Tomado de:
http://www.correodelcaroni.com/content/view/173569/116/
Lunes, 28 de febrero de 2011
No han sido pocas las calamidades socioambientales que ha debido soportar el estado Bolívar. La lista es larga: tala y quema de bosques para la extracción ilegal de oro en Imataca, La Paragua y zona protectora sur; así como diamantes en el municipio Cedeño; explotación de madera en el Caura, incendios de vegetación, contaminación atmosférica por la emisión de gases generados por algunas industrias de Guayana, contaminación del suelo y aire por causa de los vertederos municipales y, por si no fuese suficiente, ahora nos topamos con la explotación ilegal del coltán, mejor conocido como oro azul.
Coltán es la fusión de dos nombres: una abreviatura más comercial que científica, constituido por una pareja de minerales muy escasos denominados columbita y tantalita, que al ser procesados dan origen a dos metales de relativa importancia estratégica para la economía mundial, el columbio o niobio y el tantalio.
Los estudios científicos sobre el coltán aún son escasos, pero hasta ahora éste se ha convertido en una materia importante para el desarrollo de nuevas tecnologías, principalmente para condensadores de teléfonos celulares, fabricación de ordenadores, videojuegos, implantes en medicina, levitación magnética, todo ello por sus propiedades de conductividad y carácter refractario por su capacidad de soportar temperaturas muy elevadas y almacenar cargas eléctricas, alta resistencia a la corrosión, lo que también lo hace útil para centrales atómicas, tuberías para la industria petrolera, misiles, fibra óptica, estaciones y bases aeroespaciales.
A pesar de que existe una serie de países que lo producen, como Australia, Brasil y Canadá, se dice que el Congo en África (la segunda selva más importante del planeta) posee el 80% de las reservas, pero su explotación, durante los últimos 13 años, ha estado ligada a graves problemas socioeconómicos, ambientales y políticos por las incursiones bélicas de Ruanda y Uganda en el Congo para conseguir el control de este material, en donde las condiciones de explotación están caracterizadas por un régimen de semiesclavitud de los mineros, afectaciones a los ecosistemas con repercusiones en la fauna local de especies protegidas, como la disminución de colonias de gorilas y elefantes, e incluso a graves problemas de salud de los mineros, por los arcaicos métodos de explotación, por todo esto, las Naciones Unidas y algunas empresas de telefonía mundial han vetado la compra de coltán congoleño, de allí que surja el interés por el coltán venezolano.
En Venezuela, en el estado Bolívar, principalmente en el municipio Cedeño, asiento de comunidades indígenas piaroas, curripacos y goajibos, y donde la pobreza siempre está a la espera de que brote una nueva esperanza, el coltán se ha convertido en una alternativa, pero la suerte de bosques y sabanas comienza a girar en torno a las ambiciones de los contrabandistas, en donde los mineros de pico, pala y suruca, se les paga la mísera cantidad de 100 mil Bs. por kilo a pie de mina, materia prima que luego es cotizada principalmente por mafias colombo-venezolanas hasta por 400 dólares o más en el mercado internacional.
El problema de la explotación del oro, diamante, madera y ahora coltán en el estado Bolívar, no es por la ausencia de instrumentos para legislar, es un problema mucho más grave de ineficiencia, negligencia, corrupción, educación, intereses particulares y falta de voluntad política, porque nuestra Constitución cada día más vulnerada, es clara en esta materia, cuando en su artículo 129, conmina al establecimiento de controles, cuando enfatiza en la elaboración de estudios de impacto ambiental e impacto socioeconómico, para todos los proyectos de desarrollo que impliquen afectación al ambiente.
Ya a esas alturas se sabe también que las acciones represivas no solucionan el problema. Se requieren estudios de valoración económica que pongan en la balanza, los beneficios de la explotación de estos bosques y sabanas, frente a los beneficios de su protección, para luego, y siempre bajo el amparo de la ley, se presenten alternativas o estrategias de desarrollo, en donde tengan cabida actores económicos, institucionales y sociales, que en conjunto puedan cambiar el preocupante escenario actual del estado Bolívar, en donde Dios nos libre, llegar a situaciones como la del Congo.
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