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Tomado de:
Por José Pedro Martins, desde Rio de Janeiro
05.07.12 - Brasil
La Amazonia se encuentra en el centro del debate ambiental en
Brasil, y no podría ser diferente en el caso de Rio+20. La selva tropical más
grande del mundo, tiene la mayor concentración de biodiversidad y una de las
reservas de agua dulce más voluminosas del planeta.
Las políticas del gobierno brasileño para la Amazonia fueron
duramente criticadas por ambientalistas, científicos, pueblos indígenas y
comunidades tradicionales durante los eventos paralelos a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible —realizada en Rio de Janeiro del 20
al 22 junio— que fue el escenario perfecto para que el gobierno de Brasil
presentase las acciones que está implementando con miras a reducir la
deforestación y proteger la vasta selva tropical.
Las críticas se centran en tres puntos. Uno de ellos es el
conjunto de proyectos hidroeléctricos en la región, particularmente la
construcción de la central de Belo Monte, en la cuenca del río Xingu, que se
convertirá en la tercera hidroeléctrica más grande del mundo después de Tres
Gargantas en China, e Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay. Los otros dos
tienen que ver con una ley aprobada por el Senado que reduce las Áreas de
Conservación y con la deforestación.
Brasil tiene más de 140 proyectos de hidroeléctricas de
diversa potencia para la Amazonia, por un total de más de 40,000 MW, de lejos
la mayor parte de los más de 60,000 MW previstos para la suma de todos los
proyectos en el país. Belo Monte, en el estado de Pará, tiene una potencia
prevista de 11,000 MW.
En abril pasado, dos meses antes de Rio+20, el gobierno
recibió otra notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos, acerca
de los posibles impactos de la construcción de Belo Monte sobre los pueblos
indígenas y otras comunidades tradicionales de esa región de la Amazonia.
El 1 de abril del 2011, la CIDH había otorgado medidas
cautelares a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingu, en
Pará: arara de la Volta Grande do Xingu, juruna de Paquiçamba, juruna del
"Kilómetro 17”, xikrin de Trincheira Bacajá, asurini de Koatinemo, kararaô
y kayapó de la tierra indígena Kararaô, parakanã de Apyterewa, araweté de
Igarapé Ipixuna, arara de la tierra indígena Arara, arara de Cachoeira Seca,
además de comunidades indígenas en aislamiento de la cuenca del Xingu.
La solicitud de medidas cautelares argumentó que "la
vida y la integridad personal de los beneficiarios estarían en riesgo por el
impacto de la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte”. En
julio del 2011, tras la respuesta del gobierno brasileño asegurando que se
estaban tomando las medidas para proteger los territorios y derechos de los
pueblos indígenas, la CIDH solicitó al gobierno que adoptase "medidas para
proteger la vida, la salud y la integridad personal de los miembros de las
comunidades indígenas en situación de aislamiento voluntario de la cuenca del
Xingu, y la integridad cultural de las mencionadas comunidades”.
En respuesta a presiones de organizaciones indigenistas,
ambientalistas y de la propia CIDH, el gobierno creó en enero pasado un Grupo
de Trabajo Interministerial con miras a la formulación de estudios para la
reglamentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre pueblos indígenas y tribales. El convenio prevé la consulta a los pueblos
eventualmente afectados por proyectos de desarrollo. La ausencia de esas
consultas a pueblos indígenas y comunidades afrobrasileñas afectadas por
algunos proyectos en la Amazonia, ha sido objeto de críticas por parte de
órganos nacionales e internacionales.
No a las represas
En Rio+20, Belo Monte fue, naturalmente, tema de varios de
los eventos paralelos, sobre todo en la Cumbre de los Pueblos. El 18 de junio, la
organización no gubernamental francesa Planète Amazone entregó a los indígenas
kayapó un documento con 350,000 firmas contra la construcción de Belo Monte,
que los kayapó harán llegar a la presidenta Dilma Roussef.
"Vamos a llevar todo a la presidenta Dilma. Es
especialmente para ella. Para decir que los indígenas brasileños no están
solos”, afirmó en la Cumbre de los Pueblos Marcos Apurinã, de la Coordinadora
de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB).
El 19 de junio, una "banderola humana” fue promovida por
unas 1,500 personas en el centro de Rio de Janeiro, para simbolizar un río
libre de represas u otras formas de agresión. "Necesitamos un movimiento
para llamar la atención sobre el gobierno de Brasil y del mundo para detener estas
represas. ¿Cómo pueden las personas vivir sin los ríos y sus peces y los
bosques?”, afirmó en el evento el cacique Raoni, referente histórico de los
pueblos indígenas brasileños. La manifestación, organizada por la Articulación
de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), contó con el apoyo de organizaciones
como la Campaña Global para la Acción Climática y Amazon Watch, que defendieron
la necesidad de que Brasil dé saltos más grandes en otras fuentes de energía.
Los diversos proyectos de hidroeléctricas en la Amazonia
brasileña estuvieron, de hecho, en el centro de los debates en el IX Campamento
Tierra Libre-Buen Vivir/Vida Plena, realizado como parte de la Cumbre de los
Pueblos por las organizaciones indígenas brasileñas e internacionales como la
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), el Consejo Indígena de
Centroamérica (CICA) y el Consejo Continental de la Nación Guaraní (CCNAGUA).
La declaración final del Campamento Tierra Libre repudió los
grandes emprendimientos en territorios indígenas brasileños, como las represas
Belo Monte y Jirau, entre otros.
La controversia por las hidroeléctricas está relacionada con
otro punto de las críticas a las políticas del gobierno brasileño para la
Amazonia. Se trata de la cuestión de las Unidades de Conservación existentes en
la Amazonia. Menos de un mes antes de Rio+20, el Senado federal aprobó el 29 de
mayo un proyecto de ley que reduce las áreas de las Unidades de Conservación a
fin de viabilizar la inundación de los reservorios de las hidroeléctricas
proyectadas en la Amazonia, la nueva frontera energética de Brasil. Con el
proyecto, resultante de una propuesta de ley presentada por el gobierno federal
al Congreso Nacional, fueron alterados los límites de ocho Unidades de
Conservación, de los cuales cuatro ya perdieron áreas en función de la
inundación prevista por las represas, las centrales de energía de São Luiz do
Tapajós, Tabajara, Jatobá, Santo Antônio y Jirau, estas ya en construcción.
Deforestación
El tercer foco de las críticas al gobierno federal en
relación con la Amazonia se refiere a la deforestación, con impacto en la
destrucción de la biodiversidad y la emisión de gases de efecto invernadero.
Los incendios, la deforestación y otras formas de uso inadecuado de la tierra
representan más del 70% de las emisiones brasileñas.
Durante Rio+20, el gobierno brasileño presentó varias
acciones relacionadas con la Amazonia, incluyendo el resultado de las políticas
contrarias a la deforestación. Desde el 2004, cuando la deforestación alcanzó
los 27,400 km², se ha producido una disminución anual, alcanzando 6,418 km²
entre agosto del 2010 y julio del 2011.
Pero los ambientalistas consideran todavía muy altas las tasas
de deforestación en la Amazonia, que ya perdió 20% de su superficie original.
Asimismo, el gobierno brasileño presentó los resultados del
Programa de Áreas Protegidas de la Amazonia (ARPA), que ya cubre el 15% de la
región. ARPA brinda capacitación en protección y fiscalización de las áreas, y
en monitoreo ambiental, financiero y físico del propio programa a 95 unidades
de conservación en este bioma, con un total de 58 millones de hectáreas.
"Hay 22 millones de personas que viven en la Amazonia y
que esperan un mejor nivel de vida”, dijo el secretario de Biodiversidad y
Bosques, Roberto Cavalcanti, en el evento sobre los resultados de ARPA, el 18
de junio.
En el evento, el Ministerio de Medio Ambiente y la
organización ambientalista WWF-Brasil se reunieron con organismos
internacionales de financiamiento para firmar un acuerdo multilateral destinado
a recaudar US$250 millones, hasta el 2019, y otros $35 millones en los años
siguientes, como una forma de fortalecimiento y ampliación de ARPA.
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