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La pretensión del Gobierno argentino de reemplazar la “cláusula democrática” del Mercosur, establecida en el Protocolo de Ushuaia en 1998, por aquella creada en noviembre pasado en Guyana en el “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur”, constituye un gravísimo atentado contra la soberanía del Paraguay que de ninguna manera puede ser consentida –y muchos menos aprobada– ni por nuestro gobierno ni por nuestro pueblo. El Congreso nacional jamás debe ratificar las imposiciones que contiene dicho Protocolo Adicional y debe exigir al Poder Ejecutivo que explique su participación en esta infame intención, reclamando responsabilidades al canciller Jorge Lara Castro, quien debiera ser inmediatamente interpelado por promover el vilipendio de los altos intereses de nuestra Nación.
La pretensión del Gobierno argentino de reemplazar la “cláusula democrática” del Mercosur, establecida en el Protocolo de Ushuaia en 1998, por aquella creada en noviembre último en Guyana en el “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur”, constituye un gravísimo atentado contra la soberanía del Paraguay que de ninguna manera puede ser consentida –y mucho menos aprobada– ni por nuestro gobierno ni por nuestro pueblo.
El acuerdo adoptado por Unasur, aún pendiente de ratificación en el Congreso nacional, establece en su artículo 4º una cláusula draconiana de corte imperialista, según la cual, ante un caso de ruptura o “amenaza de ruptura” del orden democrático en un Estado miembro, los países de la región podrán ordenar, por sí y ante sí, el “cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión y/o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros”.
La República del Paraguay bajo ningún concepto debe aceptar tal imposición. En primer término, porque dicho tratado deja abierta a la libre y subjetiva interpretación de países extranjeros qué constituye una “amenaza de ruptura” del orden democrático. La ruptura del mismo, bien se sabe, la representa un golpe de Estado, es decir, el reemplazo de un gobierno legítimo y constitucional por otro de facto.
Sin embargo, el concepto “amenaza de ruptura” es muy laxo y da lugar a un sinnúmero de interpretaciones subjetivas, que de hecho no están estipuladas en el Protocolo de la Unasur. Esto significa que si cualquier presidente alega, con argumentos o sin ellos, que su poder es objeto de alguna “amenaza”, los países de la región pueden ordenar ¡nada menos que el inmediato bloqueo del Estado en cuestión!
Podría darse el caso, por ejemplo, de que el presidente Lugo, contrariado ante una determinación del Congreso que rechace sus aspiraciones reeleccionistas, invoque el artículo cuarto de dicho tratado y los paraguayos nos veríamos inmediatamente expuestos a ser cercados por un bloqueo de gravísimas consecuencias para nuestra seguridad, así como para la subsistencia misma del Estado y la economía del país.
Ante esta circunstancia, nuestras fronteras terrestres serían cerradas, se acabaría nuestro comercio exterior, se suspendería todo tráfico aéreo y marítimo, así como las comunicaciones, y, lo que es peor, Brasil y Argentina serían habilitados “legalmente” a suspender la provisión de energía, es decir, se quedarían con la totalidad de nuestra producción hidroeléctrica en Itaipú y Yacyretá. Venezuela, al mismo tiempo, dejaría de suministrar petróleo.
Es más que evidente que esta inicua “cláusula”, que de democrática no tiene absolutamente nada, directamente tiene el objetivo de establecer un repudiable dominio sobre los países sin litoral marítimo, como es el caso de Paraguay y Bolivia.
Invirtiendo nuestro razonamiento, supongamos por un instante que en el Brasil se produjese un golpe de Estado. ¿Alguien en su sano juicio podría imaginar que el Paraguay le cerraría su frontera a su poderoso país vecino? ¿Que se apoderaría de su energía hidroeléctrica en Itaipú? ¿Que suspendería todos los vuelos y dejaría de comerciar con él? Basta tener dos dedos de frente para dar con la respuesta correcta.
Por lo tanto, esta inmoral “cláusula” no fue hecha para resguardar ningún principio en los países poderosos, sino para avasallar a los débiles, para apoderarse de sus riquezas, para disponer de sus materias primas y para comerciar con sus recursos energéticos.
Ahora bien, ¿cómo un país mediterráneo como el nuestro puede aceptar tamaño despropósito? ¿En qué estaban pensando el presidente Fernando Lugo y su Cancillería al momento de suscribir este Protocolo que supone un gravísimo atentado a la soberanía y a la existencia misma del Estado paraguayo? Evidentemente, el titular del Poder Ejecutivo ha traicionado, una vez más, los intereses del país al hacerlo.
El Congreso nacional jamás debe ratificar el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso Democrático. No solo eso, también debe exigir al Poder Ejecutivo que explique su participación en esta infame intención de reemplazar la Cláusula Democrática del Mercosur, reclamando responsabilidades al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Lara Castro, quien debiera ser inmediatamente interpelado por promover el vilipendio de los altos intereses de la Nación paraguaya.
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