Tomado de:
http://www.correodelcaroni.com/content/view/151473/1/
César Noriega Ramos
Foto William Urdaneta
jueves, 22 de abril de 2010
Investigador de Provea alertó sobre amenazas a las fuentes acuíferas del país, con especial preocupación en los daños de la minería ilegal al Río Caura.
Condiciones climáticas adversas y degradación ambiental por causa de las actividades humanas, resaltan que la materia ambiental reclama liderazgo político para impulsar iniciativas que atajen la grave amenaza a la supervivencia humana que encierra el calentamiento global.
Este 22 de abril se reservó para el Día Mundial de la Tierra, un gesto que sirve de recordatorio de la extensiva lista de daños causados al ambiente.
El investigador de la organización defensora de derechos humanos Provea, Francisco Martínez indicó que es difícil dar un diagnóstico documentado en datos oficiales sobre los principales problemas ambientales del país y los programas del Ejecutivo nacional para atenderlos, puesto que la administración pública se ha negado a divulgar sus actuaciones en esta materia.
Martínez conoce de primera mano las dificultades para hacerse con registros oficiales, este material que debería ser de carácter público es un insumo principal para la elaboración del informe anual de Provea sobre el ejercicio de los derechos humanos en el país, entre los que se incluye un apartado individual que aborda el “derecho a un ambiente sano”.
El abogado y politólogo indicó situaciones reales que aquejan la salud del medio ambiente. “En todos los cuerpos de agua a nivel nacional hay riesgos de contaminación. Hace bastante tiempo que no se hacen estudio de las aguas superficiales y profundas que no nos permite saber el grado de contaminación”.
El investigador acotó que la actual crisis energética generó interés sobre la conservación de los cuerpos de agua, pero la atención se ha centrado en cómo la sequía ha afectado el caudal de los ríos y embalses, mas no ha habido políticas que aborden la contaminación de las fuentes naturales de agua. En parte señaló que la responsabilidad de “invisibilizar” los temas ambientales a su escasa presencia en los medios masivos de comunicación.
Agua maltratada
En el informe de Provea se registró que en el período de septiembre de 2008 a octubre de 2009, se incrementaron los afluentes acuíferos contaminados. En el estado Bolívar la minería ilegal continúa siendo la principal amenaza a la sostenibilidad ecológica del río Caura, el tercero más caudaloso del país, así como del Cuyuní. En otras zonas la degradación ambiental se origina de los contaminantes que vierten los centros urbanos más poblados.
Pero no todo el panorama descrito por Provea es gris. Martínez reconoció avances en “reducción de incendios forestales, la participación comunitaria, programas de formación ambiental en las escuelas. Son políticas interesantes porque están orientadas a formar las generaciones futuras”.
Aún en Venezuela el tema ambiental no despunta sobre otras preocupaciones con impactos inmediatos en la vida del ciudadano, como la inseguridad, alto costo de la vida o desempleo. Como es de esperarse estas señales de indiferencia ciudadana las conoce la clase política y son escasas las propuestas directamente orientadas al tema de protección ambiental.
No obstante cuando el deterioro en la calidad de vida, producida por condiciones climáticas extremas o la depredación de los recursos naturales es sentida por el ciudadano común, da un resquicio para que el medio ambiente se cuele en la agenda política.
Énfasis en la formación
La severa sequía que llevó al borde del colapso al sistema hidroeléctrico nacional o los estragos en la tierra y las aguas que genera la minería ilegal, son algunas de las preocupaciones de las comunidades de los municipios del sur del estado Bolívar, así lo refirió la dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Yrania Romero, quien postuló su nombre para participar en los comicios internos pesuvistas en la circunscripción electoral tres. “El tema reviste importancia por la situación que vivimos con la sequía. La gente está siendo más consciente en el consumo del agua. Esperemos que esto permanezca en la coyuntura o de una tragedia. Por eso es que yo soy partidaria de la formación constante desde las escuelas, los liceos, inclusive materias exclusivas sobre la protección del ambiente”, dijo Romero.
Romero ha formulado varias propuestas ambientales para su oferta como precandidata del PSUV, los planteamientos tienen que ver con “elevar el impacto de los programas conservacionistas, extender el resguardo de la vigilancia de las zonas sensibles como bosques y cuencas de los ríos, establecer tributos ecológicos a las empresas con impacto ambiental y la creación de una comisión nacional para el manejo de los desechos sólidos”.
Al sur del estado Bolívar la minería ilegal es una actividad palpable, que el Gobierno ha intentado subsanar con el plan de reconversión minera pero a casi cuatro años desde su aplicación los resultados no son concluyentes.
Sobre el estado actual de la reconversión minera, Romero dijo “es un tema de especial cuidado en la región. El gobierno regional (Alcaldía de Roscio) está impulsando ese programa, inclusive a través de la seguridad, en este caso la Guardia Nacional está haciendo lo imposible para resguardar estas áreas. Pero también necesita de la cooperación de la sociedad, si eso no está acompañado de las comunidades organizadas no va a tener éxito”.
Claros y luces de la política ambiental
En su último informe Provea expone los avances y estancamientos de la gestión ecológica practicada por el Estado venezolano.
Saldo positivo
Procesamiento de denuncias sobre ilícitos ambientales: 2.698 actos conclusivos resueltos por las fiscalías del Ministerio Público y 163 de la Defensoría del Pueblo.
Nueva legislación en protección ambiental: Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, Ley de Gestión de Biodiversidad Ecológica y la Ley General de Puertos.
Misión Árbol Socialista: reforestó 4.213 hectáreas, lo que representa 2.856.779 plantas que contribuyen a conservar las cuencas hidrográficas.
Saldos negativos
Problemas en gestión desechos sólidos: los cuales persisten en Caracas, Valencia, Los Teques, Guarenas-Guatire, Barquisimeto y Maracaibo.
Ecocidios vinculados a la expansión urbanística: particularmente en el municipio El Hatillo del Distrito Capital, ocupaciones ilegales en el parque El Ávila, construcción de ferrocarril en Valencia, las viviendas Petrocasa.
Daños ambientales irreparables: por deshielo en los Andes venezolanos y creciente desertificación en la zona oriental del país, a causa del desarrollo urbanístico e industrial.
http://www.correodelcaroni.com/content/view/151473/1/
César Noriega Ramos
Foto William Urdaneta
jueves, 22 de abril de 2010
Investigador de Provea alertó sobre amenazas a las fuentes acuíferas del país, con especial preocupación en los daños de la minería ilegal al Río Caura.
Condiciones climáticas adversas y degradación ambiental por causa de las actividades humanas, resaltan que la materia ambiental reclama liderazgo político para impulsar iniciativas que atajen la grave amenaza a la supervivencia humana que encierra el calentamiento global.
Este 22 de abril se reservó para el Día Mundial de la Tierra, un gesto que sirve de recordatorio de la extensiva lista de daños causados al ambiente.
El investigador de la organización defensora de derechos humanos Provea, Francisco Martínez indicó que es difícil dar un diagnóstico documentado en datos oficiales sobre los principales problemas ambientales del país y los programas del Ejecutivo nacional para atenderlos, puesto que la administración pública se ha negado a divulgar sus actuaciones en esta materia.
Martínez conoce de primera mano las dificultades para hacerse con registros oficiales, este material que debería ser de carácter público es un insumo principal para la elaboración del informe anual de Provea sobre el ejercicio de los derechos humanos en el país, entre los que se incluye un apartado individual que aborda el “derecho a un ambiente sano”.
El abogado y politólogo indicó situaciones reales que aquejan la salud del medio ambiente. “En todos los cuerpos de agua a nivel nacional hay riesgos de contaminación. Hace bastante tiempo que no se hacen estudio de las aguas superficiales y profundas que no nos permite saber el grado de contaminación”.
El investigador acotó que la actual crisis energética generó interés sobre la conservación de los cuerpos de agua, pero la atención se ha centrado en cómo la sequía ha afectado el caudal de los ríos y embalses, mas no ha habido políticas que aborden la contaminación de las fuentes naturales de agua. En parte señaló que la responsabilidad de “invisibilizar” los temas ambientales a su escasa presencia en los medios masivos de comunicación.
Agua maltratada
En el informe de Provea se registró que en el período de septiembre de 2008 a octubre de 2009, se incrementaron los afluentes acuíferos contaminados. En el estado Bolívar la minería ilegal continúa siendo la principal amenaza a la sostenibilidad ecológica del río Caura, el tercero más caudaloso del país, así como del Cuyuní. En otras zonas la degradación ambiental se origina de los contaminantes que vierten los centros urbanos más poblados.
Pero no todo el panorama descrito por Provea es gris. Martínez reconoció avances en “reducción de incendios forestales, la participación comunitaria, programas de formación ambiental en las escuelas. Son políticas interesantes porque están orientadas a formar las generaciones futuras”.
Aún en Venezuela el tema ambiental no despunta sobre otras preocupaciones con impactos inmediatos en la vida del ciudadano, como la inseguridad, alto costo de la vida o desempleo. Como es de esperarse estas señales de indiferencia ciudadana las conoce la clase política y son escasas las propuestas directamente orientadas al tema de protección ambiental.
No obstante cuando el deterioro en la calidad de vida, producida por condiciones climáticas extremas o la depredación de los recursos naturales es sentida por el ciudadano común, da un resquicio para que el medio ambiente se cuele en la agenda política.
Énfasis en la formación
La severa sequía que llevó al borde del colapso al sistema hidroeléctrico nacional o los estragos en la tierra y las aguas que genera la minería ilegal, son algunas de las preocupaciones de las comunidades de los municipios del sur del estado Bolívar, así lo refirió la dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Yrania Romero, quien postuló su nombre para participar en los comicios internos pesuvistas en la circunscripción electoral tres. “El tema reviste importancia por la situación que vivimos con la sequía. La gente está siendo más consciente en el consumo del agua. Esperemos que esto permanezca en la coyuntura o de una tragedia. Por eso es que yo soy partidaria de la formación constante desde las escuelas, los liceos, inclusive materias exclusivas sobre la protección del ambiente”, dijo Romero.
Romero ha formulado varias propuestas ambientales para su oferta como precandidata del PSUV, los planteamientos tienen que ver con “elevar el impacto de los programas conservacionistas, extender el resguardo de la vigilancia de las zonas sensibles como bosques y cuencas de los ríos, establecer tributos ecológicos a las empresas con impacto ambiental y la creación de una comisión nacional para el manejo de los desechos sólidos”.
Al sur del estado Bolívar la minería ilegal es una actividad palpable, que el Gobierno ha intentado subsanar con el plan de reconversión minera pero a casi cuatro años desde su aplicación los resultados no son concluyentes.
Sobre el estado actual de la reconversión minera, Romero dijo “es un tema de especial cuidado en la región. El gobierno regional (Alcaldía de Roscio) está impulsando ese programa, inclusive a través de la seguridad, en este caso la Guardia Nacional está haciendo lo imposible para resguardar estas áreas. Pero también necesita de la cooperación de la sociedad, si eso no está acompañado de las comunidades organizadas no va a tener éxito”.
Claros y luces de la política ambiental
En su último informe Provea expone los avances y estancamientos de la gestión ecológica practicada por el Estado venezolano.
Saldo positivo
Procesamiento de denuncias sobre ilícitos ambientales: 2.698 actos conclusivos resueltos por las fiscalías del Ministerio Público y 163 de la Defensoría del Pueblo.
Nueva legislación en protección ambiental: Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, Ley de Gestión de Biodiversidad Ecológica y la Ley General de Puertos.
Misión Árbol Socialista: reforestó 4.213 hectáreas, lo que representa 2.856.779 plantas que contribuyen a conservar las cuencas hidrográficas.
Saldos negativos
Problemas en gestión desechos sólidos: los cuales persisten en Caracas, Valencia, Los Teques, Guarenas-Guatire, Barquisimeto y Maracaibo.
Ecocidios vinculados a la expansión urbanística: particularmente en el municipio El Hatillo del Distrito Capital, ocupaciones ilegales en el parque El Ávila, construcción de ferrocarril en Valencia, las viviendas Petrocasa.
Daños ambientales irreparables: por deshielo en los Andes venezolanos y creciente desertificación en la zona oriental del país, a causa del desarrollo urbanístico e industrial.
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