonia, el Ibama informó en
2012 de ingresos por multas de apenas 34 millones de dólares en todo Brasil.
La
agencia puede ir a por los activos de los multados y bloquear sus créditos,
pero muchos encuentran la forma de seguir serrando. Utilizan nuevos nombres, se
trasladan a otro lugar o simplemente comienzan otra vez tan pronto como el
Ibama se va.
"Puede
que lo que hago sea ilegal", dice Nunes, "pero no es inmoral".
/Por Paulo Prada/
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