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"Yo ando con la bala en la cabeza", había advertido en un foro público en Manaos el ambientalista José Claudio Ribeiro un mes antes de ser asesinado junto a María do Espírito Santo, su esposa y compañera de denuncias contra la tala ilegal de árboles en la Amazonia brasileña.
José y María fueron acribillados en el estado de Pará, el 24 de mayo pasado, día en que comenzaba el debate del Código Forestal en la Cámara de Diputados. Unas semanas más tarde, la Cámara aprobó el Código repudiado por los ambientalistas que, como José y María, consideran el texto un balazo al pulmón del mundo.
El Código Forestal propone amnistía a taladores ilegales, permite adjudicar créditos a infractores ambientales, reduce las márgenes a las áreas de protección obligatoria en torno de los ríos y abre la posibilidad de que cada estado defina autónomamente detalles de la conservación ambiental.
Aunque fue aprobado por una abrumadora mayoría en la Cámara (410 contra 63), el Código ahora empieza a hacer su travesía en el Senado. Tras los asesinatos de José, María y de otros tres ambientalistas de la región desde que comenzó el debate, varios sectores de la sociedad se están organizando para evitar que ese marco legal termine por regir los destinos de los bosques y selvas.
Noris Diniz, del Centro de Alerta de Desastres Naturales, dijo que espera ser llamada al Senado para explicar cómo la reducción de la faja de preservación obligatoria en torno de los ríos puede agravar la vulnerabilidad del país frente a desastres climáticos.
La aprobación del código en la Cámara fue la primera gran derrota legislativa del actual gobierno, pero la presidenta Dilma Rousseff advirtió que vetará el código si este recibe el aval de los senadores.
Los ruralistas (agricultores, ganaderos y madereros) que apoyan el código argumentan que si este no se implementa serán perjudicados los productores que derivan su sustento de áreas que quedarían bajo protección.
'Catástrofe ecológica'
Intereses macroeconómicos también están en juego: Brasil es el primer exportador de carne vacuna y el segundo productor mundial de soya, y parte de esa riqueza viene de los estados más afectados por el código.
La senadora Katia Abreu, directora de la Confederación Nacional de Agricultura, asegura que la aprobación de esta norma es importante para permitir que 95% de los cultivadores obtenga créditos y mantenga la productividad.
Del lado opuesto, ocho ex ministros del Medioambiente hicieron un frente común para denunciar la catástrofe ecológica que la implementación del código significaría.
Los crímenes de los ambientalistas continúan impunes. El Gobierno envió a la región un refuerzo policial para proteger la vida de varios de los amenazados, pero la ministra de Derechos Humanos, María do Rosario, explicó que es materialmente imposible ofrecer escolta a cada uno de los 150 "marcados para morir", como se ha denominado a los perseguidos por los que teme la Pastoral Social. "Lo que verdaderamente va a funcionar es que se castigue a los responsables de estos crímenes", reconoció la ministra.
Y mientras la impunidad continúa, la destrucción de la selva se acelera: según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, entre marzo y abril de este año la deforestación amazónica en Brasil subió a 593 km cuadrados, es decir, se quintuplicó con respecto al mismo período del 2010.
Andrea Domínguez Duque
Para EL TIEMPO
Río de Janeiro
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