http://laguarura.net/2013/02/11/comunidades-pemon-rechazan-con-contundencia-la-militarizacion-y-el-hostigamiento/
Tomado de:
11 febrero, 2013 | En Foto plana,Luchas territoriales
| Posteado por aana eereparü
por Ángel Arias
Las comunidades Pemón de la Gran Sabana se cansaron de oídos
sordos y hostigamientos por parte del Ejército y la Guardia Nacional
Bolivariana, se pusieron en pie de lucha trancando vías, ocupando aeropuertos,
y desarmando y reteniendo a más de 40 militares, exigiendo la presencia de
Maduro y varios ministros.
Este viernes 08, víspera de Carnaval, en horas de la tarde,
fue noticia y corrió de boca en boca, el anuncio por parte del gobierno de una
típica medida de ajuste capitalista, antiobrera y antipopular: la devaluación
en 46% del bolívar. Pero no fue el único hecho importante del día. En horas de
la mañana supimos que varias comunidades pemón de la Gran Sabana habían
desarmado y retenido a 43 militares de los que vienen ejecutando labores de
hostigamiento y abusos contra estas comunidades. La medida gubernamental, mala
noticia. La medida de lucha de los y las pemón, buena noticia.
¿Por qué luchan las comunidades Pemón?
El origen inmediato del conflicto está en la decisión del
gobierno nacional de reservar para el Estado la exclusividad de la exploración
y explotación del oro –con el argumento de combatir la minería ilegal-,
haciendo totalmente a un lado a las comunidades originarias y ancestrales de la
zona, y desarrollando una ofensiva militar para hacer efectivo el decreto gubernamental.
En el comunicado difundido por las comunidades Pemón en
lucha, denuncian “la inminente, masiva e intensificada militarización de
nuestras tierras comunitarias, para cumplir con las disposiciones del decreto
de explotación del oro”. Señalan “a) la reducción y limitación de los servicios
aéreos hacia nuestras comunidades; b) retención de los transportes aéreos
privados, quienes muchas veces han colaborado con nuestras comunidades en casos
de emergencias; c) control exagerado, abusivo, parcializado y discriminativo de
los militares bajo el orden del Gral. Clíver Alcalá Cordones, Comandante
General de la Región de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana), lo cual muchas
veces se traduce en la retención arbitraria e inconsiderada de nuestras
mercancías de primera necesidad, bajo alegato de que todo es para la
explotación minera, afectando la sobrevivencia física de los miembros de
nuestras comunidades Pemón, violando nuestros derechos reconocidos en la
Constitución Nacional y en los documentos internacionales válidamente suscritos
y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela y, d) la limitación de
los aeronaves ha creado una especulación abusiva de los precios de transporte
por los pocos transportistas aéreos permitido por la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana”.
Los Pemón rechazan la “Ley de Nacionalización del Oro”, que
es el fundamento para la militarización y demás acciones de hostigamiento,
porque pisotea por completo sus derechos sobre el territorio que han habitado
ancestralmente y sobre los recursos que han trabajado desde hace mucho y les
sirven de sustento. Señalan que el decreto es inconstitucional y exigen su
anulación porque es una “violación del derecho de nuestras comunidades a ser
informados y consultados acerca de las implicaciones del Decreto Ley sobre
nuestro hábitat y los recursos naturales existentes en nuestros territorios y,
en particular, sobre la forma de aprovechamiento de los recursos auríferos”;
“violación de nuestros derechos como pueblos indígenas por la declaratoria de nuestras
tierras ancestrales como zonas de seguridad, violando nuestros derechos a la
propiedad sobre nuestras tierras y el derecho de continuar con nuestro sistema
productivos tradicionales y con la organización social y política que hemos
tenido hasta ahora de acuerdo a nuestras costumbres ancestrales, lo cual se
verá ineludiblemente afectado por las potestades que ejercen la administración
pública y las fuerzas armadas en las zonas declaradas de seguridad, sin que
hasta ahora se haya cristalizado el mandato constitucional y el anhelo de
nuestro pueblo, que es el reconocimiento legal de nuestras tierras y hábitat
mediante la titularización”; “violación de nuestros derechos como pueblos
indígenas al aprovechamiento de los recursos que se encuentran en nuestro
territorio”; “violación de nuestro derecho a participar efectivamente en el
diseño e implementación del nuevo modelo productivo y en los beneficios del
aprovechamiento de los recursos naturales de nuestras tierras ancestrales”.
Más claro, imposible. El Estado y el gobierno proclaman
derechos de los pueblos originarios que pisotean en la práctica concreta. No
solo que después de trece años de promulgada la nueva constitución –y de
supuesta “revolución”- no se ha hecho efectivo el reconocimiento legal de las
tierras de los pueblos originarios de la zona, sino que además el gobierno
decide qué hacer y cómo en el territorio y sus recursos, sin consultar a las
comunidades originarias ni contar en lo más mínimo con su opinión, al
contrario, les lanzan la militarización y hostigamientos. ¿Y el tan mentado
“poder popular”? ¿Y la fulana “democracia participativa”? ¿Y el “pueblo
legislador”?
Una “nacionalización” que no cuenta con los pueblos
originarios… ¡pero sí con el capital transnacional!
Pero con quien sí se sienta el gobierno a conversar
amablemente y negociar es con los capitales transnacionales interesados en la
explotación del oro, en especial con varias empresas rusas. Desde hace varios
años la transnacional rusa Agapov, a través de Rusoro Mining explota dos minas
de oro en el mismo estado Bolívar, además de tener una empresa mixta junto con
la Empresa de Producción Social Minera Nacional, adscrita al Ministerio de
Industrias Básicas y Minería (MIBAM), la empresa mixta se llama VENRUS…
¡empresa de la que fueron despedidos en 2011 y están sometidos a juicio varios
dirigentes sindicales por un paro obrero en el que exigían reivindicaciones y
denunciaban el terrorismo laboral a que son sometidos![1]
Pero no solo es la Rusoro Mining, que se da la mano con los
burócratas “socialistas” del MIBAM –y de la Fiscalía- en su vocación
antiobrera, exigiendo cinco años de cárcel para los dirigentes obreros. Tan
reciente con el 29 de enero pasado, el ministro de Energía y presidente de
PDVSA, Rafael Ramírez, al tiempo que señalaba las excelentes relaciones y
negocios entre empresas petroleras rusas y PDVSA, informando que la Rosneft se
convertía desde ese momento en el operador por la parte rusa del consorcio
nacional petrolero en Petro Miranda, afirmaba también que entre la gama de
negocios a concretar con capitales de la Federación Rusa estaba planteado
“conversar sobre la participación de empresas rusas en los bloques de oro
asignados a la Corporación Venezolana de Minería”.
Como queda claro, lo de “protección del ambiente” y de la
“soberanía” no es más que una pose que solo sirve para pisotear los derechos de
los pueblos originarios. En este caso, la política dizque “revolucionaria” del
gobierno es: con los pueblos originarios, ninguneo y militarización, con el
capital trasnacional, diálogo y buenos negocios.
Un general de confianza de Chávez, declarado persona no grata
Los Pemón insisten en que están rechazando la “actuación
abusiva” del Ejército, al tiempo que a los militares desarmados y retenidos les
han garantizado comida, alojamiento y comunicación con sus familiares. “Ellos
también son venezolanos y por eso no los vamos a maltratar”[2], declaran. Sin
embargo, son claros y contundentes en exigir la destitución de Clíver Alcalá
Cordones –un general de confianza de Chávez-, a quien declararon persona no
grata y “enemigo número uno del pueblo Pemón, especialmente de los miembros de
las comunidades aéreas”.
Denuncian que Alcalá Cordones, “sin escuchar nuestros
planteamientos, nos ha afirmado de una manera altanera, grosera, abusiva e
incluso amenazante… que lo de él es acabar con la minería y las actividades que
él considera como las conexas antes del 5 de julio fecha en la cual va al
retiro”[3]. Afirman que “ha ordenado al Ejército bolivariano a explotar todos
los equipos mineros bien sea de las comunidades indígenas y no indígenas y ha
retenido los transportes aéreos sospechosos según él, de trasladar suministros
mineros y narcotraficantes; ordenando hacer una requisición exhaustiva, sin que
en nada les importe las necesidades de los miembros de las comunidades pemón y
la reacción que pueda generar dicha orden y acción. Aseverando que ha dado la
orden a sus soldados y oficiales de no usar armas contra los civiles (indígenas
y no indígenas), que sin embargo dice que, como humano sus subalternos pueden
reaccionar, de lo cual él no asume la responsabilidad, porque eso escapa de sus
manos”. Nada nuevo bajo el sol, la típica prepotencia de los militares
burgueses, esas Fuerzas Armadas que el gobierno nacional pretende presentar como
“el pueblo en armas”.
Movilización combativa, acción directa, organización y
solidaridad en la lucha
La prensa reseña cómo además de Urimán, la comunidad donde
desarmaron e hicieron presos a los militares, otras se movilizaron al mismo
tiempo para garantizar la lucha y la solidaridad. Las comunidades indígenas
cercanas a Santa Elena de Uairén (frontera con Brasil) cerraron el aeropuerto
internacional que sirve al municipio Gran Sabana. “El capitán indígena de San
Miguel de Caroní aseguró que mantendrán la toma pacífica del aeropuerto hasta
que las autoridades militares y el Ejecutivo Nacional den respuesta a las
solicitudes de las comunidades aéreas”. “Si no ofrecen respuesta, se tomarían
acciones más contundentes”, agregaba otro dirigente indígena. Las comunidades
de Canaima también cierran la pista de aterrizaje.
En la Sierra de Perijá, los Yukpa enfrentan la alianza del
gobierno con los ganaderos y trasnacionales del carbón y la minería
Como hemos venido denunciando y movilizándonos en
solidaridad, al otro extremo del país, comunidades Yukpa de la Sierra de Perijá
vienen librando una constante y digna resistencia contra la usurpación de sus
tierras por los hacendados y los proyectos carboníferos del Estado junto a
capitales transnacionales.
Sociedad Homo et Natura, la organización que acompaña desde
hace muchos años la lucha de los pueblos originarios de la Sierra de Perijá
–por cierto actualmente enjuiciada junto a la organización de derechos humanos
PROVEA, por ser solidarias con los yukpa[4]-, denuncia que en la pasada campaña
electoral de Arias Cárdenas para la gobernación del Zulia, los voceros del
gobierno volvieron a insistir en que el proyecto de explotación del carbón “va
contra viento y marea”[5]. Afirmaron que es clave “la explotación de carbón,
vías ferroviarias hasta el puerto de aguas profundas Simón Bolívar en las islas
San Carlos y de Pájaro y carreteras asfaltadas pare extraer carbón binacional
(con Colombia) y el puerto gabarrero minero en la Población de Encontrado en el
Sur del Lago como solución económica, vial multimodal y energética para el
Zulia”, como parte de los “Cinco Grandes Objetivos históricos 2013-2019”.
La explotación del carbón en la Sierra de Perijá entra entre
los proyectos de “desarrollo nacional” del gobierno puesto que este se requiere
para un proyecto de níquel y carbón en el que intervienen Venezuela, Cuba y
China: se trasladaría carbón de Perijá hasta las plantas procesadoras de níquel
en Cuba, que son operadas con asesoría y funcionarios chinos. Pero además de
eso, encajaría en el “Objetivo III” del llamado “Plan de la Patria”, que
declama “Convertir a Venezuela en un país potencia en los social, lo económico
y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el
Caribe, que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra América”,
donde se contempla el establecimiento de empresas mixtas para la explotación
minera con otros tantos capitales trasnacionales, como la ya existente Carbones
del Guasare en la mina de carbón Paso Diablo, donde Carbozulia representa
capital estatal y la empresa Anglo American Coal al imperialismo inglés y
Peabody al imperialismo yanqui.
Por estar contemplados esta serie de proyectos de “desarrollo
nacional” burgués, además de otros binacionales junto a la burguesía colombiana,
además de por atender a los intereses de los ganaderos de la zona, el gobierno
nacional viene desarrollando su política de criminalización, aislamiento y
hostigamiento a las comunidades Yukpa de la Sierra, que incluyó el secuestro
por parte de la Guardia Nacional y posterior encarcelamiento durante casi año y
medio del cacique Sabino Romero, con un juicio totalmente amañado.
¡Así es que se lucha!
Al cerrar esta nota llegó la noticia de la liberación de los
43 militares, luego de un acuerdo del gobierno de 11 puntos con los capitanes
de las 12 comunidades del sector 3 de Urimán. Aún no se informan detalles del
acuerdo, pero sí trasciende el punto clave de que el gobierno se compromete a
respetar el derecho de las comunidades pemón a la explotación de los recursos
que hay en su territorio.
Está por verse el desarrollo en adelante de esta situación.
Por ahora, es una victoria parcial muy importante de las comunidades Pemón,
lograda mediante sus propios métodos de lucha. Es que ver en la prensa nacional
la imagen de los militares reducidos en el suelo, atados de manos, custodiados
por los indígenas Pemón, no podía menos que causar alegría militante. Ver la
contundente respuesta de un sector de los pueblos originarios es motivo de
satisfacción. Es una capacidad de lucha y de la acción directa que los hermanos
Yukpa sería importante que retomaran.
Cierto es que los Pemón aún consideran al general Alcalá
Cordones como un “militar racista reaccionaria burgués y enemigo del proceso
revolucionario liderado por el presidente Hugo Chávez”, y que lo ven como un
“representante y defensor de los intereses de la extrema derecha” dentro del
gobierno. Es decir, no ubican que su situación de subordinación social y
económica, y los ataques que sufren, tienen que ver con la propia lógica
económica y política del proyecto de “desarrollo” burgués que representan
Chávez, Maduro y Cía.
Pero en un país donde la mayoría de las corrientes de
izquierda se han plegado –o incluso estimulado- a la lógica perversa de que la
clase obrera y los sectores explotados le hagan canticos de “¡así, así, así es
que se gobierna!” a las acciones de gobierno de Chávez, es muy positivo ver un
claro ejemplo de lucha con métodos propios de los explotados y oprimidos, que
chocan de hecho con un gobierno al que aún consideran su aliado, un ejemplo de
lucha que permitiría gritar una consigna en otro sentido contrario a la lógica
de subordinación y loas a la acción gubernamental. Un “¡así es que se lucha!”
tienen bien merecido los compañeros pemón.
Fuente: http://www.lts.org.ve/Comunidades-Pemon-rechazan-con-contundencia-la-militarizacion-y-el-hostigamiento
Notas
[1] Para más información, ver “Gobierno nacional y empresa
rusa buscan encarcelar a dirigentes obreros por hacer huelga”, enhttp://www.lts.org.ve/Gobierno-naci…
[2] El Universal, 09-02-13
[3] El Universal, 08-02-13.
[4] Para mayor información, ver “Continúa la criminalización
de la protesta social. Enjuician a PROVEA y a Homo et Natura por solidarizarse
y apoyar protesta Yukpa” en www.lts.org.ve/Enjuician-a-P…
[5] Texto completo “Alarma en Machiques. Tierra pal Yukpa o
pal carbón”, en venezuelaoriginaria.blogspot.com/2012/11/tierra-pal-yukpa-o-pal-carbon-sierra-de.html
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