Tomado de http://www.soitu.es/soitu del 9 de diciembre de 2008.
Brasilia.- El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidirá mañana sobre la legalidad de una reserva indígena creada en los límites con Venezuela y Guayana, que deberá ser abandonada por una decena de empresarios arroceros si el fallo favorece a los aborígenes.
El Gobierno, que ha tomado claro partido en favor de los indios, intentó expulsar a los empresarios hace alrededor de un año, pero la demanda presentada ante el Supremo le obligó a replegarse hasta que haya una decisión judicial.
La reserva "Raposa Serra do Sol", creada por el Gobierno en abril del 2005 en el norte del país, ocupa 1,7 millones de hectáreas, que equivalen al 7,7 por ciento del estado de Roraima, limítrofe con Venezuela, y es habitada por unos 18.000 miembros de las etnias Macuxí, Taurepang, Wapixana, Ingarikó y Patamona.
En esas tierras también está asentada una decena de empresas que se dedican al cultivo de arroz, emplean a cientos de personas y sus actividades económicas equivalen a cerca del 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del deprimido estado de Roraima.
En el pulso surgido tras la creación de la reserva, los indios sostienen que esas tierras les pertenecen por "derechos ancestrales" y acusan a los empresarios de haber intentado desalojarles por la fuerza, mediante pistoleros que siembran el terror en sus aldeas.
Los empresarios, que fueron quienes acudieron al Supremo Tribunal contra la demarcación de esos territorios, rechazan las acusaciones de los nativos y exigen permanecer en las tierras que ocupan desde antes de la delimitación de la reserva.
El Supremo comenzó a juzgar el caso en agosto pasado, pero se vio obligado a suspender su decisión porque uno de los magistrados pidió más tiempo para examinar el caso, incluso a la luz de la soberanía y las políticas de seguridad fronteriza.
La reserva, tal como fue trazada, ocupa cerca de 300 kilómetros de líneas fronterizas con Venezuela y Guayana, lo que ha despertado críticas de influyentes sectores, como el Ejército, en el que se han alzado voces que califican la delimitación como un "atentado contra la soberanía nacional".
El Gobierno, que ha tomado claro partido en favor de los indios, intentó expulsar a los empresarios hace alrededor de un año, pero la demanda presentada ante el Supremo le obligó a replegarse hasta que haya una decisión judicial.
El ministro de Justicia, Tarso Genro, reiteró hoy que cualquier decisión de los magistrados será acatada, pero manifestó confianza en que el fallo será favorable a los aborígenes y a la demarcación que estableció el propio Gobierno.
Los empresarios, por su parte, han alertado del clima de tensión que existe en la reserva y afirmaron que, aún con un fallo en contra de sus demandas, mañana no acabarán los conflictos.
Si el Supremo respalda a los indios "habrá que discutir asuntos como las indemnizaciones y el asentamiento de las empresas", afirmó Paulo César Quartiero, un influyente arrocero que es además alcalde de Pacaraima, municipio situado dentro de la reserva que, en caso de un fallo contra los empresarios, estaría condenado a desaparecer.
Brasilia.- El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidirá mañana sobre la legalidad de una reserva indígena creada en los límites con Venezuela y Guayana, que deberá ser abandonada por una decena de empresarios arroceros si el fallo favorece a los aborígenes.
El Gobierno, que ha tomado claro partido en favor de los indios, intentó expulsar a los empresarios hace alrededor de un año, pero la demanda presentada ante el Supremo le obligó a replegarse hasta que haya una decisión judicial.
La reserva "Raposa Serra do Sol", creada por el Gobierno en abril del 2005 en el norte del país, ocupa 1,7 millones de hectáreas, que equivalen al 7,7 por ciento del estado de Roraima, limítrofe con Venezuela, y es habitada por unos 18.000 miembros de las etnias Macuxí, Taurepang, Wapixana, Ingarikó y Patamona.
En esas tierras también está asentada una decena de empresas que se dedican al cultivo de arroz, emplean a cientos de personas y sus actividades económicas equivalen a cerca del 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del deprimido estado de Roraima.
En el pulso surgido tras la creación de la reserva, los indios sostienen que esas tierras les pertenecen por "derechos ancestrales" y acusan a los empresarios de haber intentado desalojarles por la fuerza, mediante pistoleros que siembran el terror en sus aldeas.
Los empresarios, que fueron quienes acudieron al Supremo Tribunal contra la demarcación de esos territorios, rechazan las acusaciones de los nativos y exigen permanecer en las tierras que ocupan desde antes de la delimitación de la reserva.
El Supremo comenzó a juzgar el caso en agosto pasado, pero se vio obligado a suspender su decisión porque uno de los magistrados pidió más tiempo para examinar el caso, incluso a la luz de la soberanía y las políticas de seguridad fronteriza.
La reserva, tal como fue trazada, ocupa cerca de 300 kilómetros de líneas fronterizas con Venezuela y Guayana, lo que ha despertado críticas de influyentes sectores, como el Ejército, en el que se han alzado voces que califican la delimitación como un "atentado contra la soberanía nacional".
El Gobierno, que ha tomado claro partido en favor de los indios, intentó expulsar a los empresarios hace alrededor de un año, pero la demanda presentada ante el Supremo le obligó a replegarse hasta que haya una decisión judicial.
El ministro de Justicia, Tarso Genro, reiteró hoy que cualquier decisión de los magistrados será acatada, pero manifestó confianza en que el fallo será favorable a los aborígenes y a la demarcación que estableció el propio Gobierno.
Los empresarios, por su parte, han alertado del clima de tensión que existe en la reserva y afirmaron que, aún con un fallo en contra de sus demandas, mañana no acabarán los conflictos.
Si el Supremo respalda a los indios "habrá que discutir asuntos como las indemnizaciones y el asentamiento de las empresas", afirmó Paulo César Quartiero, un influyente arrocero que es además alcalde de Pacaraima, municipio situado dentro de la reserva que, en caso de un fallo contra los empresarios, estaría condenado a desaparecer.
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