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Tomado de:
Sábado, 30 Noviembre 2013 22:49
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Las mujeres yanomamis temen por el
ataque de los mineros
Desde la década de los años 80, la comunidad Yanomami denuncia la presencia de mineros ilegales en el Amazonas y con ello las agresiones que han sufrido en carne propia sin sembrar ningún precedente. La realidad sigue reflejando cómo en la actualidad más de mil garimpeiros trabajan en el interior de la selva extrayendo toneladas de minerales cada año sin autorización del Estado venezolano.
Todas las denuncias interpuestas por las organizaciones
indígenas de la zona han sido descartadas por el Ministerio Público, que alega
faltan pruebas.
Pero los yanomamis son perseverantes. Esta etnia, que reúne a
unos 30 mil indígenas, continúa en actitud firme para defender sus 9 millones
de hectáreas vírgenes en la que se distribuyen unas 250 comunidades.
Así que desde comienzos de noviembre, los yanomamis con
cámaras de videos se organizaron para recorrer ríos y caminos hasta llegar a
las comunidades más afectadas por la minería ilegal en el estado Amazonas. Allí
están registrando todos los testimonios y pruebas que consideren para denunciar
a los mineros ilegales.
El coordinador general de la ONG Yanomami Horonami, Andrés
Blanco, informó que en hay tres grupos de 10 líderes yanomamis investigando en
la zona, con el fin de poder traer pruebas sobre el crecimiento de la minería
ilegal en los territorios indígenas.
“Traeremos fotografías, videos y todo el material que sea
necesario para interponer la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, el
Ministerio Público y la propia Presidencia de la República Bolivariana de
Venezuela”.
La Fiscalía Superior del Estado Amazonas explicó que en una
acción coordinada con varias instituciones están recabando pruebas para
castigar judicialmente a los mineros ilegales, que por la Ley de Ambiente deben
pagar condenas de mínimo seis meses de prisión.
Testigos
José Gregorio Mirabal, coordinador de la Organización
Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (Orpia), desconfía que el gobierno
reciba las pruebas con objetividad o que dicte castigo a los responsables. Él
cree que el Estado ha satanizado las denuncias impuestas hasta el momento.
“Hay implicación de los propios militares en este negocio de
la minería ilegal, es un negocio que beneficia a la gente del poder, así que
las veces que han ido a investigar sólo ha sido por dos o tres días, no
profundizan ante un tema tan extenso. Y cuando insistimos en seguir
denunciando, entonces nos satanizan, el propio gobierno señaló que los
yanomamis estaban pagados por Estados Unidos para desestabilizar a Venezuela.
¿Esto es normal o coherente por parte de un gobierno?”.
En una de las últimas visitas que realizó el Estado
venezolano a la zona, los representantes de la ONG Horonami estuvieron
presentes y denuncian que durante el recorrido: “Vimos los campamentos de mineros
ilegales, vimos pasar una avioneta, vimos una pista clandestina, vimos algunos
garimpeiros huyendo de la comisión que caminaba por la selva (…) Los efectivos
de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía que venían en la comisión, también
fueron testigos de esto”.
De esta visita no hubo detenidos, ni intervenciones en el
lugar, según datos reflejados por el Ministerio de Interior y Justicia.
¿Quiénes son?
La ONG Survival Internacional (www.survival.es) calcula que
unos mil buscadores de oro trabajan ilegalmente en la tierra yanomami. Una
práctica que comenzó en la década de los años 80 cuando la fiebre del oro trajo
a 40 mil mineros al norte de Brasil y al Sur de Venezuela.
“En la actualidad, los mineros ilegales provienen de Brasil,
otros son venezolanos y de los países de los alrededores. Estos buscadores de
oro son autónomos: van por su cuenta y no forman parte de compañías o
multinacionales mineras” confirma Elizabeth Hunter, portavoz de esta
organización internacional.
Estos mineros ilegales no sólo están presentes en el
Amazonas. Survival denuncia que también están trabajando en la tierra de los
ye’kwanas y los sanemas, en la cuenca del río Caura. Igualmente, hay minería
ilegal en la tierra de los pemones, en el estado Bolívar. “Esto ha permanecido
sin control durante años, a pesar de las denuncias de los Pemones”.
Se conoció que una delegación de ye’kwanas y sanemas viajaron
a Caracas en julio para dar a conocer las devastadoras consecuencias de la
minería ilegal en su tierra. Su organización Kuyujani está demandando “la
prohibición total e inmediata de la actividad minera de oro, diamante o de
cualquier tipo mineral en toda la cuenca del río Caura, santuario de
biodiversidad de los pueblos indígenas Ye’kwana y Sanema, así como del país”.
Piden que el Gobierno reconozca su titularidad territorial
colectiva, tal y como garantiza la Constitución.
Frente a esta realidad, Survival Internacional con apoyo de
organizaciones locales consideran que el Estado necesita “comprometerse mucho
más con los yanomamis: consultarlos, escucharlos e involucrarlos en los
proyectos sanitarios y territoriales”.
Investigaciones recientes muestran que la selva tropical, con
su diversidad única y enorme, se encuentra más protegida cuando los derechos
territoriales de los pueblos indígenas son reconocidos y cuando estos controlan
el uso de su tierra.
“El verdadero conservacionismo es aquel que muchos pueblos
indígenas, como los yanomamis, llevan desempeñando desde hace miles de años:
proteger, cuidar y gestionar sus tierras de forma sostenible”, agrega Hunter.
La tierra yanomami se encuentra dentro de dos parques
nacionales que, a su vez, son parte de la reserva de la biosfera. Sin embargo,
el Estado debería reconocer los derechos colectivos de los yanomamis a la
propiedad de su territorio, tal y como garantiza la Constitución de Venezuela y
también la normativa internacional sobre pueblos indígenas que recoge el
Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Gobierno nacional.
“Nos están matando”
Es ésta la zona donde en la actualidad, la etnia indígena
sobrevive a la explotación de los recursos naturales que causa enfermedades,
envenenamiento, agresiones, violación y persecución a quienes se opongan.
Andrés Blanco además denuncia que la selva se ha convertido
en un verdadero peligro para sus habitantes, debido a que “cada vez hay más
mineros, y nosotros como pueblo sabemos quiénes son, cómo trabajan y dónde
exactamente tienen sus maquinarias”.
Entre las consecuencias está la transmisión de enfermedades
mortales como la malaria y la contaminación de los ríos y los bosques con
mercurio. La salud de los yanomamis se ve perjudicada y la atención médica
crítica no llega hasta ellos, especialmente en Venezuela.
El líder indígena agrega que la violencia que viven se
refleja de diferentes maneras. La más común es a través de explotación laboral,
ya que los yanomamis más jóvenes terminan siendo los “caleteros” de los mineros
ilegales, quienes entregan alguna prenda de ropa o una lata de comida tras
largas y forzadas jornadas de trabajo.
“También traen enfermedades, nos golpean, violan a nuestras
hijas. Todo esto está acabando con nosotros, a los yanomamis nos están matando
poco a poco, ya hemos muerto muchos, muchos hermanos”.
La situación ha reunido a las organizaciones indígenas de
ambos países el pasado 11 de octubre en Puerto Ayacucho (capital del Amazonas).
Del encuentro publicaron una carta abierta en la que resaltaron: “La situación
es muy grave en la frontera de Brasil con Venezuela, donde se han instalado
campamentos mineros ilegales que producen violencia, epidemias, destrucción de
nuestras tierras y contaminación de los ríos (…) No es posible tener buena
salud si no tenemos nuestro territorio protegido”.
“No sabemos cuántos hermanos yanomamis han sido asesinados,
envenenados. Son más de 250 comunidades que para llegar hay que estar más de un
mes viajando por río y caminando por la selva. Eso hace que sea un trabajo
difícil”, añade Andrés Blanco.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su
preocupación ante la situación que vive del pueblo Yanomami, particularmente
por la presencia y agresiones de mineros ilegales contra los miembros de las
comunidades indígenas habitantes en esa zona. En un comunicado al Estado
venezolano recomendó “que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los
hechos de violencia que se dan en la zona”.
Minería gubernamental
La última amenaza para los yanomamis de Venezuela procede de
la empresa china Citic, con la que el Gobierno venezolano ha firmado un acuerdo
de 700 millones de dólares para la exploración mineral en el Arco minero del
Orinoco, en los estados de Amazonas y Bolívar.
La empresa Citic tiene prevista la construcción de cinco
campos mineros en áreas habitadas por pueblos indígenas, incluso en Ocamo, que
yace en el corazón del territorio Yanomami.
Las Organizaciones Indígenas del estado Amazonas
(Coaim) en un comunicado expresaron “la profunda preocupación” y el
“rechazo” que sienten los indígenas hacia el proyecto de minería, que según
ellos traerá destructivos impactos sociales y para el medio ambiente y es
“contrario a su concepto de vida y a la madre naturaleza, que son primordiales
para mantenerlos colectivamente”. Piden al Gobierno que revise urgentemente el
proyecto minero y sus políticas indígenas.
Coiam señala que no se han producido consultas previas e
informadas con los pueblos indígenas, lo que supone una violación de la
Constitución venezolana.
Mientras que Kuyjani, la organización ye’kuana afirmó que:
“La tierra es fundamental para el pueblo Ye’kwana y Sanema, donde nace nuestro
patrimonio cultural: educación propia, la cultura y garantiza nuestra seguridad
alimentaria, la de nuestros hijos y futuras generaciones”.
Los indígenas demandan la “prohibición total e inmediata de
la actividad minera de oro, diamante o de cualquier tipo mineral en toda la
cuenca del río Caura, santuario de biodiversidad de los pueblos indígenas
Ye’kwana y Sanema, así como de la nación venezolana”.
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