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Tomado de:
Sentimientos encontrados generan los últimos fichajes del
Gobierno y Cancillería chilenos para fortalecer su equipo jurídico de
contención a la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia en
procura de una decisión sobre la obligación de Chile de negociar, de buena fe y
de manera significativa y oportuna, un acceso soberano al Pacífico.
El co agente de Chile Claudio Grossmann escribía hace
algún tiempo sobre la importancia del sistema interamericano de Derechos
Humanos y sostenía que en Latinoamérica “vivimos en un continente de
imaginaciones; no somos simplemente objeto de análisis macroeconómico o de
circunstancias. Tenemos la capacidad de transformar los eventos y las cosas ya
hechas”. Cuanto bien haría que esa vocación por los Derechos Humanos y por
reparar las injusticias que provocaron la invasión chilena de 1879 y el
enclaustramiento marítimo de millones de bolivianos puedan también transformar
la voluntad de diálogo de Chile.
No menos reveladoras son las ideas pro “derecho humanista” de
la abogada argentina Mónica Pinto, recientemente incorporada al equipo jurídico
chileno. Ella sostiene que “Los Derechos Humanos son –como dijo Carlos
Nino– “el mejor invento del siglo XX” y, en ese hacer, constituyen un límite al
poder del Estado y un elemento sine qua non de la democracia como modo de
vida.” Pinto tiene claro entonces que hoy, Chile, Bolivia y Perú, como
naciones democráticas de la región, no podemos sostener los resabios del
desborde expansionista del poder político y militar abusivo que imperaba a
fines del siglo XIX.
También interesante es el perfil pro “Derechos Humanos”
de Harold Koh –otro abogado norteamericano que se suma a la defensa
chilena– quien preocupado por la reputación de los EEUU (a cuya administración
sirvió precisamente como subsecretario en esta materia) señala que es
importante que el Estado “diga la verdad” y que “si se cree que los Derechos
Humanos son universales, no pueden haber dobles estándares”. Será útil
entonces que el Sr. Koh contribuya a sincerar los acontecimientos y sus
consecuencias en materia de Derechos Humanos, y así evitar los dobles
discursos, todavía tan frecuentes en la región.
Sentimientos de lástima por las declaraciones de Heraldo
Muñoz, una figura que se caracterizó por su notable amplitud en el ámbito de la
ciencia política, los Derechos Humanos, las virtudes de la democracia y la
integración latinoamericana.
Hace poco, Muñoz declaraba que “los principios de apego al
derecho internacional, promoción y defensa de la democracia y los Derechos
Humanos, solución pacífica de las controversias, independencia y respeto a la
soberanía, entre otros, que siempre han guiado nuestra política exterior, se
mantendrán como eje de una política de Estado”.
Cuanto contrastan con esas declaraciones sus portazos
como el “nunca más” al acceso boliviano al Pacífico o la calificación de
“francamente absurda” de la demanda boliviana, expresiones que lo pintan de
cuerpo entero. Más duro que Piñera y Moreno juntos, pero sobre todo más nacionalista
y belicoso que la línea conservadora de la Cancillería chilena durante los años
de Pinochet.
Heraldo Muñoz libró a la decisión de la presidenta Bachelet
la oportunidad y el mérito de interponer el incidente sobre la competencia de
la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Difícilmente se librará él
de los costos políticos de un primer tropiezo en esta etapa en la que Chile se
inclina por no reconocer la competencia de aquella.
La Corte Internacional de Justicia es la jurisdicción que
resolvió las diferencias de Chile con Perú hace menos de un año y a la que
acudió otras tantas veces sin remilgos y sobre la que hoy decide renegar sin
razonamiento jurídico conocido, o por lo menos con razonamientos ajenos a lo
que piensan algunos de sus principales asesores.
El autor es abogado internacionalist
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