domingo, 4 de noviembre de 2012

Fronteras calientes

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Tomado de:

Análisis Coyuntural
NUEVOS DESAFíOS DE SEGURIDAD

04.11.2012 | Nuevos tiempos, nuevos desafíos. Las Fuerzas Armadas de nuestra región deben reconsiderar sus hipótesis de conflicto y adaptarse a los peligros del siglo XXI. En América Latina, el narcotráfico es una realidad alarmante. Brasil, nuestro principal socio, ya tomó nota de ello.

Brasil es inmenso. Limita con casi todos los países de Sudamérica y sus fronteras, además de ser extensas, son en su mayoría muy difíciles de controlar: miles de kilómetros se encuentran en plena selva amazónica y las organizaciones criminales las utilizan casi libremente para moverse de un país a otro.

La posibilidad de que alguno de nuestros países entre en un conflicto armado es cada vez más lejana; salvo excepciones muy puntuales. Por eso, y ante los desafíos comunes, varias naciones latinoamericanas están firmando acuerdos de cooperación para acotarle el terreno de acción al crimen organizado internacional.

En agosto del 2011, Colombia y Brasil firmaron un “Acuerdo de Seguridad Fronteriza” para cooperar en materia de seguridad. Hay que reconocer que los brasileños, durante mucho tiempo, fueron renuentes a crear instituciones permanentes. Pero hace ya varios años venía funcionando muy bien un mecanismo de coordinación de los altos mandos que se reunía al menos dos veces al año en algún lugar de la frontera colombiana-brasileña.

La suscripción del plan binacional con Colombia coincidió con el lanzamiento de un nuevo “Plan Fronterizo” que enfatiza en cuestiones de seguridad. Fue elaborado por la presidenta Roussef y los ministros de Defensa y Justicia a mediados del año pasado. El proyecto busca combatir los problemas de criminalidad que afectan a cerca de 2,3 millones de kilómetros cuadrados de territorio brasileño (27% del total), incluidos en la franja limítrofe de150 km de ancho ubicada a lo largo de sus casi 16.000 kilómetros de fronteras. Con Colombia, Brasil comparte 1.645 kilómetros de contorno mayormente  selvático, con una única área urbana binacional donde se ubican las poblaciones de Leticia y Tabatinga.

“La frontera tiene que ser la división en el término territorial de los países, pero no puede continuar siendo un instrumento de protección para la criminalidad”, dijo el ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, quien se reunió con su homólogo colombiano Rodrigo Rivera. Éste, por su parte, recordó que las Fuerzas Armadas de ambos países intentan compartir información de inteligencia, recursos e incluso operaciones para cuidar la Amazonía.

El plan colombo-brasileño apunta principalmente a la protección de los recursos estratégicos amazónicos que, como señala el texto del acuerdo, están amenazados por el crimen internacional, las drogas, la minería ilegal, el tráfico ilegal de fauna y flora, el uso inadecuado de recursos naturales, el tráfico de armas y de personas, y la biopiratería, entre otros problemas. El reciente tratado marca los principales conflictos que todo nuestro subcontinente tendrá que enfrentar en los próximos años.

Los que todavía no hemos tomado nota al respecto debemos apurarnos a hacerlo, porque los peligros que nos rodean no están perdiendo el tiempo.

Los objetivos generales de este plan común, que bien podría servir de modelo para otros países de la región, son: el fortalecimiento político y estratégico de la relación, la búsqueda de mecanismos bilaterales de coordinación en seguridad, la identificación de actividades ilícitas que se traduzcan en riesgos y amenazas, y el estudio de soluciones compartidas a esas amenazas.

Existe otra “triple frontera” peligrosa: Brasil-Colombia-Perú. Allí se viene trabajando mancomunadamente, pero hasta ahora de manera informal. Es posible que próximamente se establezca un mecanismo de seguridad permanente que integre a las fuerzas de los tres países: el CONTRIFRON. Un antecedente importante es la invitación que en su momento se le cursó a Brasil para que participara como observador en la reunión de la COMBIFRON (Comisión Binacional de Frontera) de Colombia-Perú, celebrada hace poco en Lima.

Mientras en varios países de Latinoamérica crece el debate sobre la legalización del consumo de drogas, el gobierno de Dilma Rousseff se embarcó en una nueva estrategia militar y policial de persecución del narcotráfico que parte de los límites de su vasto territorio, se adentra en las regiones del país y llega hasta las ciudades donde los pequeños y medianos traficantes abarrotan las cárceles.

Se estima que de los 191 millones de habitantes brasileños, el 1% consume cocaína o crack. El 90% de las drogas ingresan por Bolivia y Perú y el restante 10% llega desde Colombia; Paraguay cubre el 80% de la demanda de marihuana, según la Policía Federal.

En números absolutos, Brasil está considerado por detrás de los Estados Unidos y se ubica como el segundo consumidor de cocaína y de crack a nivel mundial. Vale recordar que el crack, un derivado de la coca altamente adictivo y de muy bajo costo, se expande por la sociedad brasileña como una epidemia. Entre 2003 y 2010 la cantidad de consumidores de esta sustancia se multiplicó por diez, según fuentes del gobierno.

En el mes de junio de 2011, Dilma Rousseff lanzó otro plan estratégico que prevé la movilización periódica en las fronteras de contingentes militares apoyados por blindados, aviones y lanchas para sorprender a los traficantes en su terreno de acción. El despliegue militar es seguido por operativos policiales de desarticulación de bandas y rutas del narcotráfico. Detrás de las fuerzas militares llega la Policía Federal, para completar el bloqueo del ingreso de drogas.

Hace apenas unas semanas concluyó la Operación Ágata 5 en los límites con Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, un área de 3.900km que involucró a 17.000 militares. En 15 días, las tropas brasileñas detuvieron a 31 personas y decomisaron seis toneladas de drogas, según datos del Ministerio de Defensa.

Además, la Policía Federal de Brasil comenzó a realizar incursiones más allá de sus fronteras para destruir plantíos de coca y marihuana ante la presencia cada vez más frecuente de bandas de narcotraficantes de países vecinos. “Erradicar las plantaciones es más eficiente que simplemente aprehender los cargamentos. Estas plantas están próximas a la frontera con Brasil, o sea, van a abastecer el mercado brasileño”, reconoció el comisario Oslain Santana, director del departamento de Combate al Crimen Organizado de la Policía Federal brasileña.
El año pasado, Brasil selló un convenio con el presidente de Perú, Ollanta Humala. El acuerdo permite el ingreso de agentes brasileños a territorio peruano para destruir plantaciones y laboratorios donde la hoja de coca se transforma en cocaína o crack. Según informó Folha de Sao Paulo, la Policía Federal brasileña con base en Tabatinga, en el Estado de Amazonas, realizó recientemente una misión en suelo peruano: se la llamó “Operación Trapecio” y participaron agentes de Perú, Colombia e incluso de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.

La gran pregunta es, mientras tanto: ¿qué hace nuestro país para combatir este flagelo que destruye literalmente a cada sociedad a la que llega?

Objetivos estratégicos
El acuerdo entre Brasil y Colombia incluye varios y muy distintos objetivos estratégicos. En cuanto a la Amazonia, propone resguardar los recursos naturales y la biodiversidad adoptando mecanismos coordinados y conjuntos. Tiene como meta proteger el medio ambiente, combatir la minería ilegal y cuidar los recursos madereros, la fauna y la flora del peligro que supone el tráfico ilícito.
En cuanto al crimen internacional, busca desarrollar acciones compartidas para desarticular las dinámicas fronterizas asociadas con el crimen transnacional para evitar el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el contrabando, la migración ilegal, el lavado de activos y el tráfico de armas y explosivos.

Sobre seguridad y desarrollo social y sostenible de la población civil, el tratado se encamina a garantizar los derechos de la población civil enfatizando en la seguridad y fortaleciendo la legitimidad de las instituciones democráticas.

Los mecanismos de coordinación y cooperación estarán dirigidos a identificar amenazas comunes, prevenir riesgos y coordinar los medios de seguridad fronteriza.

Dinastía
Para pasar de Tabatinga (Brasil) a Leticia (Colombia) sólo hay que cruzar una calle. En los años de Pablo Escobar, el señor de la droga en Leticia fue Evaristo Porras, un narcotraficante que intentó desacreditar al ministro de Justicia colombiano Rodrigo Lara Bonilla antes del asesinato de éste en 1984.

En su apogeo, Porras se hizo construir una residencia que replicaba la de Blake Carrington en “Dinastía”. Antes, escapó de una detención en Lima gracias a su abogado y colaborador Vladimiro Montesinos. El expediente del caso fue robado, como parte del mismo servicio.

Mauro Espósito, policía federal todavía en funciones, recuperó el expediente robado y no vaciló en señalar abiertamente las vinculaciones de Montesinos con el narcotráfico. Lo hizo en 1997, cuando tanto Fujimori como Montesinos se encontraban en la cúspide del poder y eran muy pocos los que se atrevían a señalar la conexión de Montesinos con el narcotráfico y el crimen organizado.


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