EE.UU. Aprieta Salvaguardias de
Desarrollo
Por Carey L. BironReprint | | Imprimir | Enviar por correo electrónico
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Washington será excluido de ofrecer cualquier tipo de asistencia bilateral que podría facilitar los abusos de ciertos derechos, las industrias extractivas o de la tala industrial en los bosques tropicales primarios. Crédito: Bigstock
WASHINGTON, 28 de enero 2014 (IPS) - Los activistas de desarrollo y organismos de control de los derechos están aplaudiendo un refuerzo sorpresa de las políticas ambientales y de derechos humanos que rigen la financiación del desarrollo y la asistencia financiera EE.UU. en el extranjero.
Según las nuevas disposiciones , los Estados Unidos estarán obligados a votar en contra del financiamiento multilateral para proyectos hidroeléctricos de gran escala en los países en desarrollo , así como de impulso a la reparación de las violaciónes de los derechos resultantes de las iniciativas de desarrollo de las instituciones financieras internacionales.
" Hemos visto los organismos donantes como USAID hacer la vista gorda ante las denuncias flagrante de los derechos humanos en estas áreas. " - Anuradha Mittal
Además , Washington se le prohibirá ofrecer cualquier tipo de asistencia bilateral que podría facilitar los abusos de ciertos derechos, las industrias extractivas o de la tala industrial en los bosques tropicales primarios.
Los nuevos mandatos constituyen sólo una pequeña parte de un masivo proyecto de ley , promulgada el 17 de enero , que financia el gobierno federal a través del final de este ejercicio . Pero los partidarios dicen las disposiciones podrían tener tanto consecuencias directas para situaciones específicas y proyectos pendientes , así como los impactos más duraderos sobre la financiación y los enfoques de desarrollo.
" El Congreso de EE.UU. ha dado un paso importante hacia la reducción de la brecha entre la política de gobierno de los EE.UU. sobre la financiación del desarrollo y su política de derechos humanos para exigir al gobierno de EE.UU. para presionar las instituciones financieras internacionales a proporcionar una compensación o de otra forma poner remedio a violaciónes de derechos humanos relacionados con sus proyectos" Jessica Evans , investigador con sede en Washington sobre las instituciones financieras internacionales a Human Rights Watch , dijo a IPS.
Las nuevas disposiciones , según informes, patrocinado por el senador Patrick Leahy , afectarán tanto a la financiación bilateral EE.UU. a través de agencias como la USAID , así como en las importantes contribuciones que los Estados Unidos ofrece a las instituciones multilaterales de desarrollo, en particular el Banco Mundial.
Ahora se les pedirá representantes de Estados Unidos a votar en contra de la financiación multilateral para la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos, probablemente definidos como cualquier cosa más de 15 metros de altura. Las grandes represas han sido criticados por los expertos en desarrollo durante décadas, dado su impacto a menudo inevitable en las comunidades locales y los sistemas ambientales.
Sin embargo , el Banco Mundial dio a conocer recientemente una nueva estrategia institucional que puede incluir un enfoque destacado en las grandes represas . Por lo tanto , las disposiciones Leahy podrían llegar a ser un impedimento para la visión de la fuente de financiación del desarrollo con sede en Washington .
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"Aplaudo al Congreso de los EE.UU. para dirigir el Tesoro de EE.UU. para oponerse a la financiación de grandes proyectos de presas a través del Banco Mundial y otras instituciones financieras", Deborah Moore , ex comisionado de la Comisión Mundial de Represas y actual presidente de la junta directiva de International Rivers , un grupo de vigilancia global, dijo en un comunicado.
"Creo que el mensaje ahora es claro: hay mejores opciones para satisfacer las necesidades de las comunidades para la electricidad que son más baratos y sostenible. "
International Rivers dice que la nueva ley requerirá que los Estados Unidos para oponerse a los proyectos actuales y pendientes hidroeléctricas en los ríos Indo y del Congo , así como en Guyana , Laos y Togo.
El proyecto de ley también requiere que los créditos de los EE.UU. empujar financiadores multilaterales , especialmente el Banco Mundial, la incorporación de nuevos mecanismos de supervisión y de evaluación externa para cada proyecto que emprenden , para garantizar que las salvaguardias estipuladas se están siguiendo .
De acuerdo con un comunicado enviado a los medios de comunicación y publicado el fin de semana , el Banco Mundial está actualmente analizando el alcance de las nuevas disposiciones. Sin embargo, la futura financiación de EE.UU. para el banco ahora podría estar supeditada a este nuevo requisito .
" El sentimiento general en disposiciones que requieren una supervisión más estricta e instando a [ el presidente del Banco Mundial, Jim Kim ] para mirar fuera de los muros del Banco Mundial para abordar mejor los problemas que aquejan a la institución es el núcleo de la defensa de la sociedad civil", Josh Lichtenstein , directora de campañas para el Centro de Información del Banco (BIC ) , un grupo de vigilancia aquí , dijo a IPS.
" Damos la bienvenida a la utilización del proceso legislativo para enviar mensajes fuertes a las instituciones financieras internacionales [ ] , sobre todo en el impulso a adoptar políticas y procedimientos que son mejores en línea con los más altos estándares internacionales y en la implementación de una supervisión más estricta para garantizar esas normas se respeten . "
El reconocimiento official
Otras disposiciones dentro de las nuevas acciones de mandatos de ley de asignaciones relativas a los proyectos en curso o pendientes específicas que le han valido las críticas sobre abusos de los derechos , en particular en Camboya, Guatemala y Etiopía .
En 2010 en Camboya , las familias en el norte de Phnom Penh fueron desalojados ilegalmente de sus tierras por un proyecto de desarrollo que incluye el llenado de un gran lago, Boeung Kak , con arena. Camboya es un cliente del Banco Mundial , y los desalojos directamente contravenía las normas bancarias.
En Guatemala , la construcción de una gran represa hidroeléctrica en el ChixoyRiver durante la década de 1980 desplazó a 3.500 pueblos indígenas , lo que lleva a las tensiones que dieron lugar a la masacre o derechos abusos de unas 400 personas . Ese proyecto fue parcialmente financiado por el Banco Mundial.
Según la nueva legislación , que ahora será necesario que el representante de EE.UU. en el Banco Mundial (y , en el caso de la represa Chixoy , el Banco Interamericano de Desarrollo ) para ofrecer información actualizada sobre los avances en materia de reparaciones y compensaciones que rodea ambas situaciones .
"Comenzamos a trabajar para la reparación en 1995 y hoy nos enteramos de la gran noticia", Carlos Chen Osorio , director de Coordinación de Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy Plant , un grupo de defensa , dijo en un comunicado. "Sentimos que no estamos solos y estamos muy agradecidos a todos los que se han comprometido a trabajar en esto. "
En Etiopía , por su parte , los propios Estados Unidos han sido objeto de críticas por ayudar a financiar un proyecto de desarrollo importante del gobierno que ha incluido en movimiento la fuerza a los pastores de las tierras tradicionales de las comarcas Bajo Omo y Gambella , a liquidar en los pueblos. La nueva ley no permite ahora el dinero de los Estados Unidos , ya sea directa o indirectamente, la financiación de los desplazamientos forzosos en estas zonas .
" Hemos visto los organismos donantes como USAID hacer la vista gorda a las denuncias flagrantes de los derechos humanos en estas áreas", Anuradha Mittal , directora ejecutiva del Oakland Institute , un grupo de vigilancia que se ha llevado a cabo multipleinvestigations sobre desplazamientos forzados en Etiopía , dijo a IPS . (USAID no respondió a una solicitud de comentario de la fecha límite. )
"Es un alivio real ahora para ver el Congreso de EE.UU. que ofrece cierto reconocimiento de que estos informes sobre desalojos forzosos no son meras alegaciones ", continúa .
"Ahora que han tomado una
postura, sin embargo, tenemos que asegurarnos de que esto no es sólo el
lenguaje sino que se aplique plenamente . "
De hecho , el interés de la sociedad civil se centrará ahora en cómo las agencias estadounidenses e internacionales implementan estas nuevas disposiciones. Si bien la ley de EE.UU. ofrece una nueva oportunidad para mitigar los impactos adversos de la financiación para el desarrollo , no está claro el grado en que se utilizará esta herramienta .
" Mientras celebramos este logro , somos cautos en nuestras expectativas", dice de BIC Lichtenstein ", como mandatos sin guión y sin fondos , en su mejor momento , a menudo indican el inicio de un debate serio y una mejor coordinación , en vez de un cambio sistemático .
U.S. Tightens Development Safeguards
Washington will be barred from
offering any bilateral assistance that could facilitate certain rights abuses,
extractive industries or industrial logging in primary tropical forests.
Credit: Bigstock
WASHINGTON,
Jan 28 2014 (IPS) - Development activists and rights
watchdogs are applauding a surprise strengthening of environmental and human
rights policies governing U.S. development funding and overseas financial
assistance.
Under the new provisions, the United States will be required to vote against
multilateral funding for large-scale hydroelectric projects in developing
countries, as well as push for redress of rights violations resulting from
development initiatives by international financial institutions.
“We’ve watched
donor agencies such as USAID turning a blind eye to blatant human rights
allegations in these areas." -- Anuradha Mittal
In addition, Washington will be barred from offering any bilateral
assistance that could facilitate certain rights abuses, extractive industries
or industrial logging in primary tropical forests.
The new
mandates constitute just a tiny part of a massive bill, signed
into law on Jan. 17, that funds the federal government through the end of this
financial year. But supporters say the provisions could have both direct
implications for specific situations and pending projects as well as
longer-lasting impacts on development funding and approaches.
“The U.S. Congress has taken an important step toward bridging the gap
between U.S. government policy on development finance and its human rights
policy in requiring the U.S. government to press international financial
institutions to provide compensation or otherwise remedy human right violations
linked to their projects,” Jessica Evans, a Washington-based researcher on
international financial institutions at Human Rights Watch, told IPS.
The new provisions, reportedly sponsored by Senator Patrick Leahy, will
impact both on bilateral U.S. funding through agencies such as USAID, as well
as on the significant contributions that the United States provides to
multilateral development institutions, particularly the World Bank.
U.S. representatives will now be required to vote against multilateral
funding for the construction of major hydroelectric projects, likely defined as
anything over 15 metres high. Large dams have been criticised by development
experts for decades, given their often inevitable impact on local communities
and environmental systems.
However, the World Bank recently unveiled a new institutional strategy
that may include a prominent focus on big dams. Thus, the Leahy provisions
could prove to be an impediment to the Washington-based development funder’s
vision.
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“I applaud the U.S. Congress for directing the U.S. Treasury to oppose
the financing of large dam projects through the World Bank and other financial
institutions,” Deborah Moore, a former commissioner on the World Commission on
Dams and current chair of the board of International Rivers, a global watchdog
group, said in a statement.
“I think the message now is clear: there are better options for meeting
communities’ needs for electricity that are cheaper and sustainable.”
International Rivers says the new law will require the United States to
oppose current and pending hydro projects on the Indus and Congo rivers, as
well as in Guyana, Laos and Togo.
The appropriations bill also requires that the U.S. push multilateral
funders, particularly the World Bank, to incorporate new external oversight and
evaluation mechanisms for each project they undertake, to ensure that
stipulated safeguards are being followed.
According to a statement released to the media and published over the
weekend, the World Bank is currently analysing the scope of the new provisions.
Yet future U.S. funding for the bank could now be contingent on this new requirement.
“The overall sentiment in provisions calling for stricter oversight and
urging [World Bank President Jim Kim] to look outside the World Bank walls to
better address the issues plaguing the institution is at the core of civil
society advocacy,” Josh Lichtenstein, director of campaigns for the Bank
Information Center (BIC), a watchdog group here, told IPS.
“We welcome the use of the legislative process to send strong messages
to the [international financial institutions], particularly in pushing them to
adopt policies and procedures that are better in line with highest
international standards and in implementing stricter oversight to ensure those
standards are upheld.”
Official acknowledgement
Other provisions within the new appropriations bill mandate actions
regarding specific ongoing or pending projects that have garnered criticisms
over rights abuses, particularly in Cambodia, Guatemala and Ethiopia.
In 2010 in Cambodia, families in northern Phnom Penh were illegally
evicted from their lands for a major development project that included filling
a large lake, Boeung Kak, with sand. Cambodia is a World Bank client, and the
evictions directly contravened bank standards.
In Guatemala, the construction of a large hydroelectric dam on the
ChixoyRiver during the early 1980s displaced 3,500 indigenous peoples, leading
to tensions that resulted in the massacre or rights abuses of some 400 people.
That project was partially funded by the World Bank.
Under the new legislation, the U.S. representative at the World Bank
(and, in the case of the Chixoy dam, the Inter-American Development Bank) will
now be required to offer regular updates on progress on reparations and redress
surrounding both of these situations.
“We began to work for reparations in 1995 and today we heard the great
news,” Carlos Chen Osorio, director for the Coordination of Affected
Communities by the Chixoy Hydroelectric Plant, an advocacy group, said in a
statement. “We feel that we are not alone and are very grateful to all those
that have committed to work on this.”
In Ethiopia, meanwhile, the United States itself has come under
criticism for helping to bankroll a major government development project that
has included forcibly moving pastoralists from traditional lands in the Lower
Omo and Gambella regions, to be settled in villages. The new law now disallows
U.S. monies from either directly or indirectly funding forced displacement in
these areas.
“We’ve
watched donor agencies such as USAID turning a blind eye to blatant human
rights allegations in these areas,” Anuradha Mittal, executive director of the
Oakland Institute, a watchdog group that has carried out multipleinvestigations on
forced displacements in Ethiopia, told IPS. (USAID did not respond to request
for comment by deadline.)
“It’s a real relief now to see the U.S. Congress offering true
acknowledgement that these reports of forced evictions are not mere
allegations,” she continues. “Now that they’ve taken a stand, however, we need
to ensure that this is not just language but rather is fully implemented.”
Indeed, civil society interest will now focus on how U.S. and
international agencies implement these new provisions. While U.S. law offers a
new opportunity to mitigate adverse impacts of development funding, it is
unclear the extent to which that tool will be used.
“While we celebrate this achievement, we are cautious in our
expectations,” BIC’s Lichtenstein says, “as unscripted and unfunded mandates,
at their best, often indicate the start of serious discussion and better
coordination, rather than systematic change.
2005 La Guayana Esequiba – Zona en Reclamación. Instituto Geográfico
Simón Bolívar Primera Edición
Nota del editor del blog: Al referenciarse a la
República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500Km2, de
territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de
Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de
febrero de 1966.
Territorios estos sobre
los cuales el Gobierno Venezolano en representación de la Nación venezolana se
reservo sus derechos sobre los territorios de la Guayana Esequiba en su nota
del 26 de mayo de 1966 al reconocerse al nuevo Estado de Guyana:
“...por lo tanto,
Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de
la margen derecha del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional,
que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona
que se encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el
territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva
expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de
Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento
hasta su desembocadura en el Océano Atlántico...”
Mapa que señala el Espacio
de Soberanía Marítima Venezolana que se reserva, como Mar Territorial mediante el Decreto
Presidencial No 1152 del 09 de Julio de 1968
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