http://www.elpais.com.uy/opinion/editorial/politica-islas-malvinas.html
Tomado de:
La reciente publicación de los datos de una encuesta sobre la
opinión de los uruguayos en torno a la cuestión de las islas Malvinas debió
sorprender a nuestro gobierno.
Temas
encuesta
-
Malvinas
-
11 mar 2014
Según esa encuesta, la mayoría del país -un 80%- disiente con
la política oficial y propicia un acercamiento a las islas y un aumento de las
relaciones comerciales con los isleños. Esa misma mayoría discrepa con la
decisión gubernamental de cerrar el acceso al puerto de Montevideo a los barcos
de las Malvinas y a las naves militares de Gran Bretaña, una opinión que, dato
sugestivo, comparten no sólo blancos y colorados sino el 57% de los
frenteamplistas.
Esa es la postura dominante pese a que la encuesta ratifica
la solidaridad uruguaya con el reclamo argentino por la soberanía de las islas.
Al mismo tiempo, curiosamente, una mayoría sustancial reconoce que la decisión
final sobre el tema debe quedar en manos de los malvinenses. Al respecto, el
81% de los consultados aplaudió el viaje que los diputados nacionalistas Jaime
Trobo y José Carlos Cardoso hicieron el año pasado a Puerto Stanley para actuar
como observadores en la consulta que confirmó prácticamente por unanimidad la
presencia británica en el archipiélago.
Estos resultados de la muestra realizada por la consultora
Factum a fines del 2013 se conocen poco después que una misión parlamentaria
integrada por nacionalistas, colorados e independientes visitó las islas para
conversar con los dirigentes locales sobre las posibilidades de intensificar el
intercambio entre las Malvinas y Uruguay. Un diputado frenteamplista que se
disponía a viajar renunció a hacerlo a último momento presionado por su
partido. Un veto de la izquierda no bien visto, pues a la luz de esta
investigación se infiere que la opinión pública aprobó esta misión que buscó
romper el distanciamiento con los malvinenses, acentuado bajo la administración
de José Mujica.
Los números crudos de este sondeo de opinión revelan que la
política del gobierno hacia las Malvinas opera en medio de un rechazo
generalizado. Tan generalizado que haría bien la Cancillería en revisar hasta
dónde es conveniente para el interés nacional, perder la posibilidad de
comerciar directamente con las islas y de poner a Montevideo en condiciones de
servir -como lo hizo durante largo tiempo en el pasado- de puerto de escala
para las conexiones entre las islas y el mundo, incluida Gran Bretaña.
Un cambio de política en la materia, no significaría declinar
el apoyo que se le brinda a Argentina en el plano diplomático y en los foros
internacionales en su histórico reclamo por la soberanía de las Malvinas.
Uruguay se ha colocado siempre al lado del vecino país cada vez que en la ONU,
en la OEA o en otras organizaciones multilaterales, se ha planteado el tema.
Sin embargo, llevar las cosas al extremo de incomunicar a la capital uruguaya
con las Malvinas es un exceso de celo, algo que, como decía Talleyrand, es uno
de los errores más graves que puede exponer una estrategia diplomática.
Inflamado por la vieja retórica de la fraternidad
latinoamericana, la Patria Grande y la lucha anticolonialista, al gobierno del
Frente Amplio le cuesta desprenderse de preconceptos y resolver el rumbo de su
política exterior de manera pragmática. Esta actitud cargada de ideología y de
prejuicios lo ha llevado a equivocarse en el manejo de las relaciones con la
Argentina de los Kirchner, cuyo gobierno -como es evidente- ha sabido
aprovechar esa debilidad de la izquierda uruguaya por reverenciar los dogmas
sin atender a las realidades.
Y las realidades indican que ni en Casa Rosada ni el Palacio San
Martín, sede de la Cancillería argentina, se valoran los sucesivos gestos de
buena voluntad emanados de las autoridades uruguayas, incluido el pacto de
información tributaria así como la excesiva tolerancia del gobierno de Mujica
ante la irrupción de la Justicia argentina en una zona franca uruguaya, ante
las dilatorias en relación al dragado del canal Martín García y ante la
negativa a publicar los datos de las mediciones sobre la presunta contaminación
ambiental provocada por la planta de celulosa en el río Uruguay.
Ninguno de esos gestos fue correspondido, como tampoco lo fue
la política solidaria aplicada por Uruguay en el asunto de las Malvinas. Una
política que -sin abandonar el apoyo genérico a la causa argentina- debería
revisarse de inmediato.
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