La reclamación del Esequibo peligra. El secretario general de
la ONU fijó diciembre de este año como fecha límite para su tarea de
buenos oficios entre Guyana y Venezuela. Sin un “avance significativo” —lograr
en nueve meses lo que no se ha podido en 50 años— remitiría la controversia a
la Corte Internacional de Justicia
En octubre de 2013 la Armada Venezolana detuvo en el área
marítima disputada el buque panameño RV Teknik Perdana
By HUMBERTO MÁRQUEZ
26 DE MARZO DE 2017 12:31 AM
La controversia por el territorio Esequibo reivindicado por
Venezuela entró en una recta decisiva y quizás definitiva, después de que el
nuevo secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres,
reiteró la intención de llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia de
La Haya este año.
Esa operación sería un triunfo para Guyana, que siempre abogó
por acudir a la CIJ, y un revés para Venezuela, que desde hace casi un siglo
sistemáticamente rehúsa someter a tribunales y terceros sus asuntos de
territorio y límites.
Guterres nombró el pasado 27 de febrero al noruego Dag Nylander como su representante ante Georgetown y Caracas para manejar la controversia, en calidad de buen oficiante, pero con un “mandato reforzado” para mediar: podría adelantar alguna iniciativa propia y no limitarse a comunicar a las partes lo que propongan una y otra.
Guterres nombró el pasado 27 de febrero al noruego Dag Nylander como su representante ante Georgetown y Caracas para manejar la controversia, en calidad de buen oficiante, pero con un “mandato reforzado” para mediar: podría adelantar alguna iniciativa propia y no limitarse a comunicar a las partes lo que propongan una y otra.
Nylander, abogado y diplomático de 47 años de edad, actuó
como enviado de su país para apoyar entre 2012 y 2016 el proceso de paz entre
el gobierno y las FARC. Su designación se acompañó de una helada advertencia:
“Si al final de 2017 el secretario general concluye que no se han cumplido
progresos significativos para llegar a un acuerdo completo para la solución de
la controversia, él escogerá a la CIJ como el siguiente medio para buscar un
arreglo, a no ser que los gobiernos de Guyana y Venezuela soliciten conjuntamente
que se abstenga de hacerlo”.
En paralelo, el gigante estadounidense Exxon confirmó
hallazgos de petróleo en la plataforma continental bajo aguas del Atlántico
frente al Esequibo: los campos Payara-1 y Liza contendrían más de 1.000
millones de barriles de crudo. Analistas de la firma Tudor, Holt, Pickering
& Co. calculan hasta 2.000 millones de barriles, que si se valúan a unos 50
dólares pueden significar 100.000 millones de dólares para Guyana en 20 años.
Exxon contiende con Caracas ante el Centro de Arreglo de
Diferencias (Ciadi) del Banco Mundial por pago de compensaciones tras
estatizarse sus activos en Venezuela. De Exxon proviene el nuevo secretario de
Estado norteamericano, Rex Tillerson. Y esa compañía comparte sus negocios en
Guyana con la empresa estatal CNOOC, de China, financista y socio en decenas de
proyectos del gobierno venezolano.
¿Acuerdo violado?
El 17 de febrero de 1966, poco antes de la independencia
guyanesa, Londres, Caracas y Georgetown firmaron el Acuerdo de Ginebra que
estableció una comisión mixta para “buscar soluciones satisfactorias para el
arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida
como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899
sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito”.
La comisión mixta no logró su cometido en cuatro años, un
protocolo congeló el diferendo por otros 12 y durante un cuarto de siglo ha
estado en manos del secretario general de la ONU, que se hace representar ante
las partes por un buen oficiante. “El anuncio de que si para finales de 2017 el
secretario general concluye que no se ha logrado un avance significativo para
un acuerdo completo de solución de la controversia elegirá a la CIJ como el
siguiente medio, es una violación en sí del Acuerdo de Ginebra”, apunta el jurista
Carlos Ayala Corao, ex representante de Venezuela ante el buen oficiante en los
últimos años del siglo XX.
Ello porque el Acuerdo de Ginebra “habla de buscar una
solución satisfactoria para ambas partes, y una solución judicial unilateral no
lo es”, explica Ayala Corao. El acuerdo establece que el secretario general
puede escoger los medios de solución pacífica de controversias previstos en la
Carta de las Naciones Unidas (negociación, investigación, mediación,
conciliación, arbitraje, arreglo judicial o recurso a organismos regionales),
hasta agotarlos. Según Ayala Corao “puede escoger cualquier otro medio de
solución pacífica pero no el arreglo judicial, porque es unilateral”.
Carlos Bivero, ex vicecanciller de Venezuela, ha advertido
que esta decisión de Guterres sintoniza con que “el secretario general de la
ONU ha visto potenciadas sus facultades de resolución de conflictos. El Consejo
de Seguridad le solicita que intervenga en la prevención de conflictos, y es un
tema de interés para Guterres: en el seno de la ONU surge la doctrina de
maximizar las facultades preventivas del secretario general”.
“El plazo de un año, ya nueve meses apenas, es una señal de
superficialidad en el manejo del asunto y de un bajo nivel de compromiso, pues
en un año no se resuelve un tema como este y lo que puede hacer el trabajo del
buen oficiante es encaminar un proceso”, advierte Bivero.
Recurrir a la CIJ ha sido una tesis de Guyana y, desde los
tiempos de la comisión mixta que se reunió sin éxito entre 1966 y 1970, ha mantenido
el criterio de que determinar la nulidad o validez del Laudo de 1899 es una
cuestión previa que debe tratarse antes de analizar cualquier arreglo práctico
o de hecho.
Por ello, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en una
declaración del 7 de febrero asentó que “pretender que con el solo
consentimiento del gobierno de Guyana, el secretario general de la ONU podría
escoger remitir el asunto a la CIJ, constituye una infracción del objeto y fin
del propio Acuerdo de Ginebra”
El centro de análisis del Consejo Venezolano de Relaciones
Internacionales (Covri) subrayó en una declaración que “el secretario general
de la ONU no tiene competencia para remitir la controversia a la CIJ” y que el
postulado de Ginebra indica que no se trata de un problema jurídico sino
político, por lo que los métodos arreglo judicial y arbitraje deben ser
excluidos.
Otra apreciación ha conformado durante medio siglo la
posición venezolana con opiniones de sus diplomáticos, juristas, historiadores
y otros estudiosos: es sumamente cuesta arriba conseguir la nulidad de un laudo
con más de un siglo de vigencia. Y Venezuela ha sufrido enormes pérdidas
territoriales cada vez que sus límites se dirimieron en un tribunal, con la
sola excepción de haber conseguido en 1865 la remota isla de Aves.
¿Qué hacer?
La cancillería venezolana ya adelantó el criterio de que
rechazará ir a la CIJ. En diciembre, la ministra Delcy Rodríguez saludó que se
designase un nuevo buen oficiante, y agregó en su cuenta de Twitter: “Haremos
llegar al secretario de la ONU la posición reiterada de Venezuela de rechazar
el recurso a la Corte Internacional”.
Rodríguez destacó entonces que Venezuela “ratifica su
compromiso con la solución negociada de esta controversia”, pero el gobierno no
ha insistido en el tema en las semanas siguientes a la reiteración de Guterres
de abrir el camino a La Haya.
Para Eloy Torres, ex embajador y catedrático de relaciones
internacionales, es una discusión inútil si a Venezuela tiene razón o no. “No
podemos recuperar la totalidad de ese territorio. Hay que hacer un esfuerzo
para recuperar una salida al Atlántico y no quedar encerrados: somos un país
que exporta petróleo e importa alimentos”.
El internacionalista Gerson Revanales lamenta que ya no
exista la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, una entidad que pudiera
hacer recomendaciones a las autoridades, pues considera que el gobierno “no
parece estar preparado para lo que viene”, es decir, encarar la controversia
ante la CIJ.
“Pareciera que estamos otra vez en 1899: situación de crisis
social, carencia de unidad política, un Estado nominal pero sin presencia en
los espacios requeridos y con una diplomacia muy precaria”, apunta Carlos Luna,
profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV. Luna dijo en una
reciente mesa redonda del Covri que “se han cometido errores, discursivos y de
aquiescencia (con Guyana). Se requeriría un paso al frente de toda la sociedad.
La Asamblea Nacional podría impulsar un gran foro con todas las fuerzas
interesadas en este tema”.
Con él coincide el diputado Williams Dávila, de la comisión
de asuntos internacionales: “Tenemos dudas y preocupaciones acerca de si el
gobierno está preparado para afrontar este riesgo. No le veo al régimen una
estrategia clara”.
Un detalle de ligereza notado por docentes de estudios
internacionales es que, al saludar el 51 aniversario de la firma en Ginebra, la
Cancillería venezolana asentó que “con la firma de este Tratado se reconocen
los derechos soberanos de Venezuela sobre el Esequibo”, lo que no es cierto,
pues el Acuerdo de Ginebra lo que reconoce es que existe una contención, es
decir, un reclamo por parte de Caracas, no sus derechos.
Otra arista del tema es la situación de Caracas con respecto
a la Caricom (Comunidad del Caribe anglohablante), con 14 votos decisivos para
favorecer al gobierno venezolano en la Organización de Estados Americanos, pero
que durante décadas, ha apoyado a Guyana frente al reclamo de Venezuela.
Los expertos consideran que Guyana se ha preparado, y muy
bien, para la eventualidad de que la controversia llegue a la CIJ u otros
escenarios. Cuenta con el respaldo de la Commonwealth o Mancomunidad de
Naciones: el Reino Unido y medio centenar de países que fueron sus colonias. La
entrevista dada a la BBC esta semana por el ministro de Relaciones Exteriores
guyanés, Carl Greenidge, es una muestra de su preparación.
El Esequibo, finalmente, se perfila en este 2017 como gran
tema de la política exterior de Venezuela: puede haber decisiones al cabo de un
pleito que lleva ya casi dos siglos.
Litigio petrolizado
El 10 de octubre de 2013 el patrullero oceánico Yekuana de la
Armada venezolana interceptó al buque de exploración petrolera Teknik Perdana,
de bandera panameña, cuando faenaba en aguas reivindicadas por ambos estados
frente al territorio Esequibo. En la plataforma submarina hay grandes depósitos
de hidrocarburos.
“A partir de entonces se registra una inflexión en la
posición de Guyana, que era ignorar o desentenderse de la controversia: ahora
le interesa resolverla, para poder emprender la explotación de sus recursos”,
apunta el investigador Rajihv Morillo Dáger, de la Universidad Católica Andrés
Bello.
La controversia ya no es solo por territorio, por resolver
una injusticia histórica o por una salida a la navegación oceánica, sino que
también se ha petrolizado.
Al proyectar las fachadas costeras se cruzan las líneas de
demarcación que cada país proyecta sobre el Atlántico que reivindica, y en la
zona marítima por delimitar “pueden existir recursos entre 13,6 y 15,2
millardos de barriles de crudo liviano y entre 32 y 42 billones de pies cúbicos
de gas natural, según el Servicio Geológico de Estados Unidos”, apunta Kenneth
Ramírez, presidente del Covri y catedrático de geopolítica petrolera.
Los hallazgos de Exxon, destacó Ramírez, avalan esas
proyecciones. Firmas especializadas calculan el valor presente neto del campo
Liza en 4,5 millardos de dólares y el de Payara en 1,6. Sumadas, equivalen al
doble del actual producto interno bruto de Guyana. Ello suponiendo que cada uno
de esos campos produzca hacia 2015 unos 180.000 barriles diarios de un crudo
que pueda venderse hasta 65 dólares por barril de 159 litros.
“Todo eso hace que en Georgetown especulen con la posibilidad
de convertirse en 'el Kuwait del Caribe' y, por primera vez en medio siglo, a
Guyana no le conviene el statu quo, lo que puede ser aprovechado por Venezuela
para presionar por un arreglo práctico que la resarza del despojo histórico del
cual fue víctima”, concluyó Ramírez.
Si se llega a la Corte…
-El secretario general de la ONU podría remitir (término
impreciso) el asunto a la Corte Internacional de Justicia, pero no como un
procedimiento contencioso (litigio), algo previsto para hacer por un Estado
demandante o un acuerdo entre varios estados.
-Si la controversia llega así a la Corte, debe tener el
consentimiento de los Estados concernidos. Venezuela anunció (mensaje en
Twitter de la Cancillería) que no aceptará la jurisdicción de la CIJ, su tesis
permanente, opuesta a la de Guyana.
-El aparte 1 del artículo 36 del Estatuto de la CIJ dice que
“la competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le
sometan”. La tesis de Venezuela sería no aceptar someterse a la jurisdicción de
la CIJ.
-El aparte 6 del mismo artículo reza que “en caso de disputa
en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”. Hay
precedentes sobre exclusiones expresas que hacen los Estados acerca de la
jurisdicción de la CIJ en sus litigios.
-A la Corte podría someterse una consulta (como, por ejemplo,
si obtener la nulidad del fallo de 1899 es pre-requisito obligatorio para
buscar un arreglo práctico de la controversia, según la tesis de Guyana) pero
según el Estatuto de la CIJ las opiniones consultivas se producen a pedido de
órganos de la ONU, como el Consejo de Seguridad o la Asamblea General.
Nylander,
reforzado
Nacido en 1969, Dag Halvor Nylander es un experimentado
diplomático noruego, designado por el secretario general de la ONU, el
portugués Antonio Guterres, como su representante personal en las gestiones
para tratar la controversia entre Guyana y Venezuela. Abogado de
formación -delgado, calvo, cuidado bigote- representó a su país en las
embajadas de Buenos Aires, Bogotá y la ONU. Su principal carta de
presentación es haber contribuido como un discreto y paciente mediador para
lograr “uno de los mejores acuerdos de paz en el mundo”, el de 2016 entre el
gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrilleras Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia.
Nylander es el primer buen oficiante en dos décadas que no es oriundo del Caribe de habla inglesa. La Comunidad de Estados Caribeños (Caricom) siempre ha respaldado a Guyana ante la reclamación de Venezuela.
Nylander es el primer buen oficiante en dos décadas que no es oriundo del Caribe de habla inglesa. La Comunidad de Estados Caribeños (Caricom) siempre ha respaldado a Guyana ante la reclamación de Venezuela.
Sus antecedentes, su “mandato reforzado”, el plazo de este
año para agotar los buenos oficios y la experiencia noruega en acuerdos de
paz -como el de Colombia o uno de los alcanzados entre israelíes y
palestinos- sugieren que Nylander podría tomar iniciativas para encauzar
la controversia. Pero debe actuar no sólo con discreción y equilibrio, sino
también con prisa.
Atento a los detalles, Nylander ha dicho de su trabajo que
una mediación siempre debe, sobre todo al comienzo, mantener un perfil bajo y
eludir la publicidad. Se le conoce y reconoce talento y trabajo para tejer
acuerdos políticos, pero no se sabe de su experiencia en controversias
territoriales.
El acuerdo gobierno-FARC llegó al cabo de 52 años de esa insurgencia guerrillera. La controversia bajo el Acuerdo de Ginebra ya lleva 51.
El acuerdo gobierno-FARC llegó al cabo de 52 años de esa insurgencia guerrillera. La controversia bajo el Acuerdo de Ginebra ya lleva 51.
2005 La Guayana
Esequiba – Zona en Reclamación. Instituto Geográfico Simón Bolívar
Primera Edición
La Guayana Esequiba Zona en
Reclamación
Terminología sobre cómo referenciar
la Zona en Reclamación-Guayana Esequiba.
Nota del editor del blog:
Al referenciarse a la República
Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500Km2, de
territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de
Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de
febrero de 1966.
Territorios estos sobre los cuales el
Gobierno Venezolano en representación de la Nación venezolana se reservó sus
derechos sobre los territorios de la Guayana Esequiba en su nota del 26 de mayo
de 1966 al reconocerse al nuevo Estado de Guyana:
“...por lo tanto, Venezuela reconoce
como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen derecha
del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional, que se reserva
expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que se
encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el
territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva
expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de
Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento
hasta su desembocadura en el Océano Atlántico...”
Mapa que señala el
Espacio de Soberanía Marítima Venezolana que se reserva, como Mar
Territorial mediante el Decreto Presidencial No 1152 del 09 de
Julio de 1968
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