Tomado de.:
Por Redacción Central | - Los Tiempos - 7/06/2014
La lección que se puede sacar de esta última experiencia es,
por un lado, que la diplomacia chilena está desorientada respecto a la posición
boliviana
Una muestra de la crisis por la que está atravesando la
Organización de Estados Americanos (OEA) es que su última Asamblea General
hubiera pasado desapercibida si no fueran dos acciones que salieron de agenda.
Una, la explicación dada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia
sobre la demanda que el país ha presentado ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) y la insistencia obsesiva y felizmente infructuosa del Gobierno
de Ecuador de querer limitar, cuando no eliminar, a la Comisión Internacional
de Derechos Humanos (CIDH) y, sobre todo, la Relatoría de Libertad de
Expresión.
Incluso la intervención de nuestro Canciller (acompañado del
Procurador General del Estado) no hubiera tenido mayor repercusión (no hay que
olvidar que por segunda vez consecutiva no se pide incluir en la agenda de la
Asamblea, como corresponde desde 1979, un informe sobre el tema marítimo), si
no hubiera sido la desmesurada reacción del Canciller chileno que, como en
muchas otras autoridades de su Gobierno, hizo una sui generis interpretación
del informe presentado.
Si se revisa la intervención del canciller Choquehuanca sobre
el tema, se verá que se trata de un informe general sobre la demanda presentada
ante La Haya y el reiterado pedido de que de una buena vez ambos países
atiendan el tema de buena fe. En cambio, la respuesta chilena fue absolutamente
desproporcionada, confirmando dos percepciones que también en Chile existen:
una, que la Cancillería chilena carece de una política de estado al respecto;
la otra, que a su seno han retornado las visiones más reaccionarias de esa
sociedad. Incluso el tono utilizado por ese dignatario se asemeja mucho al de
Abraham Koening a mediados del siglo pasado.
Por el lado del país, en algún momento las autoridades
deberán explicar las razones por las que no se solicitó la inclusión del
informe sobre el enclaustramiento marítimo en la agenda de la Asamblea de la
OEA. Al parecer, que el país haya presentado la demandada en la CIJ no impide
que pueda evaluarse en un evento de esa naturaleza el comportamiento de ambos
países al respecto.
En todo caso, la lección que se puede sacar de esta última
experiencia es, por un lado, que la diplomacia chilena está desorientada
respecto a la posición boliviana y que en vez de buscar respuestas adecuadas a
los actuales tiempos y desafíos, ha optado por refugiarse en un discurso
agresivo y sin norte. Obviamente, esta actitud implica que en el país debemos
estar preparados para nuevos embates de esta naturaleza y que deberemos
responder con la seguridad de quien está convencido de tener la justicia de su
parte y ratificando, en forma permanente y ante todos los foros, nuestra
vocación pacifista.
Por otro lado, exige que el Gobierno mantenga, salvo
peligrosas excepciones que deberán evitar, su predisposición a tratar el tema
al margen de la política contingente y en un marco en el que primen la
prudencia, la coordinación y la planificación en cada acción que se desarrolle.
Asimismo, mantener la decisión de dar absoluta prioridad en materia de política
exterior a nuestra acción ante La Haya.
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