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Mientras en Santiago aún no se resuelve cómo se contestará la
demanda boliviana, en Bogotá, una corte constitucional resolvió que La Haya
entra en conflicto si busca resolver cuestiones limítrofes.
Artículo | 4 Mayo 2014 - 9:15am
Como parte de los análisis que se hacen respecto de una
postura de parte de la Corte Internacional de La Haya en la demanda que ha
levantado Bolivia para obtener por medio de un fallo de esa instancia jurídica,
una resolución que obligue a Chile a negociar una salida al océano con
soberanía para el país andino, ha venido a darse a conocer en esta semana la
posición colombiana respecto de dos fallos de la Corte Internacional de La
Haya, que no han podido resolver el conflicto que Bogotá y Nicaragua mantienen
sobre el archipiélago caribeño de San Andrés y Providencia.
Esto si se reflexiona sobre el punto de vista que han
levantado algunos parlamentarios chilenos en orden a invocar la incompetencia
de La Haya sobre una cuestión resuelta por tratados firmados en “1904, en donde
la Corte por el Pacto de Bogotá no puede juzgar ni entrometerse en un tratado
anterior a 1948”, según sostuvo el diputado chileno PPD Jorge Tarud, presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.
Aparentemente, los argumentos de Tarud tendrían asidero si se
considera lo expuesto por la Corte Constitucional de Colombia, que resolvió que
los límites de ese país no pueden ser modificados por tribunales
internacionales.
EL CONFLICTO ENTRE COLOMBIA Y NICARAGUA. Para aclarar las
cosas es conveniente retrotraer el asunto al año 2007, cuando La Haya determinó
que, de conformidad con un tratado suscrito en 1928, las tres principales islas
del archipiélago en cuestión le pertenecían a Colombia, pero no estableció la
soberanía de otros cinco islotes deshabitados ni la frontera marítima con
Nicaragua.
En un segundo fallo, de 2012, la corte reafirmó la propiedad
colombiana de los islotes, a la vez que trazó una frontera que reconoce como
nicaragüenses al menos 75.000 km2 de mar que los colombianos siempre
consideraron suyos.
La decisión no fue bien recibida por Colombia. Aunque el
presidente Juan Manuel Santos no ha desconocido oficialmente la sentencia, su
posición es que ésta es “inaplicable”. Hasta el momento, los intentos de
Nicaragua por iniciar negociaciones bilaterales no han sido correspondidos.
La Corte Constitucional colombiana resolvió que los límites
del país no pueden ser modificados por La Haya, al examinar una demanda de
inconstitucionalidad presentada por el Gobierno contra el Pacto de Bogotá a
raíz del litigio limítrofe con Nicaragua.
El tribunal declaró que el artículo 31 de la Ley 37 de 1961
por el cual se aprobó la adhesión al Pacto de Bogotá se ajusta a la
Constitución, siempre y cuando las decisiones de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) sobre controversias limítrofes incluyan “un tratado debidamente
aprobado y ratificado, en los términos del artículo 101 de la Constitución
Política” de Colombia.
En consecuencia, el presidente Juan Manuel Santos dijo que
los límites de Colombia con Nicaragua no serán modificados por el fallo de la
CIJ, mientras no se firme un nuevo tratado con ese país.
“El fallo de la Corte de La Haya sólo se puede aplicar
después de un nuevo tratado”, dijo el presidente, quien reafirmó la vigencia
del Tratado Esguerra-Bárcenas firmado por los dos países en 1928 y que
Nicaragua desconoce.
“La Corte Constitucional acogió, después de un estudio
riguroso y serio, la tesis que hemos venido sosteniendo desde el mismo día en
que salió el fallo de La Haya en noviembre de 2012 y que ratificamos en
septiembre del año pasado, cuando demandé personalmente el Pacto de Bogotá”,
agregó Santos.
Ese mismo mes, Nicaragua presentó dos nuevas demandas ante la
Corte de La Haya, la primera que denunciaba el incumplimiento del fallo de
noviembre de 2012 por parte de Colombia y una segunda, con la que busca ampliar
su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en
el Caribe.
Según Santos, el Gobierno colombiano esperará a conocer el
contenido del fallo de la Corte Constitucional “para decidir los próximos
pasos”.
EN CHILE. Mientras, en nuestro país, enfrentados a la demanda
de Bolivia y a las respuestas de sus autoridades a los dichos del canciller
chileno Heraldo Muñoz, quien, consultado si había alguna puerta abierta para la
aspiración marítima paceña, respondió: “Está cerrada para siempre, ese ha sido
el planteamiento de Chile. Hoy hay una demanda en La Haya demandando soberanía,
por lo tanto eso está fuera de cualquier cuestión”.
En el mismo escenario, parlamentarios chilenos afirmaron que
el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet debe pedir la incompetencia de
la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) frente a la demanda
marítima de Bolivia.
El senador Iván Moreira, miembro de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado, declaró que “Chile está pecando de ingenuidad, porque
cada vez que vamos a estos tribunales cedemos jurisdicción internacional y
perdemos”.
Moreira reiteró su pedido señalando que “lo que estamos
pidiendo es que no jueguen con la ingenuidad de Chile. El tribunal
internacional de La Haya cada día pierde credibilidad. No legitimidad, pero
credibilidad sí. Porque la manera en que está haciendo las cosas no son las más
adecuadas ni se ajustan cabalmente al derecho internacional”, enfatizó.
Por su parte, el diputado Jorge Tarud, presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara bBja, dijo que se está frente a
una demanda que no tiene ninguna justificación en derecho.
“El tema con Bolivia fue resuelto hace 110 años y hoy se va a
la Corte de La Haya señalando derechos expectaticios”, afirmó Tarud, quién
agregó que esos derechos “son un invento del canciller boliviano, David
Chobquehuanca”.
“Bolivia no ha dañado a Chile”
••• Explicando su demanda en La Haya, el presidente de
Bolivia, Evo Morales, afirmó que su país “nunca” ha hecho daño a Chile ni
piensa hacerlo porque es una nación pacifista. “Quiero decir al pueblo chileno,
Bolivia nunca ha hecho ningún daño, ni pensamos hacer daño al pueblo chileno ni
a la hermana república de Chile.
Somos un país pacifista, por eso acudimos a los tribunales
internacionales para que ellos juzguen, para que Bolivia vuelva al océano
Pacífico con soberanía”, señaló Morales, especificando que “no es el pueblo
chileno, sino grupos oligárquicos, una casta política que nunca ha pensado en
su hermano país vecino” y que no ha atendido la demanda boliviana para que
Chile le restituya una salida soberana al mar.
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