Por Morelia Morillo Ramos /
fundacionmujeresdelagua.blogspot.com
Desde comienzos de 2015, una nueva ola de invasiones se produce en
los extremos de la ciudad capital del municipio Gran Sabana, Santa Elena de
Uairén.
Santa Elena alberga alrededor de 25 mil habitantes y es el último
centro poblado venezolano hacia el sureste profundo del país, en la frontera
con Brasil.
Para la Fundación Mujeres del Agua, este tema requiere de
inmediata atención.
Se trata de la única zona no indígena en un municipio que
constituye el territorio ancestral del pueblo indígena pemón y además un centro
poblado rodeado de áreas protegidas por su condición de productora de agua. Es
la Cuenca Hidrográfica del Caroní, generadora del 70% de la electricidad
nacional.
En los últimos 17 años, en Santa Elena se han producido al menos
17 ocupaciones ilegales de tierras; se dan a razón de una por año, si bien hay
años en los que no se registran intervenciones no autorizadas de terrenos, al
año siguiente se producen de dos a tres urbanismos precarios e improvisados.
Estas ocupaciones han devastado tierras húmedas con posibilidades
agrícolas como en el caso de Kewei I y II, espacios boscosos, como en el caso
de las barriadas bautizadas como El Salto y Simón Bolívar y más recientemente
humedales generadores de agua como en el caso de Caño Amarillo.
Las invasiones contravienen leyes nacionales y locales. Sin
embargo, con el pasar del tiempo, los ocupantes han recibido permisos de
ocupación y de construcción por parte de la Alcaldía, lo cual les atribuye
derechos sobre las bienhechurías, aunque no sobre la tierra, ya que en el municipio
aún no se define el alcance de las tierras indígenas y por tanto hasta dónde
llegan los terrenos no indígenas.
En estas barriadas se juntan viejos habitantes de Santa Elena de
Uairén, quienes argumentan que ocupan porque no tienen casa y nuevos migrantes,
que se desplazan desde las ciudades venezolanas en donde se ven sometidos a
altos índices de inseguridad y desempleo, como Ciudad Bolívar y San Félix,
ambas ubicadas en el estado Bolívar al cual pertenece la Gran Sabana.
Lamentablemente, como en Santa Elena hay pocas oportunidades de
emplearse, los nuevos habitantes pasan a engrosar las largas filas de espera en
las estaciones de venta de combustible para luego vender la gasolina a los
brasileros o traficarla, burlando todos los controles vigentes, hasta las minas
de oro y diamante que proliferan en esta frontera.
En Venezuela, el litro de gasolina cuesta menos de un bolívar por
litro, mientras que en Brasil cuesta 3, 7 reales, al cambio alrededor de 250
bolívares y en las minas de Gran Sabana un tambor con 200 litros se
comercializa fácilmente hasta en Bs. 18 000 es decir en Bs. 90 por cada litro.
Otros migrantes se van a las minas, que en general se ubican en
las comunidades indígenas, atraídos por la ilusión del oro y el diamante y los
menos se dedican al cambio de bolívares venezolanos por reales brasileros en el
mercado paralelo; a pesar de que en el país existe un régimen de control de
cambio desde hace una década, este es un negocio que les resulta muy lucrativo.
En esta oportunidad, en 2015, cientos de familias ocuparon un
morichal es decir un humedal o naciente de agua poblado de las palmas conocidas
por los pemon como moriches. El lugar se encuentra en los límites entre la
capital municipal y la comunidad indígena de Sampai, mientras que otros
intentaron ocupar los conucos ubicados en el extremo sur de Santa Elena hacia
la comunidad indígena de Maurak, pero la comunidad se movilizó y la avanzada se
frenó de inmediato.
El Parque Municipal Piedra Canaima, constituido por la zona
boscosa que limita con las urbanizaciones de Colinas y Lomas de Piedra Canaima,
también ha sido víctima de nuevas deforestaciones a la altura de Colinas de
Santa Elena, una barriada también conocida como Los Araguatos pues antes de que
esta zona fuera invadida era el hábitat de los monos aulladores.
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