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Tomado de:
lainformacion.com
jueves, 24/10/13 - 22:06
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El Ministerio Público Federal (Fiscalía) de Brasil presentó su vigésima demanda contra las
obras de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, que se construye en la selva
amazónica, por haber incurrido en nuevas irregularidades, informó hoy el
organismo.
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24 oct.- El Ministerio Público Federal (Fiscalía) de Brasil
presentó su vigésima demanda contra las obras de la polémica hidroeléctrica de
Belo Monte, que se construye en la selva amazónica, por haber incurrido en
nuevas irregularidades, informó hoy el organismo.
La nueva demanda exige que se cancele la licencia de obras
hasta que la empresa responsable no acate un acuerdo que le obliga a construir
casas para las miles de personas que tendrán que mudarse porque sus actuales
viviendas serán inundadas por la represa en el municipio amazónico de Altamira
(estado de Pará).
Según un acuerdo firmado en 2012, el consorcio Norte Energía
se comprometió a construir casas "de albañilería" con tres tamaños
diferentes, de dos a cuatro dormitorios, adecuados para las necesidades de cada
familia, según un comunicado de la Fiscalía.
Este año, la empresa cambió el acuerdo de forma unilateral y
les informó a los afectados que sólo construirá un tamaño de casa, con tres
habitaciones y un área de 63 metros cuadrados, según la misma fuente.
Un gran número de afectados se quejó de que las casas no son
de ladrillo, sino de placas de cemento prefabricado, un modelo de construcción
que no es habitual en la región amazónica.
Los peritos de la Fiscalía también detectaron irregularidades
en las instalaciones eléctricas y en el incumplimiento de algunas normas de
seguridad y de accesibilidad para discapacitados.
Belo Monte será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, inundará
506 kilómetros cuadrados de selva y obligará a desplazarse a entre 16.000 y
25.000 personas, toda la población de Altamira que vive por debajo de la cota
de 100 metros sobre el nivel del mar.
La Fiscalía ha presentado otras 19 denuncias contra Norte
Energía por el incumplimiento de requisitos ambientales o de las compensaciones
sociales a los habitantes de la región y, en especial, de los indios que viven
en la zona.
Las deficiencias en las consultas previas a los indígenas
también motivaron un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que solicitó en 2011 la suspensión de las obras, a lo que se
opuso el Gobierno brasileño.
La hidroeléctrica, que se levanta en el río Xingú, afluente
del Amazonas, tendrá una capacidad de generación máxima de 11.233 megavatios,
por lo que el Gobierno la considera como una obra esencial para garantizar el
suministro de energía del país.
(Agencia EFE)
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