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lunes, 23 de abril de 2012

La conferencia Río+20 podría promover la economía verde y el desarrollo a expensas de los derechos humanos y la justicia ambiental - Eventos paralelos destacarán las reivindicaciones y la contribución de los pueblos indígenas


http://www.forestpeoples.org/es/topics/medios-de-vida-sostenibles/news/2012/04/la-conferencia-rio20-podria-promover-la-economia-verd

Tomado de:

23 Abril de, 2012
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible - Río+20, tiene como finalidad asegurar el pleno cumplimiento de los compromisos internacionales relativos al medio ambiente y el desarrollo social. Sin embargo, existe la preocupación de que descuide la urgente necesidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas, los conocimientos tradicionales y el desarrollo determinado libremente.

En junio se reunirán en Río ministros y delegados de organismos no gubernamentales de todo el mundo para celebrar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible - Río+20. La conferencia se va a celebrar 20 años después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) que se celebró en Río, y entre otros tiene como objetivo evaluar el estado de la aplicación de las tres convenciones adoptadas en la CNUMAD: el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD).

Los participantes también negociarán reformas institucionales con el fin de asegurar respuestas más coherentes y holísticas a cuestiones relativas al medio ambiente y el desarrollo, procurando dar la misma importancia a imperativos sociales, económicos y ambientales. No obstante, el lema de esta conferencia es la denominada “economía verde”, y los gobiernos dedicarán tiempo a debatir su significado, definición, principios y propósito. También tienen previsto asegurar un consenso intergubernamental en torno a las acciones necesarias para una “transición mundial” a una economía verde para que el desarrollo sostenible sea posible. Algunos observadores consideran que esta es meramente una oportunidad para buscar soluciones basadas en el mercado a favor del sector privado, en lugar de una oportunidad para comprometerse a apoyar una transición a un modelo socialmente justo y ecológicamente equilibrado.  

En Nueva York se está debatiendo un proyecto de documento de negociación, el denominado “borrador cero”, en reuniones mensuales. El documento no define claramente metas y acciones vinculantes para los gobiernos y para el sector privado, ni identifica la necesidad de adoptar reglas vinculantes para este último. Por si eso fuera poco, los elementos clave, como dar un enfoque “basado en los derechos” al desarrollo y las cuestiones sociales y ambientales, corren el riesgo de perderse entre las divergentes agendas gubernamentales. Los compromisos de abordar cuestiones que afectan a múltiples sectores, como la justicia económica y una reforma profunda del sistema financiero, corren el mismo riesgo.

Los pueblos indígenas han convocado una Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas sobre la Libre Determinación y el Desarrollo Sostenible antes de la conferencia Río+20, entre el 16 y el 19 de junio de 2012; una serie de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales se reunirán en la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental en Defensa de los Bienes Comunes que se celebrará al mismo tiempo que el evento oficial Río+20; habrá un pabellón dedicado a los pueblos indígenas que permanecerá abierto del 19 al 22 de junio, y un espacio público (propuesto por pueblos indígenas de Sur y Centroamérica) denominado Acampamento Tierra Libre por el Buen Vivir y la Vida Plena para compartir experiencias relacionadas con la conservación sostenible del medio ambiente y las prácticas de gestión de los recursos naturales basadas en conocimientos y medios de vida tradicionales. El vínculo entre los derechos territoriales y los paradigmas verdaderamente sostenibles será puesto de relieve junto con la urgencia de asegurar que cualquier programa o plataforma que surja en Río esté estrechamente vinculado a los derechos.

Cabe resaltar que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el autor principal del informe sobre la “economía verde” publicado para la cumbre Río+20, considera que los bosques son un pilar muy importante de dicha economía verde, a través del apoyo de los planes de pagos por servicios ambientales (PSA) y de los programas y proyectos de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo (REDD+) como “catalizador” para obtener un sector forestal más verde. Sin embargo el PNUMA no menciona los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y bienes naturales, ni obligaciones y normas que son sumamente relevantes, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI).

El reconocimiento de la DNUDPI es una reivindicación clave de los pueblos indígenas para Río+20. En sus declaraciones y presentaciones para el “borrador cero”, las organizaciones de pueblos indígenas han destacado repetidamente cinco prioridades cruciales que los gobiernos y los organismos de las Naciones Unidas deberán tener en cuenta:

• La DNUDPI debe ser la norma y marco internacional fundamental para el desarrollo sostenible;

• La cultura de los pueblos indígenas deberá ser incorporada a los tres «pilares» tradicionales del desarrollo sostenible;

• Los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y bienes naturales serán respetados y protegidos;

• La contribución de los conocimientos tradicionales será respetada, valorada e incluida;

• Las diversas economías locales serán reconocidas como “economías verdes” en las que se apoya un marco holístico de desarrollo determinado libremente.

El Forest Peoples Programme (Programa para los pueblos de los Bosques) estará presente en Río para apoyar a una delegación de pueblos indígenas que participará en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, los eventos paralelos y las negociaciones oficiales.

Para obtener más información, visite:
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Los pueblos indígenas piden al Fondo para el Medio Ambiente Mundial que haga honor a sus compromisos


http://www.forestpeoples.org/es/topics/fondo-para-el-medio-ambiente-mundial-fmam/news/2012/04/los-pueblos-indigenas-piden-al-fondo-p

Tomado de:

23 Abril de, 2012
Las organizaciones de pueblos indígenas llevan mucho tiempo pidiendo al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) que, como destacada institución mundial de financiación de proyectos y programas ambientales gubernamentales, adopte una política específica para los pueblos indígenas en consonancia con las normas internacionales. En octubre de 2010 la presidenta del Consejo de Administración del FMAM, Monique Barbut, anunció por fin que el FMAM iba a elaborar sus propias normas de salvaguardia y a abordar los motivos concretos de preocupación de los pueblos indígenas (E-Boletín del FPP, octubre de 2011).

Después de un proceso algo acelerado y con limitada participación, en noviembre de 2011 el FMAM adoptó una serie de normas mínimas de salvaguardia para la evaluación social y ambiental, el reasentamiento involuntario, los hábitats naturales y los pueblos indígenas (E-Boletín del FPP, octubre de 2011). Sin embargo, las normas mínimas finalmente aprobadas por el Consejo del FMAM han sido duramente criticadas por organizaciones de pueblos indígenas por estar basadas en políticas anticuadas del Banco Mundial, y por restringir el compromiso del FMAM de respetar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) solamente a los países que hayan ratificado el Convenio 169 de la OIT.

“La restricción del CLPI a los países del Convenio 169 de la OIT no tiene justificación, puesto que esos estados tienen que aplicar el CLPI de todas formas”, dijo Minnie Degawan del pueblo Kankanaey (Filipinas) y miembro del Grupo Operativo de Pueblos Indígenas (IPTF por sus siglas en inglés) del FMAM. “El CLPI es un derecho de todos los pueblos indígenas establecido en el derecho internacional, y así se entiende y está acordado actualmente a nivel internacional, como demuestran por ejemplo otras políticas institucionales intergubernamentales sobre pueblos indígenas, como las aplicadas por organismos de las Naciones Unidas y por instituciones financieras internacionales como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.”

Mientras tanto en 2011 el FMAM, cumpliendo su promesa de abordar específicamente los motivos de preocupación de los pueblos indígenas, creó el Grupo Operativo de Pueblos Indígenas, el cual elaboró un documento de exposición de problemas con recomendaciones detalladas sobre elementos esenciales de una política eficaz de pueblos indígenas basada en los derechos. Dicho documento fue debidamente presentado al FMAM en el verano de 2011 para que lo consideraran.

A principios de 2012 los líderes y las organizaciones indígenas estaban decepcionados con el borrador de los “Principios y directrices para la participación de pueblos indígenas en proyectos y procesos del FMAM”, en el que se hace caso omiso a la mayoría de las recomendaciones hechas en el documento de exposición de problemas del IPTF y a las recomendaciones ofrecidas por los pueblos indígenas en las declaraciones que han hecho a lo largo de la última década (p. ej. en reuniones del Consejo del FMAM y del Convenio sobre la Diversidad Biológica [CDB]).

Los líderes indígenas han manifestado que les preocupa que la orientación dada en el borrador haya degradado la actuación del FMAM, que de formular una política ha pasado a recopilar directrices no vinculantes que serían aprobadas por la Presidenta del Consejo de Administración del FMAM sin ser adoptadas por el Consejo del FMAM. El FMAM admite que las directrices solamente serían “complementarias” y servirían de “información adicional para explicar o aplicar una política concreta” (en este caso la inadecuada política de salvaguardias mínimas y las actuales políticas anticuadas del FMAM).

A pesar de las recomendaciones del IPTF sobre las mejoras necesarias para que el borrador de directrices sea útil, el segundo borrador publicado a mediados de marzo sigue teniendo numerosos defectos. Entre los problemas pendientes se incluye la ambigüedad y falta de rigor del lenguaje empleado para hablar de los derechos, el tratamiento ofensivo del CLPI y los reiterados vínculos con disposiciones inadecuadas de la política del FMAM sobre normas mínimas de salvaguardias ambientales y sociales que deben cumplir los organismos asociados del FMAM. Los pueblos indígenas se sienten especialmente desilusionados por el hecho de que el borrador de directrices no reconozca de una manera más explícita los derechos de los pueblos indígenas y contenga texto con derogaciones y disposiciones opcionales, a pesar de que la orientación no es vinculante.

Los pueblos indígenas piden al FMAM un mayor reconocimiento de sus derechos:

A finales de marzo el Caucus de Pueblos Indígenas Asiáticos hizo pública una declaración en la que manifestaba su profunda preocupación por el proceso de la política del FMAM. En dicha declaración, que ha sido respaldada por más de 20 organizaciones de Asia y Rusia, se afirma que cualquier orientación provisional del FMAM sobre los pueblos indígenas debe incluir, como mínimo, disposiciones que reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas protegidos por el derecho internacional y otros instrumentos internacionales conexos, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. También se deja claro que los pueblos indígenas de Asia esperan que el FMAM haga honor a sus compromisos de elaborar una política específica para los pueblos indígenas, que debe exigir que sus derechos sean respetados en todas las actividades financiadas por el FMAM que puedan afectar directa o indirectamente a los derechos, tierras, recursos, medios de vida y en general cualquier interés de dichos pueblos.

Más información:

“En noviembre el Consejo del FMAM adoptará salvaguardias ambientales y sociales revisadas”, E-Boletín del FPP, octubre de 2011
“Aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: una oportunidad para influenciar la política del FMAM” E-Boletín del FPP, julio de 2011
“Aportación a las salvaguardias ambientales y sociales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial”, E-Boletín del FPP, julio de 2011
“El Fondo para el Medio Ambiente Mundial por fin planea adoptar salvaguardias sociales”, E-Boletín del FPP,
diciembre de 2010
Los Pueblos Indígenas y su Participación en los Procesos Decisionales y de Formulación de Políticas del FMAM, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, 2007
A desk-based review of the treatment of indigenous peoples’ and social issues in large and medium-sized GEF biodiversity projects, Forest Peoples Programme, Moreton in Marsh, 2005-2006
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial y su Estudio de beneficios locales - Una crítica, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, 2006
Pueblos Indígenas y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Forest Peoples Programme, Moreton in Marsh, 2005

lunes, 23 de mayo de 2011

ONU: Piden que Guyana, Surinam y Francia ratifiquen Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas

http://caio.uy.over-blog.com/article-onu-piden-que-guyana-surinam-y-francia-ratifiquen-convenio-169-sobre-pueblos-indigenas-74291325.html



Tomado de:

Juan Carlos Jintiach, vocero de la COICA en el Foro Permanente. Foto: Jorge Agurto / Servindi
Servindi, 20 de mayo, 2011.- La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) pidió que los estados de Guyana, Surinam y Francia ratifiquen el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas

En el caso de Francia la ratificación beneficiaría directamente a los pueblos indígenas de la Guyana Francesa, que con Guyana y Surinam forman parte de la cuenca amazónica.


Juan Carlos Jintiach, Coordinador del Área de Cooperación Económica de la COICA

El pedido lo formuló Juan Carlos Jintiach, Coordinador del Área de Cooperación Económica de la COICA en la décima sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que se celebra del 16 al 27 de mayo en New York, Estados Unidos.

La COICA representa a más de 390 pueblos indígenas de nueve países de la región más estratégica en biodiversidad del planeta: la cuenca amazónica, afirmó Jintiach.

Desafortunadamente, en esta región se concentran los proyectos extractivos más grandes de América Latina, como son los hidrocarburos, hidroeléctricas, mineras, vías e hidrovías y muchas de ellas, hacen parte del gran proyecto de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).

Además de esas actividades se agrega un sinnúmero de acciones de biopiratería y uso indebido de los saberes ancestrales, sin ninguna consulta ni participación de los pueblos indígenas en las decisiones y menos en la distribución equitativa de los beneficios.

El representante de la COICA sostuvo que el principio del consentimiento libre, previo e informado debe permitir a los pueblos indígenas participar efectivamente y de manera fundamental y determinante de las decisiones sobre los programas y políticas que les atañen.

En tal sentido Jintiach pidió que el Foro Permanente inste a los gobiernos y organismos internacionales a elaborar, en consulta y cooperación con los propios pueblos indígenas, normas, mecanismos y procedimientos apropiados para cumplir con la aplicación de dicho principio.

Recalcó, además, que se tome la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas como marco de obligatorio cumplimiento, para la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo.

ONU: Piden que Guyana, Surinam y Francia ratifiquen Convenio 169 ...
Juan Carlos Jintiach, vocero de la COICA en el Foro Permanente. Foto: Jorge Agurto /ServindiServindi, 20 de mayo, 2011.
caio.uy.over-blog.com/article-onu-piden-que-guyana-surinam...

Nota del editor del blog: Al referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Territorios estos sobre los cuales el gobierno Venezolano en representación de la Nación venezolana se reservo sus derechos sobre los territorios de la Guayana Esequiba en su nota del 26 de mayo de 1966 al reconocerse al nuevo Estado de Guyana .
“...por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen derecha del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional, que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que se encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico...”