What the
Windfall Means for the Country—and the Region
By Raúl
Gallegos
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Guyana
Golpeada por el petróleo/ La Guyana Esequiba
Lo que para significa para el país y la region
Por Raúl Gallegos
Hace casi 40 años, la tragedia golpeó a Guyana cuando un
fanático religioso con gran carisma, el reverendo Jim Jones, convenció a casi
1.000 de sus seguidores para que se hundieran en su comuna socialista y cometan
suicidio en masa bebiendo Kool-Aid con cianuro. La masacre de
"Jonestown" ganó la facturación superior en las noticias. En su
portada, la revista Time publicaba una foto de cadáveres sembrados junto a una
tina llena de la bebida envenenada.
Guyana se enfrenta ahora a otra amenaza de autodestrucción,
pero a una escala mucho mayor. El pequeño país sudamericano de aproximadamente
800.000 personas descubrió recientemente una enorme cantidad de petróleo en sus
aguas territoriales. El gigante energético estadounidense ExxonMobil, que
realizó el descubrimiento, sugiere la existencia de entre 800 millones y 1.400
millones de barriles de crudo de alta calidad, por un valor de al menos 44.000
millones de dólares a precios corrientes, o 15 veces el crudo PIB total del
país. Eso es mucho dinero para un país cuya capital aún tiene caminos de
tierra.
Por supuesto, la riqueza petrolera en sí misma no destruirá a
Guyana. Pero mal manejar el dinero sin duda lo hará. Si Guyana no toma las
medidas apropiadas, sus políticos podrían acabar explotando la mayor fortuna de
la historia del país. En el proceso, podrían convertir a Guyana en un caso de
cesta aún más grande que su vecina, Venezuela.
Afortunadamente, el gobierno del presidente David Granger
parece decidido a evitar tal debacle. Granger, un militar retirado, asumió el
control en 2015 después de 23 años de chokehold del izquierdista Partido
Popular del Progreso. Su administración está estableciendo nuevas leyes para
dar forma al sector del aceite en ciernes en un productor superior del aceite;
Estas incluyen una ley de contenido local que obliga a las compañías petroleras
a contratar locales, una nueva agencia reguladora del petróleo, la legislación
tributaria y la creación de un fondo de infraestructura y de ahorro. Mientras
tanto, ha prometido a las compañías petroleras un ambiente de negocios acogedor
que respeta la propiedad privada, y ha buscado asesoramiento de Canadá y
Noruega con recursos económicos sobre cómo crear un fondo soberano para ahorrar
las riquezas petroleras que deberían comenzar a fluir en 2020. El país también
planea unirse a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas,
un conjunto de normas mundiales, para garantizar la rendición de cuentas y el
tratamiento de injertos. En otras palabras, la administración de Granger está
diciendo todas las cosas correctas.
Pero la historia muestra que grandes cantidades de dinero en
efectivo hacen que la gente haga cosas tontas. En todo el mundo, muchos beben
el populista Kool-Aid, convencidos de que los demagogos con poder y una
chequera pueden resolver los problemas de la sociedad, y Guyana no es inmune.
El ex presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, líder del izquierdista populista
Partido Popular Progresista, está contemplando un regreso al poder en 2020, sin
duda salivando las nuevas riquezas de Guyana. Las cartas al redactor del periódico
local, Stabroek News, una institución importante en Guyana, ofrecieron
recientemente opiniones de los locals sobre qué hacer con el dinero cuando
fluye. Uno sugirió el préstamo de dinero contra futuros flujos de petróleo para
que el gobierno pueda gastarlo lo antes posible. Para una nación pobre con
instituciones débiles, una cultura de injerto y una tendencia a la lucha
étnica, tales planes significan problemas.
Para complicar las cosas, un gran enfrentamiento diplomático
sobre el petróleo está en marcha. Venezuela ha reclamado durante casi un 40 por
ciento del territorio de Guyana, tierra y mar, y la mayor parte de ese
territorio está lleno de crudo. Las Naciones Unidas han dado a los países un
año más para acordar una solución antes de entregar el lío a la Corte
Internacional de Justicia. Además, el hallazgo de petróleo es una joya de la
corona para Exxon, y la compañía probablemente hará todo lo posible para
defenderla. Aunque la relación de Estados Unidos con Venezuela se ha
deteriorado, Estados Unidos ha cultivado estrechos vínculos con Guyana. Es
probable que continúe bajo la administración de Trump, con Rex Tillerson, ex
jefe de Exxon, ahora encabezando el Departamento de Estado. Por supuesto, sería
trágico que Guyana ganara esta disputa sólo para convertirse en la nueva
Venezuela desperdiciando su recompensa petrolera.
Guyana todavía puede caminar hacia atrás desde la repisa. El
país debe mirar al estado de Alaska de los EEUU, que no sólo ahorra el dinero
del aceite para las generaciones futuras en un fondo sino que entrega también
un cheque anual del dividendo del aceite a sus ciudadanos de sus declaraciones
anuales. El mecanismo ha sido ampliamente acreditado ayudando a Alaska a evitar
el tipo de suicidio comunal que típicamente acompaña a la mala gestión de los
recursos de los políticos. Dar dinero directamente a las personas deja menos
dinero en manos de los políticos y anima a los ciudadanos a responsabilizar a
los líderes de cómo se maneja la riqueza petrolera. La alternativa podría
condenar a Guyana a un mundo donde los políticos gobiernan y los ciudadanos
obedecen.
Los críticos del cheque de dividendos argumentan que la gente
recibe poco dinero, especialmente cuando las poblaciones son grandes. También
señalan que el mecanismo no elimina completamente la corrupción. La población
de Guyana es pequeña, sin embargo, y los pobres podrían beneficiarse del
dividendo. Y cualquier problema con el fraude de identidad para reclamar
cheques probablemente sería más manejable que el control de los gastos
desbocados por los políticos.
Al lado, los venezolanos han puesto los ojos en la propuesta,
pero los titulares más recientes de los periódicos atestiguan la inclinación de
Venezuela a la autodestrucción a manos del populismo de origen local.
Guyana puede evitar este destino. El gobierno de Granger debe
perseguir las salvaguardias adecuadas para evitar que su fondo de petróleo se
convierta en una reserva de efectivo para el presidente. Guyana también debe
tener reglas estrictas sobre cómo invertir y gastar el capital del fondo,
limitando su uso a infraestructura, educación y similares. De no hacerlo esto
convertirá a Guyana en una tragedia que no sólo hará titulares, sino que
también arruinará las vidas de las generaciones futuras.
What the Windfall Means for the Country—and the Region
By Raúl Gallegos
Nearly 40
years ago, tragedy struck Guyana when a religious zealot with major charisma,
Reverend Jim Jones, convinced nearly 1,000 of his followers to hole up in their
socialist commune and commit mass suicide by drinking cyanide-laced Kool-Aid.
The “Jonestown” massacre earned top billing in the news. On its cover, Time
magazine ran a photo of dead bodies strewn next to a vat filled with the
poisoned drink.
Guyana now
faces another threat of self-destruction but on a much larger scale. The tiny
South American country of roughly 800,000 people recently discovered a massive
amount of oil in its territorial waters. (Venezuela also claims that
territory.) The U.S. energy giant ExxonMobil, which made the discovery,
suggests the existence of anywhere between 800 million and 1.4 billion barrels
of high-quality crude, worth at least $44 billion at current prices, or 15
times the country’s total GDP. That’s an awful lot of cash for a country whose
capital city still has dirt roads.
Of course,
oil wealth in and of itself won’t destroy Guyana. But mismanaging the money
certainly will. If Guyana fails to take appropriate steps, its politicians
could end up blowing the largest fortune in the country’s history. In the
process, they might turn Guyana into an even bigger basket case than is its
neighbor, Venezuela.
Fortunately,
the government of President David Granger appears intent on avoiding such a
debacle. Granger, a retired military man, took over in 2015 after a 23-year
chokehold of the leftist People’s Progressive Party. His administration is
setting up new laws to shape the budding oil sector into a top oil producer;
these include a local content law that forces oil companies to hire locals, a
new oil regulatory agency, taxation legislation, and the creation of an
infrastructure and savings fund, too. Meanwhile, he has promised oil companies
a welcoming business environment that respects private property, and he has
sought advice from resource-rich Canada and Norway on how to set up a sovereign
wealth fund to save the oil riches that should begin to flow in 2020. The
country also plans to join the Extractive Industries Transparency Initiative, a
set of global standards, to ensure accountability and address graft. In other
words, the Granger administration is saying all the right things.
But history
shows that vast amounts of cash make people do dumb things. Around the world,
too many are drinking the populist Kool-Aid, convinced that demagogues with
power and a checkbook can solve society’s problems, and Guyana is not immune.
Guyana’s former President Bharrat Jagdeo, the leader of the leftist populist
People’s Progressive Party, is eyeing a return to office in 2020, no doubt
salivating over Guyana’s newfound riches. The letters to the editor of the
local newspaper, Stabroek News, a major institution in Guyana, recently
featured opinions by locals on what to do with the money when it flows. One
suggested borrowing money against future oil flows so that the government can
spend it as soon as possible. For a poor nation with weak institutions, a
culture of graft, and a tendency toward ethnic strife, such plans spell
trouble.
Complicating
matters, a major diplomatic showdown over the oil is in the works. Venezuela
has long claimed nearly 40 percent of Guyana’s territory—land and sea—as its
own, and most of that territory is flush with crude. The United Nations has
given the countries one more year to agree on a solution before it hands the
mess over to the International Court of Justice. (The court is expected to side
with Guyana.) Plus, the oil find is a crown jewel for Exxon, and the company
will likely do all it can to defend it. Although the United States’
relationship with Venezuela has deteriorated, the United States has cultivated
close ties with Guyana. That will likely continue under the Trump
administration, with Rex Tillerson, Exxon’s former boss, now heading the
Department of State. Of course, it would be tragic for Guyana to win this
dispute only to become the new Venezuela by wasting its oil bounty.
Guyana can
still walk back from the ledge. The country should look to the U.S. state of
Alaska, which not only saves oil money for future generations in a fund but
also hands out a yearly oil dividend check to its citizens from its annual
returns. The mechanism has been widely credited with helping Alaska avoid the
type of communal suicide that typically accompanies politicians’ mismanaging
resource wealth. Giving money directly to individuals leaves less cash in the
hands of politicians and encourages citizens to hold leaders accountable for
how oil wealth is managed. The alternative could condemn Guyana to a world
where politicians rule and citizens obey.
Critics of
the dividend check argue that people get little cash, especially when populations
are large. They also point out that the mechanism does not fully eliminate
corruption. Guyana’s population is small, however, and the poor could benefit
from the dividend. And any problems with identity fraud to claim checks would
likely be more manageable than controlling runaway spending by politicians
would be.
Next door,
Venezuelans have rolled their eyes at the proposal, but most recent newspaper
headlines attest to Venezuela’s penchant for self-destruction at the hands of
homegrown populism.
Guyana can
avoid this fate. The Granger government should pursue the right safeguards to
prevent its oil fund from becoming a petty cash reserve for the president.
Guyana should also have stringent rules for how the fund’s capital is invested
and spent, limiting its use to infrastructure, education, and the like. Failure
to do this will turn Guyana into a tragedy that not only will make headlines
but also will ruin the lives of future generations.
2005 La Guayana
Esequiba – Zona en Reclamación. Instituto Geográfico Simón Bolívar
Primera Edición
La Guayana Esequiba Zona en
Reclamación
Terminología sobre cómo referenciar
la Zona en Reclamación-Guayana Esequiba.
Nota del editor del blog:
Al referenciarse a la República
Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500Km2, de
territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de
Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de
febrero de 1966.
Territorios estos sobre los cuales el
Gobierno Venezolano en representación de la Nación venezolana se reservó sus
derechos sobre los territorios de la Guayana Esequiba en su nota del 26 de mayo
de 1966 al reconocerse al nuevo Estado de Guyana:
“...por lo tanto, Venezuela reconoce
como territorio del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen derecha
del río Esequibo y reitera ante la comunidad internacional, que se reserva
expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que se
encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el
territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reserva
expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo Estado de
Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento
hasta su desembocadura en el Océano Atlántico...”
Mapa que señala el
Espacio de Soberanía Marítima Venezolana que se reserva, como Mar
Territorial mediante el Decreto Presidencial No 1152 del 09 de
Julio de 1968
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