http://www.elpais.com.uy/informacion/hipotesis-fa-malvinas-uruguayas.html
Tomado de:
En un informe sobre Defensa firmado por la senadora y
precandidata Constanza Moreira (espacio 609) y presentado en la Comisión de
Programa del Frente Amplio se plantea la conformación de una comisión para el
estudio de la soberanía uruguaya sobre las Islas Malvinas.
Temas
programa
-
En el documento al que accedió El País se propone la
integración de un grupo de trabajo con historiadores, geógrafos, juristas,
diplomáticos, políticos y militares que discuta en profundidad el tema
"teniendo presente que la presencia uruguaya en la Antártida está
sustentada en el mismo Tratado España-Uruguay (1841) que concede a Uruguay la
soberanía sobre las Islas Malvinas".
Además, anoche la Comisión de Programa analizaba la propuesta
para la creación de un Tribunal Constitucional -paralelo a la Suprema Corte de
Justicia y con las potestades para declarar inconstitucionales las leyes. El
planteo había sido realizado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en
el marco de la discusión del programa del Frente Amplio para el 2014, en un año
en que la relación entre el Frente Amplio y el Poder Judicial tuvo momentos de
tensión debido a que generó malestar en la coalición la decisión de la Corte de
declarar la inconstitucional del Impuesto a la Concentración de Inmuebles
Rurales (ICIR), de la ley de imprescriptibilidad de la Caducidad y además disponer
el traslado de la jueza penal, Mariana Mota, a la órbita civil.
"La discusión relativa a la reforma constitucional
constituirá el marco para reformar el régimen administrativo del Poder
Judicial, separando el rol jerárquico administrativo de la Suprema Corte de
Justicia de modo que pueda concentrarse en los aspectos puramente
jurisdiccionales. En ese marco se promoverá la creación de un Tribunal
Constitucional con competencia en la declaración de inconstitucionalidad de las
leyes", señala el planteo.
Por otra parte, el senador Oscar López Goldaracena presentó
el lunes en la bancada un proyecto para la creación de un Ministerio de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos mediante la reasignación de competencias que hoy
corresponden en su mayoría al Ministerio de Educación
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