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El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) autorizó la
reanudación de las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte, un polémico
proyecto energético que se construye en la selva amazónica y que había sido
interrumpido el pasado día 14 por orden de otro tribunal.
Brasilia, EFE 28 de agosto de 2012
Según informó la estatal Agencia Brasil, el presidente del
Alto Tribunal, Carlos Ayres Britto, precisó que el fallo favorable a la
reanudación no impide que su decisión sea revisada tras un análisis más
detallado del caso.
De acuerdo con esta versión, en su fallo el magistrado
solicita más información al Tribunal Federal de la Primera Región, con sede en
Brasilia, que determinó la paralización de las obras.
Previamente a la decisión del STF, la Procuradoría General de
la República manifestó su postura favorable a la paralización de la
construcción.
El Tribunal Federal de la Primera Región basó su decisión de
suspender las obras debido a la identificación de irregularidades en dos etapas
del proceso, una en STF y otra en el Congreso.
Belo Monte, que será la tercera mayor hidroeléctrica del
mundo, comenzó a ser construida en marzo del año pasado en la localidad de
Altamira, en el estado norteño de Pará, pese a la resistencia de los indios y
ecologistas, que alegan que la obra tendrá un impacto irreversible en la
Amazonía.
La decisión de suspender las obras fue tomada a petición del
Ministerio Público del estado de Pará, que cuestionó una decisión
"unilateral" del STF, en cabeza de su entonces presidenta Ellen
Gracie, quien declaró la "constitucionalidad" del proyecto sin tener
en cuenta a los demás miembros de la máxima corte de Justicia.
El Tribunal también consideró que el Congreso actuó de manera
irregular cuando avaló la obra sin la discusión ampliada en el Legislativo de
los informes técnicos previos.
Cuando esté operativa, Belo Monte tendrá una capacidad de
generación media de 4.571 megavatios hora, alcanzará un tope de 11.233
megavatios en las épocas de máxima crecida del río Xingú y exigirá inversiones
de cerca de 10.600 millones de dólares, según cálculos del Gobierno.
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