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Tomado de:
Belo Monte
Sábado 10
de marzo de 2012
Un reciente informe de la OIT pide al gobierno
brasileño que consulte a los indígenas que moran en las márgenes del río Xingú
respecto de la construcción de Belo Monte, la tercera hidroeléctrica más grande
proyectada en el norte de Brasil. El gobierno respondió que “tiene errores”,
pero no “complejo de culpa
Un reciente informe de la Comisión de
Especialistas en Aplicación de Convenciones y Recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), confirma que el gobierno brasileño
debiera haber consultado a los pueblos indígenas afectados por la construcción
del proyecto hidroeléctrico Belo Monteantes de comenzarse su construcción.
El informe de la OIT viene a confirmar
un edicto anterior del Ministerio Público Federal (MPF) y de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que habían interpelado al gobierno
brasilero para que suspendieran las obras de edificación de la proyectada
tercera hidroeléctrica más grande del mundo.
Comunidades indígenas afectadas, como
el pueblo Xingú, ecologistas y pobladores locales se oponen al proyecto por los
daños ambientales que ocasionaría en el frágil ecosistema que rodea al rio
Xingú, en el norteño estado de Pará.
Desde fines de enero, al menos 400 personas han sido desalojadas de sus casas por la
construcción de un canal del río Xingú. Las familias desalojadas
vivían en los barrios más pobres de la periferia de la ciudad de Altamira.
Norte Energía, empresa a cargo de la
construcción de la hidroeléctrica, ha desalojado a otras 25 familias de una
comunidad cercana a las obras de la represa, ubicada en el municipio de Vitória
do Xingú.
Gigantesca
represa
El crecimiento industrial acelerado de
Brasil echa mano a los recursos naturales disponibles en los frágiles
ecosistemas amazónicos, siendo el proyecto más polémico el de la hidroeléctrica
Belo Monte, que pretende tener una capacidad instalada de 11 mil 200 MW de
potencia, lo que equivale a un 11% de la capacidad instalada de todo Brasil.
El proyecto del consorcio Norte
Energía tiene un costo de 11 mil millones de dólares y aspira a ser la tercera
mayor hidroeléctrica del mundo, detrás de la china Tres Gargantas (20.300 MW) y
la binacional brasileño-paraguaya de Itaipú (14.000 MW).
En la década del ’70 se inician los
estudios en la cuenca del río Xingú para medir su potencial hidroeléctrico. En
los ’90, cuando se define la construcción de Belo Monte en las proximidades de
la ciudad de Altamira, en el estado nordestito de Pará, las protestas
internacionales y nacionales debido a su alto impacto ambiental paralizaron el
proyecto.
En abril del 2010 el gobierno entrega
la concesión para la construcción de Belo Monte al consorcio Energía Norte.
El costo ambiental también es
dantesco: de concretarse dejaría un lago de 516 km² e inundaría por lo menos
400 mil hectáreas de bosque amazónico, un área más grande que el Canal de
Panamá.
Además implica la expulsión de 40 mil
poblaciones indígenas y locales y la destrucción de hábitats de variadas
especies.
Otro impacto en las comunidades
locales es la migración asociada a la construcción de la represa, cuyas obras
emplearían a 18.700 trabajadores y generaría 80 mil empleos indirectos. Esto
implica atraer a unos 100.000 migrantes a municipios que no suman más de
150.000 habitantes.
Intervenciones en el Amazonas
El primer empuje sobre la Amazonía
brasileña fue a fines del siglo XIX y comienzos del XX con la extracción del
caucho, sacado del árbol seringueira (Hevea brasiliensis). Esta economía produjo
un personaje particular, el ‘seringueiro’, recolectores de caucho migrante por
las vastas regiones del nordeste brasileño.
A fines del siglo XIX los seringueiros
llegaron a la cuenca del río Xingú. La explotación del caucho se amplió a la
caza de fauna nativa, como el jaguar y yacarés. Esto obligó en 1967 a que
Brasil promulgara una ley que prohibiera la caza de dichas especies
vulnerables.
En 1970 se inició la construcción de
la carretera Transamazónica, proyecto de 3 mil kilómetros de extensión destinado
a unir el Nordeste y la Amazonía. El trayecto que llegó a Altamira quedó sin
asfaltar, lo que ha protegido los ecosistemas.
Convenio 169 de la OIT
La recomendación de la OIT fue mal
recibida por el gobierno brasileño. El ministro de la Secretaría General de la
Presidencia, Gilberto Carvalho, dijo el jueves que los indígenas fueron
consultados antes de la construcción de Belo Monte y que el gobierno de Dilma
Rouseff “tiene errores”, pero no tiene “complejo de culpa”.
Carvalho reconoció que la consulta
“puede no haber sido perfecta”, pero que la convención de la OIT no es
vinculante y que pese al reclamo de las comunidades no se impedirá la
continuación de las obras. Brasil adherió al convenio 169 de la OIT el 2003.
El documento de la OIT dice que “la
Comisión recuerda que, en virtud del artículo 15 de la Convención, el gobierno
(brasileño) está obligado a consultar a los pueblos indígenas antes de
emprender o autorizar cualquier programa de explotación de los recursos existentes
en sus tierras”.
El informe agrega que Belo Monte podrá
alterar la navegabilidad del Xingú, así como la fauna, la flora y el clima de
la región. Para la OIT estos impactos “van más allá de la inundación de las
tierras o de los desplazamientos de los referidos pueblos”.
En las recomendaciones la OIT aconseja
al gobierno brasilero que tome las medidas necesarias para llevar a cabo
consultas con los pueblos indígenas afectados, antes de que los posibles
efectos nocivos de la mencionada usina sean irreversibles.
A mediados de febrero pasado, el
Instituto de Medio Ambiente del gobierno de Brasil (Ibama) multó al consorcio
Norte Energía por el atraso en la implementación de un proyecto de compensación
ambiental.
La multa asciende a unos 7 millones de
reales (4 millones de dólares) y exige al consorcio empresarial presentar un
plan para ponerse al día con los programas ambientales.
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