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Protestas por la Hidroeléctrica de Belo Monte
Tomado de:
02.10.12 - Brasil
Adital
Un estudio preparado por el Observatorio de Inversiones en la Amazonia , una iniciativa
del Instituto de Estudios Socioeconómicos, deja claro que las inversiones del
Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) del gobierno federal, financiadas por
el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), provocarán grandes
cambios en las formas de vida y en los territorios donde viven unos 30 pueblos
indígenas en la región amazónica.
Las inversiones del programa desde 2007 totalizaron
aproximadamente R$ 45 mil millones para la construcción de carreteras y
centrales hidroeléctricas (UHE, siglas en portugués) sólo en las regiones Norte
y Nordeste, donde vive la mayoría de los pueblos indígenas.
El estudio muestra que en el PAC está previsto construir 82
carreteras y vías navegables, siendo 37 en el estado de Amazonas, 14 en
Rondonia y 10 en Pará. De estas 82 obras, por lo menos 43 proyectos a gran
escala afectan al menos una Tierra Indígena, poniendo en peligro el bosque, la
biodiversidad y los modos de vida de las poblaciones.
La pavimentación de BR 319, que conecta a Manaus (AM) con
Porto Velho (RO), es la obra vial prevista en el PAC, que tendrá un mayor
impacto sobre las poblaciones indígenas. Además de afectar a zonas habitadas
por comunidades indígenas y tradicionales, agravando las tensiones y los
conflictos por la tierra que existen actualmente en la región, este proyecto va
a conectar el Arco de Deforestación (especialmente el tramo norte de Mato
Grosso - -sur Amazonas – Rondônia) con la Amazonia Central ,
el área de bosque continua más conservada de la región, causando más
deforestación y degradación forestal.
Según el estudio, el mapa de los proyectos en el sector de
transporte destaca la expansión y consolidación de infraestructuras hacia la
frontera de Brasil con Perú y Bolivia. Movimiento similar ocurre con las obras
del sector energético.
Represas hidroeléctricas
El volumen de recursos asignados por el PAC a las regiones
Norte y Nordeste, es expresivo. Esto puede explicarse por el hecho de que estas
regiones reciben grandes proyectos del sector energía del programa. Sólo en
2011, el BNDES invirtió alrededor de R 5,200 millones para la construcción de
centrales hidroeléctricas en importantes ríos amazónicos como Xingú, Tapajós
(PA) y Telles Pires (MT).
El estado de Pará, en la región norte concentra la mayoría
de las plantas de energía hidroeléctrica (UHE) previstas en la Amazonia. Son nueve,
de las cuales siete son de tipo plataforma - Jardín do Ouro, Chacorão, Jatobá,
São Luiz do Tapajós, Cachoeira do Caí, Jamaxim y Cachoeira de los Patos. El
Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) describe los cuatro primeros
proyectos como de "interés público de la Unión ” y debiendo ser priorizada su licitación y
ejecución.
Según el manifiesto de los pueblos indígenas Kayabi y
Munduruku contra el desarrollo hidroeléctrico en Rio Teles Pires, la
construcción de la presa de Chacorão inundará aproximadamente 19 mil hectáreas
de la Tierras
Indígenas Munduruku, lo que obligará al desplazamiento y
reasentamiento de las comunidades.
Además de afectar a Tierras Indígenas en Pará y Tocantins
(Sororò, Apinayé, Mãe Maria y Xambioá), la represa hidroeléctrica Santa Isabel,
localizada en el bajo río Araguaia, unos 162 kilómetros desde
su confluencia con el río Tocantins, tendrá impactos directos en el Parque
Estadual Serra dos Martírios-Andorinhas, el APA São Geraldo Araguaia y APA Lago
Santa Isabel.
"Este emprendimiento, así como otros que están en
marcha en la Amazonia ,
viola tratados internacionales sobre Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos
Indígenas, en particular. Empeoran la erosión genética y la destrucción del
patrimonio biológico y cultural del país", dice Ricardo Verdum, autor del
estudio.
El estudio muestra que casi el 90% de las Tierras Indígenas
afectados por los proyectos energéticos del PAC ya están en situación de
riesgo. Esto se debe a la presencia de empresas madereras, explotaciones
mineras, emprendimientos e invasiones para diversos fines. Además, al menos en
cinco de estas tierras se constató la presencia de comunidades en situación de
aislamiento voluntario, según datos obtenidos de la Fundación Nacional
del Indio (FUNAI).
Las plantas hidroeléctricas financiadas con dinero público
son blanco de cuestionamientos por parte del Ministerio Publico, por el hecho
del Gobierno haber autorizado las obras sin previa consulta a las poblaciones
indígenas y ribereñas. "En algunos casos, los impactos sociales y
culturales en el medio ambiente podrán ser irrecuperables”, alerta Ricardo
Verdum, autor del estudio. Supervisar y garantizar el acceso a las
informaciones sobre las actividades del Banco en el PAC es de importancia
fundamental para la democracia en el país. Todos nosotros de diferentes
maneras, nos vemos afectados, dice el autor.
Para acceder al texto completo del estudio:
Traducción: ricazuga51@yahoo.com
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