Tomado de.
28/11/2014-21:09
Carlos D.
Mesa Gilbert
Chile y Bolivia tienen sin duda pendiente el desafío de
construir relaciones de futuro resolviendo los temas pendientes del siglo XIX
Bolivia y Chile firmaron en 1904 un Tratado por el que Chile
se quedó con todo el territorio boliviano que había invadido en 1879. Bolivia
respetó y respeta ese Tratado como respeta todos los tratados que ha suscrito a
lo largo de su historia. El Estado boliviano está convencido de que el respeto
a los tratados internacionales es la base del orden jurídico internacional.
El destacado canciller y presidente de Chile, Domingo Santa
María, afirmó ante el nuevo escenario entre ambas naciones: “No olvidemos por
un instante que no podemos ahogar a Bolivia… Privada de Antofagasta y de todo
el Litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos proporcionarle por alguna parte
un puerto suyo, una puerta de calle, que le permita entrar al interior sin
zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a Bolivia”.
Es sobre esa lúcida visión que muchos gobiernos chilenos
ofrecieron formalmente a Bolivia un acceso soberano al mar, antes y después del
Tratado y completamente al margen de este.
La demanda boliviana no tiene sus fundamentos en el Tratado
de 1904, por el contrario, su pilar fundamental tiene que ver con los
Compromisos Unilaterales de los Estados. La CIJ ha fallado en casos anteriores
fundamentados en el concepto de que un compromiso o una promesa formal hecha
por un Estado a otro Estado es jurídicamente exigible.
A lo largo de casi un siglo diferentes presidentes, ministros
de Relaciones Exteriores y embajadores de Chile hicieron compromisos formales y
por escrito a Bolivia de otorgarle un acceso soberano al mar. Esos compromisos
formales y no otra cosa son los que Bolivia considera en su demanda.
El Pacto de Bogotá (1948) en su artículo VI estipula
claramente que las naciones firmantes aceptan la jurisdicción de la Corte en
temas no resueltos y pendientes entre estados. Este es el caso. Esos
compromisos que no se concretaron están pendientes y no han sido resueltos,
razón por la que el apego y respeto al Pacto de Bogotá avala la decisión
boliviana de acudir a La Haya.
En este contexto no debe confundirse la idea de un diálogo
con la de una promesa formal. Fueron compromisos y promesas formales, como se
desprende claramente de los textos suscritos por los gobernantes chilenos sobre
el particular, lo que Chile hizo con Bolivia.
El forzado enclaustramiento boliviano la priva de una
presencia en el Pacífico, presencia que tuvo por 55 años. Las razones que
explican la demanda, cuyas bases jurídicas considerará la Corte, son no sólo
aquellas que refiere la historia, sino sobre todo la importancia crucial de una
presencia boliviana plena y con todo los derechos de un país con litoral en la
Cuenca del Pacífico, la más importante en el siglo XXI desde el punto de vista
económico.
Bolivia es una nación pacifista y como tal ha hecho durante
más de un siglo los mayores esfuerzos para lograr un acuerdo entre partes que
la falta de una voluntad política real de Chile ha hecho imposible. Conviene
recordar además que el presidente Morales ha sido el mandatario boliviano que
ha demostrado mayor disposición con los gobernantes y el pueblo chileno para
intentar una solución dialogada al enclaustramiento boliviano. Es por esa razón
que Bolivia ha decidido acudir al máximo tribunal internacional para resolver
en paz este diferendo.
No deja de ser significativo que la primera acción de Chile
al conocer la acción jurídica de Bolivia haya sido precisamente desconocer la
competencia de la Corte Internacional de Justicia a la que reconocen todos los
estados democráticos y respetuosos del derecho internacional.
Bolivia está convencida de que la mejor formar de encarar con
mirada limpia el siglo XXI y erradicar los fantasmas del pasado, es resolver el
tema de su enclaustramiento a través de un acceso soberano al mar.
Chile y Bolivia tienen sin duda pendiente el desafío de
construir relaciones de futuro resolviendo los temas pendientes del siglo XIX,
para entrar definitivamente en el siglo XXI.
*Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia y es representante
internacional de Bolivia para la Causa Marítima.
El País – Madrid
Publicado por: José
Aguilera
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