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PUEBLOS ORIGINARIOS BUSCAN RESPUESTA POSITIVA A SUS RECLAMOS
Indígenas de todo Brasil reclaman que el Gobierno ponga freno a los grandes proyectos de infraestructura que afectan sus tierras en la Amazonia y otras partes del país, ante la “gran amenaza” que enfrentan por la “fuerte expansión de la frontera agropecuaria”.
BRASILIA (AFP y EFE). Cientos de indios acampan en Brasilia, donde durante esta semana protestarán contra proyectos de desarrollo que el gobierno de Dilma Rousseff promueve en la Amazonia y otras regiones del país habitadas por diversas tribus.
Los indígenas, con sus plumas, lanzas y pinturas tradicionales, instalaron un campamento frente al Congreso, casi a las puertas de la Presidencia, donde permanecerán hasta el jueves, cuando esperan ser recibidos por la presidenta Dilma Rousseff.
“No vamos a ceder, no dejaremos que construyan ninguna otra hidroeléctrica ni otros proyectos de infraestructura como grandes carreteras que violen la biodiversidad de nuestras tierras, eso es algo sagrado”, explicó el líder amazónico Marcos Aporina, representante de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña.
El gran proyecto impulsado por el Gobierno y al que se oponen los indígenas es la hidroeléctrica de Belo Monte, destinada a ser la tercera mayor del mundo. Esa obra en plena Amazonia fue objetada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que pidió parar el proyecto hasta que los indígenas sean consultados.
Los indígenas de todo Brasil se reúnen desde hace ocho años en un campamento que copia una aldea tradicional, con carpas y barracas de plástico y ramas de palmera, en la principal avenida de la capital.
Versión del Gobierno
Pese a las presiones, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff ha reiterado en varias ocasiones que el proyecto no será paralizado ni revisado, pues es uno de los más importantes de cara a garantizar la energía que el país requiere para sus planes de desarrollo.
En agosto de 2010 el entonces presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, había firmado la concesión pública para construir la polémica represa y ahora el gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, aprobó las obras previas.
El Gobierno detenta por ahora 49,98% de participación en el consorcio constructor.
Con 11.200 MW de potencia (cerca de 11% de la capacidad instalada del país) y un costo de 11.000 millones de dólares, la represa sería la tercera mayor del mundo, atrás de Tres Gargantas en China y la paraguayo-brasileña de Itaipú.
3 de Mayo de 2011 00:00
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