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Tomado de:
A mediados de 1993, en un sector del estado Amazonas conocido
como Haximú, un grupo de 16 personas de la comunidad Yanomami fueron asesinadas
por mineros brasileños que ingresaron ilegalmente
MARINO ALVARADO B.
Hace menos de un mes el pueblo indígena Yanomami ocupó la
atención de muchos sectores políticos y sociales. Además fue noticia destacada
en medios de comunicación públicos y privados. Organizaciones indígenas
denunciaron una nueva presunta masacre contra esta comunidad. Inmediatamente,
se levantaron voces de solidaridad, incluyéndonos, exigiendo se investigaran
los hechos.
El Ministerio Público y el Ejecutivo Nacional actuaron
afortunadamente de manera inmediata. Días después se le anunció a la población
venezolana que no existió masacre. Ello en principio es una muy buena noticia;
sin embargo, estamos obligados a atenuarla, pues desde algunas voces indígenas
se insiste en que las autoridades no dieron con el lugar de los hechos.
A mediados de 1993, en un sector del estado Amazonas conocido
como Haximú, un grupo de 16 personas de la comunidad Yanomami fueron asesinadas
por mineros brasileños que ingresaron ilegalmente. Entre las personas
asesinadas se encontraban varios niños y niñas. No fue fácil obtener la
información en ese momento y contrarrestar las voces que desde el gobierno de
turno y sectores privados negaban la masacre.
Pero la verdad se impuso y desde Brasil empezaron a surgir
evidencias irrefutables que obligaron al Estado venezolano a admitir que la
masacre ocurrió. Sin embargo, el Ministerio Público venezolano en su momento
nunca investigó. Lo contrario ocurrió en Brasil, donde el Estado investigó la
masacre y sancionó a los responsables. Luego de un largo y difícil proceso
judicial que culminó el 3 de noviembre 2009, cinco responsables de la masacre
fueron condenados a 20 años de prisión.
Tanto el Estado venezolano como el Estado brasileño habían
sido demandados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las
organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, Human
Rights Watch/Americas, Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos
Humanos, PROVEA, y Oficina del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho.
El caso Haximú en Venezuela tuvo un resultado concreto: el 10
de octubre de 1999, es decir, durante el gobierno del presidente Chávez se
suscribió un Acuerdo Amistoso mediante el cual el Estado venezolano se
comprometió entre otras cosas a: "promover la suscripción de un acuerdo
con el gobierno de Brasil, a fin de establecer un Plan de Vigilancia y Control
Conjunto y Permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y
la minería ilegal en el área Yanomami".
Este Plan Conjunto nunca se estableció. La consecuencia es
que a casi 20 años de aquella masacre la minería ilegal sigue siendo uno de los
riesgos permanentes que perturban la vida no solo de los Yanomami sino de otros
pueblos indígenas en el estado Amazonas y en el estado Bolívar.
No es suficiente por parte del gobierno decir por lo tanto
que no hubo masacre en el sector llamado Irotatheri. Es fundamental que cumpla
el Acuerdo Amistoso y adopte medidas adecuadas inmediatas para atender y
proteger de manera integral a los Yanomamis.
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